No teniendo constancia esta Dirección General del domicilio de la persona jurídica que se relaciona, y siendo preciso notificarle la Resolución recaída en el expediente incoado contra la misma por infracción a la normativa en materia de consumo, y conforme al artículo 59, apartado 4, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
R E S U E L V O:
1.- Notificar a la persona jurídica que se cita, la Resolución recaída en el expediente que le ha sido instruido por infracción a la legislación en materia de consumo. El interesado podrá interponer recurso ordinario contra la Resolución del expediente, que no agota la vía administrativa, en el plazo de un mes, contado a partir de la fecha de la publicación de la presente Resolución, ante el Excmo. Sr. Consejero de Sanidad y Consumo del Gobierno de Canarias, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse. El pago de la sanción se hará efectivo a partir de la notificación de la liquidación que oportunamente se girará por la Consejería de Economía y Hacienda. 2.- Remitir al Ayuntamiento de la población que se cita, la correspondiente Resolución para su publicación en el tablón de edictos. RESOLUCIÓN
Visto el expediente 38-190/98, instruido por esta Dirección General contra Los Hermanos, S.L., con domicilio en calle Rayco, 6, Barrio San Francisco Javier, Güímar, y estando de acuerdo con la propuesta formulada por el Instructor.
Vistos los preceptos legales de general aplicación, en especial el Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto (B.O.E. nº 189).
Resultando: que el día 30 de diciembre de 1997, un Inspector de esta Dirección General realiza una visita de inspección en el establecimiento de Taller de Chapa y Pintura, del que es titular Los Hermanos, S.L., con domicilio en calle Rayco, 6, Barrio San Francisco Javier, del término municipal de Güímar, y extiende el acta nº 9.361, y se procede a comprobar reclamación nº 1336/97 formulada por Dña. María del Cristo Barreto Abreu, provista de D.N.I. nº 42.084.262, siendo motivo de la misma la negativa a facilitarle presupuesto por escrito de la reparación efectuada por el referido taller, así como haber realizado trabajos de mecánica, cuando la placa del taller sólo es indicativa de trabajos de chapa y pintura. Personado el Inspector actuante reconoce el compareciente en acta, D. José A. Martín Ledesma que no se confeccionó documento alguno de solicitud o renuncia a presupuesto previo. Igualmente se comprueba por el Sr. Inspector que este taller carece de las preceptivas leyendas de información de usuario, siendo los hechos expuestos constitutivos de infracción en materia de consumo.
Resultando: que como consecuencia de ello se formuló Acuerdo de iniciación indicando que infringía lo dispuesto en el artículos 3.2.1 y 3.3.2 del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio (B.O.E. nº 168), que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria, en concordancia con los artículos 12, 14 y 19, apartado j), del Real Decreto 1.457/1986, de 10 de enero (B.O.E. nº 169), por el que se regula la actividad industrial y la prestación de servicios en los talleres de reparación de vehículos automóviles de sus equipos y componentes.
Resultando: que al no tener constancia de la notificación personal del mismo por el Servicio de Correos y a tenor de lo establecido en los artículos 58 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, la notificación es un derecho del interesado.
Considerando que de conformidad con los artículos 24 del Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento para el ejercicio de la potestad sancionadora, y 43.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, el expediente debe entenderse caducado.
Conforme a las competencias asignadas a la Dirección General de Consumo en el artículo 9 del Decreto 322/1995, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Sanidad y Consumo,
ACUERDO:
El sobreseimiento de las diligencias contra Los Hermanos, S.L., por caducidad y el archivo del expediente nº 38-190/98, sin más trámites. Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso ordinario ante el Excmo. Sr. Consejero de Sanidad y Consumo, en el plazo de un mes desde su notificación, conforme a lo previsto en el artº. 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.- Santa Cruz de Tenerife, a 9 de septiembre de 1998.- El Director General de Consumo, Gonzalo Olarte Cullen.
Santa Cruz de Tenerife, a 11 de noviembre de 1998.- El Director General de Consumo, Gonzalo Olarte Cullen.
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