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Habiendo sido intentada la notificación de la Resolución del Viceconsejero de Administración Pública, por la que se resuelve la petición de suspensión de la ejecución de un recurso ordinario en el domicilio que figura en el expediente administrativo tramitado por esta Consejería de Inscripción en el Registro de Empresas Operadoras de la Comunidad Autónoma de Canarias, correspondiente a Comercial Juafa, S.L., sin que haya podido practicarse de conformidad con lo establecido en el artº. 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se procede a su publicación.
Visto el recurso ordinario interpuesto por la entidad Comercial Juafa, S.L., frente a las Resoluciones de la Dirección General de Administración Territorial y Gobernación, de 18 y 29 de mayo de 1998, por las que se declara extinguida la autorización de explotación de las máquinas recreativas cuya titularidad ostenta la extinta empresa operadora denominada Comercial Juafa, S.L., y teniendo en cuenta los siguientes
I. ANTECEDENTES 1º) Por Resoluciones de 18 y 29 de mayo de 1998, publicadas en el Boletín Oficial de Canarias nº 93, de 27 de julio de 1998, la Dirección General de Administración Territorial y Gobernación declaró extinguida la autorización de explotación de las máquinas recreativas cuya titularidad ostenta la extinta empresa operadora denominada Comercial Juafa, S.L.
2º) Con fecha 26 de agosto de 1998, la citada empresa interpone recurso ordinario frente a las expresadas Resoluciones, en el cual viene a solicitar la suspensión de la ejecución de los actos impugnados, por cuanto las máquinas recreativas de referencia ya no son propiedad de la empresa operadora recurrente, al haber sido transferidas a la entidad Comercial Axamo, S.L., mucho antes de dictarse y publicarse las Resoluciones impugnadas y, además, porque se les ocasionarían a dicha entidad perjuicios de imposible o difícil reparación, al haber adquirido unas máquinas recreativas libres de cargas, en el momento de la adquisición y transmisión de las mismas y, posteriormente, dictarse las Resoluciones impugnadas que suponen un acto administrativo posterior, restrictivo de sus derechos y atentatorio contra los derechos adquiridos por la entidad Comercial Axamo, S.L.
II. CONSIDERACIONES JURÍDICAS
Primera.- El artículo 111 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en su apartado segundo, dispone que el órgano a quien competa resolver el recurso, podrá suspender de oficio o a solicitud del recurrente, la ejecución del acto recurrido cuando la misma pudiera causar perjuicios de imposible o difícil reparación, o bien cuando la impugnación se fundamente en alguna de las causas de nulidad de pleno derecho previstas en el artº. 62.1 del citado cuerpo legal.
En el presente caso, la empresa recurrente solicita la suspensión de la ejecución de las Resoluciones impugnadas, pero sin fundamentar ni justificar tal petición.
Segunda.- La suspensión de la ejecución de las resoluciones administrativas es la excepción al principio general de la ejecutividad de los actos administrativos (artículos 56 y 94 de la mencionada Ley 30/1992). Esta regla general tiene su base en el principio de eficacia de la actuación administrativa (artº. 103.1 de la Constitución), y en la presunción de legalidad del acto administrativo (artº. 57 de la Ley 30/1992).
En este caso, la empresa recurrente se ha limitado a alegar que la inmediata ejecución podría ocasionar a otra empresa daños y perjuicios de difícil reparación, sin especificar ni acreditar en qué podrían consistir tales daños o perjuicios ni el por qué de la dificultad o imposibilidad de su reparación, requisito éste necesario para proceder la suspensión de la ejecución del acto administrativo tal y como ha puesto de manifiesto el Tribunal Supremo en los Autos de fecha 23 de junio de 1992 (Ref. Aranzadi 1992/5309) y 10 de abril de 1996 (Ref. 1996/3010) entre otros y, por ende, procede denegar la petición citada.
Tercera.- El artº. 111.2 de la Ley 30/1992 dispone que será competente para suspender y, por tanto, para resolver sobre la solicitud de suspensión, quien lo sea para la resolución del recurso.
Cuarta.- Vistos, además de los preceptos legales citados, los Decretos Territoriales 212/1991, de 11 de septiembre, de organización de los Departamentos de la Administración Autonómica de Canarias, y 321/1995, de 10 de noviembre, del Reglamento Orgánico de la Consejería de Presidencia y Relaciones Institucionales, así como la legislación del procedimiento administrativo común y demás disposiciones de general o particular aplicación. En el ejercicio de las competencias que tengo atribuidas,
R E S U E L V O:
Desestimar la petición de suspensión de ejecución formulada por D. Cristóbal Rafael Díaz Rodríguez, en representación de la entidad Comercial Juafa, S.L., en el recurso ordinario promovido por la citada empresa, frente a las Resoluciones de la Dirección General de Administración Territorial y Gobernación, de 18 y 29 de mayo de 1998, por las que se declara extinguida la autorización de explotación de las máquinas recreativas cuya titularidad ostenta la extinta empresa operadora denominada Comercial Juafa, S.L.
Contra esta Resolución, que pone fin a la vía administrativa, cabe recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, a interponer en el plazo de dos meses desde su notificación, previa la comunicación a esta Viceconsejería, exigida en el artº. 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse; debiendo notificarse la presente a la entidad Comercial Juafa, S.L., con domicilio a tal efecto en Plaza San Cristóbal, 34, La Laguna.
Santa Cruz de Tenerife, a 2 de noviembre de 1998.- El Director General de Administración Territorial y Gobernación, Juan José Rodríguez y Rodríguez.
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