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BOC Nº 037. Viernes 26 de Marzo de 1999 - 472

II. AUTORIDADES Y PERSONAL - Oposiciones y concursos - Consejería de Presidencia y Relaciones Institucionales

472 - ORDEN de 2 de marzo de 1999, por la que se dispone el cumplimiento de la Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de Santa Cruz de Tenerife, del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, dictada en el recurso nº 181/1997, promovido por Dña. Carmen Nieves Crespo de las Casas y otros.

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Visto el expediente tramitado por la Dirección General de la Función Pública para dar cumplimiento, en sus propios términos, a la Sentencia de fecha 6 de noviembre de 1998, dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de Santa Cruz de Tenerife, del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, en el recurso nº 181/1997, promovido por Dña. Carmen Nieves Crespo de las Casas, D. José F. Leal Simón, D. José M. Torres Stinga, D. Domingo Bordón Tarajano y D. Antonio Medina Medina, contra la Orden de 4 de diciembre de 1996, de la Consejería de Presidencia y Relaciones Institucionales, por la que se resolvía el expediente de revisión de oficio de la Orden de la Consejería de Trabajo y Función Pública de 15 de marzo de 1993, de convocatoria de concurso de méritos para acceder a puestos de función inspectora.

Vista la Propuesta del Director General de la Función Pública.

Teniendo en cuenta los siguientes antecedentes y consideraciones jurídicas:

I. ANTECEDENTES

1º) Por Orden de 15 de marzo de 1993, la Consejería de Trabajo y Función Pública convocó concurso para acceder a puestos de función inspectora entre funcionarios de Cuerpos docentes, al que podían concurrir funcionarios de los Cuerpos docentes y los funcionarios del extinguido Cuerpo de Inspectores al servicio de la Administración educativa, en cuyo caso, éstos tendrían preferencia para la adjudicación de las plazas sacadas a concurso.

2º) Con fecha 24 de mayo de 1993, la Consejería de Trabajo y Función Pública dictó una Orden por la que se anuló la anterior, de fecha 15 de marzo de 1993.

3º) Por Orden de 29 de junio de 1993, se publica nueva convocatoria, en la que se establecía primero un concurso de plazas a las que podían concursar, además de los funcionarios del extinto Cuerpo de Inspectores, los docentes que ya venían realizando funciones de inspección en virtud de concursos anteriores, y a continuación se practicaría el concurso de méritos para el acceso a la función inspectora en relación con las plazas que hubiesen quedado vacantes.

4º) Dado que en la anulación de las bases del concurso no se había seguido el procedimiento previsto al efecto para la revisión de los actos declarativos de derechos, se interpuso el correspondiente recurso contencioso-administrativo, en el que recayó Sentencia con fecha 8 de septiembre de 1995, anulando las Órdenes de anulación y de nueva convocatoria, con declaración del derecho de los actores a ser valorados en el concurso promovido por la Orden de 15 de marzo de 1993.

5º) Al entender la Administración que seguían concurriendo en dicha Orden vicios de ilegalidad, inició el procedimiento de revisión de oficio previsto en el artículo 102.1 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, para los actos nulos de pleno derecho, y dictó la Orden de fecha 4 de diciembre de 1996, anulando nuevamente la de 15 de marzo de 1993.

6º) Contra la Orden anterior, se interpuso por Dña. Carmen Nieves Crespo de las Casas y otros el recurso contencioso-administrativo nº 181/1997, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de Santa Cruz de Tenerife, del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, solicitando se declarara nula desde el inicio y no conforme a Derecho la resolución de la Consejería de Presidencia y Relaciones Institucionales de fecha 4 de diciembre de 1996.

7º) En este recurso recayó Sentencia con fecha 6 de noviembre de 1998, cuyo Fallo es el siguiente:

“Estimando el recurso contencioso-administrativo interpuesto, anulamos el acto impugnado por ser contrario a Derecho, sin expresa imposición de costas.” II. FUNDAMENTOS DE DERECHO

Único.- De conformidad con lo establecido en los artículos 118 de la Constitución y 17, apartado 2º, de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial y lo dispuesto en los artículos 103 y siguientes de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, a la Consejería de Presidencia y Relaciones Institucionales le corresponde la obligación de ejecutar la resolución judicial y la de llevarla a su puro y debido efecto, practicando lo que exija el cumplimiento de las declaraciones contenidas en el fallo.

En su virtud, en cumplimiento de la Sentencia de fecha 6 de noviembre de 1998, de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de Santa Cruz de Tenerife, del Tribunal Superior de Justicia de Canarias,

R E S U E L V O:

1. Cumplir en sus propios términos la referida Sentencia.

2. En el plazo de 15 días la Dirección General de Personal de la Consejería de Educación dará cuenta a la Dirección General de la Función Pública de los actos de ejecución.

La presente Orden se publicará en el Boletín Oficial de Canarias.

Santa Cruz de Tenerife, a 2 de marzo de 1999.

EL CONSEJERO DE PRESIDENCIA Y RELACIONES INSTITUCIONALES, Lorenzo Alberto Suárez Alonso.

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