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Se hace saber a la empresa D. Julio Suárez Jiménez, que se halla en paradero desconocido, que por Resolución de la Dirección General de Administración Territorial y Gobernación de fecha 26 de octubre de 1998, se ha procedido a la cancelación de su empresa en el Registro de Empresas Operadoras de Canarias. Intentada la notificación de la misma a través de la vía ordinaria, ésta ha sido devuelta por el Servicio de Correos, por lo que, de conformidad con lo previsto en el artº. 59.4 de la vigente Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se procede a su publicación. Examinado el expediente tramitado por el Negociado de Casinos y Bingos para la cancelación de la empresa D. Julio Suárez Jiménez, en el Registro de Empresas Operadoras de Canarias.
Vista la propuesta formulada por el Servicio de Gestión del Juego.
Teniendo en cuenta los siguientes
I. ANTECEDENTES
1º) Que con fecha 4 de julio de 1988, se procedió por la Dirección General de Justicia e Interior, a la inscripción en el Registro de Empresas Operadoras de Canarias, de la empresa D. Julio Suárez Jiménez, con el nº 227 regional.
2º)En virtud de Providencia de fecha 10 de junio de 1998, se inició expediente de cancelación en el Registro de Empresas Operadoras de Canarias, de D. Julio Suárez Jiménez, al no haber dado cumplimiento a lo establecido en el artº. 9 del Decreto 132/1989, de 1 de junio, por el que se modifica el Decreto 93/1988, de 31 de mayo, que aprueba el Reglamento de Máquinas Recreativas y de Azar, dando audiencia al interesado, quien en el plazo concedido para ello, presentó alegaciones, desestimándose las mismas por cuanto que: a) La notificación de la puesta a disposición de la Tesorería Insular de la Consejería de Economía y Hacienda, de las cantidades procedentes de las fianzas constituidas por esa empresa, es correcta y se ajusta a Derecho. b) La totalidad de las cantidades correspondientes a las fianzas números 28019400073-0 y 28019400074-0, de St. Paul Insurance España Seguros y Reaseguros, S.A., por importe de 10.000.000 de pesetas y 5.000.000 de pesetas, respectivamente, han sido ejecutadas en su totalidad por la Tesorería Insular de la Consejería de Economía y Hacienda. c) En su consecuencia, la empresa denominada D. Julio Suárez Jiménez, inscrita en el Registro de Empresas Operadoras de Canarias, no posee en la actualidad garantía alguna que responda de sus responsabilidades económicas en el ejercicio de su actividad, motivo este que expresamente recoge el vigente Reglamento de Máquinas Recreativas y de Azar, producirá la cancelación de la inscripción o revocación de la autorización que la motivó (artº. 35 del Decreto 93/1988, de 31 de mayo).
d) En cuanto al procedimiento declarativo menor cuantía que se sigue en el Juzgado de Primera Instancia número ocho de esta capital en el que St. Paul Insurance España Seguros y Reaseguros, S.A., demanda a D. Julio Suárez Jiménez, por no completar las cantidades que se han minorado de las fianzas constituidas y que dicha entidad ha tenido que depositar ante la Consejería de Economía y Hacienda, no exime a D. Julio Suárez Jiménez de su responsabilidad sobre constitución y mantenimiento de las fianzas obligatorias que prevé el vigente Reglamento de Máquinas Recreativas y de Azar, de esta Comunidad Autónoma. II. CONSIDERACIONES JURÍDICAS Primera.- Que las competencias funcionales en esta materia vienen determinadas en la Ley 6/1985, de 30 de diciembre, reguladora de los Juegos y Apuestas en Canarias y en el Decreto 93/1988, de 31 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de Máquinas Recreativas y de Azar de esta Comunidad Autónoma, modificado parcialmente por los Decretos 132/1989, de 1 de junio y 89/1990, de 23 de mayo. Segunda.- Que de conformidad con lo previsto en el artº. 11.2.F.a) del Decreto 321/1995, de 10 de noviembre, del Reglamento Orgánico de la Consejería de Presidencia y Relaciones Institucionales, la Dirección General de Administración Territorial y Gobernación es competente para intervenir el la resolución de este expediente. Tercera.- Que la tramitación de este expediente se ajusta a lo previsto en la vigente Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, procediéndose a resolver el mismo dentro del plazo establecido en la citada disposición legal. Cuarta.- Que el artº. 10 de la Ley 6/1985, de 30 de diciembre, los artículos 33.5.e), 9.3 y 9.5 del Decreto 132/1989, de 1 de junio, que modifica parcialmente el Decreto 93/1988, de 31 de mayo, así como el artº. 35 de este último regulan las cancelaciones en el Registro de Empresas Operadoras de Canarias.
En uso de las facultades que me están conferidas,
R E S U E L V O:
Cancelar la inscripción en el Registro de Empresas Operadoras de Canarias de la empresa denominada D. Julio Suárez Jiménez, inscrita bajo el nº 227 regional, debiendo cesar inmediatamente en su actividad, con entrega en estas dependencias de las Guías de Circulación, Placas de Identidad y Boletines de Instalación de las máquinas que tuviera en explotación, concediéndole para ello, un plazo de diez días, contados a partir del siguiente al de la notificación de la presente. Contra esta Resolución, que no agota la vía administrativa, cabe recurso ordinario, ante el Viceconsejero de Administración Pública, a interponer en el plazo de un mes, contado desde la publicación de la presente, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse, debiéndose dar traslado de la misma a la empresa D. Julio Suárez Jiménez. Santa Cruz de Tenerife, a 1 de marzo de 1999.- El Director General de Administración Territorial y Gobernación, Juan José Rodríguez y Rodríguez.
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