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BOC Nº 032. Lunes 15 de Marzo de 1999 - 423

I. DISPOSICIONES GENERALES - Consejería de Empleo y Asuntos Sociales

423 - DECRETO 26/1999, de 25 de febrero, por el que se establecen medidas de fomento de integración laboral de minusválidos.

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Con el fin de hacer efectiva la vía de integración de personas con minusvalías en el espacio correspondiente al empleo público, mediante el desarrollo reglamentario de lo dispuesto en el Capítulo IV, Título VI de la Ley 2/1987, de 30 de marzo, de la Función Pública Canaria, el Gobierno de Canarias aprobó el Decreto 43/1998, de 2 de abril, en el que se dispone, en su artículo 9, denominado “Contratación de bienes y servicios por la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias y sus Organismos Autónomos”, que “los órganos de contratación de la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias y los Organismos de ella dependientes señalarán en los pliegos de cláusulas administrativas particulares un mérito preferente de un 15% en la adjudicación de los contratos, para las proposiciones presentadas por aquellas empresas públicas o privadas que, en el momento de acreditar su solvencia técnica, tengan en su plantilla un número de trabajadores minusválidos no inferior al 2%, siempre que dichas proposiciones igualen en sus términos a las más ventajosas desde el punto de vista de los criterios objetivos que sirvan de base para la adjudicación”. El cumplimiento de tal mandato por parte de los órganos de contratación de la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias, ha suscitado, en la práctica, pluralidad de interpretaciones que dificultan una actuación unánime de todos ellos en su voluntad de, en el marco de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las Administraciones Públicas, fomentar indirectamente el empleo de trabajadores con minusvalías, a fin de hacer efectivo su derecho a superar la desigual lucha por un puesto de trabajo en el mercado libre de empleo.

Tal realidad aconseja y obliga a dictar una nueva norma con la que, con unas directrices bien definidas, se posibilite e impulse la integración laboral de los minusválidos.

En su virtud, a propuesta conjunta de los Consejeros de Presidencia y Relaciones Institucionales, de Empleo y Asuntos Sociales y de Economía y Hacienda, oída la Junta Consultiva de Contratación Administrativa y previa deliberación del Gobierno en su sesión celebrada el día 25 de febrero de 1999,

D I S P O N G O:

Artículo 1.- Los órganos de contratación de la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias y los Organismos de ella dependientes establecerán en los pliegos de cláusulas administrativas particulares, cuando utilicen el sistema de concurso para la adjudicación de contratos de suministros, consultoría y asistencia, servicios y gestión de servicios públicos, la preferencia en la adjudicación del contrato a favor de las empresas que, en el momento de la licitación, cuenten en su plantilla con un número de trabajadores fijos minusválidos no inferior al 2% de la misma, siempre que sus proposiciones obtengan una evaluación global que no se distancie en más de un 15% de la proposición mejor valorada.

A tal fin, los criterios objetivos de baremación excluido el anterior, no podrán exceder del 85%, y una vez efectuada su valoración, procederá, en su caso, la aplicación del criterio preferencial a las empresas licitadoras más valoradas y hasta las que se distancien de ésta en un máximo del 15%.

Artículo 2.- Si varias empresas licitadoras acreditan tener relación laboral con personas con minusvalía en los términos del presente Decreto y se encuentran dentro del indicado límite porcentual respecto de la proposición mejor valorada, tendrá preferencia en la adjudicación del contrato el licitador que disponga del mayor número de trabajadores fijos con minusvalía en su plantilla y que se comprometa a mantenerlos el tiempo que dure el servicio o durante el plazo de garantía del suministro. Artículo 3.- Cuando la adjudicación de los referidos contratos se realice mediante procedimiento negociado, los pliegos de cláusulas administrativas particulares, a efectos de determinar la oferta más adecuada, deberán establecer la consideración preferente de las ofertas presentadas por las empresas que, en el momento de concurrir a la licitación, tengan en su plantilla la proporción de trabajadores fijos con minusvalía reseñada en el artículo 1 del presente Decreto.

Artículo 4.- A los efectos de acreditar la relación laboral con personas con minusvalía en los términos establecidos anteriormente, las empresas deberán aportar en el momento de la acreditación de la solvencia técnica, y sin que les exonera de ello el estar inscritas en el Registro de Contratistas, los documentos TC2 (relación nominal de trabajadores) correspondientes a todo el personal de la empresa, la determinación de quienes sean personas con minusvalía y el certificado acreditativo de éstas.

Artículo 5.- Las empresas que acrediten la circunstancia señalada en los artículos anteriores, estarán exentas de constituir garantía provisional en los supuestos previstos en el artículo 36.2 de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

Artículo 6.- En los contratos que se suscriban con las empresas que hayan resultado adjudicatarias en virtud de lo dispuesto en el presente Decreto, se hará constar tal circunstancia y su incumplimiento durante la vigencia del contrato, en los plazos que se establecen en el artículo 2, será causa de rescisión del mismo.

DISPOSICIÓN ADICIONAL

Única.- A los efectos del presente Decreto, se considera persona con minusvalía aquella que padezca una disminución de sus facultades físicas, psíquicas o sensoriales en un porcentaje igual o superior al 33% y que sus secuelas tengan carácter definitivo, teniendo, no obstante, capacidad suficiente para realizar las tareas propias de un puesto de trabajo.

La expresada circunstancia deberá ser acreditada mediante la correspondiente certificación acreditativa de la misma expedida por los órganos competentes de la Administración Autónoma de Canarias o de los órganos correspondientes de otras Comunidades Autónomas.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Única.- Queda derogado el artículo 9 del Decreto 43/1998, de 2 de abril, por el que se desarrolla el Capítulo IV de la Ley 2/1987, de 30 de marzo, de la Función Pública Canaria, regulador del sistema de acceso de personas con minusvalía para la prestación de servicios en la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias y medidas de fomento para su integración laboral.

DISPOSICIÓN FINAL

Única.- El presente Decreto entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial de Canarias.

Dado en Las Palmas de Gran Canaria, a 25 de febrero de 1999.

EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO, Manuel Hermoso Rojas.

EL CONSEJERO DE EMPLEO Y ASUNTOS SOCIALES, Víctor Manuel Díaz Domínguez.

EL CONSEJERO DE PRESIDENCIA Y RELACIONES INSTITUCIONALES, Lorenzo Alberto Suárez Alonso.

EL CONSEJERO DE ECONOMÍA Y HACIENDA, José Carlos Francisco Díaz.

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