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BOC Nº 156. Lunes 14 de Diciembre de 1998 - 1850

III. OTRAS RESOLUCIONES - Consejería de Economía y Hacienda

1850 - DECRETO 219/1998, de 1 de diciembre, por el que se autoriza el otorgamiento de aval de Tesorería de la Comunidad Autónoma de Canarias a la empresa Hormigones Insulares, S.A. (Horinsa) por un importe de ciento cincuenta millones (150.000.000) de pesetas.

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La empresa Hormigones Insulares, S.A. (Horinsa) ha presentado solicitud de aval de Tesorería de la Comunidad Autónoma de Canarias, por importe de ciento cincuenta millones (150.000.000) de pesetas, con el objeto de garantizar la ejecución de las obras “Modificado nº 2 Acondicionamiento de la Carretera GC-730, Tramo Monumento al Campesino-Uga. Isla de Lanzarote”, incluida en el anexo V de la Ley 5/1996, de 27 de diciembre. La Ley territorial 13/1997, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 1998, en su artículo 28.2.j) establece que la Comunidad Autónoma de Canarias podrá prestar aval a los contratistas adjudicatarios de obras de infraestructura del artículo 19 de la Ley 5/1996, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 1997, por un importe máximo de cuatro mil millones (4.000.000.000) de pesetas, para garantizar la ejecución de las obras del anexo V de dicha Ley.

Considerando que dicha obra ha sido declarada por la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Aguas como de utilidad pública en virtud del artículo 13.1 de la Ley territorial 9/1991, de 8 de mayo, de Carreteras de Canarias.

En su virtud, a propuesta conjunta de los Consejeros de Economía y Hacienda y de Obras Públicas, Vivienda y Aguas y previa deliberación del Gobierno en su reunión del día 1 de diciembre de 1998,

D I S P O N G O:

Primero.- 1. Se autoriza el otorgamiento de aval de Tesorería a la empresa Hormigones Insulares, S.A. (Horinsa) hasta el límite máximo de ciento cincuenta millones (150.000.000) de pesetas, con el objeto de garantizar la ejecución de la obra “Modificado nº 2 Acondicionamiento de la Carretera GC-730, Tramo Monumento al Campesino-Uga. Isla de Lanzarote”, incluida en el anexo V de la Ley 5/1996, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 1997.

2. Se declara de interés para la Comunidad Autónoma de Canarias la ejecución de la obra citada en el apartado anterior.

Segundo.- 1. El aval que se autoriza garantizará a la entidad acreedora el cumplimiento de la obligación de reembolso de las cantidades adeudadas en concepto de préstamo por amortización del principal de la operación que se adeude en cada momento y los intereses remuneratorios devengados de dicha operación al tipo nominal anual expresado sobre el capital pendiente en cada momento, hasta el importe máximo fijado en el apartado primero, excluyéndose los intereses de demora, comisiones y accesorios derivados de la operación.

2. La Comunidad Autónoma de Canarias avalará las obligaciones contraídas por la acreditada en virtud de la operación de préstamo garantizada sin renuncia al beneficio de excusión, orden y división.

Tercero.- La fianza tendrá la misma duración que se establezca en el contrato de crédito formalizado, terminando sus efectos una vez reintegradas totalmente a la entidad acreedora, las cantidades percibidas por la acreditada. Cuarto.- La Tesorería de la Comunidad Autónoma de Canarias, por el aval que se preste, responderá, hasta un importe máximo de ciento cincuenta millones (150.000.000) de pesetas, de la obligación de pago por todos los conceptos y en los términos previstos en los apartados segundo y tercero de este Decreto.

Quinto.- 1. El contrato de crédito sobre el que recaiga el aval que se autoriza deberá formalizarse en el presente ejercicio presupuestario.

Las cláusulas del contrato de crédito que prevean condiciones de garantía por la Administración autonómica distintas a las que se consignen en el documento de formalización del aval y en el Decreto de autorización carecerán de toda eficacia frente a la Administración autonómica.

2. El contrato de crédito, base del afianzamiento que se autoriza, constituirá parte esencial de este contrato, quedando incorporado al mismo una copia autorizada de aquél.

Sexto.- 1. Se faculta al Consejero de Economía y Hacienda para formalizar el documento de aval en las condiciones y circunstancias establecidas en este Decreto.

2. La empresa avalada queda obligada a entregar una copia del contrato de aval a la entidad acreedora.

Séptimo.- 1. La Consejería de Economía y Hacienda podrá requerir, a la entidad de crédito prestamista, información detallada sobre el cumplimiento por parte de las entidades prestatarias de las obligaciones derivadas de la operación de crédito avalada por la Comunidad Autónoma de Canarias.

2. La entidad acreedora queda expresamente obligada a notificar de forma fehaciente la falta de pago de la acreditada en el plazo de 15 días naturales, contados a partir del día siguiente a aquel en que se produzca el vencimiento del plazo conferido en el contrato de préstamo para proceder al abono de cada una de las cuotas de amortización de capital e intereses pactados. El incumplimiento de esta obligación determinará la ineficacia en su totalidad del afianzamiento.

Octavo.- Todos los gastos e impuestos derivados de la autorización y formalización del aval de Tesorería serán de la cuenta exclusiva de la empresa avalada.

Noveno.- El documento de aval habrá de ser suscrito por la entidad prestamista y prestataria en prueba de conocimiento y aceptación de las condiciones de garantía.

Décimo.- La empresa avalada facilitará la inspección y control que ejercerá la Consejería de Economía y Hacienda en colaboración con la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Aguas, en orden a verificar las inversiones financiadas con el préstamo o crédito avalado, al objeto de comprobar su aplicación y rentabilidad, así como la solvencia de la empresa avalada, pudiendo para ello verificar los documentos que se consideren oportunos.

Undécimo.- El aval autorizado por el presente Decreto surtirá efecto desde la formalización del correspondiente documento de aval.

Duodécimo.- Se autoriza al Consejero de Economía y Hacienda para dictar cuantas resoluciones sean oportunas en orden a la ejecución del presente Decreto.

Contra el presente Decreto, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la correspondiente Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia Canarias, en el plazo de 2 meses a contar desde el día siguiente al de su notificación/publicación en el Boletín Oficial de Canarias, previa la comunicación al Gobierno de Canarias exigida por el artículo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

Dado en Santa Cruz de Tenerife, a 1 de diciembre de 1998.

EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO, Manuel Hermoso Rojas.

EL CONSEJERO DE ECONOMÍA Y HACIENDA, José Carlos Francisco Díaz.

EL CONSEJERO DE OBRAS PÚBLICAS, VIVIENDA Y AGUAS, Antonio Ángel Castro Cordobez.

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