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Habiendo sido intentada la notificación de la presente Orden departamental en el domicilio que figuraba en el expediente incoado por el correspondiente Centro Directivo de esta Consejería sin que haya sido recibida por el recurrente interesado, y de conformidad con lo establecido en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
R E S U E L V O:
1.- Notificar a las personas físicas y jurídicas que se citan, la Orden recaída en los expedientes que les han sido instruidos por infracción a la legislación en materia de consumo.
2.- Remitir a los Ayuntamientos de las poblaciones que se citan, las correspondientes Órdenes para su publicación en el tablón de edictos.
1) ORDEN DE ESTA CONSEJERÍA QUE RESUELVE RECURSO ORDINARIO.
Visto el recurso ordinario interpuesto ante el Excmo. Sr. Consejero de Sanidad y Consumo por Brothers León, S.L., frente a la Resolución de la Dirección General de Consumo de fecha 28 de febrero de 1997, recaída en el expediente nº 35/1572/96 y que determinó la imposición de una sanción de multa de cien mil (100.000) pesetas, y
RESULTANDO
Primero: que el día 16 de agosto de 1996, Inspectores de esta Dirección General de Consumo realizaron una visita de inspección en el Supermercado León Vallemartín, propiedad de Brothers León, S.L., sito en el Barranco de la Verga, s/n, planta B, del término municipal de Mogán; y mediante acta levantada al efecto (nº 1.659) comprobaron que tenía expuesto para su venta al público tomates, naranjas, peras, limones, melocotones, cebollas y pepinos careciendo del etiquetado de normalización y comercialización de frutas y hortalizas, y otros productos como: envasado en lata de refresco de 330 ml Irn-Bru; Mills Filter Kaffe y Mills Majones, careciendo de etiquetado en castellano, lengua oficial del Estado.
El establecimiento no tenía las preceptivas Hojas de Reclamaciones y cartel anunciador de su existencia.
Segundo: que incoado el oportuno expediente sancionador de conformidad con el Título IX de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. nº 285), y el artículo 13 del Reglamento de procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora, aprobado por el Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto (B.O.E. nº 189) se formuló Acuerdo de iniciación, en el que se imputaba al recurrente la infracción de lo dispuesto en el artº. 34, apartados 6 y 9, de la Ley 26/1984, de 19 de julio (B.O.E. nº 176), General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, en relación con el artículo 3º, apartados 3.3.1, 3.3.4 y 3.3.6 del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio (B.O.E. nº 168), que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria, en concordancia con el anexo II del Reglamento (C.E.E.) nº 920/89 de la Comisión, de 10 de abril de 1989, por el que se establecen normas de calidad para las zanahorias, los cítricos y las manzanas y peras de mesa (D.O.C.E. nº L 97, de 11 de abril de 1989), modificado por el Reglamento (C.E.E.) nº 421/90, de la Comisión (D.O.C.E. nº L 44, de 20 de febrero de 1990), Reglamento (C.E.E.) nº 487/90 de la Comisión (D.O.C.E. nº L 52, de 28 de febrero de 1990) y el Reglamento (C.E.E.) nº 292/92 de la Comisión (D.O.C.E. nº L 31, de 7 de febrero de 1992), y con el artº. 7 del Real Decreto 2.192/1984, de 28 de noviembre (B.O.E. nº 300), que aprueba el Reglamento de aplicación de las normas de calidad para las frutas y hortalizas frescas comercializadas en el mercado interior y Orden de 6 de septiembre de 1972 (B.O.E. nº 218), que aprueba la norma de calidad de naranjas y otros agrios destinados al mercado interior, en concordancia con el Reglamento (C.E.E.) nº 778/83, de 30 de marzo de 1983 (Nº L 86/14 de 31.3.83), por el que se establecen normas de calidad para los tomates, en relación con la Orden de 10 de diciembre de 1985 (B.O.E. de 17), corrección de errores (B.O.E. de 18.1.86), que aprueba la norma de calidad para tomates frescos destinados al mercado interior, en concordancia con Reglamento (C.E.E.) nº 2213/83, de 28 de julio de 1983 (Nº L 213/13 de 4.8.83), por el que establecen las normas de calidad para las cebollas y para las endibias, modificada por el Reglamento (C.E.E.) nº 1654/87, de 12.6.87 (Nº L 153/35 de 13.6.87) y la Orden de 8 de junio de 1973 (B.O.E. de 23), por el que se aprueba la norma de calidad para cebollas destinadas al mercado interior, en concordancia con el Reglamento (C.E.E.) nº 1677/88 de la Comisión, de 15 de junio de 1988, por el que se fijan normas de calidad para los pepinos (D.O.C.E. nº L 150, de 16 de junio de 1988), en relación con el Reglamento (C.E.E.) nº 1730/87 de la Comisión, de 22 de junio de 1987, por el que se establecen las normas de calidad para la uva de mesa (D.O.C.E. nº L 163 de 23 de junio de 1987), modificado por el Reglamento (C.E.E.) nº 93/91, de la Comisión (D.O.C.E. nº L 11, de 16 de enero de 1991), el Reglamento (C.E.E.) nº 291/92 de la Comisión (D.O.C.E. nº L 31, de 7 de febrero de 1992) y el Reglamento (C.E.E.) nº 1675/92 de la Comisión (D.O.C.E. nº L 176, de 30 de junio de 1992), en concordancia con el Real Decreto 212/1992, de 6 de marzo, por el que se aprueba la norma general de etiquetado, presentación y publicidad de los productos alimenticios en relación con el artº. 10 de la Ley 4/1994, de 25 de abril, de Ordenación de la Actividad Comercial de Canarias (B.O.C. nº 53), en concordancia con los artículos 1, 2 y 3 del Decreto 225/1994, de 11 de noviembre, por el que se regulan las Hojas de Reclamaciones de los consumidores y usuarios de la Comunidad Autónoma Canaria (B.O.C. nº 148).
Tercero: que la Dirección General de Consumo resuelve sancionar al recurrente, previo el trámite de Propuesta de Resolución a que se refiere el artículo 8 del Real Decreto 1.398/1993, en relación con el Título IX de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, con una sanción de multa de cien mil (100.000) pesetas.
Cuarto: que contra la precitada Resolución se interpone recurso ordinario ante el Excmo. Sr. Consejero de Sanidad y Consumo, que tiene entrada en este Departamento el día 8 de abril de 1997, exponiendo, en síntesis, el recurrente lo siguiente:
Que habiendo presentado en su momento la documentación requerida en el expediente sancionador, se ha recibido contestación de su parte sin que la infracción calificada como leve inicialmente haya sido suspendida o resuelta a nuestro favor.
Que actualmente mi empresa se encuentra al corriente en cuanto a sus obligaciones tributarias y en cuanto a la normativa fijada en cuanto a las empresas de esta rama de servicios.
Y habiendo subsanado todos aquellos elementos en cuanto se refiere al etiquetado, etc. por estar en cierto modo desinformados.
Quinto: que la Dirección General de Consumo informa sobre las actuaciones practicadas dando traslado de las mismas.
Y siendo de aplicación los siguientes
CONSIDERANDO
Primero: que se cumplen los requisitos de admisibilidad del recurso presentado, interpuesto en tiempo y forma, y siendo competente para resolver el Consejero de Sanidad y Consumo.
Segundo: que la sanción impuesta al recurrente, en la condición que ostenta, tiene como norma habilitante lo dispuesto en el artº. 34, apartados 6 y 9, de la Ley 26/1984, de 19 de julio (B.O.E. nº 176), General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, en relación con el artículo 3º, apartados 3.3.1, 3.3.4 y 3.3.6 del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio (B.O.E. nº 168), que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria, en concordancia con el anexo II del Reglamento (C.E.E.) nº 920/89 de la Comisión, de 10 de abril de 1989, por el que se establecen normas de calidad para las zanahorias, los cítricos y las manzanas y peras de mesa (D.O.C.E. nº L 97, de 11 de abril de 1989), modificado por el Reglamento (C.E.E.) nº 421/90 de la Comisión (D.O.C.E. nº L 44, de 20 de febrero de 1990), Reglamento (C.E.E.) nº 487/90 de la Comisión (D.O.C.E. nº L 52, de 28 de febrero de 1990) y el Reglamento (C.E.E.) nº 292/92 de la Comisión (D.O.C.E. nº L 31, de 7 de febrero de 1992), y con el artº. 7 del Real Decreto 2.192/1984, de 28 de noviembre (B.O.E. nº 300), que aprueba el Reglamento de aplicación de las normas de calidad para las frutas y hortalizas frescas comercializadas en el mercado interior y Orden de 6 de septiembre de 1972 (B.O.E. nº 218), que aprueba la norma de calidad de naranjas y otros agrios destinados al mercado interior, en concordancia con el Reglamento (C.E.E.) nº 778/83, de 30 de marzo de 1983 (Nº L 86/14 de 31.3.83), por el que se establecen normas de calidad para los tomates, en relación con la Orden de 10 de diciembre de 1985 (B.O.E. de 17), corrección de errores (B.O.E. de 18.1.86), que aprueba la norma de calidad para tomates frescos destinados al mercado interior, en concordancia con Reglamento (C.E.E.) nº 2213/83, de 28 de julio de 1983 (Nº L 213/13 de 4.8.83), por el que establecen las normas de calidad para las cebollas y para las endibias, modificada por el Reglamento (C.E.E.) nº 1654/87, de 12 de junio de 1987 (Nº L 153/35 de 13.6.87) y la Orden de 8 de junio de 1973 (B.O.E. de 23), por el que se aprueba la norma de calidad para cebollas destinadas al mercado interior, en concordancia con el Reglamento (C.E.E.) nº 1677/88 de la Comisión, de 15 de junio de 1988, por el que se fijan normas de calidad para los pepinos (D.O.C.E. nº L 150, de 16 de junio de 1988), en relación con el Reglamento (C.E.E.) nº 1730/87 de la Comisión, de 22 de junio de 1987, por el que se establecen las normas de calidad para la uva de mesa (D.O.C.E. nº L 163 de 23 de junio de 1987), modificado por el Reglamento (C.E.E.) nº 93/91, de la Comisión (DOCE nº L 11, de 16 de enero de 1991), el Reglamento (C.E.E.) nº 291/92 de la Comisión (D.O.C.E. nº L 31, de 7 de febrero de 1992) y el Reglamento (C.E.E.) nº 1675/92 de la Comisión (D.O.C.E. nº L 176, de 30 de junio de 1992), en concordancia con el Real Decreto 212/1992, de 6 de marzo, por el que se aprueba la norma general de etiquetado, presentación y publicidad de los productos alimenticios en relación con el artº. 10 de la Ley 4/1994, de 25 de abril, de Ordenación de la Actividad Comercial de Canarias (B.O.C. nº 53), en concordancia con los artículos 1, 2 y 3 del Decreto 225/1994, de 11 de noviembre, por el que se regulan las Hojas de Reclamaciones de los consumidores y usuarios de la Comunidad Autónoma Canaria (B.O.C. nº 148).
Tercero: que la determinación de la cuantía de la sanción impuesta, lo fue en el ejercicio por la Dirección General de Consumo de las atribuciones que le confiere el artº. 9, apartados k) y m), del Reglamento Orgánico de la Consejería de Sanidad y Consumo, aprobado por el Decreto 322/1995, de 10 de noviembre (B.O.C. nº 154), en concordancia con lo dispuesto en el artículo 36.1 de la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios.
Cuarto: que las alegaciones formuladas por el recurrente en su escrito de interposición del recurso, no pueden ser tomadas en consideración, pues no comportan justificación legal que permite modificar la calificación jurídica del hecho infractor comprobado y consiguiente apreciación de responsabilidad, y que, por tanto, no puede estimarse la petición de que se revoque la Resolución sancionadora del Director General de Consumo, por cuanto el artículo 27.1.a) de la Ley 26/1984, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, declara la obligación del vendedor de verificar el cumplimiento de los requisitos que exige la normativa vigente para el ejercicio de la actividad comercial.
En consecuencia, el/la recurrente incurre en responsabilidad dado el incumplimiento comprobado de las disposiciones ya indicadas en el considerando segundo.
El desconocimiento de la norma alegada no excusa el incumplimiento de las disposiciones normativas tal y como señala el artículo 6º del Código Civil.
Quinto: que en virtud de las competencias atribuidas al titular del Departamento por el artº. 29.1.e) de la Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias, le compete al mismo resolver en última instancia, dentro de la vía administrativa, cuando no corresponda a una autoridad inferior, los recursos promovidos contra las resoluciones de los organismos y autoridades de la Consejería.
VISTOS
Además de los preceptos legales citados, el artículo 31.3 del Estatuto de Autonomía de Canarias, el Real Decreto 2.916/1983, de 19 de octubre, y los Decretos Territoriales 187/1995, de 20 de julio, de reestructuración de la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias y el posterior 322/1995, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Sanidad y Consumo, así como la legislación del procedimiento administrativo común y demás disposiciones de general o particular aplicación.
El Consejero de Sanidad y Consumo, en ejercicio de sus competencias,
ACUERDA:
Desestimar en todos sus términos el recurso ordinario interpuesto por Brothers León, S.L., frente a la Resolución de la Dirección General de Consumo de fecha 28 de febrero de 1997, recaída en el expediente nº 35/1572/96, por la que se le impone al recurrente una sanción de multa de cien mil (100.000) pesetas, por lo que, consecuentemente, debe confirmar y así confirma la mencionada Resolución recurrida.
Contra el presente acto, que pone fin a la vía administrativa, podrá el interesado interponer recurso contencioso-administrativo, ante la Sala correspondiente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, dentro de un plazo de dos (2) meses, desde su notificación/publicación, previa la comunicación a la Consejería de Sanidad y Consumo exigida en el artículo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, sin perjuicio de cualquier otro que pudiera interponerse.- El Consejero de Sanidad y Consumo, Julio Bonis Álvarez.
2) ORDEN DE ESTA CONSEJERÍA QUE RESUELVE RECURSO ORDINARIO.
Visto el recurso ordinario interpuesto ante el Excmo. Sr. Consejero de Sanidad y Consumo por D. Juan Agustín Macías Gil, frente a la Resolución de la Dirección General de Consumo de fecha 6 de mayo de 1997, recaída en el expediente nº 35/270/97 y que determinó la imposición de una sanción de multa de cuarenta mil (40.000) pesetas, y
RESULTANDO
Primero: que el día 22 de noviembre de 1996, Inspectores de esta Dirección General de Consumo realizaron visita de inspección en la Peluquería Juan propiedad de D. Juan Agustín Macías Gil sito en el C.C. Puerto Rico, fase 4, local 24, del término municipal de Mogán; y mediante acta levantada al efecto nº 2.669 comprobaron que no tenían a disposición del público las Hojas de Reclamaciones y no estaba expuesto el cartel anunciador de su existencia.
Segundo: que incoado el oportuno expediente sancionador de conformidad con el Título IX de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. nº 285), y el artículo 13 del Reglamento de procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora, aprobado por el Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto (B.O.E. nº 189), se formuló Acuerdo de iniciación, en el que se imputaba al recurrente la infracción de lo dispuesto en el artº. 34.9 de la Ley 26/1984, de 19 de julio (B.O.E. nº 176), General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, y en relación con el artº. 3.3.6 del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio, que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria (B.O.E. nº 168), en concordancia con el artº. 10 de la Ley 4/1994, de 25 de abril, de Ordenación de la Actividad Comercial de Canarias (B.O.C. nº 53), en concordancia con los artículos 1, 2 y 3 del Decreto 225/1994, de 11 de noviembre, por el que se regulan las Hojas de Reclamaciones de los consumidores y usuarios de la Comunidad Autónoma Canaria (B.O.C. nº 148).
Tercero: que la Dirección General de Consumo resuelve sancionar al recurrente previo el trámite de Propuesta de Resolución a que se refiere el artículo 18 del Real Decreto 1.398/1993, en relación con el Título IX de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, con una sanción de multa de cuarenta mil (40.000) pesetas. Cuarto: que contra la precitada Resolución se interpone recurso ordinario ante el Excmo. Sr. Consejero de Sanidad y Consumo, que tiene entrada en este Departamento el día 22 de julio de 1997, exponiendo, en síntesis, el recurrente lo siguiente:
No ha sido negligencia por mi parte el no tener a disposición del público las Hojas de Reclamaciones como el no tener expuesto el cartel anunciador de su existencia, ya que era consciente de la obligación de tenerlo en el local.
Que esta empresa se dio de alta en el I.A.E. el 7 de diciembre de 1995, pero se presentó el impreso del alta el modelo 845 por registro en la Delegación de Hacienda de Las Palmas.
Esta parte se dirige a la O.M.I.C. para retirar las Hojas de Reclamación y el cartel anunciador, pero se me deniegan por no presentar el I.A.E. ante esa oficina, por lo que esperé a que la Administración de Hacienda de San Bartolomé de Tirajana me enviase mi copia del I.A.E. para volver al Ayuntamiento y poder retirar la documentación antedicha, el paso del tiempo y un poco el olvido han sido mi única culpa ya que inmerso en el trabajo y en otros problemas personales, se pasó el tiempo y me vine a dar cuenta cuando se presentaron los Inspectores en mi local y me recordaron la obligación de las Hojas de Reclamación y lo del cartel, por lo que al día siguiente de la inspección me presenté en la Administración de Hacienda y solicité mi copia del alta del I.A.E., como tampoco apareció tuve que pedir un certificado (adjunto fotocopia), y con ese certificado me dirigí a la O.M.I.C. donde me dieron la documentación que ahora ya tengo en el local.
Quinto: que la Dirección General de Consumo informa sobre las actuaciones practicadas dando traslado de las mismas.
Y siendo de aplicación los siguientes
CONSIDERANDO
Primero: que se cumplen los requisitos de admisibilidad del recurso presentado, interpuesto en tiempo y forma, y siendo competente para resolver el Consejero de Sanidad y Consumo.
Segundo: que la sanción impuesta al recurrente, en la condición que ostenta, tiene como norma habilitante lo dispuesto en el artº. 34.9 de la Ley 26/1984, de 19 de julio (B.O.E. nº 176), General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, y en relación con artº. 3.3.6 del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio, que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria (B.O.E. nº 168), en concordancia con el artº. 10 de la Ley 4/1994, de 25 de abril, de Ordenación de la Actividad Comercial de Canarias (B.O.C. nº 53), en concordancia con los artículos 1, 2 y 3 del Decreto 225/1994, de 11 de noviembre, por el que se regulan las Hojas de Reclamaciones de los consumidores y usuarios de la Comunidad Autónoma Canaria (B.O.C. nº 148).
Tercero: que la determinación de la cuantía de la sanción impuesta, lo fue en el ejercicio por la Dirección General de Consumo de las atribuciones que le confiere el artº. 9, apartados k) y m), del Reglamento Orgánico de la Consejería de Sanidad y Consumo, aprobado por el Decreto 322/1995, de 10 de noviembre (B.O.C. nº 154), en concordancia con lo dispuesto en el artículo 36.1 de la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios.
Cuarto: que las alegaciones formuladas por el recurrente en su escrito de interposición del recurso, no pueden ser tomadas en consideración, pues no comportan justificación legal que permite modificar la calificación jurídica del hecho infractor comprobado y consiguiente apreciación de responsabilidad, y que, por tanto, no puede estimarse la petición de que se revoque la Resolución sancionadora del Director General de Consumo, por cuanto el artículo 27.1.a) de la Ley 26/1984, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, declara la obligación del vendedor de verificar el cumplimiento de los requisitos que exige la normativa vigente para el ejercicio de la actividad comercial.
En consecuencia, el/la recurrente incurre en responsabilidad dado el incumplimiento comprobado de las disposiciones ya indicadas en el considerando segundo.
Quinto: que en virtud de las competencias atribuidas al titular del Departamento por el artº. 29.1.e) de la Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias, le compete al mismo resolver en última instancia, dentro de la vía administrativa, cuando no corresponda a una autoridad inferior, los recursos promovidos contra las resoluciones de los organismos y autoridades de la Consejería.
VISTOS
Además de los preceptos legales citados, el artículo 31.3 del Estatuto de Autonomía de Canarias, el Real Decreto 2.916/1983, de 19 de octubre, y los Decretos territoriales 187/1995, de 20 de julio, de reestructuración de la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias y el posterior 322/1995, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Sanidad y Consumo, así como la legislación del procedimiento administrativo común y demás disposiciones de general o particular aplicación.
El Consejero de Sanidad y Consumo, en ejercicio de sus competencias,
ACUERDA:
Desestimar en todos sus términos el recurso ordinario interpuesto por D. Juan Agustín Macías Gil, frente a la Resolución de la Dirección General de Consumo de fecha 6 de mayo de 1997, recaída en el expediente nº 35/270/97, por la que se le impone al recurrente una sanción de multa de cuarenta mil (40.000) pesetas, por lo que, consecuentemente, debe confirmar y así confirma la mencionada Resolución recurrida.
Contra el presente acto, que pone fin a la vía administrativa, podrá el interesado interponer recurso contencioso-administrativo, ante la Sala correspondiente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, dentro de un plazo de dos (2) meses, desde su notificación/publicación, previa la comunicación a la Consejería de Sanidad y Consumo exigida en el artículo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, sin perjuicio de cualquier otro que pudiera interponerse.- El Consejero de Sanidad y Consumo, Julio Bonis Álvarez.
3) ORDEN DE ESTA CONSEJERÍA QUE RESUELVE RECURSO ORDINARIO.
Visto el recurso ordinario interpuesto ante el Excmo. Sr. Consejero de Sanidad y Consumo por D. Chatlani Shyam Jhamatmal, frente a la Resolución de la Dirección General de Consumo de fecha 24 de abril de 1997, recaída en el expediente nº 35/129/97 y que determinó la imposición de una sanción de multa de sesenta mil (60.000) pesetas, y
RESULTANDO
Primero: que el día 25 de octubre de 1996, Inspectores de esta Dirección General de Consumo realizaron una visita de inspección en Bazar Horten, propiedad de D. Chatlani Shyam Jhamatmal, sito en el Ctro. Cial. Puerto Rico, fase III, local 1 del término municipal de Mogán; y mediante acta levantada al efecto (nº 2.282) comprobaron que tenía expuesto para su venta al público en una estantería, 6 timbres musicales, cuyo etiquetado en lengua extranjera tiene el siguiente texto: Door Chimes-12 Tune Musical Battery Operated, plays 12 diferent musical tunes hear It work. Before you buy. Made in Taiwan. Operated by VH3 15vx2-included Flex and Push Button. Item nº 6103, carece por tanto, del preceptivo etiquetado, al menos, en castellano, lengua española oficial del Estado.
Segundo: que incoado el oportuno expediente sancionador de conformidad con el Título IX de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. nº 285), y el artículo 13 del Reglamento de procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora, aprobado por el Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto (B.O.E. nº 189), se formuló Acuerdo de iniciación, en el que se imputaba al recurrente la infracción de lo dispuesto en el artº. 34 de la Ley 26/1984, de 19 de julio (B.O.E. nº 176), General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, en relación con el artículo 3º, apartado 3.3.4 del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio (B.O.E. nº 168), que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria, en relación con el artículo 7º del Real Decreto 1.468/1988, de 2 de diciembre (B.O.E. nº 294), por el que se aprueba el Reglamento de etiquetado, presentación y publicidad de los productos industriales destinados a su venta directa a los consumidores y usuarios.
Tercero: que la Dirección General de Consumo resuelve sancionar al recurrente con una sanción de multa de sesenta mil (60.000) pesetas.
Cuarto: que contra la precitada Resolución se interpone recurso ordinario ante el Excmo. Sr. Consejero de Sanidad y Consumo, que tiene entrada en este Departamento el día 6 de junio de 1997, constando entre los antecedentes de referencia la notificación de la Resolución impugnada con fecha 5 de mayo de 1997, habiéndose superado, por tanto, el plazo procedimental de un (1) mes para la interposición del recurso ordinario.
Quinto: que la Dirección General de Consumo informa sobre las actuaciones practicadas dando traslado de las mismas.
Y siendo de aplicación los siguientes
CONSIDERANDO
Primero: que condición previa para entrar a conocer de los fundamentos del recurso presentado es el de determinar si se han observado los requisitos de actividad, en especial el único que ofrece especialidad en este tipo recurso: el plazo en el cual debe interponerse el recurso ordinario, que es, según el artº. 114.2 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, de un (1) mes, transcurrido el cual sin que se haya presentado recurso, queda firme y consentida la Resolución impugnada.
Segundo: que presentado el recurso fuera del plazo de un (1) mes procede declarar la inadmisión del recurso (Sentencia de 3 de junio de 1992, en su Fundamento III indica: Que el Principio de Seguridad se encuentra reñido con cualquier tipo de apreciación discrecional ante el ejercicio extemporáneo de recursos o acciones ... Razón por la que la extemporaneidad se produce automáticamente con la sola finalización del día final del plazo ...) sin que quepa dictar acto alguno que anule el que es objeto de recurso, en este caso la Resolución de la Dirección General Consumo que se pretende extemporáneamente impugnar, pues consta en los resultandos de hechos probados que la Resolución impugnada fue notificada el día 5 de mayo de 1997 y el recurso se interpone por quien está legitimado para ello y ante el órgano competente el día 6 de junio de 1997, transcurrido el plazo procedimental de un (1) mes, según el cómputo efectuado conforme a las reglas generales de procedimiento del artº. 48 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Tercero: que la determinación de la cuantía de la sanción impuesta, lo fue en el ejercicio por la Dirección General de Consumo de las atribuciones que le confiere el artº. 9, apartados k) y m), del Reglamento Orgánico de la Consejería de Sanidad y Consumo, aprobado por el Decreto 322/1995, de 10 de noviembre (B.O.C. nº 154), en concordancia con lo dispuesto en el artículo 36.1 de la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de Consumidores y Usuarios.
Cuarto: que en virtud de las competencias atribuidas al titular del Departamento por el artº. 29.1.e) de la Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias, le compete al mismo resolver en última instancia, dentro de la vía administrativa, cuando no corresponda a una autoridad inferior, los recursos promovidos contra las resoluciones de los organismos y autoridades de la Consejería.
VISTOS
Además de los preceptos legales citados, el artículo 31.3 del Estatuto de Autonomía de Canarias, el Real Decreto 2.916/1983, de 19 de octubre, y los Decretos territoriales 187/1995, de 20 de julio, de reestructuración de la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias y el posterior 322/1995, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Sanidad y Consumo, así como la legislación del procedimiento administrativo común y demás disposiciones de general o particular aplicación.
El Consejero de Sanidad y Consumo, en ejercicio de sus competencias,
ACUERDA:
Declarar la inadmisibilidad del recurso ordinario, interpuesto por D. Chatlani Shyam Jhamatmal, frente a la Resolución de la Dirección General de Consumo de fecha, recaída en el expediente nº 35/129/97, por la que se impone al recurrente una sanción de multa de sesenta mil (60.000) pesetas, por lo que, consecuentemente, debe confirmar y así confirma la mencionada Resolución recurrida.
Contra el presente acto, que pone fin a la vía administrativa, podrá el interesado interponer recurso contencioso-administrativo, ante la Sala correspondiente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, dentro de un plazo de dos (2) meses, desde su notificación/publicación, previa la comunicación a la Consejería de Sanidad y Consumo exigida en el artículo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, sin perjuicio de cualquier otro que pudiera interponerse.- El Consejero de Sanidad y Consumo, Julio Bonis Álvarez. 4) ORDEN DE ESTA CONSEJERÍA QUE RESUELVE RECURSO ORDINARIO.
Visto el recurso ordinario interpuesto ante el Excmo. Sr. Consejero de Sanidad y Consumo por D. Jose Déniz Viera, frente a la Resolución de la Dirección General de Consumo de fecha 3 de abril de 1997, recaída en el expediente nº 35/1697/96 y que determinó la imposición de una sanción de multa de setenta y cinco mil (75.000) pesetas, y
RESULTANDO
Primero: que el día 4 de septiembre de 1996, Inspectores de esta Dirección General de Consumo realizaron una visita de inspección en Mercalaspalmas nave B, propiedad de D. José Déniz Viera, sito en la Cuesta de Ramón, s/n, puesto nº 16, planta B, del término municipal de Las Palmas de Gran Canaria; y mediante acta levantada al efecto (nº 2.065) comprobaron que tenía expuesto para su distribución y venta unos 20 sacos de papas careciendo de etiquetado de comercialización de papas sin normalizar.
Segundo: que incoado el oportuno expediente sancionador de conformidad con el Título IX, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. nº 285), y el artículo 13 del Reglamento de procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora, aprobado por el Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto (B.O.E. nº 189), se formuló Acuerdo de iniciación, en el que se imputaba al recurrente la infracción de lo dispuesto en el artº. 34 de la Ley 26/1984, de 19 de julio (B.O.E. nº 176), General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, en relación con el artículo 3º, apartados 3.3.1 y 3.3.4 del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio (B.O.E. nº 168), que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria, en concordancia con el Real Decreto 2.192/1984, de 28 de noviembre (B.O.E. nº 300), que aprueba el Reglamento de aplicación de las normas de calidad para las frutas y hortalizas frescas comercializadas en el mercado interior y Orden de 6 de julio de 1983 (B.O.E. nº 166) que aprueba la norma de calidad para patata de consumo destinada al mercado interior.
Tercero: que la Dirección General de Consumo resuelve sancionar al recurrente previo el trámite de Propuesta de Resolución a que se refiere el artículo 18 del Real Decreto 1.398/1993, en relación con el Título IX de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, con una sanción de multa de setenta y cinco mil (75.000) pesetas.
Cuarto: que contra la precitada Resolución se interpone recurso ordinario ante el Excmo. Sr. Consejero de Sanidad y Consumo, que tiene entrada en este Departamento el día 9 de junio de 1997, exponiendo, en síntesis, el recurrente lo siguiente: Que en el momento de la inspección los 20 sacos de papas no estaban expuestos para su venta al público, ya que estaban preparados para transportarlos hasta un almacén, donde se les pusieron las correspondientes etiquetas, las cuales debido a la lluvia era necesario ponerlas después del transporte ya que se podían estropear por el camino.
Que estos sacos una vez preparados, según la legislación vigente, fueron vendidos a la empresa Supermercados Torres, S.L.
Quinto: que la Dirección General de Consumo informa sobre las actuaciones practicadas dando traslado de las mismas.
Y siendo de aplicación los siguientes
CONSIDERANDO
Primero: que se cumplen los requisitos de admisibilidad del recurso presentado, interpuesto en tiempo y forma, y siendo competente para resolver el Consejero de Sanidad y Consumo.
Segundo: que la sanción impuesta al recurrente, en la condición que ostenta, tiene como norma habilitante lo dispuesto en el artículo 34 de la Ley 26/1984, de 19 de julio (B.O.E. nº 176), General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, en relación con el artículo 3º, apartados 3.3.1 y 3.3.4 del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio (B.O.E. nº 168), que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria, en concordancia con el Real Decreto 2.192/1984, de 28 de noviembre (B.O.E. nº 300), que aprueba el Reglamento de aplicación de las normas de calidad para las frutas y hortalizas frescas comercializadas en el mercado interior y Orden de 6 de julio de 1983 (B.O.E. nº 166) que aprueba la norma de calidad para patata de consumo destinada al mercado interior.
Tercero: que la determinación de la cuantía de la sanción impuesta, lo fue en el ejercicio por la Dirección General de Consumo de las atribuciones que le confiere el artº. 9, apartados k) y m), del Reglamento Orgánico de la Consejería de Sanidad y Consumo, aprobado por el Decreto 322/1995, de 10 de noviembre (B.O.C. nº 154), en concordancia con lo dispuesto en el artículo 36.1 de la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios.
Cuarto: que las alegaciones formuladas por el recurrente en su escrito de interposición del recurso, no pueden ser tomadas en consideración, pues no comportan justificación legal que permite modificar la calificación jurídica del hecho infractor comprobado y consiguiente apreciación de responsabilidad, y que, por tanto, no puede estimarse la petición de que se revoque la Resolución sancionadora del Director General de Consumo, por cuanto el artículo 27.1.a) de la Ley 26/1984, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, declara la responsabilidad del vendedor por los productos que tenga expuestos para su venta al público en cuanto al origen, identidad e idoneidad de los mismos, de acuerdo con su naturaleza y finalidad y con las normas que los regulan.
En consecuencia, el/la recurrente incurre en responsabilidad dado el incumplimiento comprobado de las disposiciones ya indicadas en el considerando segundo.
Quinto: que en virtud de las competencias atribuidas al titular del Departamento por el artº. 29.1.e) de la Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias, le compete al mismo resolver en última instancia, dentro de la vía administrativa, cuando no corresponda a una autoridad inferior, los recursos promovidos contra las resoluciones de los organismos y autoridades de la Consejería.
VISTOS
Además de los preceptos legales citados, el artículo 31.3 del Estatuto de Autonomía de Canarias, el Real Decreto 2.916/1983, de 19 de octubre, y los Decretos Territoriales 187/1995, de 20 de julio, de reestructuración de la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias y el posterior 322/1995, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Sanidad y Consumo, así como la legislación del procedimiento administrativo común y demás disposiciones de general o particular aplicación.
El Consejero de Sanidad y Consumo, en ejercicio de sus competencias,
ACUERDA:
Desestimar en todos sus términos el recurso ordinario interpuesto por D. José Déniz Viera, frente a la Resolución de la Dirección General de Consumo de fecha 3 de abril de 1997, recaída en el expediente nº 35/1697/96, por la que se le impone al recurrente una sanción de multa de setenta y cinco mil (75.000) pesetas, por lo que, consecuentemente, debe confirmar y así confirma la mencionada Resolución recurrida.
Contra el presente acto, que pone fin a la vía administrativa, podrá el interesado interponer recurso contencioso-administrativo, ante la Sala correspondiente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, dentro de un plazo de dos (2) meses, desde su notificación/publicación, previa la comunicación a la Consejería de Sanidad y Consumo exigida en el artículo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, sin perjuicio de cualquier otro que pudiera interponerse.- El Consejero de Sanidad y Consumo, Julio Bonis Álvarez.
5) ORDEN DE ESTA CONSEJERÍA QUE RESUELVE RECURSO ORDINARIO.
Visto el recurso ordinario interpuesto ante el Excmo. Sr. Consejero de Sanidad y Consumo por D. Santiago Pardo Quiroga, frente a la Resolución de la Dirección General de Consumo de fecha 11 de junio de 1997, recaída en el expediente nº 35/319/97 y que determinó la imposición de una sanción de multa de cien mil (100.000) pesetas, y
RESULTANDO
Primero: que el día 4 de diciembre de 1996, Inspectores de esta Dirección General de Consumo realizaron visita de inspección en Loft Repays Store, propiedad de D. Santiago Pardo Quiroga sito en el C.C. Cita, planta 2ª del término municipal de San Bartolomé de Tirajana; y mediante acta levantada al efecto nº 7.052 comprobaron que tenía expuesto para su venta al público en el escaparate diversas prendas de vestir: suéteres, pantalones, faldas y complementos careciendo de sus preceptivos marcados de los precios de venta al público.
Segundo: que incoado el oportuno expediente sancionador de conformidad con el Título IX de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. nº 285), y el artículo 13 del Reglamento de procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora, aprobado por el Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto (B.O.E. nº 189), se formuló Acuerdo de iniciación, en el que se imputaba al recurrente la infracción de lo dispuesto en el artº. 34.9 de la Ley 26/1984, de 19 de julio (B.O.E. nº 176), General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, y en relación con artículo 3º, apartado 3.3.4 del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio (B.O.E. nº 168), que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria, en concordancia con los artículos 2 y 8 del Real Decreto 2.160/1993, de 10 de diciembre, por el que se regula la indicación de precios de los productos ofrecidos a los consumidores y usuarios (B.O.E. nº 29, de 3 de febrero).
Tercero: que la Dirección General de Consumo resuelve sancionar al recurrente previo el trámite de Propuesta de Resolución a que se refiere el artículo 18 del Real Decreto 1.398/1993, en relación con el Título IX de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, con una sanción de multa de cien mil (100.000) pesetas.
Cuarto: que contra la precitada Resolución se interpone recurso ordinario ante el Excmo. Sr. Consejero de Sanidad y Consumo, que tiene entrada en este Departamento el día 3 de julio de 1997, exponiendo, en síntesis, el recurrente lo siguiente:
Que en el momento de la visita de los Inspectores al establecimiento, éste se encontraba cerrado al público por ser horario no comercial y, precisamente por ello no había persona alguna en la misma, que pudiera acompañar o colaborar con los Inspectores, o constatar in situ los hechos que se imputan, y es que si bien se habla de las obligaciones de los interesados en relación con las visitas efectuadas por los Inspectores en el Real Decreto 1.945/1983, artº. 14, último párrafo; en cambio no se dice nada sobre los derechos de los interesados en el momento de producirse las citadas inspecciones y levantarse las oportunas actas.
Que, existiendo un único escaparate a la vista al público y siendo éste de reducido tamaño, es práctica habitual de este establecimiento la sustitución de las mercaderías que se exponen cada cierto tiempo, coincidiendo el último cambio de escaparate con la visita girada por los Inspectores actuantes, por lo que es posible que sin concurrir mala fe, se haya producido un error meramente temporal, consistente en no dejar bien a la vista el precio de venta al público de las prendas expuestas, que hubiera sido subsanado en el instante en que el encargado de la tienda hubiera tenido constancia de ello.
Que no habiendo sido constatada a posteriori y dentro del horario comercial, la comisión de la infracción imputada, por parte de los Inspectores actuantes, creo necesario dejar constancia de este hecho a efectos de mi defensa.
Que no he tenido conocimiento de ninguna otra actuación en la zona comercial en que se halla mi establecimiento, llego a la conclusión de que existe una clara desigualdad en la actuación de los servicios de esa administración.
Quinto: que la Dirección General de Consumo informa sobre las actuaciones practicadas dando traslado de las mismas.
Y siendo de aplicación los siguientes
CONSIDERANDO
Primero: que se cumplen los requisitos de admisibilidad del recurso presentado, interpuesto en tiempo y forma, y siendo competente para resolver el Consejero de Sanidad y Consumo.
Segundo: que la sanción impuesta al recurrente, en la condición que ostenta, tiene como norma habilitante lo dispuesto en el artº. 34.9, de la Ley 26/1984, de 19 de julio (B.O.E. nº 176), General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, y en relación con el artículo 3º, apartado 3.3.4 del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio (B.O.E. nº 168), que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria, en concordancia con los artículos 2 y 8 del Real Decreto 2.160/1993, de 10 de diciembre, por el que se regula la indicación de precios de los productos ofrecidos a los consumidores y usuarios (B.O.E. nº 29, de 3 de febrero).
Tercero: que la determinación de la cuantía de la sanción impuesta, lo fue en el ejercicio por la Dirección General de Consumo de las atribuciones que le confiere el artº. 9, apartados k) y m), del Reglamento Orgánico de la Consejería de Sanidad y Consumo, aprobado por el Decreto 322/1995, de 10 de noviembre (B.O.C. nº 154), en concordancia con lo dispuesto en el artículo 36.1 de la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios.
Cuarto: que las alegaciones formuladas por el recurrente en su escrito de interposición del recurso no pueden ser tomadas en consideración, pues no comportan justificación legal que permite modificar la calificación jurídica del hecho infractor comprobado y consiguiente apreciación de responsabilidad, y que, por tanto, no puede estimarse la petición de que se revoque la Resolución sancionadora del Director General de Consumo, por cuanto el artículo 27.1.a) de la Ley 26/1984, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, en conexión con el artículo 130.1 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, declara la responsabilidad del vendedor por los productos que tenga expuestos para su venta al público en cuanto al origen, identidad e idoneidad de los mismos, de acuerdo con su naturaleza y finalidad y con las normas que los regulan.
En consecuencia, el/la recurrente incurre en responsabilidad dado el incumplimiento comprobado de las disposiciones ya indicadas en el Considerando segundo.
Quinto: que en virtud de las competencias atribuidas al titular del Departamento por el artº. 29.1.e) de la Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias, le compete al mismo resolver en última instancia, dentro de la vía administrativa, cuando no corresponda a una autoridad inferior, los recursos promovidos contra las resoluciones de los organismos y autoridades de la Consejería.
VISTOS
Además de los preceptos legales citados, el artículo 31.3 del Estatuto de Autonomía de Canarias, el Real Decreto 2.916/1983, de 19 de octubre, y los Decretos territoriales 187/1995, de 20 de julio, de reestructuración de la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias y el posterior 322/1995, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Sanidad y Consumo, así como la legislación del procedimiento administrativo común y demás disposiciones de general o particular aplicación.
El Consejero de Sanidad y Consumo, en ejercicio de sus competencias,
ACUERDA:
Desestimar en todos sus términos el recurso ordinario interpuesto por D. Santiago Pardo Quiroga, frente a la Resolución de la Dirección General de Consumo de fecha 11 de junio de 1997, recaída en el expediente nº 35/319/97, por la que se le impone al recurrente una sanción de multa de cien mil (100.000) pesetas, por lo que, consecuentemente, debe confirmar y así confirma la mencionada Resolución recurrida. Contra el presente acto, que pone fin a la vía administrativa, podrá el interesado interponer recurso contencioso-administrativo, ante la Sala correspondiente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, dentro de un plazo de dos (2) meses, desde su notificación/publicación, previa la comunicación a la Consejería de Sanidad y Consumo exigida en el artículo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, sin perjuicio de cualquier otro que pudiera interponerse.- El Consejero de Sanidad y Consumo, Julio Bonis Álvarez.
Santa Cruz de Tenerife, a 26 de octubre de 1998.- El Secretario General Técnico, Víctor Manuel Pérez Borrego.
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