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Vistos los repetidos intentos de notificación de la citada Resolución en el domicilio que figura en el expediente incoado por el correspondiente Centro Directivo de la mencionada Consejería, sin que haya sido recibida por la recurrente-interesada.
Visto lo establecido en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
R E S U E L V O:
Primero.- Notificar a Dña. María Teresa García Pérez la Resolución de 25 de junio de 1998 (libro nº 1, folio 73, nº 415), que figura como anexo de esta Resolución, por la que se resolvió el recurso ordinario nº 464/97 (expediente nº TF-3258-0-95), interpuesto contra la Resolución de la Dirección General de Transportes de fecha 30 de octubre de 1997.
Segundo.- Remitir al Ayuntamiento de Breña Alta (La Palma) la presente Resolución para su anuncio en el tablón de edictos correspondiente.
Santa Cruz de Tenerife, a 10 de noviembre de 1998.- La Secretaria General Técnica, Rosa María Rodríguez Martín. A N E X O
Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Turismo y Transportes por la que se resuelve recurso ordinario interpuesto por Dña. María Teresa García Pérez.
Visto el recurso ordinario formulado por Dña. María Teresa García Pérez contra la Resolución de la Dirección General de Transportes de fecha 30 de octubre de 1997, recaída en el expediente sancionador nº TF-3258-0-95, y teniendo a la vista los siguientes
ANTECEDENTES DE HECHO
Primero.- La Resolución recurrida se basa fácticamente en realizar el vehículo TF-3385-AF un transporte privado complementario de mercancías careciendo de tarjeta de transportes, dando lugar a la sanción de cincuenta mil (50.000) pesetas.
Segundo.- El recurso ordinario interpuesto alega, en resumen, que el vehículo denunciado no es de su propiedad desde el año 1990, pues al no poder hacer frente al pago del mismo, fue entregado, junto con sus papeles de nuevo a la entidad financiera Hispamer, Entidad de Financiación, S.A., a fin de cancelar la operación que con la misma tenía, adjuntando a los efectos probatorios copia compulsada del certificado de la entidad de crédito referenciada, que acredita lo expuesto, de fecha 18 de diciembre de 1995; siendo el propietario actual del mismo D. Blas Domingo Pérez Díaz, de Los Canarios, Fuencaliente, a fin de que se remitan a su persona los expedientes sancionadores referidos a ese vehículo, dado que, al notificárseles a ella, le están causando unos perjuicios, incluso económicos, habiéndole llegado a embargar bienes de su propiedad, solicitando, en definitiva, se deje sin efecto la sanción impuesta.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero.- La Secretaria General Técnica de la Consejería de Turismo y Transportes es competente para conocer y resolver el presente recurso en virtud de lo dispuesto en la Orden Departamental de fecha 9 de octubre de 1995 (B.O.C. nº 136, de 23.10.95), por la que se le delega la competencia de resolución de los recursos administrativos interpuestos contra actos dictados por órganos del Departamento en materia de turismo y de transportes.
Segundo.- La tramitación del expediente sancionador ha sido sustanciada de conformidad con lo previsto en el capítulo IV del título VI del Real Decreto 1.211/1990, de 28 septiembre, por el que se aprueba el Reglamento que desarrolla la Ley Ordenación de los Transportes Terrestres, según nueva redacción dada al mismo en el anexo I del Real Decreto 1.772/1994, de 5 de agosto, por el que se adecuan determinados procedimientos administrativos en materia de transportes y carreteras a la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Tercero.- Las argumentaciones esgrimidas por la recurrente alteran sustancialmente los hechos y preceptos infringidos obrantes en la resolución de la Dirección General de Transportes de fecha 30 de octubre de 1997, que se adoptó en base a lo dispuesto en los artículos 103 y 141.b) de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres, y artículos 158 y 198.b) del Real Decreto 1.211/1990, de 28 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de la citada Ley, por los que se considera infracción administrativa grave, la realización de transportes privados para los que se exija un título administrativo específico careciendo del mismo. Teniendo en cuenta que, según se establece en el artículo 130.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, sólo podrán ser sancionadas por hechos constitutivos de infracción administrativa las personas físicas y jurídicas que resulten responsables de los mismos, aun a título de mera inobservancia, y dado que, según lo dispuesto en artículo 138.1.b) de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres, en las infracciones cometidas con ocasión de transportes o actividades realizadas sin la cobertura del correspondiente título administrativo, la responsabilidad administrativa por dichas infracciones corresponderá a la persona física o jurídica titular de la actividad, o propietaria del vehículo, añadiendo el artículo 193.b) del Real Decreto 1.211/1990, de 28 de septiembre, Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres: A los efectos previstos en el apartado b) del artículo 138.1.b) de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, se considera titular del transporte o actividad clandestina de que se trate a la persona física o jurídica que materialmente la lleve a cabo en nombre propio, que realice su organización o asuma la correspondiente responsabilidad empresarial, así como a todo aquel que no siendo personal asalariado o dependiente colabore en la realización de dicho transporte o actividad. Por lo que, resultando suficientemente probado en el expediente que examinamos, que el titular del vehículo denunciado, matrícula TF-3385-AF, no es la particular recurrente, sino D. Blas Domingo Pérez Díaz, como así acredita el certificado que, referente a ese vehículo, fue aportado al procedimiento sancionador por la entidad de crédito que gestionó su transferencia, confirmado por los datos del boletín de denuncia que originó su iniciación, en consecuencia, procede revocar la resolución sancionadora impugnada, dado su contrariedad a Derecho, dejando sin efectos la sanción impuesta. Cuarto.- La presente Resolución no ha sido dictaminada por el Servicio Jurídico del Gobierno de Canarias, por suscitarse en el recurso cuestiones de Derecho ya resueltas en otros anteriores, de acuerdo con el artº. 20.g) del Decreto 19/1992, de 7 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento de dicho Servicio Jurídico.
Vistos los preceptos legales citados, concordantes y demás de general aplicación,
R E S U E L V O:
Estimar, en todos sus términos, el recurso ordinario promovido por Dña. María Teresa García Pérez y revocar la Resolución de la Dirección General de Transportes de fecha 30 de octubre de 1997, recaída en el expediente sancionador nº TF-3258-0-95, que determinó la imposición de una sanción de cincuenta mil (50.000) pesetas.
Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, cabe recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, a interponer en el plazo de dos meses desde su notificación, previa comunicación al órgano que dictó la presente Resolución, de acuerdo con lo establecido en el artículo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.- La Secretaria General Técnica (p.d. Orden de 9 de octubre de 1995; B.O.C. nº 136, de 23.10.95), Rosa María Rodríguez Martín.
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