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Habiéndose intentado por esta Dirección General, sin haberse podido practicar, la notificación de la Resolución recaída en el expediente incoado con motivo de denuncias o actas de inspección formuladas contra los titulares de empresas y actividades turísticas que se relacionan, conforme al artº. 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y siendo preciso su notificación a los efectos de que aleguen lo que a su derecho convenga,
R E S U E L V O:
1.- Notificar a los titulares de establecimientos y actividades turísticas que se citan, la Resolución recaída en el expediente que les ha sido instruido por infracción a la legislación en materia turística. El ingreso de las sanciones recaídas en los expedientes que se relacionan deberá hacerse efectivo en la forma y plazos indicados en la notificación que la Consejería de Economía y Hacienda le remitirá a su propio domicilio.
2.- Remitir al Ayuntamiento de las poblaciones que se citan, la presente Resolución para su publicación en el tablón de edictos correspondiente.
Las Palmas de Gran Canaria, a 14 de septiembre de 1998.- El Director General de Ordenación e Infraestructura Turística, Francisco Montesdeoca Santana.
RESOLUCIONES QUE SE CITAN:
1º) Libro nº 1 de Resoluciones de la Viceconsejería de Turismo, folio 14, nº 59.
Resolución de 27 de julio de 1998, de la Viceconsejería de Turismo del Gobierno de Canarias, recaída en el expediente sancionador nº 97/295, instruido a Playa del Macao, S.L., titular de la explotación turística del establecimiento denominado Apartamentos Cerro Verde.
Examinado el expediente sancionador tramitado por el Servicio de Inspección y Sanciones, instruido a Playa del Macao, S.L., por Resolución de iniciación del Director General de Ordenación e Infraestructura Turística, de fecha 19 de diciembre de 1997, como consecuencia de la denuncia formulada por D. Javier López Tapia y Dña. Arantza Aboitiz, y del acta de inspección nº 7.993, de 29 de enero de 1997.
Vista la propuesta formulada por el Instructor del expediente sancionador consignado.
Teniendo en cuenta los siguientes
I. ANTECEDENTES
1º) Que con fecha 10 de enero de 1997, se recibió en esta Consejería Hoja de Reclamación nº 27667 A, cumplimentada por D. Javier López Tapia y Dña. Arantza Aboitiz y en la que manifiestan una serie de irregularidades y que constan en el expediente.
2º) Que para comprobar los hechos denunciados, el 29 de enero de 1997, se personó en el establecimiento de referencia, sito en la calle Salinas, 9, 11, en Puerto del Carmen, término municipal de Tías, el Servicio de Inspección de esta Dirección General, levantando al efecto el acta nº 7.993 en la que esencialmente se hace constar que se había producido un cambio de titularidad a favor de Playa del Macao, S.A., que explotaba el establecimiento consignado desde el 1 de mayo de 1995, sin notificarlo como es preceptivo a la Administración turística canaria, manifestándole a la Inspección que no se había hecho efectivo dicho cambio por problemas con la Administración municipal.
3º) Que se ordenó la iniciación de expediente sancionador, que lleva el nº 97/295, nombrándose Instructor y Secretario.
4º) Que por el Instructor del expediente se formularon los cargos, con fecha 19 de diciembre de 1997, por los siguientes:
HECHOS: 1º) Alterar las condiciones esenciales de la autorización de la que está provista la actividad, toda vez que se ha producido un cambio de titularidad a favor de Playa de Macao, S.A., que explota el establecimiento consignado sin comunicarlo como es preceptivo a la Administración turística competente. 2º) No tramitar la Hoja de Reclamación nº 27667, en tiempo y forma.
5º) Que la expedientada, en escrito de fecha 11 de febrero de 1998, registro de entrada nº 109, en síntesis ha alegado: Que el retraso en la comunicación del cambio de titularidad ha sido debido a obstáculos administrativos, indicando que la solicitud de dicho cambio es de fecha anterior a la inspección; considerando que no existe un incumplimiento total de la comunicación, estima desproporcionada la gravedad de la infracción.
En cuanto a no tramitar la Hoja de Reclamación nº 27667, alega que correspondía a Loma Verde, por lo cual se ha iniciado el expediente nº 97/296.
6º) Que el 20 de marzo de 1998, el Instructor del procedimiento solicitó informe a la Consejería de Turismo del Excmo. Cabildo Insular de Lanzarote, sobre las causas existentes en el expediente administrativo del establecimiento consignado y que han originado que a la fecha de 29 de enero de 1997 no se haya resuelto el cambio de titularidad solicitado ante dicho Organismo el 2 de febrero de 1996, registro de entrada nº 87.
Asimismo se manifestaba el interés por conocer si en la fecha indicada en la que se comunicó el cambio de titularidad se aportaron los documentos preceptivos para poder autorizar dicho cambio.
En el informe emitido el 23 de abril de 1998, por la Oficina de Turismo Interior, del mencionado Cabildo Insular, figura que con fecha 2 de febrero de 1996, se solicitó cambio de titularidad a favor de la empresa mercantil Playa del Macao, S.A. y que con fecha 12 de febrero de 1996, se requirió documentación complementaria al interesado, expediente que, al día de la fecha, no ha alcanzado resolución administrativa por estar pendiente de documentos. Adjunta escrito remitido el 12 de febrero de 1996 al establecimiento consignado, donde se hace constar la documentación a presentar por la titular del establecimiento.
7º) Que examinadas las razones esgrimidas por la expedientada, no queda desvirtuado el primer hecho infractor, pues según los datos que obran en los archivos de la Oficina de Turismo Interior del Excmo. Cabildo Insular de Lanzarote, el 23 de abril de 1998, fecha posterior a la de la visita de Inspección, el 29 de enero de 1997, el cambio de titularidad solicitado no había sido resuelto por estar pendiente de documentación. Debe hacerse notar que la comunicación del cambio de titularidad a la Administración turística competente no se materializa hasta que no se cumplimentan los documentos preceptivos para el referido cambio y que se establecen en el artículo 4 de la Orden de 23 de septiembre de 1988, por la que se regula el procedimiento para los cambios de titularidad de los establecimientos turísticos, extremo no realizado por la expedientada. Por lo que respecta al segundo hecho imputado, éste queda desvirtuado habida cuenta de las razones esgrimidas por la titular.
Por lo que se le imputa el siguiente:
HECHO: alterar las condiciones esenciales de la autorización de la que está provista la actividad, toda vez que se ha producido un cambio de titularidad a favor de Playa del Macao, S.A., que explota el establecimiento consignado sin comunicarlo como es preceptivo a la Administración turística competente.
Como consecuencia de todo lo anterior, el Instructor del procedimiento con fecha 30 de abril de 1998, formuló propuesta de sanción de multa en cuantía de 750.000 pesetas, por el hecho infractor.
8º) Que la expedientada ha formulado contestación a la Propuesta de Resolución, en la que en síntesis alega que las dificultades surgidas para realizar el preceptivo cambio de titularidad las atribuye al Ayuntamiento de Tías, refiriendo una serie de causas que constan en el escrito de alegaciones, sin que pueda aportar documentos que lo acrediten toda vez que las gestiones fueron realizadas por ventanilla y con informaciones verbales.
Por último alega que, no obstante lo anterior, considera desproporcionada la sanción, por lo que ésta debe ser rebajada.
9º) Se considera probado el siguiente hecho: alterar las condiciones esenciales de la autorización de la que está provista la actividad, toda vez que se ha producido un cambio de titularidad a favor de Playa del Macao, S.A., que explota el establecimiento consignado sin comunicarlo como es preceptivo a la Administración turística competente, según consta en el acta de inspección nº 7.993, de 29 de enero de 1997 y en el informe de la Oficina de Turismo Interior del Excmo. Cabildo Insular de Lanzarote de fecha 23 de abril de 1998.
II. CONSIDERACIONES JURÍDICAS
Primera: que las actuaciones practicadas en el presente expediente sancionador han sido de conformidad con la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. nº 285, de 27.11.92), la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19.4.95), así como con el Decreto190/1996, de 1 de agosto, regulador del Procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora en materia turística y de la Inspección de Turismo (B.O.C. nº 103, de 21.8.96).
Segunda: que en la tramitación del expediente se han observado las formalidades de rigor.
Tercera: que las pruebas que obran en el expediente son tenidas en cuenta a la hora de emitir la presente Resolución.
Cuarta: que a la hora de ponderar la sanción se ha tenido en cuenta el principio de proporcionalidad que establece el artículo 131 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. nº 285, de 27.11.92), así como los criterios que se regulan en el artículo 79.2 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19.4.95).
Quinta: que debe estimarse la responsabilidad administrativa de la expedientada, en base al acta de inspección nº 7993, de 29 de enero de 1997, y al contenido del informe de la Oficina de Turismo Interior del Excmo. Cabildo Insular de Lanzarote de fecha 23 de abril de 1998, sin que las alegaciones formuladas por la expedientada consignada a la Propuesta de Resolución, desvirtúen el hecho imputado, por lo que nos ratificamos en su contenido íntegro.
Sexta: que el hecho recogido en el expediente es constitutivo de infracción a:
NORMAS SUSTANTIVAS INFRINGIDAS: artículo 2º de la Orden de 23 de septiembre de 1988, por la que se regula el procedimiento para los cambios de titularidad de los establecimientos turísticos (B.O.C. nº 127, de 7 de octubre).
Con calificación de grave, en base al artº. 76.1, de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19 de abril).
En el ejercicio de la competencia que tengo atribuida para resolver el presente expediente sancionador, de acuerdo con la Ley Orgánica 10/1982, de 10 de agosto, por la que se aprueba el Estatuto de Autonomía de Canarias (B.O.J.C. nº 17, de 28.9.82), y el artículo 10.j) del Decreto 281/1995, de 11 de septiembre , por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Turismo y Transportes (B.O.C. nº 128, de 4.10.95),
R E S U E L V O:
Imponer la sanción de multa de 750.000 pesetas por el hecho infractor, a Playa del Macao, S.L., con C.I.F. nº B-35325075, titular de la explotación turística del establecimiento denominado Apartamentos Cerro Verde.
La Resolución que se le notifica no pone fin a la vía administrativa y contra la misma cabe interponer, de acuerdo con lo prevenido en los artículos 114 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, recurso ordinario en el plazo de un mes, contado a partir de la recepción de la presente Resolución, ante el Excmo. Sr. Consejero de Turismo y Transportes del Gobierno de Canarias, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.
En el caso de que el recurrente sea un representante, deberá acreditar esta representación, aportando escritura de poder para dejar constancia fidedigna, bien con copia simple notarial o previo cotejo o compulsa de la fotocopia con su original, a tenor de lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Una vez firme la presente Resolución, se procederá a dar cumplimiento a lo dispuesto en el artº. 17.7 del Decreto 190/1996, de 1 de agosto, regulador del Procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora en materia turística y de la Inspección de Turismo, en relación con el artº. 81.4 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias, referente a la publicación de la sanción y anotación en el Registro General de Empresas, Actividades y Establecimientos Turísticos.- Las Palmas de Gran Canaria, a 27 de julio de 1998.- El Viceconsejero de Turismo, Juan Carlos Becerra Robayna.
2º) Libro nº 1 de Resolución de Viceconsejería de Turismo, folio 14, nº 64.
Resolución de 3 de agosto de 1998, de la Viceconsejería de Turismo del Gobierno de Canarias, recaída en el expediente sancionador nº 98/005 instruido a D. Edward Henry Hines, titular de la explotación turística del establecimiento denominado Apartamentos Costa Luz.
Examinado el expediente sancionador tramitado por el Servicio de Inspección y Sanciones, instruido a D. Edward Henry Hines, por Resolución de iniciación del Director General de Ordenación e Infraestructura Turística, de 2 de febrero de 1998, como consecuencia del escrito de la Consejería de Turismo del Excmo. Cabildo Insular de Lanzarote, y del acta de inspección nº 7.070, de 25 de abril de 1996.
Vista la propuesta formulada por el Instructor del expediente sancionador consignado.
Teniendo en cuenta los siguientes
I. ANTECEDENTES
1º) Que con fecha 24 de abril de 1996, se remitió a esta Consejería escrito de la Oficina de Turismo Interior de la Consejería de Turismo del Excmo. Cabildo Insular de Lanzarote, en el que se solicita se gire inspección, para comprobar, entre otros, si el establecimiento consignado realiza actividad turística.
2º) Que para comprobar los hechos denunciados, el 25 de abril de 1996, se personó en el establecimiento de referencia, sito en la Avenida de Las Playas/Inglaterra, en Puerto del Carmen, término municipal de Tías, el Servicio de Inspección de esta Dirección General, levantando al efecto el acta nº 7.070, en la que esencialmente se hace constar que el establecimiento consignado realizaba la actividad turística de alojamientos en la modalidad de apartamentos, careciendo de la preceptiva autorización de la Administración turística canaria para la apertura y desempeño de tal actividad, careciendo, por tanto, de Libro de Inspección de Turismo, Hojas de Reclamaciones y lista de precios selladas.
3º) Que se ordenó la iniciación de expediente sancionador, que lleva el nº 98/005, nombrándose Instructor y Secretario.
4º) Que por el Instructor del expediente se formularon los cargos, con fecha 2 de febrero de 1998 por los siguientes:
HECHOS: 1º) No haber notificado anualmente a la Administración turística competente, los precios que rigen en la prestación de los servicios. 2º) Carecer en el establecimiento de las Hojas de Reclamaciones. 3º) Carecer del Libro de Inspección.
5º) Que con fecha 17 de julio de 1998 y habida cuenta que el expedientado no efectuó alegación alguna a la Resolución de iniciación del procedimiento y a los cargos imputados, fue ratificada como Propuesta de Resolución, con una multa en cuantía de 500.000 pesetas por el primer hecho infractor, 500.000 pesetas por el segundo hecho infractor y 500.000 pesetas por el tercer hecho infractor.
6º) Que la comisión de los hechos imputados ha sido probada como consta en el expediente, en virtud de la comprobación realizada por el Servicio de Inspección de la Dirección General de Ordenación e Infraestructura Turística y que consta en el acta nº 7.070. II. CONSIDERACIONES JURÍDICAS
Primera: que las actuaciones practicadas en el presente expediente sancionador han sido de conformidad con la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. nº 285, de 27.11.92), la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19.4.95), así como con el Decreto 190/1996, de 1 de agosto, regulador del Procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora en materia turística y de la Inspección de Turismo (B.O.C. nº 103, de 21 de agosto).
Segunda: que en la tramitación del expediente se han observado las formalidades de rigor.
Tercera: que las pruebas que obran en el expediente son tenidas en cuenta a la hora de emitir la presente Resolución.
Cuarta: que a la hora de ponderar la sanción se ha tenido en cuenta el principio de proporcionalidad que establece el artículo 131 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. nº 285, de 27.11.92), así como los criterios que se regulan en el artículo 79.2 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19.4.95).
Quinta: que debe estimarse la responsabilidad administrativa del expedientado, en base al contenido del acta de inspección nº 7.070 de 25 de abril de 1996, sin que el titular consignado haya presentado alegaciones ni aportado prueba alguna que desvirtúe los hechos imputados, por lo que nos ratificamos en la Propuesta de Resolución formulada por el Instructor del procedimiento.
Sexta: que los hechos recogidos en el expediente son constitutivos de infracción a:
NORMAS SUSTANTIVAS INFRINGIDAS: artº. 23 del Decreto 23/1989, de 15 de febrero, sobre ordenación de apartamentos turísticos (B.O.C. números 46 y 60, de 3 y 28 de abril, respectivamente). - Artº. 20.1 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19 de abril). - Artº. 41 del Decreto 190/1996, de 1 de agosto, regulador del Procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora en materia turística y de la Inspección de Turismo (B.O.C. nº 103, de 21 de agosto).
Con calificación de grave, en base a los artículos 76.5, 76.6 y 76.9, de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19 de abril).
En el ejercicio de la competencia que tengo atribuida para resolver el presente expediente sancionador, de acuerdo con la Ley Orgánica 10/1982, de 10 de agosto, por la que se aprueba el Estatuto de Autonomía de Canarias (B.O.J.C. nº 17, de 28.9.82), y el artículo 10.j) del Decreto 281/1995, de 11 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Turismo y Transportes (B.O.C. nº 128, de 4.10.95),
R E S U E L V O:
Imponer la sanción de multa de 500.000 pesetas por el primer hecho infractor, 500.000 pesetas por el segundo hecho infractor y 500.000 pesetas por el tercer hecho infractor a D. Edward Henry Hines, con N.I.F. X-0567792-Z, titular de la explotación turística del establecimiento denominado Apartamentos Costa Luz.
La Resolución que se le notifica no pone fin a la vía administrativa y contra la misma cabe interponer, de acuerdo con lo prevenido en los artículos 114 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, recurso ordinario en el plazo de un mes, contado a partir de la recepción de la presente Resolución, ante el Excmo. Sr. Consejero de Turismo y Transportes del Gobierno de Canarias, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.
En el caso de que el recurrente sea un representante, deberá acreditar esta representación, aportando escritura de poder para dejar constancia fidedigna, bien con copia simple notarial o previo cotejo o compulsa de la fotocopia con su original, a tenor de lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Una vez firme la presente Resolución, se procederá a dar cumplimiento a lo dispuesto en el artº. 17.7 del Decreto 190/1996, de 1 de agosto, regulador del Procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora en materia turística y de la Inspección de Turismo, en relación con el artº. 81.4 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias, referente a la publicación de la sanción y anotación en el Registro General de Empresas, Actividades y Establecimientos Turísticos.- Las Palmas de Gran Canaria, a 3 de agosto de 1998.- El Viceconsejero de Turismo, Juan Carlos Becerra Robayna.
3º) Libro nº 2 de Resoluciones de la Dirección General de Ordenación e Infraestructura Turística, folio 142, nº 586.
Resolución de 22 de julio de 1998, de la Dirección General de Ordenación e infraestructura Turística, recaída en el expediente sancionador nº 98/035, instruido a D. Jesús Partida Rodríguez, titular de la explotación turística del establecimiento denominado Bar Discoteca Joker.
Examinado el expediente sancionador tramitado por el Servicio de Inspección y Sanciones, instruido a D. Jesús Partida Rodríguez, por Resolución de iniciación del Director General de Ordenación e Infraestructura Turística, de 27 de febrero de 1998, como consecuencia de la denuncia formulada por la 152ª de la Guardia Civil y del acta de inspección nº 8.586, de 11 de junio de 1997.
Vista la propuesta formulada por el Instructor del expediente sancionador consignado.
Teniendo en cuenta los siguientes
I. ANTECEDENTES
1º) Que con fecha 19 de febrero de 1997, se recibió en esta Consejería denuncia de la 152ª Comandancia de la Guardia Civil, contra la Discoteca Joker por carecer de Hojas de Reclamaciones.
2º) Que para comprobar los hechos denunciados, el 11 de junio de 1997, se personó en el establecimiento de referencia, sito en el Centro Comercial Puerto Rico, término municipal de Mogán, el Servicio de Inspección de esta Dirección General, levantando al efecto el acta nº 8.586, en la que esencialmente se hace constar que se encuentra abierto al público en general y realiza la actividad turística de bar. Carece de Libro de Inspección y Hojas de Reclamaciones. El interviniente comunicó a los Inspectores actuantes no poder entregar la documentación toda vez que estaba en manos del encargado y que hoy era su día de descanso. Cuando se le dijo si tenía expuestos los precios comentó que los tenía en una carpeta y acto seguido procedió a entregarlos y a continuación mostró las Hojas de Reclamaciones y el Libro de Inspección de Turismo. En éste y en el Libro de visitas de la inspección de trabajo figura como titular Sancalez y Partida, S.L., con C.I.F. nº B-35336742. Los Inspectores consideran que el no entregar la documentación en primera instancia, se corresponde con una infracción grave, tal y como se recoge en el punto 9, artº. 76 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo. No firma el acta por no estar autorizado.
3º) Que se ordenó la iniciación de expediente sancionador, que lleva el nº 98/035, nombrándose Instructor y Secretario.
4º) Que por el Instructor del expediente se formularon los cargos, con fecha 27 de febrero de 1998, por el siguiente:
HECHO: haber obstaculizado o resistirse a la actuación de la inspección, sin llegar a impedirla, el día 11 de junio de 1997, según consta en el acta de inspección nº 8.586.
5º) Que con fecha 15 de julio de 1998 y habida cuenta que el expedientado no efectuó alegación alguna a la Resolución de iniciación del procedimiento y a los cargos imputados, fue ratificada como Propuesta de Resolución, con una multa en cuantía de 125.000 pesetas por el hecho infractor. 6º) Que la comisión del hecho imputado ha sido probada como consta en el expediente.
II. CONSIDERACIONES JURÍDICAS
Primera: que las actuaciones practicadas en el presente expediente sancionador han sido de conformidad con la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. nº 285, de 27.11.92), la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19.4.95), así como con el Decreto190/1996, de 1 de agosto, regulador del Procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora en materia turística y de la Inspección de Turismo (B.O.C. nº 103, de 21.8.96).
Segunda: que en la tramitación del expediente se han observado las formalidades de rigor.
Tercera: que las pruebas que obran en el expediente son tenidas en cuenta a la hora de emitir la presente Resolución.
Cuarta: que a la hora de ponderar la sanción se ha tenido en cuenta el principio de proporcionalidad que establece el artículo 131 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. nº 285, de 27.11.92), así como los criterios que se regulan en el artículo 79.2 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19.4.95).
Quinta: que debe estimarse la responsabilidad administrativa del expedientado, en base al acta nº 8.586, sin que el titular haya formulado alegaciones a la Resolución de inicio del expediente sancionador, ni aportado prueba alguna que desvirtúe el hecho imputado por lo que nos ratificamos en dicha Resolución, que se considera Propuesta de Resolución, por entenderla ajustada a derecho.
Sexta: que el hecho recogido en el expediente es constitutivo de infracción a:
NORMAS SUSTANTIVAS INFRINGIDAS: artº. 76 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19 de abril).
Con calificación de leve, en base al artº. 76.9, de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19 de abril).
En el ejercicio de la competencia que tengo atribuida para resolver el presente expediente sancionador, de acuerdo con la Ley Orgánica 10/1982, de 10 de agosto, por la que se aprueba el Estatuto de Autonomía de Canarias (B.O.J.C. nº 17, de 28.9.82), y el artículo 11.p) del Decreto 281/1995, de 11 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Turismo y Transportes (B.O.C. nº 128, de 4.10.95),
R E S U E L V O:
Imponer la sanción de multa en cuantía de 125.000 pesetas por el hecho infractor a D. Jesús Partida Rodríguez, con C.I.F. nº 43265550, titular de la explotación turística del establecimiento denominado Bar Discoteca Joker.
La Resolución que se le notifica no pone fin a la vía administrativa y contra la misma cabe interponer, de acuerdo con lo prevenido en los artículos 114 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, recurso ordinario en el plazo de un mes, contado a partir de la recepción de la presente Resolución, ante el Ilmo. Sr. Viceconsejero de Turismo de la Consejería de Turismo y Transportes del Gobierno de Canarias, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.
En el caso de que el recurrente sea un representante, deberá acreditar esta representación, aportando escritura de poder para dejar constancia fidedigna, bien con copia simple notarial o previo cotejo o compulsa de la fotocopia con su original, a tenor de lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.- Las Palmas de Gran Canaria, a 22 de julio de 1998.- El Director General de Ordenación e Infraestructura Turística, Francisco Montesdeoca Santana.
4º) Libro nº 2 de Resoluciones de la Dirección General de Ordenación e Infraestructura Turística, folio 146, nº 681.
Resolución de 14 de agosto de 1998, de la Dirección General de Ordenación e Infraestructura Turística, recaída en el expediente sancionador nº 98/048, instruido a D. Francisco Gago Amodeo, titular de la explotación turística del establecimiento denominado Bar El Podenco.
Examinado el expediente sancionador tramitado por el Servicio de Inspección y Sanciones, instruido a D. Francisco Gago Amodeo, por Resolución de iniciación del Director General de Ordenación e Infraestructura Turística, de 9 de marzo de 1998, como consecuencia del acta de inspección nº 8.673, de 15 de julio de 1997.
Vista la propuesta formulada por el Instructor del expediente sancionador consignado.
Teniendo en cuenta los siguientes
I. ANTECEDENTES
1º) Que con fecha 15 de julio de 1997, se personó en el establecimiento de referencia, sito en la calle Primo de Rivera, 9 en Corralejo, término municipal de La Oliva, el Servicio de Inspección de esta Dirección General, levantando al efecto el acta nº 8.673, en la que esencialmente se hace constar que se había producido un cambio de titularidad a favor del Sr. Gago que explotaba el establecimiento desde el mes de abril de 1996, sin comunicarlo como es preceptivo a la Administración turística canaria.
Asimismo, se comprobó que carecía de Libro de Inspección y Hojas de Reclamaciones.
2º) Que se ordenó la iniciación de expediente sancionador, que lleva el nº 98/048, nombrándose Instructor y Secretario.
3º) Que por el Instructor del expediente se formularon los cargos, con fecha 9 de marzo de 1998, por los siguientes:
HECHOS: 1º) Alterar las condiciones esenciales de la autorización de la que está provista la actividad, toda vez que se ha producido un cambio de titularidad a favor de D. Francisco Gago Amodeo, que explota el establecimiento consignado sin comunicarlo como es preceptivo a la Administración turística competente. 2º) Carecer en el establecimiento de las Hojas de Reclamaciones. 3º) Carecer del Libro de Inspección.
4º) Que con fecha 28 de julio de 1998 y habida cuenta que el expedientado no efectuó alegación alguna a la Resolución de iniciación del procedimiento y a los cargos imputados, fue ratificada como Propuesta de Resolución, con una multa en cuantía de 175.000 pesetas por el primer hecho infractor, 125.000 pesetas por el segundo hecho infractor y 125.000 pesetas por el tercer hecho infractor.
5º) Que habida cuenta que el segundo y tercer hecho imputado pueden subsumirse en el primer hecho, es por lo que se señala que la comisión de este hecho ha sido probada en virtud del acta de inspección nº 8.673.
II. CONSIDERACIONES JURÍDICAS
Primera: que las actuaciones practicadas en el presente expediente sancionador han sido de conformidad con la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. nº 285, de 27.11.92), la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19.4.95), así como con el Decreto190/1996, de 1 de agosto, regulador del Procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora en materia turística y de la Inspección de Turismo (B.O.C. nº 103, de 21.8.96).
Segunda: que en la tramitación del expediente se han observado las formalidades de rigor. Tercera: que las pruebas que obran en el expediente son tenidas en cuenta a la hora de emitir la presente Resolución.
Cuarta: que a la hora de ponderar la sanción se ha tenido en cuenta el principio de proporcionalidad que establece el artículo 131 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. nº 285, de 27.11.92), así como los criterios que se regulan en el artículo 79.2 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19.4.95).
Quinta: que debe estimarse la responsabilidad administrativa del expedientado, en base al contenido del acta de inspección nº 8.673, de 15 de julio de 1997, sin que el titular haya presentado alegaciones ni aportado prueba alguna que desvirtúe el hecho imputado.
Sexta: que el hecho recogido en el expediente consistente en alterar las condiciones esenciales de la autorización de la que está provista, toda vez que se ha producido un cambio de titularidad a favor de D. Francisco Gago Amodeo, que explota el establecimiento consignado sin comunicarlo como es preceptivo a la Administración turística competente, es constitutivo de infracción a:
NORMAS SUSTANTIVAS INFRINGIDAS: artículo 2º de la Orden de 23 de septiembre de 1988, por la que se regula el procedimiento para los cambios de titularidad de los establecimientos turísticos (B.O.C. nº 127, de 7 de octubre).
Con calificación de leve, en base al artº. 76.1, en relación con el artº. 77.7, de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19 de abril).
En el ejercicio de la competencia que tengo atribuida para resolver el presente expediente sancionador, de acuerdo con la Ley Orgánica 10/1982, de 10 de agosto, por la que se aprueba el Estatuto de Autonomía de Canarias (B.O.J.C. nº 17, de 28.9.82), y el artículo 11.p) del Decreto 281/1995, de 11 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Turismo y Transportes (B.O.C. nº 128, de 4.10.95),
R E S U E L V O:
Imponer la sanción de multa en cuantía de 175.000 pesetas, por el hecho infractor a D. Francisco Gago Amodeo, con N.I.F. nº 28458872-Y, titular de la explotación turística del establecimiento denominado Bar El Podenco.
La Resolución que se le notifica no pone fin a la vía administrativa y contra la misma cabe interponer, de acuerdo con lo prevenido en los artículos 114 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, recurso ordinario en el plazo de un mes, contado a partir de la recepción de la presente Resolución, ante el Ilmo. Sr. Viceconsejero de Turismo de la Consejería de Turismo y Transportes del Gobierno de Canarias, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.
En el caso de que el recurrente sea un representante, deberá acreditar esta representación, aportando escritura de poder para dejar constancia fidedigna, bien con copia simple notarial o previo cotejo o compulsa de la fotocopia con su original, a tenor de lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.- Las Palmas de Gran Canaria, a 14 de agosto de 1998.- El Director General de Ordenación e Infraestructura Turística, por Orden de 10 de agosto de 1998, Juan Carlos Becerra Robayna, Viceconsejero de Turismo.
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