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Habiendo sido intentada en repetidas ocasiones la notificación del citado Acuerdo de inicio de reintegro en el domicilio que figura en el expediente incoado por el Instituto Canario de Formación y Empleo, sin que haya sido recibido por el interesado, es por lo que, conforme a lo establecido en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se hace saber a la misma que con fecha 1 de febrero 1999 fue efectuado Acuerdo de inicio de reintegro del tenor literal siguiente:
Por la Dirección del Instituto Canario de Formación y Empleo se ha verificado en diligencias de información previa que por parte de Servicios Integrales Informáticos Canarios, S.C.L., beneficiaria de una subvención en materia de Inversiones en Capital Fijo, por importe de dos millones quinientas mil (2.500.000) pesetas, concedida mediante Resolución del Director del Instituto Canario de Formación y Empleo de fecha 8 de noviembre de 1994, registrada al nº 1.266 se ha incurrido en la siguiente causa determinante del reintegro de la referida subvención:
Haber incumplido el deber de justificar el empleo dado a los fondos recibidos, en la forma y plazo que se establece en la Resolución de concesión de la subvención y normas reguladoras. Y ello es así por las siguientes razones:
a) Que en el número tercero del resuelvo de la citada Resolución, se establecía que la entidad beneficiaria vendrá obligada a justificar que el importe de la subvención ha sido invertido con la finalidad para la cual se concede, mediante la presentación de facturas ajustadas según Real Decreto 2.402/1985, de 18 de diciembre, que en cualquier caso deben corresponder con los conceptos que figuran en las facturas proforma anexas a la solicitud, así como certificado de alta en el inventario de la empresa, en el plazo de tres meses contados desde la fecha de la notificación de la Resolución de concesión. El certificado de alta en el inventario habrá de presentarse por un período de tres años, anualmente a partir de la fecha de alta en el inventario.
b) Que la Intervención Delegada en el ICFEM, procede a emitir informe favorable con respecto al segundo plazo de justificación de la subvención, por medio de escrito de fecha 26 de diciembre de 1996, con número de registro de salida 586.
c) Que habiéndose cumplido el plazo para aportar la documentación justificativa con respecto al tercer plazo de justificación de la subvención, sin que ésta haya tenido entrada en este Organismo.
Por cuanto antecede, de conformidad con los artículos 32 y 33 del Decreto 6/1995, de 27 de enero, por el que se establece el régimen general de ayudas y subvenciones de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, en relación con lo dispuesto en el artículo 52.12 de la Ley 7/1984, de 11 de diciembre, de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias y en el artículo 81 del Real Decreto-Legislativo 1.091/1988, de 23 de septiembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General Presupuestaria, en ejercicio de las competencias que me atribuyen los artículos 3.D) de la Ley 7/1992, de 25 de noviembre, de creación de este Instituto, y 3.15 del Decreto Territorial 18/1993, de 11 de febrero, por el que se aprueba su Reglamento Orgánico, en relación con lo establecido en el Decreto 6/1995, de 27 de enero, y con base en lo dispuesto en los artículos 69.1 y 84 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, ACUERDO:
Primero.- Iniciar el procedimiento para el reintegro de la subvención concedida a Servicios Integrales Informáticos Canarios, S.C.L., mediante Resolución del Director del Instituto Canario de Formación y Empleo de fecha 8 de noviembre de 1994, registrada al nº 1.266, por las causas mencionadas, sin perjuicio de la exigencia de las demás responsabilidades a que dicho incumplimiento pudiera dar lugar en aplicación de la legislación vigente.
Segundo.- Conceder al interesado un plazo de diez días para que pueda comparecer en el expediente, tomar audiencia y vista del mismo, proponer pruebas y realizar las alegaciones que tenga por conveniente. Concluido este trámite y vistas las actuaciones pertinentes se dictará la Resolución que corresponda.
Tercero.- Notifíquese este Acuerdo, según lo exigido en el artículo 58 y en los términos del artículo 59, ambos de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Contra el presente Acuerdo no cabe interponer recurso alguno sin perjuicio que el interesado, conforme a lo previsto en el artº. 107.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, pueda alegar oposición al presente acto para su consideración en la Resolución que ponga fin al presente procedimiento y sin perjuicio de la posibilidad de recurrirla. Las Palmas de Gran Canaria, a 25 de febrero de 1999.- El Director, Francisco Zumaquero García.
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