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BOC Nº 017. Lunes 8 de Febrero de 1999 - 436

IV. ANUNCIOS - Otros anuncios - Consejería de Turismo y Transportes

436 - Dirección General de Ordenación e Infraestructura Turística.- Anuncio por el que se hace pública la Resolución de 11 de diciembre de 1998, sobre notificación de Resoluciones a titulares de empresas y actividades turísticas de ignorado domicilio.

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Habiéndose intentado por esta Dirección General sin haberse podido practicar la notificación de la Resolución recaída en el expediente incoado con motivo de denuncias o Actas de Inspección formuladas contra los titulares de empresas y actividades turísticas que se relacionan, conforme al artº. 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y siendo preciso su notificación a los efectos de que aleguen lo que a su derecho convenga,

R E S U E L V O:

1.- Notificar a los titulares de establecimientos y actividades turísticas que se citan, la Resolución recaída en el expediente que les ha sido instruido por infracción a la legislación en materia turística.

El ingreso de las sanciones recaídas en los expedientes que se relacionan deberá hacerse efectivo en la forma y plazos indicados en la notificación que la Consejería de Economía y Hacienda le remitirá a su propio domicilio. 2.- Remitir al Ayuntamiento de las poblaciones que se citan, la presente Resolución para su publicación en el tablón de edictos correspondiente.

Las Palmas de Gran Canaria, a 11 de diciembre de 1998.- El Director General de Ordenación e Infraestructura Turística, Francisco Montesdeoca Santana.

RESOLUCIONES QUE SE CITAN:

1º) Libro nº 1 de Resoluciones de la Viceconsejería de Turismo, folio 16, número 119.

Resolución de 14 de octubre de 1998, de la Viceconsejería de Turismo, recaída en el expediente sancionador nº 98/043, instruido a Ambrogio e Tiziana, S.C.P., titular de la explotación turística del establecimiento denominado Restaurante Ambrogio e Tiziana.

Examinado el expediente sancionador tramitado por el Servicio de Inspección y Sanciones, instruido a Ambrogio e Tiziana, S.C.P., por Resolución de iniciación del Director General de Ordenación e Infraestructura Turística, de 27 de febrero de 1998, como consecuencia de la denuncia formulada por Dña. Carmen Henríquez Melo, y del acta de inspección nº 7166, de 25 de junio de 1996.

Vista la propuesta formulada por el Instructor del expediente sancionador consignado.

Teniendo en cuenta los siguientes

I. ANTECEDENTES

1º) Que con 3 de febrero de 1996, se recibió en esta Consejería denuncia del Patronato de Turismo a consecuencia de visita de la gestora Carmen Henríquez Melo en el Restaurante Ambrogio e Tiziana, sin que presentase la documentación solicitada.

2º) Que para comprobar los hechos denunciados, el 25 de junio de 1996, se personó en el establecimiento de referencia, sito en el C.C. Cita, locales 202-203, Playa del Inglés, término municipal de San Bartolomé de Tirajana, el Servicio de Inspección de esta Dirección General, levantando al efecto el acta nº 7166 en la que esencialmente se hace constar que según información obtenida en las Oficinas de Administración de la Comunidad del Centro Comercial, el establecimiento ha cambiado de denominación desde hace 2 años, y sustituyéndose Rembrant por el de Ambrogio e Tiziana, y el horario es a partir de las 17,30 horas, de martes a domingo. Desde 1987 permaneció cerrado hasta la apertura en 1997, pendiente de nueva visita, se levanta el acta 7166 -acta 7170 el 27 de julio de 1996. El local fue adquirido en propiedad por Ambrogio Mella en el año 92, estando cerrado en esa fecha. Desde abril de 1993 fue acondicionado como Restaurante y explotado turísticamente por Ambrogio e Tiziana, S.C.P., y ejerce como tal. Dispone de artículos Pizzas, etc. Carece de Libro de Inspección, Hojas de Reclamaciones y lista de precios tramitándose en la gestoría.

3º) Que se ordenó la iniciación de expediente sancionador, que lleva el número 98/043, nombrándose Instructor y Secretario.

4º) Que por el Instructor del expediente se formularon los cargos, con 27 de febrero de 1998, por el siguiente

HECHO: estar abierto al público en general sin la autorización preceptiva para la entrada en servicio y el desempeño de la actividad turística reglamentada de restaurante.

5º) Que la expedientada, en escrito de 21 de abril de 1998, registro de entrada nº 2732, en síntesis ha alegado lo siguiente: que es cierto que en el momento de la Inspección, no se había cumplido con los trámites para la solicitud de autorización, no era por negligencia, ni mala fe, sino por haberme puesto en manos de un profesional para que tramitase todo, para ello cobró. No tramitó nada, me engañó y aunque la ignorancia de la Ley no excusa su cumplimiento, a la vista de ello, contraté a otro profesional y él resolvió la documentación. Suplico dejar sin efecto o disminuir la sanción al mínimo.

6º) Que examinadas las razones esgrimidas por la expedientada, no desvirtúa el hecho infractor, no obstante habiéndose solicitado la apertura con la documentación pertinente, se observa retraso considerable en aportarla una vez solicitada por el Patronato, no apreciándose mala fe por el interesado que reconoce no tenía la documentación, habiendo resuelto ya el tema. Por ello, atendiendo esas consideraciones se reduce a 251.000 pesetas, la sanción propuesta teniendo en cuenta el tiempo que ejerce la actividad.

Como consecuencia de todo lo anterior, el Instructor del procedimiento con 27 de mayo de 1998, formuló propuesta de sanción de multa en cuantía de 251.000 pesetas, por el hecho infractor.

7º) Que la comisión del hecho imputado, ha sido probada como consta en el expediente.

II. CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Primera: que las actuaciones practicadas en el presente expediente sancionador han sido de conformidad con la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. nº 285, de 27.11.92), la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19.4.95), así como con el Decreto 190/1996, de 1 de agosto, regulador del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora en materia turística y de la inspección de turismo (B.O.C. nº 103, de 21.8.96).

Segunda: que en la tramitación del expediente se han observado las formalidades de rigor. Tercera: que las pruebas que obran en el expediente son tenidas en cuenta a la hora de emitir la presente Resolución.

Cuarta: que a la hora de ponderar la sanción se ha tenido en cuenta el principio de proporcionalidad que establece el artículo 131 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. nº 285, de 27.11.92), así como los criterios que se regulan en el artículo 79.2 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19.4.95).

Quinta: que debe estimarse la responsabilidad administrativa de la expedientada, en base al acta nº 7166 y Propuesta de Resolución, sin que el titular haya formulado alegaciones a la misma, ni aportado prueba alguna que desvirtúe el hecho imputado, por lo que nos ratificamos en dicha Propuesta de Resolución por entenderla ajustada a Derecho.

Sexta: que el hecho recogido en el expediente es constitutivo de infracción al artículo 6º de la Orden de 17 de marzo de 1965, por la que se aprueba la Ordenación Turística de Restaurantes (B.O.E. de 29 de marzo), con calificación de grave, en base al artº. 75.1, en relación con el artº. 76.18, de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19.4.95).

En el ejercicio de la competencia que tengo atribuida para resolver el presente expediente sancionador, de acuerdo con la Ley Orgánica 10/1982, de 10 de agosto, por la que se aprueba el Estatuto de Autonomía de Canarias (B.O.J.C. nº 17, de 28.9.82), y el artículo 10.j) del Decreto 281/1995, de 11 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Turismo y Transportes (B.O.C. nº 128, de 4.10.95),

R E S U E L V O:

Imponer la sanción de multa de 251.000 pesetas, por el hecho infractor, a Ambrogio e Tiziana, S.C.P., con C.I.F. nº G-35333285, titular de la explotación turística del establecimiento denominado Restaurante Ambrogio e Tiziana.

La Resolución que se le notifica no pone fin a la vía administrativa y contra la misma cabe interponer, de acuerdo con lo prevenido en los artículos 114 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, recurso ordinario en el plazo de un mes, contado a partir de la recepción de la presente Resolución, ante el Excmo. Sr. Consejero de Turismo y Transportes del Gobierno de Canarias, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.

En el caso de que el recurrente sea un representante, deberá acreditar esta representación, aportando escritura de poder para dejar constancia fidedigna, bien con copia simple notarial o previo cotejo o compulsa de la fotocopia con su original, a tenor de lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Una vez firme la presente Resolución, se procederá a dar cumplimiento a lo dispuesto en el artº. 17.7 del Decreto 190/1996, de 1 de agosto, regulador del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora en materia turística y de la inspección de turismo, en relación con el artº. 81.4 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias, referente a la publicación de la sanción y anotación en el Registro General de Empresas, Actividades y Establecimientos Turísticos.- Las Palmas de Gran Canaria, a 14 de octubre de 1998.- El Viceconsejero de Turismo, Juan Carlos Becerra Robayna.

2º) Libro nº 1 de Resoluciones de la Viceconsejería de Turismo, folio 15, número 101.

Resolución de 2 de octubre de 1998, de la Viceconsejería de Turismo, recaída en el expediente sancionador nº 98/066, instruido a D. José Antonio Murillo Naranjo, titular de la explotación turística del establecimiento denominado Apartamentos Capri (A-48).

Examinado el expediente sancionador tramitado por el Servicio de Inspección y Sanciones, instruido a D. José Antonio Murillo Naranjo, por Resolución de iniciación del Director General de Ordenación e Infraestructura Turística, de 19 de marzo de 1998, como consecuencia de la denuncia formulada por Empresarios de Hostelería y Turismo de Las Palmas, y del acta de inspección nº 8260, de 24 de marzo de 1997.

Vista la propuesta formulada por el Instructor del expediente sancionador consignado.

Teniendo en cuenta los siguientes

I. ANTECEDENTES

1º) Que con fecha 12 de diciembre de 1996, se recibió en esta Consejería denuncia de la Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo de Las Palmas, contra el Bungalow Capri nº A 48, por infracciones a la normativa turística.

2º) Que para comprobar los hechos denunciados, el 24 de marzo de 1997, se personó en el establecimiento de referencia, sito en la calle Tauro, 2 (Sector 14) en Campo Internacional, Maspalomas, término municipal de San Bartolomé de Tirajana, el Servicio de Inspección de esta Dirección General, levantando al efecto el acta nº 8260 en la que esencialmente se hace constar que visitada la unidad alojativa A-48 se comprueba que actualmente está ocupada por D. Domingo Martínez de los Ríos y esposa, quien afirma no posee ningún tipo de contrato, realizando abonos mensuales y que su estancia comenzó en diciembre de 1995 y finaliza a finales de marzo de 1997. Que dicha unidad alojativa está siendo explotada turísticamente, careciendo de la preceptiva autorización de la Administración Turística Canaria. Que no ha sido posible localizar el D.N.I. o N.I.F. del titular, pero sí el domicilio particular, calle General Mas de Gaminde, 16, bajo izquierda, Las Palmas de Gran Canaria. Se aporta comunicado de la empresa Cohansa, S.L., con C.I.F. nº 35049410 a la Comisaría de Policía donde se notifica que el apartamento A-48 causa baja en la explotación turística, pero que se siguen realizando alojamientos en el mismo.

3º) Que se ordenó la iniciación de expediente sancionador, que lleva el número 98/066, nombrándose Instructor y Secretario.

4º) Que por el Instructor del expediente se formularon los cargos, con 19 de marzo de 1998, por el siguiente

HECHO: estar abierto al público en general sin la autorización preceptiva para la entrada en servicio y el desempeño de la actividad turística reglamentada de apartamentos, constando de 1 unidad alojativa.

5º) Que con 20 de agosto de 1998 y habida cuenta que el expedientado no efectuó alegación alguna a la Resolución de iniciación del procedimiento y a los cargos imputados, fue ratificada como Propuesta de Resolución, con una multa en cuantía de 685.000 pesetas, por el hecho infractor.

6º) Que el expedientado no ha formulado contestación a la Propuesta de Resolución.

7º) Que la comisión del hecho imputado ha sido probada como consta en el expediente.

II. CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Primera: que las actuaciones practicadas en el presente expediente sancionador han sido de conformidad con la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. nº 285, de 27.11.92), la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19.4.95), así como con el Decreto 190/1996, de 1 de agosto, regulador del Procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora en materia turística y de la Inspección de Turismo (B.O.C. nº 103, de 21.8.96).

Segunda: que en la tramitación del expediente se han observado las formalidades de rigor.

Tercera: que las pruebas que obran en el expediente son tenidas en cuenta a la hora de emitir la presente Resolución.

Cuarta: que a la hora de ponderar la sanción se ha tenido en cuenta el principio de proporcionalidad que establece el artículo 131 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. nº 285, de 27.11.92), así como los criterios que se regulan en el artículo 79.2 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19.4.95).

Quinta: que debe estimarse la responsabilidad administrativa del expedientado, en base al acta nº 8260 sin que el titular haya formulado alegaciones a la Propuesta de Resolución, ni aportado prueba alguna que desvirtúe el hecho imputado, por lo que nos ratificamos en dicha Propuesta de Resolución, por entenderla ajustada a Derecho.

Sexta: que el hecho recogido en el expediente es constitutivo de infracción a los artículos 8º y 12.1 del Decreto 23/1989, de 15 de febrero, sobre Ordenación de Apartamentos Turísticos (B.O.C. números 46 y 60, de 3 y 28 de abril, respectivamente), con calificación de grave, en base al artº. 75.1, en relación con el artº. 76.18, de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19.4.95).

En el ejercicio de la competencia que tengo atribuida para resolver el presente expediente sancionador, de acuerdo con la Ley Orgánica 10/1982, de 10 de agosto, por la que se aprueba el Estatuto de Autonomía de Canarias (B.O.J.C. nº 17, de 28.9.82), y el artículo 10.j) del Decreto 281/1995, de 11 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Turismo y Transportes (B.O.C. nº 128, de 4.10.95),

R E S U E L V O:

Imponer la sanción de multa de 685.000 pesetas, por el hecho infractor, a D. José Antonio Murillo Naranjo, titular de la explotación turística del establecimiento denominado Apartamentos Capri (A-48).

La Resolución que se le notifica no pone fin a la vía administrativa y contra la misma cabe interponer, de acuerdo con lo prevenido en los artículos 114 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, recurso ordinario en el plazo de un mes, contado a partir de la recepción de la presente Resolución, ante el Excmo. Sr. Consejero de Turismo y Transportes del Gobierno de Canarias, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.

En el caso de que el recurrente sea un representante, deberá acreditar esta representación, aportando escritura de poder para dejar constancia fidedigna, bien con copia simple notarial o previo cotejo o compulsa de la fotocopia con su original, a tenor de lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Una vez firme la presente Resolución, se procederá a dar cumplimiento a lo dispuesto en el artº. 17.7 del Decreto 190/1996, de 1 de agosto, regulador del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora en materia turística y de la inspección de turismo, en relación con el artº. 81.4 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias, referente a la publicación de la sanción y anotación en el Registro General de Empresas, Actividades y Establecimientos Turísticos.- Las Palmas de Gran Canaria, a 2 de octubre de 1998.- El Viceconsejero de Turismo, Juan Carlos Becerra Robayna. 3º) Libro nº 1 de Resoluciones de la Viceconsejería de Turismo, folio 16, número 120.

Resolución de 14 de octubre de 1998, de la Viceconsejería de Turismo, recaída en el expediente sancionador nº 98/095, instruido a Biosfera Terraza de Ocio, titular de la explotación turística del establecimiento denominado Bar Terraza La Biosfera.

Examinado el expediente sancionador tramitado por el Servicio de Inspección y Sanciones, instruido a Biosfera Terraza de Ocio, por Resolución de iniciación del Director General de Ordenación e Infraestructura Turística, de 7 de mayo de 1998, como consecuencia de la denuncia formulada por D. Tomás Santiago Hernández, y del acta de inspección nº 7607, de 22 de agosto de 1996.

Vista la propuesta formulada por el Instructor del expediente sancionador consignado.

Teniendo en cuenta los siguientes

I. ANTECEDENTES

1º) Que con 19 de agosto de 1996, se recibió en esta Consejería denuncia del Cabildo de Lanzarote a instancia de D. Tomás Santiago Hernández contra el Bar La Biosfera Terraza de verano, por negarle la entrada al denunciante.

2º) Que para comprobar los hechos denunciados, el 22 de agosto de 1996, se personó en el establecimiento de referencia, sito en la Avenida del Reducto en Arrecife de Lanzarote, el Servicio de Inspección de esta Dirección General, levantando al efecto el acta nº 7607 en la que esencialmente se hace constar que dicha industria carece de Hojas de Reclamaciones, no anuncia por cartel la existencia de hojas, no dispone del Libro de Inspección, no acredita haber comunicado a la Administración turística los precios de los servicios que ofrece. Que en el plazo de 7 días hábiles deberá presentar en el Cabildo de Lanzarote, documento acreditativo de la persona física o jurídica que explota turísticamente el negocio, así como el NI.F. o C.I.F. del mismo.

3º) Que se ordenó la iniciación de expediente sancionador, que lleva el número 98/095, nombrándose Instructor y Secretario.

4º) Que por el Instructor del expediente se formularon los cargos, con fecha 7 de mayo de 1998, por el siguiente

HECHO: estar funcionando en régimen de explotación turística como bar, sin haber notificado a la Administración turística competente, los precios que hayan de regir en la prestación de los servicios y sin tener el Libro de Inspección y las Hojas de Reclamaciones, según consta en el acta nº 7607, de 22 de agosto de 1996.

5º) Que con 5 de octubre de 1998 y habida cuenta que la expedientada no efectuó alegación alguna a la Resolución de iniciación del procedimiento y a los cargos imputados, fue ratificada como Propuesta de Resolución, con una multa en cuantía de 251.000 pesetas, por el hecho infractor.

II. CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Primera: que las actuaciones practicadas en el presente expediente sancionador han sido de conformidad con la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. nº 285, de 27.11.92), la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19.4.95), así como con el Decreto190/1996, de 1 de agosto, regulador del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora en materia turística y de la inspección de turismo (B.O.C. nº 103, de 21.8.96).

Segunda: que en la tramitación del expediente se han observado las formalidades de rigor.

Tercera: que las pruebas que obran en el expediente son tenidas en cuenta a la hora de emitir la presente Resolución.

Cuarta: que a la hora de ponderar la sanción se ha tenido en cuenta el principio de proporcionalidad que establece el artículo 131 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. nº 285, de 27.11.92), así como los criterios que se regulan en el artículo 79.2 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19.4.95).

Quinta: que debe estimarse la responsabilidad administrativa de la expedientada, en base al acta nº 7607, sin que el titular haya formulado alegaciones a la Resolución de inicio, que se considera Propuesta de Resolución, ni aportado prueba alguna que desvirtúe el hecho imputado, por lo que nos ratificamos en dicha Propuesta de Resolución, por entenderla ajustada a derecho.

Sexta: que el hecho recogido en el expediente es constitutivo de infracción al artº. 30.1 de la Orden de 17 de marzo de 1965, por la que se aprueba la Ordenación Turística de Restaurantes (B.O.E. de 29 de marzo), modificado por la Orden Ministerial de 29 de junio de 1978 (B.O.E. de 19 de julio), en relación con el artículo 4º de la Orden de 19 de junio de 1970 (B.O.E. de 23 de junio); artículo 1º de la Orden de 31 de octubre de 1970 (B.O.E. de 17 de noviembre), y artículo 1º de la Orden de 13 de noviembre de 1986 (B.O.C. nº 139, de 19.11.86), con calificación de grave, en base al artº. 76.5.6 y 9 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19.4.95).

En el ejercicio de la competencia que tengo atribuida para resolver el presente expediente sancionador, de acuerdo con la Ley Orgánica 10/1982, de 10 de agosto, por la que se aprueba el Estatuto de Autonomía de Canarias (B.O.J.C. nº 17, de 28.9.82), y el artículo 10.j) del Decreto 281/1995, de 11 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Turismo y Transportes (B.O.C. nº 128, de 4.10.95),

R E S U E L V O:

Imponer la sanción de multa de 251.000 pesetas, por el hecho infractor, a Biosfera Terraza de Ocio, titular de la explotación turística del establecimiento denominado Bar Terraza La Biosfera.

La Resolución que se le notifica no pone fin a la vía administrativa y contra la misma cabe interponer, de acuerdo con lo prevenido en los artículos 114 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, recurso ordinario en el plazo de un mes, contado a partir de la recepción de la presente Resolución, ante el Excmo. Sr. Consejero de Turismo y Transportes del Gobierno de Canarias, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.

En el caso de que el recurrente sea un representante, deberá acreditar esta representación, aportando escritura de poder para dejar constancia fidedigna, bien con copia simple notarial o previo cotejo o compulsa de la fotocopia con su original, a tenor de lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Una vez firme la presente Resolución, se procederá a dar cumplimiento a lo dispuesto en el artº. 17.7 del Decreto 190/1996, de 1 de agosto, regulador del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora en materia turística y de la inspección de turismo, en relación con el artº. 81.4 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias, referente a la publicación de la sanción y anotación en el Registro General de Empresas, Actividades y Establecimientos Turísticos.- Las Palmas de Gran Canaria, a 14 de octubre de 1998.- El Viceconsejero de Turismo, Juan Carlos Becerra Robayna.

4º) Libro nº 1 de Resoluciones de la Viceconsejería de Turismo, folio 16, número 112.

Resolución de 13 de octubre de 1998, de la Viceconsejería de Turismo, recaída en el expediente sancionador nº 98/100, instruido a D. Miguel A. Márquez Tirado, titular de la explotación turística del establecimiento denominado Restaurante Catamarán II.

Examinado el expediente sancionador tramitado por el Servicio de Inspección y Sanciones, instruido a D. Miguel A. Márquez Tirado, por Resolución de iniciación del Director General de Ordenación e Infraestructura Turística, de 7 de mayo de 1998, como consecuencia de la Hoja de Reclamación nº 4048, formulada por D. Miguel Amaro Lucas, y del acta de inspección nº 7570, de 20 de agosto de 1996.

Vista la propuesta formulada por el Instructor del expediente sancionador consignado. Teniendo en cuenta los siguientes

I. ANTECEDENTES

1º) Que con 16 de julio de 1996, se recibió en esta Consejería denuncia por medio del Cabildo de Lanzarote, a instancia de D. Miguel Amaro Lucas, contra el Restaurante Catamarán II, por diversas deficiencias en el servicio.

2º) Que para comprobar los hechos denunciados, el 20 de agosto de 1996, se personó en el establecimiento de referencia, sito en la Avenida de Las Playas (C.C. Pocillos en Puerto del Carmen, término municipal de Tías), el Servicio de Inspección de esta Dirección General, levantando al efecto el acta nº 7570 en la que esencialmente se hace constar que el establecimiento no presenta el Libro de Inspección del departamento. No presenta licencia de apertura, expedida por el departamento. No acredita a la Inspección haber comunicado los precios de las comidas que ofrece. La cocina presenta defecto de grasas en suelos, cubos de desperdicios destapados, etc. Suciedad varia en general.

3º) Que se ordenó la iniciación de expediente sancionador, que lleva el número 98/100, nombrándose Instructor y Secretario.

4º) Que por el Instructor del expediente se formularon los cargos, con 7 de mayo de 1998, por el siguiente

HECHO: estar abierto al público en general sin la autorización preceptiva para la entrada en servicio y el desempeño de la actividad turística reglamentada de restaurante.

5º) Que el expedientado, en escrito de fecha 6 de julio de 1998, registro de entrada nº 4705, en síntesis, ha promovido incidente de recusación contra el Instructor y Secretario del expediente, por no señalarse si ostentan categoría de personal funcionario.

Incidente resuelto el 9 de julio de 1998, desestimando la recusación planteada, confirmando las designaciones efectuadas y ordenando continuar los trámites del procedimiento.

6º) Que examinadas las razones esgrimidas por el expedientado y los documentos aportados no desvirtúa la Resolución de iniciación, confirmándose en todos sus extremos.

Como consecuencia de todo lo anterior, el Instructor del procedimiento, con fecha 24 de julio de 1998, formuló Propuesta de sanción de multa en cuantía de 875.000 pesetas.

7º) Que el expedientado ha formulado contestación a la Propuesta de Resolución, en la que en síntesis alega que en el momento de la visita de inspección se encontraba su madre al frente del negocio, por estar el dicente de viaje. Que su madre no presentó documentación por no saber donde estaba y ni si había alguna. Que el negocio si presenta la documentación correspondiente, ya que la misma estaba a nombre del anterior titular (Supermercado Marcial). Que la Inspección fue el 20 de agosto de 1996 y el dicente hacía un mes que había adquirido el restaurante en arrendamiento. Se inició el acondicionamiento del negocio nada más. No se ocupó de la documentación. El negocio tuvo Inspección el 26 de abril de 1993, donde se indica fueron corregidas las deficiencias (desorden en la cocina). Según el artº. 133 de la Ley de Procedimiento Administrativo “nen vis in idem” que dice no se puede sancionar por los mismos hechos y en este caso es igual. La sanción debe ser sólo en no ser el mismo titular, o sea falta de comunicación de cambio de identidad. Acompaña documentación. Solicita sobreseimiento o rebaja sanción.

II. CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Primera: que las actuaciones practicadas en el presente expediente sancionador han sido de conformidad con la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. nº 285, de 27.11.92), la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19.4.95), así como con el Decreto 190/1996, de 1 de agosto, regulador del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora en materia turística y de la inspección de turismo (B.O.C. nº 103, de 21.8.96).

Segunda: que en la tramitación del expediente se han observado las formalidades de rigor.

Tercera: que las pruebas que obran en el expediente son tenidas en cuenta a la hora de emitir la presente Resolución.

Cuarta: que a la hora de ponderar la sanción se ha tenido en cuenta el principio de proporcionalidad que establece el artículo 131 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. nº 285, de 27.11.92), así como los criterios que se regulan en el artículo 79.2 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19.4.95).

Quinta: que debe estimarse la responsabilidad administrativa del expedientado, en base al acta nº 7570/96 sin que el titular en las alegaciones formuladas a la Resolución del incidente de recusación que ordena continuar la tramitación y se propone sanción de multa en cuantía de 875.000 pesetas, y no de 175.000 pesetas, como por error indica el denunciado, desvirtúe el hecho infractor, porque la ignorancia de su Sra. madre (que estaba a cargo del negocio) no exime de responsabilidad al titular que debe prever estas y demás circunstancias al abandonar un negocio, aunque sea temporal. No se acredita el tiempo en que se hace cargo del restaurante. Por otra parte lo ocurrido en 1993, no implica que baste, para que en el 96 se repitan las deficiencias. Por otra parte el 3 de octubre de 1996, se solicita el cambio de titularidad y hoy 2 años después, no se ha dictado la Resolución (según el Cabildo de Lanzarote) pero el acta fue el 20 de agosto de 1996 y el 31 de julio de 1998 se dice que en agosto de 1996, llevaba un mes con el restaurante. Por todo ello y careciendo de antecedentes se atenúa la sanción a 500.001 pesetas, puesto que sin la documentación adecuada y preceptiva para la entrada en servicio y desempeño de la actividad ha funcionado durante dos años, ratificándonos en los demás extremos de la Propuesta de Resolución por entenderla ajustada a Derecho.

Sexta: que el hecho recogido en el expediente es constitutivo de infracción al artículo 6º de la Orden de 17 de marzo de 1965, por la que se aprueba la Ordenación Turística de Restaurantes (B.O.E. de 29 de marzo), con calificación de grave, en base al artº. 75.1, en relación con el artº. 76.18, de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19.4.95).

En el ejercicio de la competencia que tengo atribuida para resolver el presente expediente sancionador, de acuerdo con la Ley Orgánica 10/1982, de 10 de agosto, por la que se aprueba el Estatuto de Autonomía de Canarias (B.O.J.C. nº 17, de 28.9.82), y el artículo 10.j) del Decreto 281/1995, de 11 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Turismo y Transportes (B.O.C. nº 128, de 4.10.95),

R E S U E L V O:

Imponer la sanción de multa de 500.001 pesetas, por el hecho infractor, a D. Miguel A. Márquez Tirado, con N.I.F. nº 28714039-B, titular de la explotación turística del establecimiento denominado Restaurante Catamarán II.

La Resolución que se le notifica no pone fin a la vía administrativa y contra la misma cabe interponer, de acuerdo con lo prevenido en los artículos 114 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, recurso ordinario en el plazo de un mes, contado a partir de la recepción de la presente Resolución, ante el Excmo. Sr. Consejero de Turismo y Transportes del Gobierno de Canarias, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.

En el caso de que el recurrente sea un representante, deberá acreditar esta representación, aportando escritura de poder para dejar constancia fidedigna, bien con copia simple notarial o previo cotejo o compulsa de la fotocopia con su original, a tenor de lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Una vez firme la presente Resolución, se procederá a dar cumplimiento a lo dispuesto en el artº. 17.7 del Decreto 190/1996, de 1 de agosto, regulador del Procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora en materia turística y de la Inspección de Turismo, en relación con el artº. 81.4 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias, referente a la publicación de la sanción y anotación en el Registro General de Empresas, Actividades y Establecimientos Turísticos.- Las Palmas de Gran Canaria, a 13 de octubre de 1998.- El Viceconsejero de Turismo, Juan Carlos Becerra Robayna.

5º) Libro nº 2 de Resoluciones de la Dirección General de Ordenación e Infraestructura Turística, folio 156, número 907. Resolución de 11 de noviembre de 1998, de la Dirección General de Ordenación e Infraestructura Turística, recaída en el expediente sancionador nº 98/114, instruido a Hans Jurgen di Bartolomeo, titular de la explotación turística del establecimiento denominado Restaurante Pizzería da Enzo.

Examinado el expediente sancionador tramitado por el Servicio de Inspección y Sanciones, instruido a Hans Jurgen di Bartolomeo, por Resolución de iniciación del Director General de Ordenación e Infraestructura Turística, de 26 de mayo de 1998, como consecuencia de la Hoja de Reclamación nº 35401, formulada por Dña. Olga A. González Bolaños.

Vista la propuesta formulada por el Instructor del expediente sancionador consignado.

Teniendo en cuenta los siguientes

I. ANTECEDENTES

1º) Que con fecha 22 de agosto de 1997, se recibió en esta Consejería registro de entrada nº 5726, la Hoja de Reclamación nº 35401, cumplimentada por Dña. Olga A. González Bolaños.

2º) Que con 7 de septiembre de 1997, no se había tramitado la Hoja de Reclamación señalada.

3º) Que se ordenó la iniciación de expediente sancionador, que lleva el número 98/114, nombrándose Instructor y Secretario.

4º) Que por el Instructor del expediente se formularon los cargos, con fecha 26 de mayo de 1998, por el siguiente

HECHO: no tramitar la Hoja de Reclamaciones nº 35401, en tiempo y forma.

5º) Que con fecha 2 de noviembre de 1998 y habida cuenta que el expedientado no efectuó alegación alguna a la Resolución de iniciación del procedimiento y a los cargos imputados, fue ratificada como Propuesta de Resolución, con una multa en cuantía de 32.500 pesetas, por el hecho infractor.

6º) Que la comisión del hecho imputado, ha sido probada como consta en el expediente.

II. CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Primera: que las actuaciones practicadas en el presente expediente sancionador han sido de conformidad con la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. nº 285, de 27.11.92), la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19.4.95), así como con el Decreto 190/1996, de 1 de agosto, regulador del Procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora en materia turística y de la Inspección de Turismo (B.O.C. nº 103, de 21.8.96). Segunda: que en la tramitación del expediente se han observado las formalidades de rigor.

Tercera: que las pruebas que obran en el expediente son tenidas en cuenta a la hora de emitir la presente Resolución.

Cuarta: que a la hora de ponderar la sanción se ha tenido en cuenta el principio de proporcionalidad que establece el artículo 131 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. nº 285, de 27.11.92), así como los criterios que se regulan en el artículo 79.2 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19.4.95).

Quinta: que debe estimarse la responsabilidad administrativa del expedientado, toda vez que el hecho constitutivo de la infracción consta acreditado en el expediente de referencia, al haberse verificado que de la documentación que obra en la Dirección General de Ordenación e Infraestructura Turística no figura que se hubiera recibido en el Registro General correspondiente copia azul de la Hoja de Reclamación nº 35401-A, formulada por Dña. Olga A. González Bolaños, con 9 de agosto de 1997, contra el establecimiento consignado. Hecho que, en modo alguno, ha sido desvirtuado por el titular de referencia, que no aporta prueba alguna que acredite de forma fehaciente que efectivamente envió la correspondiente Hoja de Reclamación, aportando el resguardo del certificado de remisión, la hoja del acuse de recibo o cualquier otro elemento que fuese expresivo de dicha remisión.

Sexta: que el hecho recogido en el expediente es constitutivo de infracción al artº. 11 del Decreto 168/1996, de 4 de julio, por el que se regulan las características de las Hojas de Reclamaciones y el procedimiento de tramitación de las reclamaciones (B.O.C. nº 88, de 22.7.96), con calificación de leve, en base al artº. 76.6, en relación con el artº. 77.7, de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19.4.95).

En el ejercicio de la competencia que tengo atribuida para resolver el presente expediente sancionador, de acuerdo con la Ley Orgánica 10/1982, de 10 de agosto, por la que se aprueba el Estatuto de Autonomía de Canarias (B.O.J.C. nº 17, de 28.9.82), y el artículo 11.p) del Decreto 281/1995, de 11 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Turismo y Transportes (B.O.C. nº 128, de 4.10.95),

R E S U E L V O:

Imponer la sanción de multa en cuantía de 32.500 pesetas, por el hecho infractor, a Hans Jurgen di Bartolomeo, con C.I.F. nº X-1818396-Q, titular de la explotación turística del establecimiento denominado Restaurante Pizzería da Enzo.

La Resolución que se le notifica no pone fin a la vía administrativa y contra la misma cabe interponer, de acuerdo con lo prevenido en los artículos 114 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, recurso ordinario en el plazo de un mes, contado a partir de la recepción de la presente Resolución, ante el Ilmo. Sr. Viceconsejero de Turismo de la Consejería de Turismo y Transportes del Gobierno de Canarias, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.

En el caso de que el recurrente sea un representante, deberá acreditar esta representación, aportando escritura de poder para dejar constancia fidedigna, bien con copia simple notarial o previo cotejo o compulsa de la fotocopia con su original, a tenor de lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.- Las Palmas de Gran Canaria, a 11 de noviembre de 1998.- El Director General de Ordenación e Infraestructura Turística, Francisco Montesdeoca Santana.

6º) Libro nº 2 de Resoluciones de la Dirección General de Ordenación e Infraestructura Turística, folio 156, número 905.

Resolución de 11 de noviembre de 1998, de la Dirección General de Ordenación e Infraestructura Turística, recaída en el expediente sancionador nº 98/143, instruido a Explotaciones Turísticas El Veril, S.A., titular de la Explotación Turística del establecimiento denominado Apartamentos Marbella Golf.

Examinado el expediente sancionador tramitado por el Servicio de Inspección y Sanciones, instruido a Explotaciones Turísticas El Veril, S.A., por Resolución de iniciación del Director General de Ordenación e Infraestructura Turística, de 29 de junio de 1998, como consecuencia de la Hoja de Reclamación nº 22343, formulada por Dña. Inmaculada Sola Fernández, y del acta de inspección nº 8995, de 2 de octubre de 1997.

Vista la propuesta formulada por el Instructor del expediente sancionador consignado.

Teniendo en cuenta los siguientes

I. ANTECEDENTES

1º) Que con 30 de julio de 1997, se recibió en esta Consejería reclamación de Dña. Inmaculada Sola Fernández por medio de la O.M.I.C. del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, contra los Apartamentos Marbella Golf, por deficiencias en la prestación de servicios.

2º) Que para comprobar los hechos denunciados, el 2 de octubre de 1997, se personó en el establecimiento de referencia, sito en la Avenida de Gran Canaria, 50, Maspalomas, término municipal de San Bartolomé de Tirajana, el Servicio de Inspección de esta Dirección General, levantando al efecto el acta nº 8995, en la que esencialmente se hace constar que después de una inspección ocular por varias unidades alojativas (entre ellas el apartamento 119 ocupado por la reclamante) y dependencias comunes al complejo, se comprueba que en líneas generales el mobiliario, menaje, etc., su conservación es pasable con leves deterioros por los años (construcción del año 70). Deficiencias leves en apliques metálicos de luz, con óxido, falta de barniz en barandillas etc., se indica que constantemente se está actualizando todo.

3º) Que se ordenó la iniciación de expediente sancionador, que lleva el número 98/143, nombrándose Instructor y Secretario.

4º) Que por el Instructor del expediente se formularon los cargos, con fecha 29 de junio de 1998, por el siguiente

HECHO: deficiencias en estado de las instalaciones.

5º) Que con 5 de octubre de 1998 y habida cuenta que la expedientada no efectuó alegación alguna a la Resolución de iniciación del procedimiento y a los cargos imputados, fue ratificada como Propuesta de Resolución, con una multa en cuantía de 80.000 pesetas, por el hecho infractor.

6º) Que la comisión del hecho imputado, ha sido probada como consta en el expediente.

II. CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Primera: que las actuaciones practicadas en el presente expediente sancionador han sido de conformidad con la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. nº 285, de 27.11.92), la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19.4.95), así como con el Decreto 190/1996, de 1 de agosto, regulador del Procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora en materia turística y de la Inspección de Turismo (B.O.C. nº 103, de 21.8.96).

Segunda: que en la tramitación del expediente se han observado las formalidades de rigor.

Tercera: que las pruebas que obran en el expediente son tenidas en cuenta a la hora de emitir la presente Resolución.

Cuarta: que a la hora de ponderar la sanción se ha tenido en cuenta el principio de proporcionalidad que establece el artículo 131 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. nº 285, de 27.11.92), así como los criterios que se regulan en el artículo 79.2 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19.4.95).

Quinta: que debe estimarse la responsabilidad administrativa de la expedientada, en base al acta nº 8995, sin que el titular haya formulado alegaciones a la Resolución de inicio, que se considera Propuesta de Resolución, ni aportado prueba alguna que desvirtúe el hecho imputado, por lo que nos ratificamos en dicha Propuesta de Resolución, por entenderla ajustada a Derecho.

Sexta: que el hecho recogido en el expediente es constitutivo de infracción al artº. 43 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19.4.95), con calificación de leve, en base al artº. 77.4 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19.4.95).

En el ejercicio de la competencia que tengo atribuida para resolver el presente expediente sancionador, de acuerdo con la Ley Orgánica 10/1982, de 10 de agosto, por la que se aprueba el Estatuto de Autonomía de Canarias (B.O.J.C. nº 17, de 28.9.82), y el artículo 11.p) del Decreto 281/1995, de 11 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Turismo y Transportes (B.O.C. nº 128, de 4.10.95),

R E S U E L V O:

Imponer la sanción de multa en cuantía de 80.000 pesetas, por el hecho infractor, a Explotaciones Turísticas El Veril, S.A., con C.I.F. nº A-35205491, titular de la explotación turística del establecimiento denominado Apartamentos Marbella Golf.

La Resolución que se le notifica no pone fin a la vía administrativa y contra la misma cabe interponer, de acuerdo con lo prevenido en los artículos 114 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, recurso ordinario en el plazo de un mes, contado a partir de la recepción de la presente Resolución, ante el Ilmo. Sr. Viceconsejero de Turismo de la Consejería de Turismo y Transportes del Gobierno de Canarias, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.

En el caso de que el recurrente sea un representante, deberá acreditar esta representación, aportando escritura de poder para dejar constancia fidedigna, bien con copia simple notarial o previo cotejo o compulsa de la fotocopia con su original, a tenor de lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.- Las Palmas de Gran Canaria, a 11 de noviembre de 1998.- El Director General de Ordenación e Infraestructura Turística, Francisco Montesdeoca Santana.

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