BOC - 1998/150. Lunes 30 de Noviembre de 1998 - 1765

III. OTRAS RESOLUCIONES - Consejería de Industria y Comercio

1765 - ORDEN de 2 de septiembre de 1998, por la que se otorga a Gasificadora Regional Canaria, S.A., la concesión administrativa para el servicio público de la distribución y suministro de aire propanado convertible a gas natural en la localidad de San Bartolomé de Tirajana, para usos domésticos, comerciales e industriales.

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Vista la solicitud presentada el día 5 de septiembre de 1997 en la Consejería de Industria y Comercio por la entidad Desarrollo Energético Canario, S.A. de concesión administrativa para el servicio público de la distribución y suministro de aire propanado canalizado convertible a gas natural con destino al mercado doméstico, comercial e industrial en el núcleo urbano de San Bartolomé de Tirajana, así como la documentación técnica aportada.

Vista la solicitud presentada el día 6 de octubre de 1997, dentro del trámite de información pública, en la Consejería de Industria y Comercio por la entidad Gasificadora Regional Canaria, S.A. de concesión administrativa para el servicio público de la distribución y suministro de aire propanado canalizado convertible a gas natural con destino al mercado doméstico, comercial e industrial en el núcleo urbano de San Bartolomé de Tirajana, así como la documentación técnica aportada.

Vista la solicitud presentada el día 1 de diciembre de 1997, dentro del trámite de información pública, en la Consejería de Industria y Comercio por la entidad Distribuidora Industrial, S.A., de concesión administrativa para el servicio público de la distribución y suministro de aire propanado canalizado convertible a gas natural con destino al mercado doméstico, comercial e industrial en el núcleo urbano de San Bartolomé de Tirajana, así como la documentación técnica aportada.

Visto el informe-técnico de fecha 19 de agosto de 1998 emitido por los Servicios Territoriales de la Consejería de Industria y Comercio sobre la concesión administrativa para la prestación del precitado servicio público, donde se incluye un análisis comparativo de las empresas peticionarias de la referida concesión administrativa en relación con su solvencia económico-financiera y su capacidad técnica.

Vista la Ley 10/1987, de 15 de junio, de disposiciones básicas para un desarrollo coordinado de actuaciones en materia de combustibles gaseosos; y el Decreto 2.913/1973, de 26 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General del Servicio Público de Gases Combustibles.

Considerando que la Consejería de Industria y Comercio es el Departamento competente para resolver el expediente de referencia, de conformidad con lo establecido en los Reales Decretos 2.578/1982, de 24 de julio, y 2.091/1984, de 26 de septiembre, sobre transferencias de competencias, funciones y servicios de la Administración del Estado, y a tenor de lo prevenido en el Decreto 232/1995, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el vigente Reglamento Orgánico de la Consejería de Industria y Comercio.

Considerando que se han cumplido todos los trámites previstos en el Capítulo III de la Ley 10/1987, de 15 de junio, y en el Capítulo II del Decreto 2.913/1973, de 26 de octubre.

Considerando que el artículo 7 de la Ley 10/1987, dispone que sólo podrán otorgarse a entidades públicas o privadas que justifiquen documentalmente su capacidad técnica y solvencia económica y financiera para la correcta prestación del servicio solicitado.

Considerando que del análisis de los criterios de capacidad técnica y solvencia económico-financiera de las empresas competidoras para la correcta prestación del servicio público solicitado se puede deducir lo siguiente:

I. CAPACIDAD TÉCNICA.

En el procedimiento administrativo ha quedado acreditado documentalmente que Gasificadora Regional Canaria, S.A. cuenta con una avalada experiencia técnica en la distribución de gas canalizado, demostrada por el hecho de que su accionista Endesa Gas, S.A. ya presta dicho servicio a un gran número de poblaciones de distintas Comunidades Autónomas (Aragón, Baleares, Extremadura, Andalucía y Castilla y León).

II. SOLVENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA.

A) SOLVENCIA ECONÓMICA.

En el procedimiento administrativo ha quedado acreditado documentalmente que el proyecto de Gasificadora Regional Canarias, S.A. contiene unas previsiones más acordes con la realidad para la correcta prestación del servicio en relación con el resto de los proyectos analizados, basándose todo ello en criterios de mercado captable, consumos medios, grados de penetración previstos, ventas, inversiones y la evolución gradual de todos estos parámetros.

B) SOLVENCIA FINANCIERA.

La entidad Gasificadora Regional Canaria, S.A. ha acreditado documentalmente tener un mayor respaldo financiero que el resto de los competidores, toda vez que en su capital social participa la Caja de Ahorros Insular de Canarias y la Caja de Ahorros de Canarias, ello implica que el proyecto de la antedicha empresa se pueda desarrollar con garantía financiera suficiente. Considerando que respecto a los precios de compra y venta de energía, no procede realizar evaluación o consideración alguna, ya que los mismos se encuentran en la actualidad regulados por la Administración Pública competente, previéndose en el nuevo marco legal que continúen bajo ese mismo régimen de precios, al menos, durante quince años.

Considerando el previsible desarrollo del sector gasista en la Comunidad Autónoma de Canarias, debe valorarse también para el otorgamiento de la concesión de referencia las perspectivas de futuro, así como la visión global que plantea el proyecto de Gasificadora Regional Canaria, S.A. que garantiza una mayor implantación del servicio público de distribución de gas.

Considerando que la oposición de DISA al proyecto presentado por Gasificadora Regional Canaria, S.A. durante la instrucción del procedimiento administrativo debe ser rechazada, por cuanto no expone las razones que fundamenta la afirmación de que la petición de Gasificadora Regional Canaria, S.A. no se ajusta a la legalidad vigente, por tanto, esta falta de motivación conduce a la desestimación de la pretensión de DISA.

Visto el informe de fecha 27 de agosto de 1998 de la Dirección General de Industria y Energía, así como el informe de fecha 1 de septiembre de 1998 de la Secretaría General Técnica, en el ejercicio de sus competencias,

R E S U E L V O:

Otorgar a Gasificadora Regional Canaria, S.A. la concesión administrativa para el servicio público de la distribución y suministro de aire propanado convertible a gas natural en la localidad de San Bartolomé de Tirajana para usos domésticos, comerciales e industriales, en la forma, condiciones y con los requisitos que se establecen a continuación:

Primera.- El concesionario deberá sustituir el suministro de aire propanado a gas natural tan pronto como resulte técnica y económicamente viable y, en cualquier caso, en el plazo de seis meses desde que exista disponible dicho combustible, para su explotación en distribución en la isla de Gran Canaria.

La Consejería de Industria y Comercio del Gobierno de Canarias podrá solicitar al concesionario, siempre que lo considere conveniente, informe justificativo de la viabilidad de dicha sustitución, para estudiar su procedencia.

Segunda.- Las características técnicas básicas de la instalación objeto de esta concesión serán las siguientes: • Planta de almacenamiento de propano, con capacidad para 2 x 115 m3.

• Estación de regulación y medida (APA/MPB), con 2 líneas de 2 x 500 m3 (n)/h, más una línea de reserva de igual caudal nominal.

• Equipos de trasvase, vaporización y mezcla para la producción de aire propanado.

• Red primaria de distribución construida con tubería de polietileno de media densidad de diámetros nominales de 200 y 160 milímetros, con una longitud de 18.740 m.

• Red secundaria de distribución destinada a conectar a los diferentes inmuebles con la red primaria, construida con tubería de polietileno de media densidad de diámetros nominales entre 90 y 32 milímetros.

• El presupuesto de la instalación asciende a 473.375.138 pesetas.

Tercera.- Las características del aire propanado a emplear para el suministro, conducción y distribución de la presente concesión serán:

• Índice de Wobbe comprendido entre 9.860 y 13.850 Kcal/Nm3, estando clasificado dicho gas, por sus características físico-químicas, en la segunda familia de acuerdo con la norma UNE-60.002.

• Presión máxima de la red de distribución 0,4 bar siendo la presión mínima garantizada de 0,05 bar.

• Contenido en ácido sulfúrico no superior a 1,5 miligramos por metro cúbico normal.

• El contenido de monóxido de carbono será, en todo momento, inferior al 3,5%.

• El gas será odorizado.

Cuarta.- El concesionario constituirá en el plazo de dos meses una fianza por valor de 9.467.503 pesetas, importe del dos por ciento del presupuesto que figura en el expediente, para garantizar el cumplimiento de sus obligaciones. Dicha fianza se constituirá en la Caja General de Depósitos del Gobierno de Canarias, en metálico o en valores del Estado o mediante aval bancario; según lo dispuesto en el artículo 11, apartado 3, del Decreto 1.775/1967, de 22 de julio (B.O.E. de 25) o mediante el contrato de seguro concertado con Entidades de Seguros de las sometidas a la Ley 33/1984, de 2 de agosto, sobre Ordenación del Seguro Privado, y al Real Decreto-Legislativo 1.255/1986, de 6 de junio, de adaptación a los compromisos derivados del Tratado de Adhesión de España a la CEE (B.O.E. de 27 de junio de 1986). El concesionario deberá remitir a la Dirección General de Industria y Energía de este Departamento la documentación acreditativa del depósito de dicha fianza para su constancia en el expediente.

La fianza será devuelta al concesionario una vez que, autorizadas las instalaciones y construidas en los plazos que se establezcan en la autorización para el montaje de las mismas, la Dirección Territorial de Industria y Energía formalice el Acta de puesta en marcha de las instalaciones.

Quinta.- De acuerdo con los artículos 9º y 21º del vigente Reglamento General del Servicio Público de Gases Combustibles, aprobado por Decreto 2.913/1973, de 26 de octubre, dentro del plazo de un año contado a partir de la fecha de notificación de la presente, el concesionario deberá solicitar de la Dirección Territorial de Industria y Energía la autorización para la construcción y el montaje de las instalaciones, presentando el correspondiente proyecto técnico constructivo y de detalle de las mismas, que incluya un plan de ejecución. El concesionario deberá iniciar el suministro de aire propanado en el plazo de un mes contado a partir de la fecha en que la Dirección Territorial de Industria y Energía formalice el Acta de puesta en marcha de las instalaciones.

Sexta.- Las instalaciones deberán estar preparadas para responder a los avances tecnológicos en el campo del gas y lograr abastecimientos más flexibles y seguros. A este fin los sistemas de distribución del gas deberán ser objeto de una progresiva modernización y perfeccionamiento, adaptándose a las directrices que marquen los organismos competentes.

La red de distribución deberá reunir las condiciones técnicas necesarias para poder utilizar gas natural u otros gases intercambiables, y las instalaciones deberán cumplir las Normas Generales para la puesta en servicio de instalaciones de gas combustible, según la Orden de 17 de diciembre de 1985 (B.O.E. de 9 de enero de 1986).

El cambio de las características del gas suministrado, o la sustitución por otro intercambiable, requerirá la autorización de la Dirección General de Industria y Energía de acuerdo con el artículo 8º, apartado c), del Reglamento General del Servicio Público de Gases Combustibles, aprobado por Decreto 2.913/l973, de 26 de octubre.

Séptima.- La prestación de los suministros de gas deberá efectuarse con arreglo a lo previsto en el capítulo V del repetido Reglamento General del Servicio Público de Gases Combustibles y en especial en el artículo 34 del mismo, por el que el concesionario vendrá obligado a efectuar el suministro y realizar las ampliaciones necesarias para atender a cualquier peticionario que solicite el servicio, en los términos de la presente concesión. En el caso de que el concesionario se negase a prestar el suministro solicitado alegando insuficiencia de medios técnicos, comprobará si tiene fundamento técnico esta negativa, haciendo obligatorio, en caso contrario, el suministro.

Octava.- El concesionario deberá mantener un correcto estado de las instalaciones, reparación de averías, reclamaciones y en general, de atención a los usuarios, siendo responsable de la conservación y buen funcionamiento de las instalaciones, conforme a lo dispuesto en el artículo 27 del Reglamento General del Servicio Público de Gases Combustibles, que impone obligaciones y responsabilidades tanto al concesionario como a las demás personas físicas o entidades relacionadas con la instalación o el suministro de la misma.

Novena.- La determinación de las tarifas de aplicación del suministro de gas se regirá, en todo momento, por el Capítulo V de la Ley 10/1987, de 15 de junio, de Disposiciones Básicas para un Desarrollo Coordinado en Materia de Combustibles Gaseosos. Sin perjuicio de lo anterior, el concesionario queda sujeto a cuantas prescripciones se establezcan reglamentariamente, así como al modelo de Póliza vigente y a cuantas otras disposiciones hayan sido dictadas, o se dicten, por el Ministerio de Industria y Energía y por esta Consejería, sobre suministro de gases combustibles y sus instalaciones.

Décima.- La presente concesión se otorga por un plazo de 50 años contados a partir de la fecha de publicación de esta Orden en el Boletín Oficial de Canarias durante el cual el concesionario podrá efectuar el suministro y la distribución de aire propanado mediante las instalaciones a que se ha hecho referencia, según el proyecto presentado y los términos de la presente concesión.

Dichas instalaciones revertirán al Gobierno de Canarias al terminar el plazo otorgado en esta concesión o la prórroga o prórrogas que puedan otorgarse de acuerdo con el artículo 16 del Reglamento General del Servicio Público de Gases Combustibles.

Undécima.- En el trámite de aprobación del proyecto técnico constructivo y de detalle, la Dirección Territorial de Industria y Energía podrá imponer al concesionario condicionantes técnicos específicos, que habrán de tenerse en cuenta para la ejecución de la instalación.

Duodécima.- Por la Dirección Territorial de Industria y Energía correspondiente se cuidará el exacto cumplimiento de las condiciones estipuladas por esta Orden, y de los condicionantes técnicos impuestos al proyecto.

Una vez autorizadas y construidas las instalaciones, la Dirección Territorial de Industria y Energía podrá inspeccionar las obras y montajes que se efectúen y, al finalizar éstas, y después de haber comprobado que el concesionario ha entregado el certificado final de obra de las instalaciones (firmado por Técnico competente y visado por el Colegio Oficial correspondiente), levantará Acta sobre dichos extremos que habrá de remitir seguidamente a la Dirección General de Industria y Energía.

Los reconocimientos, ensayos y pruebas, de carácter general o parcial, que según las disposiciones en vigor hayan de realizarse en las instalaciones comprendidas en la zona de concesión, deberán ser comunicados por el concesionario a la Dirección Territorial de Industria y Energía con la debida antelación. A efectos del levantamiento del Acta de puesta en marcha, dicha comunicación deberá efectuarse antes de proceder al relleno de las zanjas previstas para el tendido de las canalizaciones, o con anterioridad a la realización de las operaciones que posteriormente dificulten la inspección de cualquier instalación objeto de esta concesión.

Decimotercera.- Serán causa de extinción de la presente concesión además de las señaladas en el apartado e) del artículo séptimo de la Ley 10/1987, de 15 de junio:

a) El incumplimiento del apartado b) del artículo séptimo de la mencionada Ley 10/1987.

b) Si no se llevasen a cabo las instalaciones de acuerdo con las condiciones impuestas en esta Orden.

Sin embargo, si por evolución de la técnica de distribución de gas, por utilización de diferentes primeras materias, o por otras causas, no fuese adecuado el mantenimiento de alguna o algunas de las instalaciones objeto de la presente Orden, el concesionario podrá solicitar de la Consejería de Industria y Energía:

1. Autorización para la modificación o sustitución de las instalaciones, sin alterar las restantes condiciones de la concesión y con la misma fecha de reversión que las instalaciones sustituidas, o bien,

2. El otorgamiento de la correspondiente concesión para las nuevas instalaciones, si por la importancia de las inversiones que las mismas supongan no pudiese obtener una compensación económica adecuada durante el plazo que restase para la caducidad de la concesión antes mencionada. Decimocuarta.- El otorgamiento de la concesión, de conformidad con el artículo décimo de la Ley 10/1987, sobre normas básicas para un desarrollo coordinado de actuaciones en el sector de combustibles, lleva implícita la declaración en concreto de utilidad pública y la necesidad de urgente ocupación a efectos de expropiación forzosa de los bienes y derechos necesarios para el establecimiento de las instalaciones y de la imposición y ejercicio de la servidumbre de paso y demás limitaciones de dominio, una vez sean autorizadas las instalaciones.

Decimoquinta.- La empresa concesionaria deberá aportar póliza de responsabilidad civil por daños a terceros concertada con una compañía de seguros que cubra los riesgos que puedan derivarse de la instalación objeto de esta concesión por un importe mínimo de 100 millones de pesetas.

Decimosexta.- Las instalaciones a establecer cumplirán las disposiciones y normas técnicas que en general sean de aplicación.

Decimoséptima.- Esta concesión se otorga sin perjuicio e independientemente de las autorizaciones, licencias o permisos de competencia municipal, provincial u otros, necesarios para la realización de las obras de las instalaciones de gas.

Decimoctava.- El concesionario, para transferir la titularidad de la concesión, deberá obtener previamente autorización de la Consejería de Industria y Comercio, y se deberán cumplir las obligaciones prescritas en la concesión y ajustarse a lo establecido en el apartado d) del artículo séptimo de la Ley 10/1987, de 15 de junio.

Notifíquese a los interesados.

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía administrativa, cabe recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, a interponer en el plazo de dos meses con arreglo a lo establecido en la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956, así como por la Ley 38/1988, de 28 de diciembre, de Demarcación y Planta Judicial, previa comunicación del mismo a este Departamento, conforme dispone el artículo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de cualquier otro que pudiera interponerse.

Las Palmas de Gran Canaria, a 2 de septiembre de 1998.

EL CONSEJERO DE INDUSTRIA Y COMERCIO, Alfredo Vigara Murillo.



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