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BOC Nº 018. Miércoles 10 de Febrero de 1999 - 245

III. OTRAS RESOLUCIONES - Consejería de Política Territorial y Medio Ambiente

245 - decreto 253/1998, de 18 de diciembre, por el que se declara la urgente ocupación de los bienes y derechos afectados por el proyecto de construcción de un Complejo Ambiental de Residuos en la isla de La Gomera, término municipal de San Sebastián de La Gomera.

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Examinado el expediente incoado para la expropiación forzosa de los bienes y derechos afectados por la realización del proyecto enunciado, se considera que el mismo reúne los requisitos legales exigidos para producir la declaración de urgencia con base a los siguientes fundamentos:

1.- La utilidad pública y la necesidad de ocupación de los bienes y derechos, resultan implícitas a tenor de lo que establece el artículo 12.4 de la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos.

2.- La urgencia se fundamenta en la grave situación en que se encuentran los Sistemas de Gestión de Residuos en la isla de La Gomera, cuyos habitantes sumados a los 4.800 turistas que diariamente la visitan supone una población generadora de residuos de 21.420 personas que producen un total de 10.421 toneladas de residuos al año, o lo que es lo mismo 28,71 toneladas de residuos al día.

Actualmente, existen siete puntos de vertidos de residuos en actividad que se encuentran ubicados en barrancos, degolladas, puntas y acantilados y que son receptores de todo tipo de residuos, tanto sólidos urbanos, como inertes, industriales, chatarras, etc. Se trata por lo tanto de vertidos varios, carentes totalmente de control. A todos estos vertederos tienen acceso sin dificultad y sin ningún tipo de medidas los particulares, con el consiguiente riesgo no sólo para los acuíferos sino también para el medio marino. En general las agresiones que se producen al medio ambiente debido a la situación actual, son de especial gravedad si se tienen en cuenta las características particulares de la isla, como son su reducida dimensión, 369,74 km2, su gran atractivo turístico y la existencia de diecisiete espacios naturales protegidos, destacando entre ellos el Parque Nacional de Garajonay, lo que representa el 34% del territorio total de la isla.

El proyecto de que se trata constituye un Complejo Ambiental que se enmarca en el llamado Plan Integral de Residuos de Canarias, aprobado por el Gobierno el 13 de mayo de 1997. Se planifica como un Plan de Actuación Global de los Residuos generales en la isla tanto sólidos urbanos como residuos especiales (chatarras, neumáticos, pilas usadas, etc.), industriales, sanitarios, agrícolas y ganaderos, forestales, etc. Con ello quedarían eliminados todos los vertederos incontrolados existentes que además están ubicados en lugares altamente sensibles del territorio gomero con el consiguiente efecto contaminador que produce un grave impacto en el medio ambiente.

Teniendo en cuenta que los residuos constituyen un sistema de degradación del medio ambiente, de amplio espectro, que afecta en muchos casos con carácter irreversible al suelo, las aguas y el aire, además de tiranizar el paisaje y la estética de las ciudades, surge la necesidad de dar una respuesta institucional inmediata que permita afrontar con garantías la grave y compleja problemática que plantean en la isla de La Gomera.

En general la acción para controlar y regular el tratamiento de los residuos se considera a nivel europeo como primordial y perentoria y a estos efectos la Resolución 97/C 76/01 del Consejo del 24 de febrero de 1997 sobre estrategia comunitaria de gestión de residuos, exhorta a los Estados miembros a que hagan uso de la más amplia gama de medidas legales y económicas cuando éstas sean necesarias para alcanzar sus objetivos estratégicos sobre los mismos. Por todo lo expuesto se considera que las acciones dirigidas a mejorar la política de residuos en la isla de La Gomera, mediante la construcción del Complejo Industrial que se proyecta y que incluye un vertedero de residuos urbanos de acuerdo con todas las normas vigentes de la Unión Europea y planificado para atender la eliminación de los residuos sólidos urbanos generados en la totalidad de municipios de la isla, deben ser adjetivadas de urgente y en coherencia con esa calificación le son aplicables el procedimiento previsto en el artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa y 56 de su Reglamento.

A mayor abundamiento el quinto programa comunitario de Actuación Medioambiental “1993/2000” de 1 de febrero de 1993 y el Tratado de la Unión Europea de Maastricht aportó cambios significativos en la Política Comunitaria de Medio Ambiente, contemplando los Fondos de Cohesión con finalidad medioambiental, siendo uno de sus objetivos principales la gestión de residuos, con el fomento de tecnologías limpias y el saneamiento de espacios contaminados. A estos efectos la actuación que se proyecta en La Gomera se presenta cofinanciada con los referidos Fondos de Cohesión de la Unión Europea que obliga a que la misma se encuentre ejecutada antes del 31 de diciembre de 1999.

Por último, en el ámbito del Estado han entrado en vigor recientemente la Ley 11/1997, de 24 de abril, de envases y residuos de envases y la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. En ambas Leyes se contemplan medidas como la ya expuesta del artículo 12.4 de la Ley 10/1998 que declara la utilidad pública e interés social, a efectos de instalaciones de almacenamiento, valorización y eliminación de residuos y las contenidas en el artículo 5 de la Ley 11/1997 que establece objetivos de reducción, reciclado y valorización de envases a muy corto plazo, teniendo en cuenta la complejidad del asunto, para conseguir metas concretas como por ejemplo la reducción del 10% en peso de la totalidad de envases generados y el reciclado del 25% como mínimo en peso de la totalidad de los materiales de envasados que formen parte de todos los residuos de envases generados.

3.- Se ha tramitado expediente de información pública, según lo establecido en el artículo 18 y siguientes de la Ley de Expropiación Forzosa, publicándose anuncios en el Boletín Oficial de Canarias nº 98, de 3 de agosto de 1998, en el Diario El Día de 25 de julio y 6 de agosto, así como en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de San Sebastián de La Gomera. Se han recibido dos reclamaciones, una de ellas relativa al domicilio de uno de los afectados y la otra referida a la propiedad de la parcela 155ª (Barranco de La Guancha), que se resolverán teniendo en cuenta la titularidad registral de los terrenos afectados.

4.- Se ha acreditado de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 11/1996, de 27 de diciembre, de Medidas de Disciplina Presupuestaria que modifica la redacción del artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa, la oportuna retención de crédito con cargo al presente ejercicio en el que se prevé la conclusión del procedimiento expropiatorio.

Vistos el artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa en la nueva redacción dada al mismo por la referida Ley 11/1996, de 27 de diciembre y los artículos 56 y siguientes del Reglamento para su desarrollo, a propuesta de la Consejera de Política Territorial y Medio Ambiente, previa deliberación del Gobierno en su sesión del día 18 de diciembre de 1998,

D I S P O N G O:

1.- Declarar la urgente ocupación de los bienes y derechos afectados por las obras del proyecto de construcción de un Complejo Ambiental de Residuos en la isla de La Gomera, término municipal de San Sebastián de La Gomera.

Los bienes y derechos cuya urgente ocupación se declara quedan descritos en forma individualizada con indicación de sus titulares en el anexo al presente Decreto.

2.- Los interesados podrán formular ante el organismo competente y hasta el momento del levantamiento de las correspondientes actas previas, alegaciones a los únicos efectos de subsanar posibles errores materiales en la enumeración o descripción de los bienes y derechos afectados.

3.- Contra el presente acto, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la correspondiente Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de su publicación/notificación, y sin perjuicio de cualquier otro que pudiera interponerse.

Dado en Santa Cruz de Tenerife, a 18 de diciembre de 1998.

EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO, Manuel Hermoso Rojas.

LA CONSEJERA DE POLÍTICA TERRITORIAL Y MEDIO AMBIENTE, María Eugenia Márquez Rodríguez.

Ver anexos - páginas 2008-2009

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