Habiéndose intentado por esta Dirección General, sin haberse podido practicar, la notificación de la Resolución recaída en el expediente incoado con motivo de denuncias o Actas de Inspección formuladas contra los titulares de empresas y actividades turísticas que se relacionan, conforme al artº. 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y siendo preciso su notificación a los efectos de que aleguen lo que a su derecho convenga,
R E S U E L V O:
1. Notificar a los titulares de establecimientos y actividades turísticas que se citan, la Resolución recaída en el expediente que les ha sido instruido por infracción a la legislación en materia turística. El ingreso de las sanciones recaídas en los expedientes que se relacionan deberá hacerse efectivo en la forma y plazos indicados en la notificación que la Consejería de Economía y Hacienda le remitirá a su propio domicilio.
2. Remitir al Ayuntamiento de las poblaciones que se citan la presente Resolución para su publicación en el tablón de edictos correspondiente.
Las Palmas de Gran Canaria, a 15 de enero de 1999.- El Director General de Ordenación e Infraestructura Turística, Francisco Montesdeoca Santana.
RESOLUCIONES QUE SE CITAN:
1º) Libro nº 2 de Resoluciones de la Dirección General de Ordenación e Infraestructura Turística, folio 156, nº 908.
Resolución de 11 de noviembre de 1998, de la Dirección General de Ordenación e Infraestructura Turística, recaída en el expediente sancionador nº 98/052, instruido a Baja Dorada, S.L., titular de la explotación turística del establecimiento denominado Restaurante La Choza.
Examinado el expediente sancionador tramitado por el Servicio de Inspección y Sanciones, instruido a Baja Dorada, S.L., por Resolución de iniciación del Director General de Ordenación e Infraestructura Turística, de 9 de marzo de 1998, como consecuencia del acta de inspección nº 8765, de 9 de julio de 1997.
Vista la propuesta formulada por el Instructor del expediente sancionador consignado.
Teniendo en cuenta los siguientes
I. ANTECEDENTES
1º) Que con fecha 9 de julio de 1997, se personó en el establecimiento de referencia, sito en el Golfo, término municipal de Yaiza, el Servicio de Inspección de esta Dirección General, levantando al efecto el acta nº 8765, en la que esencialmente se hace constar que el establecimiento carecía de Libro de Inspección y Hojas de Reclamaciones y que se había producido un cambio de titularidad a favor de Baja Dorada, S.L., que explotaba turísticamente el establecimiento desde el 2 de mayo de 1994.
2º) Que se ordenó la iniciación de expediente sancionador, que lleva el nº 98/052, nombrándose Instructor y Secretario.
3º) Que por el Instructor del expediente se formularon los cargos, con fecha 9 de marzo de 1998, por los siguientes hechos:
a) Alterar las condiciones esenciales de la autorización de la que está provista la actividad, toda vez que se ha producido un cambio de titularidad a favor de Bajada Dorada, S.L., que explota el establecimiento consignado sin comunicarlo como es preceptivo a la Administración turística competente.
b) Carecer en el establecimiento de las Hojas de Reclamaciones.
c) Carecer del Libro de Inspección.
4º) Que la expedientada en escrito de fecha 14 de abril de 1998, registro de entrada nº 298, en síntesis ha alegado lo siguiente: que el cambio de titularidad estaba paralizado por la licencia municipal del Ayuntamiento de Yaiza, debido a deudas del anterior titular con dicho Ayuntamiento.
No obstante lo anterior, adjunta fotocopia donde consta la Resolución del mencionado cambio de titularidad.
5º) Que examinadas las razones esgrimidas por la expedientada y los documentos aportados quedan desvirtuados el 2º y 3er hecho imputado, no así el 1er hecho, pues aquellos son documentos que debe presentar el nuevo titular de un establecimiento turístico para comunicar el cambio de titularidad, no materializándose dicha comunicación hasta que no se cumplimenten los documentos que se señalan en el artº. 5 de la Orden de 23 de septiembre de 1988, por la que se regula el procedimiento para los cambios de titularidad de los establecimientos turísticos.
No obstante lo anterior y habida cuenta que la entidad mercantil consignada carece de antecedentes, no habiendo sido sancionada por infringir la normativa turística en vigor, se estima debe atenuarse la sanción inicial dada al referido hecho.
Como consecuencia de todo lo anterior, el Instructor del procedimiento con fecha 25 de mayo de 1998, formuló Propuesta de Sanción de multa en cuantía de 100.000 pesetas, por el hecho infractor.
6º) Que el expedientado no ha formulado contestación a la Propuesta de Resolución.
7º) Que la comisión del hecho imputado ha sido probada como consta en el expediente en virtud del acta de inspección nº 8765.
II. CONSIDERACIONES JURÍDICAS
Primera: que las actuaciones practicadas en el presente expediente sancionador han sido de conformidad con la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. nº 285, de 27.11.92), la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19.4.95), así como con el Decreto 190/1996, de 1 de agosto, regulador del Procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora en materia turística y de la Inspección de Turismo (B.O.C. nº 103, de 21.8.96). Segunda: que en la tramitación del expediente se han observado las formalidades de rigor.
Tercera: que las pruebas que obran en el expediente son tenidas en cuenta a la hora de emitir la presente Resolución.
Cuarta: que a la hora de ponderar la sanción se ha tenido en cuenta el principio de proporcionalidad que establece el artículo 131 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. nº 285, de 27.11.92), así como los criterios que se regulan en el artículo 79.2 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19.4.95).
Quinta: que debe estimarse la responsabilidad administrativa de la expedientada, en base al contenido del acta de inspección nº 8765, de 9 de julio de 1997, sin que la titular consignada haya presentado alegaciones ni aportado prueba alguna que desvirtúe la Propuesta de Resolución formulada por el Instructor del procedimiento, por lo que nos ratificamos en dicha Propuesta.
Sexta: que el hecho recogido en el expediente es constitutivo de infracción a:
NORMAS SUSTANTIVAS INFRINGIDAS: artículos 2 y 5 de la Orden de 23 de septiembre de 1988, por la que se regula el procedimiento para los cambios de titularidad de los establecimientos turísticos (B.O.C. nº 127, de 7 de octubre). Con calificación de leve, en base al artº. 76.1, en relación con el artº. 77.7, de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19 de abril).
En el ejercicio de la competencia que tengo atribuida para resolver el presente expediente sancionador, de acuerdo con la Ley Orgánica 10/1982, de 10 de agosto, por la que se aprueba el Estatuto de Autonomía de Canarias (B.O.J.C. nº 17, de 28.9.82), y el artículo 11.p) del Decreto 281/1995, de 11 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Turismo y Transportes (B.O.C. nº 128, de 4.10.95),
R E S U E L V O:
Imponer la sanción de multa en cuantía de 100.000 pesetas, por el hecho infractor, a Baja Dorada, S.L., con C.I.F. nº B-35361708, titular de la explotación turística del establecimiento denominado Restaurante La Choza.
La Resolución que se le notifica no pone fin a la vía administrativa y contra la misma cabe interponer, de acuerdo con lo prevenido en los artículos 114 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, recurso ordinario en el plazo de un mes, contado a partir de la recepción de la presente Resolución, ante el Ilmo. Sr. Viceconsejero de Turismo de la Consejería de Turismo y Transportes del Gobierno de Canarias, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.
En el caso de que el recurrente sea un representante, deberá acreditar esta representación, aportando escritura de poder para dejar constancia fidedigna, bien con copia simple notarial o previo cotejo o compulsa de la fotocopia con su original, a tenor de lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.- Las Palmas de Gran Canaria, a 11 de noviembre de 1998.- El Director General de Ordenación e Infraestructura Turística, Francisco Montesdeoca Santana.
2º) Libro nº 2 de Resoluciones de la Dirección General de Ordenación e Infraestructura Turística, folio 156, nº 914.
Resolución de 18 de noviembre de 1998, de la Dirección General de Ordenación e Infraestructura Turística, recaída en el expediente sancionador nº 98/093, instruido a D. Salvador Santana Reyes, titular de la explotación turística del establecimiento denominado Bar Chiringuito Sol Playa.
Examinado el expediente sancionador tramitado por el Servicio de Inspección y Sanciones, instruido a D. Salvador Santana Reyes, por Resolución de iniciación del Director General de Ordenación e Infraestructura Turística, de 7 de mayo de 1998, como consecuencia de la Hoja de Reclamación nº 20068 formulada por Dña. María de Arostegui Díez, y del acta de inspección nº 8934, de 23 de septiembre de 1997.
Vista la propuesta formulada por el Instructor del expediente sancionador consignado.
Teniendo en cuenta los siguientes
I. ANTECEDENTES
1º) Que con fecha 29 de agosto de 1997, se recibió en esta Consejería por medio del Cabildo de Fuerteventura, reclamación nº 20068, a instancia de Dña. María de Arostegui Díez contra el Bar Chiringuito Sol Playa, por considerar le han cobrado precio superior al autorizado.
2º) Que para comprobar los hechos denunciados, el 23 de septiembre de 1997, se personó en el establecimiento de referencia, sito en la Playa de Corralejo (a 300 m del Hotel Oliva), término municipal de La Oliva, el Servicio de Inspección de esta Dirección General, levantando al efecto el acta nº 8934, en la que esencialmente se hace constar que el Chiringuito Sol Playa está formado por 7 construcciones, con estructura de madera desmontable, separados cada uno de ellos por unos 500 m, a lo largo de la Playa de Corralejo. Que el actual titular de los chiringuitos es Salvador Santana Reyes, propietario del Restaurante La Tasca (RGC 1275), cuya Hoja de Reclamación facilitada a la reclamante pertenece al mismo. Que los 7 bares, tipo chiringuito carecen de Libro de Inspección, Hojas de Reclamaciones y lista de precios sellada por la Administración. Que se le aplica los precios de los productos del Bar Restaurante La Tasca, sellados el 18 de septiembre de 1996, donde no se ha notificado el producto del calamar natural de 1.150 pesetas.
3º) Que se ordenó la iniciación de expediente sancionador, que lleva el nº 98/093, nombrándose Instructor y Secretario.
4º) Que por el Instructor del expediente se formularon los cargos, con fecha 7 de mayo de 1998, por los siguientes hechos:
a) Haber modificado el contenido de la relación de servicios y precios, sin haberlo notificado previa y preceptivamente a la Administración turística competente, así como en otros percibir precios superiores.
b) Carecer en el establecimiento de las Hojas de Reclamaciones.
c) Carecer del Libro de Inspección.
5º) Que el expedientado, en escrito de fecha 3 de junio de 1998, registro de entrada nº 3897, en síntesis ha alegado lo siguiente: la resolución notificada es nula, por los defectos que contiene. Ello me produce indefensión. La Resolución reúne los requisitos legales ordenados por Ley de Procedimiento Administrativo Común (Ley 30/1992, de 26 de noviembre) y Decreto 190/1996, del Procedimiento Sancionador, dándole traslado al denunciado que podrá recusar al Instructor y Secretario, traslado de los cargos que se imputan, acta que lo origina, por la que el Instructor determina los posibles cargos.
El Chiringuito es un anexo del Restaurante La Tasca y con misma titularidad por ello las Hojas de Reclamaciones y Libro de Inspección están en el establecimiento principal y se ha notificado a la Administración legalmente las modificaciones existentes. Está acreditado se dieron las Hojas de Reclamaciones de la tasca. Los calamares solicitados eran de forma especial, por ello no coincidían con el precio de la carta.
6º) Que examinadas las razones esgrimidas por el expedientado y los documentos aportados, no desvirtúa puesto que la Resolución de inicio no tiene los defectos alegados, pues se han cumplido todos los trámites legales, aparte que el acta se levanta ante el titular y queda notificado en el acto. No hay indefensión. Por otra parte, al tener separación razonable los establecimientos (llámenseles chiringuitos, anexos, sucursales), son independientes y debe cada uno tener su documentación, independiente de que a efectos privados, contables, etc., dependan del llamado restaurante principal y sean del mismo titular. Al tener traslado de la Resolución de inicio del expediente se dio plazo para recurrir la misma y recusar al Instructor, si fuera preciso. Asimismo al ser industria independiente administrativamente, infringe los cargos indicados en la resolución, no obstante al carecer de antecedentes se atenúan las sanciones y quedan en 105.000 pesetas, para cada hecho infractor. Como consecuencia de todo lo anterior, el Instructor del procedimiento, con fecha 30 de septiembre de 1998, formuló Propuesta de Sanción de multa en cuantía de 105.000 pesetas, por el 1er hecho infractor, 105.000 pesetas, por el 2º hecho infractor y 105.000 pesetas, por el 3er hecho infractor.
7º) Que el expedientado ha formulado contestación a la Propuesta de Resolución, en la que en síntesis alega que como quiera que en la Propuesta de Resolución se persiste en considerar al denunciado responsable de las infracciones, sin tener en cuenta las argumentaciones legales contenidas en su pliego de descargo presentado, doy por reproducidos los fundamentos invocados en el mismo. No obstante hay que incidir en el hecho que el chiringuito, no es mas que un anexo del Restaurante La Tasca, ubicado en las inmediaciones del que depende en cuanto a instalaciones, servicios, etc., de la misma titularidad, encontrándose las Hojas de Reclamaciones que se entregó a la reclamante, el Libro de Inspección y respecto al cual, también se ha notificado oportunamente las modificaciones producidas, respecto a relación de servicios y precios, sin que por estar separado físicamente del principal el anexo sea suficiente para considerarlo independiente. Por ello no existe infracción administrativa alguna por ser el anexo dependiente del principal y no existir culpa alguna.
II. CONSIDERACIONES JURÍDICAS
Primera: que las actuaciones practicadas en el presente expediente sancionador han sido de conformidad con la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. nº 285, de 27.11.92), la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19.4.95), así como con el Decreto 190/1996, de 1 de agosto, regulador del Procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora en materia turística y de la Inspección de Turismo (B.O.C. nº 103, de 21.8.96).
Segunda: que en la tramitación del expediente se han observado las formalidades de rigor.
Tercera: que las pruebas que obran en el expediente son tenidas en cuenta a la hora de emitir la presente Resolución.
Cuarta: que a la hora de ponderar la sanción se ha tenido en cuenta el principio de proporcionalidad que establece el artículo 131 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. nº 285, de 27.11.92), así como los criterios que se regulan en el artículo 79.2 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19.4.95).
Quinta: que debe estimarse la responsabilidad administrativa del expedientado, en base al acta nº 8934, sin que el titular, con las alegaciones formuladas a la Propuesta de Resolución, haya aportado prueba alguna que desvirtúe los hechos imputados, por lo que y habiendo atenuado ya las sanciones propuestas, nos ratificamos en dicha Propuesta de Resolución, por entenderla ajustada a derecho.
Sexta: que los hechos recogidos en el expediente son constitutivos de infracciones a:
NORMAS SUSTANTIVAS INFRINGIDAS: artº. 2 de la Orden Ministerial de 19 de junio de 1970 (B.O.E. de 23 de junio), en relación con el artº. 30.1 de la OrdenMinisterial de 17 de marzo de 1965, por la que se aprueba la Ordenación Turística de Restaurantes (B.O.E. de 29 de marzo), modificado por la OrdenMinisterial de 29 de junio de 1978, en su artº. 2 (B.O.E. de 19 de julio). - Artº. 20.1 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19 de abril). - Artº. 41 del Decreto 190/1996, de 1 de agosto, regulador del Procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora en materia turística y de la Inspección de Turismo (B.O.C. nº 103, de 21 de agosto). Con calificación de leve, en base a los artículos 76.5, 76.6 y 76.9, en relación con el artº. 77.7, de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19 de abril).
En el ejercicio de la competencia que tengo atribuida para resolver el presente expediente sancionador, de acuerdo con la Ley Orgánica 10/1982, de 10 de agosto, por la que se aprueba el Estatuto de Autonomía de Canarias (B.O.J.C. nº 17, de 28.9.82), y el artículo 11.p) del Decreto 281/1995, de 11 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Turismo y Transportes (B.O.C. nº 128, de 4.10.95),
R E S U E L V O:
Imponer la sanción de multa en cuantía de 105.000 pesetas, por el 1er hecho infractor, 105.000 pesetas, por el 2º hecho infractor y 105.000 pesetas, por el 3er hecho infractor, a D. Salvador Santana Reyes, con N.I.F. 42.880.488-R, titular de la explotación turística del establecimiento denominado Bar Chiringuito Sol Playa.
La Resolución que se le notifica no pone fin a la vía administrativa y contra la misma cabe interponer, de acuerdo con lo prevenido en los artículos 114 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, recurso ordinario en el plazo de un mes, contado a partir de la recepción de la presente Resolución, ante el Ilmo. Sr. Viceconsejero de Turismo de la Consejería de Turismo y Transportes del Gobierno de Canarias, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.
En el caso de que el recurrente sea un representante, deberá acreditar esta representación, aportando escritura de poder para dejar constancia fidedigna, bien con copia simple notarial o previo cotejo o compulsa de la fotocopia con su original, a tenor de lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.- Las Palmas de Gran Canaria, a 18 de noviembre de 1998.- El Director General de Ordenación e Infraestructura Turística, Francisco Montesdeoca Santana.
3º) Libro nº 1 de Resoluciones de la Viceconsejería de Turismo, folio 17, nº 135.
Resolución de fecha 26 de noviembre de 1998, de la Viceconsejería de Turismo del Gobierno de Canarias, recaída en el expediente sancionador nº 98/140, instruido a José M. Gómez Bermúdez, titular de la explotación turística del establecimiento denominado Restaurante El Artista.
Examinado el expediente sancionador tramitado por el Servicio de Inspección y Sanciones, instruido a José M. Gómez Bermúdez, por Resolución de iniciación del Director General de Ordenación e Infraestructura Turística, de fecha 29 de junio de 1998, como consecuencia de la Hoja de Reclamación nº 5837 formulada por D. Alejandro Paciente Hernández, y del acta de inspección nº 7718, de 22 de octubre de 1996.
Vista la propuesta formulada por el Instructor del expediente sancionador consignado.
Teniendo en cuenta los siguientes
I. ANTECEDENTES
1º) Que con fecha 25 de septiembre de 1996, se recibió en esta Consejería denuncia contra el Restaurante El Artista, a instancias de D. Alejandro Paciente Hernández, sobre carencia de listas de precios, Hojas de Reclamaciones y carteles anunciadores.
2º) Que para comprobar los hechos denunciados, el 22 de octubre de 1996, se personó en el establecimiento de referencia, sito en la calle Franchy Roca, en Las Palmas de Gran Canaria, el Servicio de Inspección de esta Dirección General, levantando al efecto el acta nº 7718 en la que esencialmente se hace constar que se encuentra abierto al público y ejerce la actividad turística de restaurante, careciendo de la preceptiva autorización de la Administración turística canaria. Carece de Libro de Inspección, de Hojas de Reclamaciones y no ha notificado a la Administración los precios que rigen en la prestación de los servicios. Se manifiesta que se realizó la apertura el día 13 de agosto de 1996 y que comenzó a tramitarse la documentación turística el 7 de octubre de 1996.
3º) Que se ordenó la iniciación de expediente sancionador, que lleva el nº 98/140, nombrándose Instructor y Secretario.
4º) Que por el Instructor del expediente se formularon los cargos, con fecha 29 de junio de 1998, por el siguiente hecho: Estar abierto al público en general sin la autorización preceptiva para la entrada en servicio y el desempeño de la actividad turística reglamentada de restaurante.
5º) Que con fecha 14 de octubre de 1998 y habida cuenta que el expedientado no efectuó alegación alguna a la Resolución de iniciación del Procedimiento y a los cargos imputados, fue ratificada como Propuesta de Resolución, con una multa en cuantía de 750.000 pesetas.
6º) Que la comisión del hecho imputado, ha sido probada como consta en el expediente.
II. CONSIDERACIONES JURÍDICAS
Primera: que las actuaciones practicadas en el presente expediente sancionador han sido de conformidad con la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. nº 285, de 27.11.92), la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19.4.95), así como con el Decreto 190/1996, de 1 de agosto, regulador del Procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora en materia turística y de la Inspección de Turismo (B.O.C. nº 103, de 21.8.96).
Segunda: que en la tramitación del expediente se han observado las formalidades de rigor.
Tercera: que las pruebas que obran en el expediente son tenidas en cuenta a la hora de emitir la presente Resolución.
Cuarta: que a la hora de ponderar la sanción se ha tenido en cuenta el principio de proporcionalidad que establece el artículo 131 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. nº 285, de 27.11.92), así como los criterios que se regulan en el artículo 79.2 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19.4.95).
Quinta: que debe estimarse la responsabilidad administrativa del expedientado, en base al acta nº 7718 sin que el titular haya formulado alegaciones a la Resolución de inicio que se considera Propuesta de Resolución, ni aportado prueba alguna que desvirtúe el hecho imputado, por lo que nos ratificamos en dicha Propuesta de Resolución por entenderla ajustada a derecho.
Sexta: que el hecho recogido en el expediente es constitutivo de infracción a:
NORMAS SUSTANTIVAS INFRINGIDAS: artº. 6 de la Orden de 17 de marzo de 1965, por la que se aprueba la Ordenación Turística de Restaurantes (B.O.E. de 29 de marzo). Con calificación de grave, en base al artº. 75.1, en relación con el artº. 76.18, de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19 de abril). En el ejercicio de la competencia que tengo atribuida para resolver el presente expediente sancionador, de acuerdo con la Ley Orgánica 10/1982, de 10 de agosto, por la que se aprueba el Estatuto de Autonomía de Canarias (B.O.J.C. nº 17, de 28.9.82), y el artículo 10.j) del Decreto 281/1995, de 11 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Turismo y Transportes (B.O.C. nº 128, de 4.10.95),
R E S U E L V O:
Imponer la sanción de multa de 750.000 pesetas, por el hecho infractor, a D. José M. Gómez Bermúdez, con C.I.F. nº 42.739.036, titular de la explotación turística del establecimiento denominado Restaurante El Artista.
La Resolución que se le notifica no pone fin a la vía administrativa y contra la misma cabe interponer, de acuerdo con lo prevenido en los artículos 114 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, recurso ordinario en el plazo de un mes, contado a partir de la recepción de la presente Resolución, ante el Excmo. Sr. Consejero de Turismo y Transportes del Gobierno de Canarias, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.
En el caso de que el recurrente sea un representante, deberá acreditar esta representación, aportando escritura de poder para dejar constancia fidedigna, bien con copia simple notarial o previo cotejo o compulsa de la fotocopia con su original, a tenor de lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Una vez firme la presente Resolución, se procederá a dar cumplimiento a lo dispuesto en el artº. 17.7 del Decreto 190/1996, de 1 de agosto, regulador del Procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora en materia turística y de la Inspección de Turismo, en relación con el artº. 81.4 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias, referente a la publicación de la sanción y anotación en el Registro General de Empresas, Actividades y Establecimientos Turísticos.- Las Palmas de Gran Canaria, a 26 de noviembre de 1998.- El Viceconsejero de Turismo, Juan Carlos Becerra Robayna.
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