Estás en:
Vista la reclamación administrativa presentada por D. Juan Francisco Bautista Ramírez, el día 30 de septiembre de 1997 y registrada con el número 10.281, en relación con el abono del importe de la cantidad a percibir con ocasión de haber impartido un curso que fue subvencionado por el ICFEM a la Fundación ECCA.
ANTECEDENTES
Primero.- Mediante Orden de 13 de septiembre de 1995, de convocatoria para la aprobación de contratos-programa de carácter trienal y convenios de colaboración, para la realización de acciones formativas y regulación de las bases para la concesión de subvenciones destinadas a financiar su coste, en el año 1995 (B.O. C. nº 123, de 22.9.95), la Fundación ECCA solicita la aprobación de un convenio de colaboración.
Segundo.- Mediante Resolución del Director del ICFEM nº 3496, de 14 de noviembre de 1995, por la que se resuelve parcialmente la Orden de 13 de septiembre de 1995, de convocatoria para la aprobación de contratos-programa de carácter trienal y convenios de colaboración, para la realización de acciones formativas y regulación de las bases para la concesión de subvenciones destinadas a financiar su coste, en el año 1995, se le asignan a la entidad Fundación ECCA, una serie de cursos entre los cuales figura el identificado con el número 160, correspondiente a la especialidad Experto en Comunidades Europeas.
Tercero.- El 29 de diciembre de 1995, se firma convenio de colaboración entre el Excmo. Sr. Presidente del ICFEM, y la Fundación ECCA.
Cuarto.- Con fecha 6 de junio de 1997, y número de registro 353, se expide certificación por el Servicio de Formación del ICFEM, a petición de D. Juan Francisco Bautista Ramírez, en la que se hace constar, a la vista de la documentación obrante en el Servicio de referencia, remitida por la Fundación ECCA, que forma parte del expediente administrativo correspondiente a la misma, que el referido Sr. figuraba como uno de los expertos en el curso nº 160, especialidad Experto en Comunidades Europeas, que se llevó a cabo por el centro colaborador Fundación ECCA desde el día 15 de enero de 1996 al 1 de agosto de 1996 y que tuvo una duración de 700 horas.
FUNDAMENTOS JURÍDICOS
Primero.- D. Juan Francisco Bautista Ramírez, reclama al ICFEM la cantidad de dos millones veintiséis mil seiscientas veinte (2.026.620) pesetas, cuantía que corresponde, de acuerdo con los términos expuestos en su reclamación, a la diferencia entre la cantidad que le fue hecha efectiva por la Fundación ECCA que, según indica en su reclamación consistió en 421.380 pesetas y la que a su parecer debía haber percibido, que calcula multiplicando 4.800 pesetas (importe de cada hora impartida) por el número de horas lectivas impartidas, deducida la retención que debía serle practicada del 15%.
Segundo.- La entidad beneficiaria de la subvención es la Fundación ECCA, puesto que fue ella la que suscribió el convenio de colaboración con el ICFEM, vinculando únicamente a ambas partes.
Tercero.- Entre los gastos subvencionables abonables a la entidad una vez justificados por éstas, se encuentran los de profesorado, recogidos en el anexo II de la Orden de 13 de septiembre de 1995. Para su determinación, el ICFEM, en la Resolución de concesión de subvención, citada en el antecedente segundo de la presente Resolución, fija un módulo determinado, mediante el cual, en razón del número de alumnos y al número de horas impartidas, se calcula el límite máximo subvencionable de los costes de profesorado que haya tenido la entidad, en relación con cada uno de los cursos que le hayan sido asignados.
No obstante, a lo indicado en el párrafo anterior, el importe máximo subvencionable en concepto de gastos de profesorado, no es otra cosa que eso, importe máximo a subvencionar a la entidad beneficiaria de la subvención, sin que la cantidad resultante sea la que obligatoriamente deba abonar la entidad al profesorado que contrata para la impartición de cursos, teniendo en cuenta que ésta podrá contratar el número de profesores que estime necesario, estableciendo, en atención a los criterios que considere necesarios respecto de cada curso, el importe que haya de abonar a ese profesorado, de acuerdo con la relación contractual que entable con éstos.
Cuarto.- La relación que haya tenido lugar entre la Fundación ECCA y D. Juan Francisco Bautista Ramírez, al objeto de impartir la acción formativa referenciada, así como los acuerdos a los que hayan podido llegar ambas partes, en relación con la cuantía que le iba a ser abonada con motivo de la impartición del curso, vinculan exclusivamente a la Fundación ECCA y D. Juan Francisco Bautista Ramírez, puesto que son los sujetos contratantes; por tanto, los problemas que se deriven de esta relación, deben ser resueltos entre las partes y, en su caso, ante la jurisdicción competente.
El ICFEM sólo tiene constancia de que el reclamante actuó como experto, a la vista de la documentación que la entidad tenía la obligación de presentar, para conformar el expediente administrativo correspondiente a la concesión de la subvención que le fue otorgada para financiar el curso 160, especialidad Experto en Comunidades Europeas, donde figuran una serie de fichas tales como: ficha de Datos Generales del Centro y del Curso, en la que consta el nombre del personal docente que impartió el mismo, ficha de personal docente correspondiente al reclamante y fichas de programación, remitidas por la entidad, en las que se menciona a D. Juan Francisco Bautista Ramírez como docente del referido curso y, en virtud de las cuales, se expidió la certificación solicitada por éste.
En uso de las facultades que la vigente legislación me confiere
R E S U E L V O:
Desestimar la reclamación administrativa interpuesta por D. Juan Francisco Bautista Ramírez, contra el Instituto Canario de Formación y Empleo (ICFEM), en relación con las cantidades que le fueron abonadas por la entidad Fundación ECCA, correspondientes a la impartición del curso identificado con el nº 160, Experto en Comunidades Europeas, en el que intervino como experto, al no existir relación que vincule al ICFEM con D. Juan Francisco Bautista Ramírez, de la cual se deriven derechos de contenido económico por parte de éste.
Contra la presente Resolución que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso ordinario ante el Consejero de Empleo y Asuntos Sociales del Gobierno de Canarias en el plazo de un mes, de acuerdo con lo establecido en el artículo 114.2 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, sin perjuicio de poder interponer cualquier otro recurso que estime procedente.
Santa Cruz de Tenerife, a 25 de junio de 1998.- El Director, Francisco Zumaquero García.
© Gobierno de Canarias