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La Ley de 20 de diciembre de 1952, de Epizootias, y el Decreto de 4 de febrero de 1955, por el que se aprueba el Reglamento que la desarrolla, establecen el derecho de indemnización a los propietarios de los animales sacrificados por haber sido afectados por enfermedades infecto-contagiosas.
La Decisión 90/638/CEE, de 27 de noviembre, establece los criterios comunitarios aplicables a las medidas de erradicación y vigilancia de determinadas enfermedades de los animales.
El Real Decreto 2.611/1996, de 20 de diciembre, por el que se regulan los programas nacionales de erradicación de enfermedades de los animales, establece el carácter de obligado cumplimiento en todo el territorio del Estado de las normas que en él se dictan. En su artículo 15, establece la obligatoriedad del sacrificio de todos los animales reaccionantes positivos a las pruebas diagnósticas. En su artículo 17, establece que la Administración indemnizará el sacrificio obligatorio de animales como resultado de la aplicación de los programas regulados en la norma citada, aplicándose los baremos que se encuentren en vigor en el momento del sacrificio.
Las Decisiones 97/59/CE, 97/60/CE, 97/65/CE, 97/67/CE y 97/73/CE establecen que los ganaderos deberán recibir el pago de las indemnizaciones en el plazo de 90 días desde que se produzca el sacrificio de animales infectados, para optimizar los resultados de los programas de erradicación. Consecuentemente, sólo las compensaciones abonadas en ese período serán consideradas por la Comunidad como elegibles.
Atendiendo al mayor coste de las especies autóctonas de Canarias, se ha venido estableciendo un complemento de indemnización a la dispuesta por la normativa estatal, cuando se efectúa el sacrificio de tales animales, estimando necesario mantener dicho complemento en la presente disposición.
Las razones expuestas y la necesidad de establecer un procedimiento ágil que permita resolver con celeridad y eficacia la tramitación del expediente, hacen necesario establecer un régimen distinto al dispuesto en la normativa que regula el régimen general de ayudas y subvenciones de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias.
En su virtud, a propuesta conjunta de los Consejeros de Economía y Hacienda y de Agricultura, Pesca y Alimentación, y previa deliberación del Gobierno en sesión celebrada el día 4 de febrero de 1999,
D I S P O N G O:
Artículo 1.- Objeto.
1. El objeto de la presente disposición es regular, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias, la concesión de ayudas por el sacrificio obligatorio de animales en campañas de saneamiento ganadero, como resultado de la aplicación de los programas nacionales de erradicación de enfermedades de los animales.
2. La concesión de las ayudas, que no precisa convocatoria pública anual, queda condicionada a la existencia de crédito presupuestario. Artículo 2.- Requisitos.
1. Serán beneficiarios de las ayudas objeto de este Decreto, los propietarios de los animales sacrificados, en ejecución de los programas nacionales de erradicación de enfermedades de los animales.
2. Se perderá el derecho a la ayuda cuando concurran algunas de las causas de pérdida de la indemnización previstas en la normativa que regula los programas nacionales de erradicación de enfermedades de los animales.
3. La presente ayuda será incompatible con cualquier ayuda, subvención o cualquier otra contribución económica para el mismo objeto que provenga de cualquier persona, pública o privada.
Artículo 3.- Cuantía.
1. La cuantía de la ayuda, por cada uno de los animales sacrificados, se determinará de acuerdo con el baremo establecido al efecto por el Ministerio competente en materia de ganadería, en el momento del sacrificio.
2. Para aquellos animales sacrificados que pertenezcan a las razas autóctonas de Canarias, la Consejería competente en materia de ganadería podrá establecer un baremo complementario al que se hace referencia en el apartado anterior.
Artículo 4.- Procedimiento.
1. La Dirección General competente en materia de producción agraria será el órgano encargado de iniciar y resolver el procedimiento de concesión de la ayuda por sacrificio obligatorio de animales en campañas de saneamiento ganadero.
2. El procedimiento de concesión de ayudas se iniciará de oficio una vez haya sido emitido, por el Servicio correspondiente de la Dirección General competente en materia de producción agraria, certificado de que se ha realizado el sacrificio conforme a lo establecido en la normativa vigente.
3. La resolución de inicio se le comunicará al interesado a la que se acompañarán los informes técnicos justificativos, emplazándole para que, en el plazo de diez días, alegue y presente los documentos y justificaciones que estime procedentes. Se requerirá, además, al interesado para que presente la siguiente documentación:
a) Documento acreditativo de la personalidad del interesado y, en su caso, de la representación de quien actúa en su nombre.
b) Documento de Identificación Fiscal del solicitante. c) Alta de Terceros en el sistema informático contable de la Comunidad Autónoma de Canarias (P.I.C.C.A.C.).
d) Declaración responsable en la que haga constar:
- Que se halla al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias de la Comunidad Autónoma de Canarias.
- Que no ha recibido o solicitado ayudas, subvenciones o cualquier otra cantidad para el mismo objeto de cualquier persona, pública o privada.
- Que no se halla inhabilitado para recibir ayudas de la Administración autonómica.
e) Cualquier otra documentación que la Administración considere conveniente para la resolución del expediente.
4. La presentación de la documentación presupone la aceptación de las condiciones, requisitos y obligaciones contemplados en el presente Decreto.
5. El procedimiento de concesión se resolverá en el plazo de treinta días, a contar desde la fecha de inicio del procedimiento. Si el expediente no se ha resuelto transcurrido el citado plazo, se entenderá desestimada la ayuda.
6. Toda alteración de las circunstancias y de los requisitos objetivos y subjetivos tenidos en cuenta para el otorgamiento de la ayuda, y, en todo caso, la obtención por el beneficiario de ayudas, subvenciones o cualquier otra cantidad concedidas con el mismo objeto por cualquier persona, pública o privada, podrán dar lugar a la modificación de la resolución de concesión, sin que en ningún caso, implique modificación de la finalidad de la ayuda.
7. El beneficiario vendrá obligado al cumplimiento de las directrices técnicas y zoosanitarias que establezca la Dirección General competente en materia de producción agraria.
Artículo 5.- El pago de la ayuda se hará efectivo en un período no superior a 90 días, contados a partir del momento del sacrificio del animal, sin que sea preciso su aceptación por el beneficiario.
DISPOSICIÓN ADICIONAL
Única.- En lo regulado en el presente Decreto, no le serán de aplicación las disposiciones de igual o inferior rango que regulen el régimen general de ayudas y subvenciones de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, salvo lo dispuesto para el reintegro, infracciones y sanciones. DISPOSICIÓN TRANSITORIA
Única.- Los expedientes de pago de indemnización por sacrificio obligatorio de ganado que no hayan sido resueltos antes de la entrada en vigor del presente Decreto, serán tramitados conforme a lo establecido en el mismo, no siéndoles de aplicación el plazo máximo de abono establecido en su artículo 5.
DISPOSICIÓN DEROGATORIA
Única.- Quedan derogadas todas las disposiciones de igual o inferior rango que se opongan a lo establecido en el presente Decreto, y específicamente la Orden de la Consejería de Agricultura y Alimentación de 29 de abril de 1994 (B.O.C. nº 65, de 27.5.94), y demás disposiciones que la modifiquen o desarrollen.
DISPOSICIONES FINALES
Primera.- Se faculta al Consejero de Agricultura, Pesca y Alimentación para dictar las disposiciones necesarias para el cumplimiento de lo dispuesto en el presente Decreto.
Segunda.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de Canarias.
Dado en Santa Cruz de Tenerife, a 4 de febrero de 1999. EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO, Manuel Hermoso Rojas.
EL CONSEJERO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN, Gabriel Mato Adrover.
EL CONSEJERO DE ECONOMÍA Y HACIENDA, José Carlos Francisco Díaz.
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