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Habiéndose intentado por esta Dirección General sin haberse podido practicar, la notificación de la Resolución recaída en el expediente incoado con motivo de denuncias o Actas de Inspección formuladas contra los titulares de empresas y actividades turísticas que se relacionan, conforme al artº. 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y, siendo preciso su notificación a los efectos de que aleguen lo que a su derecho convenga,
R E S U E L V O:
1. Notificar a los titulares de establecimientos y actividades turísticas que se citan, la Resolución recaída en el expediente que les ha sido instruido por infracción a la legislación en materia turística.
El ingreso de las sanciones recaídas en los expedientes que se relacionan deberá hacerse efectivo en la forma y plazos indicados en la notificación que la Consejería de Economía y Hacienda le remitirá a su propio domicilio.
2. Remitir al Ayuntamiento de las poblaciones que se citan, la presente Resolución para su publicación en el tablón de edictos correspondiente.
Las Palmas de Gran Canaria, a 23 de febrero de 1999.- El Director General de Ordenación e Infraestructura Turística, Francisco Montesdeoca Santana.
RESOLUCIONES QUE SE CITAN:
1) Libro nº 2 de Resolución de la Dirección General de Ordenación e Infraestructura Turística, folio 162, nº 1058.
Resolución de 15 de diciembre de 1998, de la Dirección General de Ordenación e Infraestructura Turística, recaída en el expediente sancionador nº 98/060 instruido a Ecu Las Palmas, S.L., titular de la explotación turística del establecimiento denominado Bar Pub Ecu.
Examinado el expediente sancionador tramitado por el Servicio de Inspección y Sanciones, instruido a Ecu Las Palmas, S.L., por Resolución de iniciación del Director General de Ordenación e Infraestructura Turística, de 19 de marzo de 1998, como consecuencia de la Hoja de Reclamación nº 20352, formulada por D. Francisco J. García Gil, y del acta de inspección nº 8689 de 27 de julio de 1997.
Vista la propuesta formulada por el Instructor del expediente sancionador consignado.
Teniendo en cuenta los siguientes
I. ANTECEDENTES
1º) Que con fecha 2 de enero de 1997, se recibió en esta Consejería, Hoja de Reclamación nº 20352, a instancia de D. Francisco J. García Gil contra el establecimiento Bar Pub Ecu de Las Palmas, por no dejarle entrar, sin motivo alguno al local.
2º) Que para comprobar los hechos denunciados, el 27 de julio de 1997, se personó en el establecimiento de referencia, sito en la calle Nicolás Estévanez, 24 bajo, en Las Palmas de Gran Canaria, el Servicio de Inspección de esta Dirección General, levantando al efecto el acta nº 8689 en la que esencialmente se hace constar que no se dejó acceder a la sala al reclamante, ya que es una persona de carácter conflictivo y se trata de mantener la buena imagen del local. Que el local está en posesión de la preceptiva documentación de la Administración turística canaria: Libro de Inspección expedido el 23 de abril de 1990, Hojas de Reclamaciones y listas de precios selladas.
3º) Que se ordenó la iniciación de expediente sancionador, que lleva el nº 98/060, nombrándose Instructor y Secretario.
4º) Que por el Instructor del expediente se formularon los cargos, con fecha 19 de marzo de 1998, por el siguiente
HECHO: haber tratado descortésmente a su cliente D. Francisco Javier García Gil, según consta en el acta de inspección nº 8689, de 27 de julio de 1997 y en la reclamación nº 20352.
5º) Que la empresa en escrito de fecha 22 de mayo de 1998, registro de entrada nº 3567, en síntesis ha alegado lo siguiente: en principio esta parte no entiende porque cuando se sanciona a un sujeto éste tiene el derecho de recurrir, pero se estimará el recurso si aportas pruebas suficientes para demostrar lo contrario de por lo que se te ha sancionado y el denunciante no tiene que probar nada, y se sanciona basándose en su versión. La verdad es que el cliente discutió con un empleado, porque este Sr. no estaba en condiciones de entrar por su embriaguez, tendríamos que haberle denunciado nosotros. Lo fácil es sancionar a la empresa. Solicita archivo.
6º) Que examinadas las razones esgrimidas por la expedientada, no desvirtúa, puesto que no sólo se sanciona por lo dicho por el denunciante en la Hoja de Reclamación ... El portero de la discoteca no me ha dejado entrar ..., sino por lo dicho en el acta de inspección por el Sr. Mancheño, Administrador No se dejó acceder a la sala ... ya que es persona de carácter conflictivo ... y este señor firma el acta y nada se alega de la posible embriaguez, sino de mantener la buena imagen del local, o sea, lo dicho en el acta, difiere después a lo indicado en las alegaciones, además no se denuncia al cliente ante la Policía Local por el escándalo público que se dice. El derecho de admisión no está ya vigente, salvo caso especial y con denuncia previa, por tanto al reconocerse no se deja entrar, se considera trato descortés. Pero al carecer de antecedentes, se atenúa la sanción, dejándola en 15.000 pesetas, o sea grado mínimo. Como consecuencia de todo lo anterior, el Instructor del procedimiento con fecha 15 de junio de 1998, formuló Propuesta de Sanción de multa en cuantía de 15.000 pesetas.
7º) Que la empresa expedientada, no ha realizado contestación a la Propuesta de Resolución.
II. CONSIDERACIONES JURÍDICAS
Primera: que las actuaciones practicadas en el presente expediente sancionador han sido de conformidad con la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. nº 285, de 27.11.92), la Ley 7/1995, de 6 de abril de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19.4.95), así como con el Decreto 190/1996, de 1 de agosto, regulador del Procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora en materia turística y de la Inspección de Turismo (B.O.C. nº 103, de 21 de agosto).
Segunda: que en la tramitación del expediente se han observado las formalidades de rigor.
Tercera: que las pruebas que obran en el expediente son tenidas en cuenta a la hora de emitir la presente Resolución.
Cuarta: que a la hora de ponderar la sanción se ha tenido en cuenta el principio de proporcionalidad que establece el artículo 131 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. nº 285, de 27.11.92), así como los criterios que se regulan en el artículo 79.2 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19.4.95).
Quinta: que debe estimarse la responsabilidad administrativa de la empresa expedientada, en base al acta nº 97/8689, sin que el titular haya formulado alegaciones a la Propuesta de Resolución, ni aportado prueba alguna que desvirtúe el hecho imputado, por lo que nos ratificamos en dicha Propuesta de Resolución, por entenderla ajustada a derecho.
Sexta: que el hecho recogido en el expediente es constitutivo de infracción a:
NORMAS SUSTANTIVAS INFRINGIDAS: artículo 9º de la Orden Ministerial de 17 de marzo de 1965, por la que se aprueba la Ordenación Turística de Restaurantes (B.O.E. de 29 de marzo), en aplicación del artº. 4 de la Orden Ministerial de 19 de junio de 1970 (B.O.E. de 23 de junio).
Con calificación de leve, en base al artº. 77.2 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19 de abril).
En el ejercicio de la competencia que tengo atribuida para resolver el expediente sancionador, de acuerdo con la Ley Orgánica 10/1982, de 10 de agosto, por la que se aprueba el Estatuto de Autonomía de Canarias (B.O.J.C. nº 17, de 28.9.82), y el artículo 11.p) del Decreto 281/1995, de 11 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Turismo y Transportes (B.O.C. nº 128, de 4.10.95),
R E S U E L V O:
Imponer la sanción de multa de 15.000 pesetas, a Ecu Las Palmas, S.L., con C.I.F. nº B-35331180, titular de la explotación turística del establecimiento denominado Bar Pub Ecu. La Resolución que se le notifica no pone fin a la vía administrativa y contra la misma cabe interponer, de acuerdo con lo prevenido en los artículos 114 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, recurso ordinario en el plazo de un mes, contado a partir de la recepción de la presente Resolución, el Ilmo. Sr. Viceconsejero de Turismo de la Consejería de Turismo y Transporte del Gobierno de Canarias, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.
En el caso de que el recurrente sea un representante, deberá acreditar esta representación, aportando escritura de poder para dejar constancia fidedigna, bien con copia simple notarial o previo cotejo o compulsa de la fotocopia con su original, a tenor de lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.- Las Palmas de Gran Canaria, a 15 de diciembre de 1998.- El Director General de Ordenación e Infraestructura Turística, Francisco Montesdeoca Santana.
2º) Libro nº 1 de Resoluciones de la Viceconsejería de Turismo, folio 17, nº 138.
Resolución de 1 de diciembre de 1998, de la Viceconsejería de Turismo del Gobierno de Canarias, recaída en el expediente sancionador nº 98/165 instruido a D. Francisco Fleitas Herrera, titular de la explotación turística del establecimiento denominado Bar Restaurante Las Ramas.
Examinado el expediente sancionador tramitado por el Servicio de Inspección y Sanciones, instruido a D. Francisco Fleitas Herrara, por Resolución de iniciación del Director General de Ordenación e Infraestructura Turística, de fecha 23 de julio de 1998, como consecuencia de la denuncia formulada por D. José del Rosario Sánchez Castro y del acta de inspección nº 7902, de 19 de noviembre de 1996.
Vista la propuesta formulada por el Instructor del expediente sancionador consignado.
Teniendo en cuenta los siguientes
I. ANTECEDENTES
1º) Que con fecha 18 de octubre de 1996, se recibió en esta Consejería denuncia por medio del Cabildo Insular de Fuerteventura, a instancia de D. José del Rosario Sánchez Castro, contra la Pizzería de Francisco Fleitas Herrera, de Gran Tarajal, por deficiencias en las instalaciones por humos y ruidos molestos.
2º) Para comprobar los hechos denunciados, el 19 de noviembre de 1996, se personó en el establecimiento de referencia, sito en Avenida Paco Hierro, 13, en Gran Tarajal, término municipal de Tuineje, el Servicio de Inspección de esta Dirección General, levantando al efecto el acta nº 7902 en la que esencialmente se hace constar que se encuentra abierto al público en general y ejerce la actividad turística de restaurante, careciendo de la preceptiva autorización de la Administración turística canaria para la apertura y desempeño de tal actividad. Carece de la preceptiva documentación: Libro de Inspección, Hojas de Reclamaciones y listas de precios selladas. El local carece de sistema de insonorización por lo que la música se proyecta al exterior (artº. 76.16). La cocina se conserva limpia, y si bien el tubo extractor se proyecta al exterior. La documentación se está tramitando en la gestoría.
3º) El 23 de julio de 1998 se ordenó la iniciación de expediente sancionador, que lleva el nº 98/165, formulándose los hechos imputados y nombrándose al Instructor y Secretario del procedimiento.
4º) El expedientado, en escrito de fecha 21 de agosto de 1998, registro de entrada nº 5855, que el expediente se incoa a consecuencia de la supuesta comisión de infracciones grave y leve, acaecidas el 15 de octubre de 1996. Se hace constar que el establecimiento tiene la oportuna licencia municipal de apertura y respetándose los niveles de ruidos y sólo hay música ambiental en el interior. De la tramitación de autorización para desempeñar la actividad de restaurante, se desconocía esa obligatoriedad, no obstante está subsanándose. Se considera se ha producido prescripción al amparo del artº. 132 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en relación con el artº. 16 del Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto, aprobando el Reglamento para el ejercicio de la potestad sancionadora.
5º) Examinadas las razones esgrimidas por el expedientado y los documentos aportados, no desvirtúa los hechos infractores objeto de expediente, puesto que es necesaria dicha autorización, aunque se posea licencia municipal de apertura, no acreditándose se presentase documentación al respecto y, por el principio general del Derecho la ignorancia de la Ley no exime de su cumplimiento, se infringe. No obstante al carecer de antecedentes se atenúa a 375.000 pesetas, por el 1er hecho. Respecto al 2º hecho el Sr. Inspector en el acta dice que la música se proyecta al exterior, infracción del artº. 76.16 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, y las quejas vecinales. No obstante por lo dicho se atenúa a 90.000 pesetas. No existe la prescripción alegada, artº. 11.p) del Decreto 285/1995, de 11 de septiembre, del Reglamento Orgánico de la Consejería de Turismo y es a partir de la fecha de la Resolución de inicio desde donde se aplican los cómputos de los plazos para los principios de la prescripción y la caducidad.
6º) El expedientado, en escrito de fecha 10 de noviembre de 1998, recibido en esta Consejería con fecha 19 del mismo mes y año, registro de entrada nº 8122, ha realizado contestación a la Propuesta de Resolución, en la que en síntesis alega que el citado expediente 98/165 se incoa por supuestas infracciones acaecidas el 15 de octubre de 1996. Se reitera que el establecimiento cuenta con la oportuna licencia municipal de apertura y respetándose los niveles de ruidos máximos establecidos por la normativa urbanística del Ayuntamiento de Tuineje, y no existiendo más aparatos electrónicos de amplificación que los que producen música ambiental y volumen moderado. Que si el 15 de octubre de 1996 había aparatos en el exterior, era porque en la Avenida Marítima donde está el local, se celebraban actos públicos y la música era para atraer clientes, pero los ruidos eran en la avenida, ajenos al local. En cuanto a la tramitación de autorización para actividad de restaurante, no se conocía la obligatoriedad de realizar estos trámites, no obstante está subsanándose. Solicita sobreseimiento.
7º) Se consideran probados los siguientes
HECHOS: 1º) Estar abierto al público en general sin la autorización preceptiva para la entrada en servicio y el desempeño de la actividad turística reglamentada de restaurante. 2º) Producción de ruidos, especialmente en aquellas actividades que requieran la utilización de equipos electrónicos de amplificación de sonido, en recintos no adaptados para ello o insonorizados, cuando el ruido se proyecte al exterior. FECHA DE INFRACCIÓN: 15 de octubre de 1996.
Tales hechos se consideran probados en virtud del acta de inspección nº 7902, sin que el titular, con las alegaciones efectuadas a la Propuesta de Resolución, haya desvirtuado nada, ni aportado prueba alguna de contrario, por lo que nos ratificamos en dicha Propuesta, ya atenuada por carecer de antecedentes y que la encontramos ajustada a Derecho.
II. CONSIDERACIONES JURÍDICAS
Primera: las actuaciones practicadas en el presente expediente sancionador han sido de conformidad con la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. nº 285, de 27.11.92), la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19.4.95), así como con el Decreto 190/1996, de 1 de agosto, regulador del Procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora en materia turística y de la Inspección de Turismo (B.O.C. nº 103, de 21 de agosto).
Segunda: en la tramitación del expediente se han observado las formalidades de rigor.
Tercera: las pruebas que obran en el expediente son tenidas en cuenta a la hora de emitir la presente Resolución.
Cuarta: en el momento de ponderar la sanción se ha tenido en cuenta el principio de proporcionalidad que establece el artículo 131 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. nº 285, de 27.11.92), así como los criterios que se regulan en el artículo 79.2 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19.4.95).
Quinta: debe estimarse la responsabilidad administrativa del expedientado, sin que las razones esgrimidas tengan virtualidad alguna, en base a que los hechos probados constituyen infracciones previstas en los artículos 6 de la Orden de 17 de marzo de 1965, por la que se aprueba la Ordenación Turística de Restaurantes (B.O.E. de 29 de marzo) y 76.16, de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19 de abril).
En el ejercicio de la competencia que tengo atribuida para resolver el presente expediente sancionador, de acuerdo con la Ley Orgánica 10/1982, de 10 de agosto, por la que se aprueba el Estatuto de Autonomía de Canarias (B.O.J.C. nº 17, de 28.9.82), y el artículo 10.j) del Decreto 281/1995, de 11 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Turismo y Transportes (B.O.C. nº 128, de 4.10.95),
R E S U E L V O:
Imponer la sanción de multa de 375.000 pesetas para el 1er hecho infractor y 90.000 pesetas para el 2º hecho infractor a D. Francisco Fleitas Herrera, con C.I.F. nº 42884580-E, titular de la explotación turística del establecimiento denominado Bar Restaurante Las Ramas.
La Resolución que se le notifica no pone fin a la vía administrativa y contra la misma cabe interponer, de acuerdo con lo prevenido en los artículos 114 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, recurso ordinario en el plazo de un mes, contado a partir de la recepción de la presente Resolución, ante el Excmo. Sr. Consejero de Turismo y Transporte del Gobierno de Canarias, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.
En el caso de que el recurrente sea un representante, deberá acreditar esta representación, aportando escritura de poder para dejar constancia fidedigna, bien con copia simple notarial o previo cotejo o compulsa de la fotocopia con su original, a tenor de lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Una vez firme la presente Resolución, se procederá a dar cumplimiento a lo dispuesto en el artº. 17.7 del Decreto 190/1996, de 1 de agosto, regulador del Procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora en materia turística y de la Inspección de Turismo, en relación con el artº. 81.4 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias, referente a la publicación de la sanción y anotación en el Registro General de Empresas, Actividades y Establecimientos Turísticos.- Las Palmas de Gran Canaria, a 1 de diciembre de 1998.- El Viceconsejero de Turismo, Juan Carlos Becerra Robayna.
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