BOC - 1998/153. Lunes 7 de Diciembre de 1998 - 4073

IV. ANUNCIOS - Otros anuncios - Consejería de Turismo y Transportes

4073 - Secretaría General Técnica.- Anuncio por el que se hace pública la Resolución de 5 de octubre de 1998, sobre notificación de la Resolución de 25 de junio de 1998, de este Centro Directivo, relativa al recurso ordinario nº 590/97, interpuesto por D. Vicente Rodríguez Hernández, en representación de Electrónica Aguere, S.L.

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Vistos los repetidos intentos de notificación de la citada Resolución en el domicilio que figura en el expediente incoado por el correspondiente Centro Directivo de la mencionada Consejería, sin que haya sido recibida por la recurrente-interesada.

Visto lo establecido en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,

R E S U E L V O:

Primero.- Notificar a D. Vicente Rodríguez Hernández, en representación de Electrónica Aguere, S.L., la Resolución de 25 de junio de 1998 (libro nº 1, folio 72, nº 383), que figura como anexo de esta Resolución, por la que se resolvió el recurso ordinario nº 590/97 (expediente nº TF-0385-0-97), interpuesto contra la Resolución de la Dirección General de Transportes de fecha 20 de noviembre de 1997.

Segundo.- Remitir al Ayuntamiento de La Laguna (Tenerife) la presente Resolución para su anuncio en el tablón de edictos correspondiente.

Santa Cruz de Tenerife, a 5 de octubre de 1998.-La Secretaria General Técnica, Rosa María Rodríguez Martín.

A N E X O

Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Turismo y Transportes por la que se resuelve recurso ordinario interpuesto por D. Vicente Rodríguez Hernández en representación de Electrónica Aguere, S.L. Visto el recurso ordinario formulado por D. Vicente Rodríguez Hernández en representación de Electrónica Aguere, S.L., contra la Resolución de la Dirección General de Transportes de fecha 20 de noviembre de 1997, recaída en el expediente sancionador nº TF-0385-0-97, y teniendo a la vista los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- La Resolución recurrida se basa fácticamente en realizar el vehículo TF-2300-0 un transporte privado complementario de mercancías, careciendo de los distintivos exigidos por la normativa vigente, dando lugar a la sanción de quince mil (15.000) pesetas.

Segundo.- El recurso ordinario interpuesto alega que no ha habido mala fe, ni intento de saltarse la normativa vigente, sino todo lo contrario, siempre han querido tener los documentos en orden y cumplir con las normas establecidas. En este caso han tenido la mala fortuna de no haber contado con el conocimiento de esta normativa, de lo contrario, seguro que esos distintivos hubiesen estado en regla, solicitando, en definitiva, se deje sin efecto la sanción impuesta.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- La Secretaría General Técnica de la Consejería de Turismo y Transportes es competente para conocer y resolver el presente recurso en virtud de lo dispuesto en la Orden Departamental de fecha 9 de octubre de 1995 (B.O.C. nº 136, de 23.10.95) por la que se le delega la competencia de resolución de los recursos administrativos interpuestos contra actos dictados por órganos del Departamento en materia de turismo y transportes.

Segundo.- La tramitación del expediente sancionador ha sido substanciada de conformidad con lo previsto en el Capítulo IV del Título VI del Real Decreto 1.211/1990, de 28 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento que desarrolla la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, según nueva redacción dada al mismo en el anexo I del Real Decreto 1.772/1994, de 5 de agosto, por el que se adecuan determinados procedimientos administrativos en materia de transportes y carreteras a la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Tercero.- Las argumentaciones esgrimidas por el recurrente en nada alteran los hechos y preceptos infringidos obrantes en la Resolución de la Dirección General de Transportes de fecha 20 de noviembre de 1997, que se adoptó en base a lo dispuesto en el artículo 142.c) de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres y el artículo 198.c) del Real Decreto 1.211/1990, de 28 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de la citada Ley, por los que se considera infracción administrativa leve, no llevar en lugar visible del vehículo los distintivos exigidos por la normativa vigente, relativos al tipo de transporte que aquél esté autorizado a realizar, o llevarlos en condiciones que dificulten su percepción.

Encontrándose el vehículo denunciado, dado el transporte que realizaba encuadrado dentro de los que, a tenor del artículo 1 de la Orden Ministerial de 25.10.90, deberían encontrarse permanentemente identificados mediante los distintivos que resultan pertinentes, conforme a los artículos 2 y 3 de la misma, refiriéndose el artículo 2 a las características con que deben contar los distintivos, dependiendo del radio de acción territorial a que se refieran, y el artículo 3, al color de los distintivos, según la clase de autorización de transporte y de las características del vehículo con que el mismo se realice, constituyendo la carencia de esa identificación una infracción leve a la normativa de transportes vigente, en base a lo dispuesto en los artículos 7 de la citada Orden Ministerial de 25.10.90, 142.c) de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres y 199.c) del Reglamento que lo desarrolla, que engloban en el mismo tipo infractor: el no llevar en lugar visible del vehículo los distintivos exigidos por la normativa vigente, relativos al tipo de transporte que aquel esté autorizado a realizar, o llevarlos en condiciones que dificulten su percepción, así como la utilización inadecuada de los referidos distintivos.

Tras ponderada valoración de los elementos probatorios consignados en el expediente sancionador que examinamos, queda suficientemente acreditado que el vehículo matrícula TF-2300-U realizaba en el momento de ser denunciado un transporte privado complementario de mercancías, careciendo de los distintivos exigidos por la normativa vigente, habiendo incurrido la entidad expedientada en responsabilidad administrativa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 138 de la citada Ley 16/1987, sin que lo alegado o aportado por la recurrente haya desacreditado la presunción de veracidad “iuris tantum” de los hechos infractores recogidos en el boletín de denuncia (artículos 137.3 y 46.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común), formulada por agente de la Guardia Civil, Agrupación de Tráfico, que, de conformidad con lo establecido en el artículo 32.2 de la Ley de Ordenación de Transportes Terrestres, prestan la cooperación necesaria a los miembros de la inspección del transporte terrestre para un eficaz cumplimiento de sus funciones, es por lo que, al haberse hecho efectiva la responsabilidad aludida en la resolución sancionadora impugnada, procede su confirmación, dado su conformidad a Derecho.

Cuarto.- La presente Resolución no ha sido dictaminada por el Servicio Jurídico del Gobierno de Canarias, por suscitarse en el recurso cuestiones de Derecho ya resueltas en otros anteriores, de acuerdo con el artículo 20.g) del Decreto 19/1992, de 7 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento de dicho Servicio Jurídico.

Vistos los preceptos legales citados, concordantes y demás de general aplicación,

R E S U E L V O:

Desestimar en todos sus términos el recurso ordinario promovido por D. Vicente Rodríguez Hernández en representación de Electrónica Aguere, S.L. y confirmar la Resolución de la Dirección General de Transportes de fecha 20 de noviembre de 1997, recaída en el expediente sancionador nº TF-0385-0-97, que determinó la imposición de una sanción de quince mil (15.000) pesetas, manteniéndose, en consecuencia, todos sus pronunciamientos.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, cabe recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, a interponer en el plazo de dos meses desde su notificación, previa la comunicación al órgano que dictó la presente Resolución exigida en el artículo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y sin perjuicio de cualquier otro que pudiera interponerse.- La Secretaria General Técnica, p.d., Orden de 9 de octubre de 1995 (B.O.C. nº 136, de 23.10.95), Rosa María Rodríguez Martín.



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