Por Orden de esta Consejería, de 30 de octubre de 1995 (B.O.C. nº 145, de 13.11.95), se procedió a establecer las normas relativas a las órdenes de pago a justificar a favor de las habilitaciones del Departamento, dando así cumplimiento al mandato recogido en el artículo 14.1 del Decreto 40/1995, de 10 de marzo, por el que se regula el régimen de provisiones de fondos a las habilitaciones de pago del Gobierno de Canarias.
En el artículo 2 de dicha Orden, y en relación con los conceptos presupuestarios con cargo a los cuales podrían expedirse libramientos a justificar, se señalan los pertenecientes al Capítulo II (Gastos corrientes en bienes y servicios), Capítulo IV (Transferencias Corrientes), Capítulo VI (Inversiones Reales) y Capítulo VII (Transferencias de Capital).
La nueva clasificación económica de los gastos e ingresos públicos, aprobada por Orden de este Departamento, de 19 de junio de 1998 (B.O.C. nº 83, de 8.7.98), y aplicable ya en el ejercicio 1999, ha introducido, no obstante, determinadas novedades en cuanto a la codificación y a la localización económica de determinados gastos, que exigen, a su vez, una adecuación de la regulación de los pagos a justificar.
Tal es el caso de los gastos de inscripción en cursos y seminarios, que, encuadrados anteriormente en el subconcepto 226.07 Asistencia a cursos, pasa a ser ahora una atención propia del Capítulo I (Gastos de Personal) y, concretamente, de los subconceptos 162.12 y 163.12 (Formación y perfeccionamiento), en función, respectivamente, de la condición de personal funcionario o laboral que ostente el asistente.
Por su parte, el Decreto 234/1998, de 18 de diciembre, de aprobación y puesta en funcionamiento del sistema de información económico-financiera de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, con la denominación de Piccac, ha introducido determinadas novedades en cuanto a la firma de los documentos contables de gestión presupuestaria, que implican, igualmente, la necesidad de actualizar la regulación de los gastos a justificar en lo relativo a la autorización de los documentos a que se refiere el artículo 3 de la referida Orden de 30 de octubre de 1995.
Por último, la experiencia diaria aconseja elevar el importe máximo de las existencias en efectivo que podrán mantener las Habilitaciones para el pago de atenciones de menor cuantía.
En su virtud, vistas las disposiciones aplicables, y en uso de las facultades que tengo conferidas, D I S P O N G O:
Artículo 1.- La expedición de órdenes de pago a justificar a favor de las habilitaciones de pago de la Consejería de Economía y Hacienda se ajustará a lo dispuesto en esta Orden y, en lo en ella no contemplado, a lo establecido en el Decreto 40/1995, de 10 de marzo, y en aquella otra normativa que le sea de aplicación.
Artículo 2.- Dentro del marco establecido en el artículo anterior, podrán acogerse al sistema de pagos a justificar los gastos que hayan de efectuarse con cargo a los créditos de los subconceptos 162.12 y 163.12 Formación y perfeccionamiento, y a los distintos conceptos del Capítulo II (Gastos corrientes en bienes y servicios), Capítulo IV (Transferencias corrientes), Capítulo VI (Inversiones reales) y Capítulo VII (Transferencias de capital) de los presupuestos de gastos gestionados por el Departamento y que se encuentren en alguna de las circunstancias contempladas en el artículo 13 del Decreto 40/1995, de 10 de marzo.
Artículo 3.- Los documentos contables en los que se materialicen las peticiones de fondos a justificar, deberán ir acompañados de una Memoria, suscrita por el titular del Centro Directivo que tenga atribuida la gestión del programa presupuestario a cuyo cargo se impute el referido gasto a justificar, comprensiva de la finalidad y cuantía de este último así como de aquella circunstancia, de las contempladas en el artículo 13 del Decreto 40/1995, de 10 de marzo, que fundamenta la solicitud de dicha modalidad de gasto.
Los actos de autorización y disposición del gasto así como de reconocimiento de la obligación que conlleve dicha Memoria deberán ser suscritos por el órgano que ostente dicha competencia en el ámbito del Departamento.
Artículo 4.- El órgano gestor competente deberá dar cumplimiento a los diferentes requisitos jurídico-administrativos, y en especial el relativo a la fiscalización previa, que, en su caso, figuren establecidos para una correcta realización del gasto pretendido.
Artículo 5.- Corresponde al titular de cada Centro Directivo aprobar las cuentas y facturas rendidas por el funcionario habilitado integrado en su Secretaría Particular, así como aquellas cuentas y facturas que, formadas por otras habilitaciones del Departamento, se refieran a gastos imputados a los subconceptos 162.12 y 163.12 (Formación y perfeccionamiento), a cualquiera de los subconceptos del concepto 230 (Indemnizaciones por razón del servicio), o al subconcepto 226.01 (Atenciones protocolarias y representativas), de los programas presupuestarios gestionados por el Centro en cuestión. Las cuentas rendidas por las restantes habilitaciones, con las salvedades mencionadas en el párrafo anterior, deberán ser aprobadas por el Secretario General Técnico del Departamento, correspondiendo la conformidad de las facturas en ellas integradas al órgano gestor competente.
Artículo 6.- Se autoriza a los funcionarios habilitados generales de este Departamento en Las Palmas y Tenerife a mantener existencias en efectivo, por el concepto de gastos a justificar, en un importe máximo de cien mil pesetas (601,01 euros).
Se concede igualmente dicha autorización a las habilitadas integradas en las Secretarías Particulares de Altos Cargos pero, en este caso, por importe máximo de cincuenta mil pesetas (300,51 euros).
Las existencias en efectivo autorizadas en este artículo se destinarán únicamente al pago de atenciones de menor cuantía. DISPOSICIÓN DEROGATORIA
Queda derogada la Orden de este Departamento, de 30 de octubre de 1995 (B.O.C. nº 145, de 13.11.95), por la que se establecen las normas que regulan la expedición de órdenes de pago a justificar a favor de las habilitaciones de pago del Departamento.
DISPOSICIÓN FINAL
La presente Orden entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial de Canarias.
Las Palmas de Gran Canaria, a 22 de marzo de 1999.
EL CONSEJERO DE ECONOMÍA Y HACIENDA, José Carlos Francisco Díaz.
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