BOC - 1998/144. Lunes 16 de Noviembre de 1998 - 3816

IV. ANUNCIOS - Otros anuncios - Consejería de Turismo y Transportes

3816 - Dirección General de Ordenación e Infraestructura Turística.- Anuncio por el que se hace pública la Resolución de 24 de agosto de 1998, sobre notificación de Resolución a titulares de empresas y actividades turísticas de ignorado domicilio.

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Habiéndose intentado por esta Dirección General sin haberse podido practicar, la notificación de la Resolución recaída en el expediente incoado con motivo de denuncias o actas de inspección formuladas contra los titulares de empresas y actividades turísticas que se relacionan, conforme al artº. 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y siendo precisa su notificación a los efectos de que aleguen lo que a su derecho convenga,

R E S U E L V O:

1.- Notificar a los titulares de establecimientos y actividades turísticas que se citan, la Resolución recaída en el expediente que les ha sido instruido por infracción a la legislación en materia turística.

2.- Remitir al Ayuntamiento de las poblaciones que se citan, la presente Resolución para su publicación en el tablón de edictos correspondiente.

Las Palmas de Gran Canaria, a 24 de agosto de 1998.- El Director General de Ordenación e Infraestructura Turística, p.o., el Viceconsejero de Turismo (Orden de 10.8.98), Juan Carlos Becerra Robayna. RESOLUCIÓN QUE SE CITA:

Libro nº 2 de Resoluciones de la Dirección General de Ordenación e Infraestructura Turística, folio 133, nº 393.

Resolución de 19 de mayo de 1998, de la Dirección General de Ordenación e Infraestructura Turística, recaída en el expediente sancionador nº 97/182, instruido a D. John Beesley, titular de la explotación turística del establecimiento denominado Bar Big Ben.

Examinado el expediente sancionador tramitado por el Servicio de Inspección y Sanciones, instruido a D. John Beesley, por Resolución de iniciación del Director General de Ordenación e Infraestructura Turística, de 23 de julio de 1997, como consecuencia de la Hoja de Reclamación nº 2752, formulada por Dña. Águeda Borges García y del acta de inspección nº 7789 de 7 de noviembre de 1996.

Vista la propuesta formulada por el Instructor del expediente sancionador consignado.

Teniendo en cuenta los siguientes

I. ANTECEDENTES

1º) Que con fecha 10 de mayo de 1996, se recibió en esta Consejería, denuncia contra el Bar Big Ben sobre ruidos y molestias a la clientela. 2º) Que para comprobar los hechos denunciados, el 7 de noviembre de 1996, se personó en el establecimiento de referencia, sito en el Centro Comercial Jardín del Sol, 86-C, en Playa del Inglés, término municipal de San Bartolomé de Tirajana, el Servicio de Inspección de esta Dirección General, levantando al efecto el acta nº 7789, en la que esencialmente se hace constar que se encuentra abierto al público en general y realiza la actividad de Bar. Carece de Libro de Inspección de Turismo y de Hojas de Reclamaciones que debe tener. No ha notificado los precios de los productos que ofrece a los clientes. En el interior del local se emite música con sistema de amplificación electrónica de sonido, sin que la misma se escuche de forma molesta en el exterior, a pesar de que el establecimiento no reúne condiciones de insonorización.

3º) Que se ordenó la iniciación de expediente sancionador, que lleva el nº 97/182, nombrándose Instructor y Secretario.

4º) Que por el Instructor del expediente se formularon los cargos, con fecha 23 de julio de 1997, por los siguientes

HECHOS: 1. No haber notificado a la Administración turística competente, los precios que rigen en la prestación de los servicios. 2. Carecer en el establecimiento de las Hojas de Reclamaciones. 3. Carecer del Libro de Inspección.

5º) Que el expedientado, en escrito de fecha 14 de agosto de 1997, registro de entrada nº 5476, en síntesis ha alegado lo siguiente: que Dña. Jill Preston Doyle presenta escrito contestando en nombre de Dña. Ingrid Lunt, propietaria del negocio Big Ben y acompaña una serie de documentos como prueba en el expediente:

1. Autorización de la Sra. Lunt a nombre de la Sra. Preston.

2. Escrito de la Sra. Lunt, explicando la situación del negocio.

3. Fotocopia de la tarjeta de residencia de la Sra. Lunt.

4. Fotocopia del alta en Impuesto de Actividades Económicas.

5. Fotocopia del contrato de arrendamiento a nombre de la Sra. Lunt.

6. Fotocopia de documento entregado a la Sra. Preston por el Negociado de Bares, Restaurantes y Cafeterías del Patronato de Turismo de Gran Canaria de 12 de junio de 1997. 6º) Que examinadas las razones esgrimidas por la expedientada, no desvirtúa los hechos infractores, puesto que la documentación aportada nos indica que efectivamente desde enero de 1997, la Sra. Lunt lleva el negocio en arrendamiento y otros extremos pero, desde la fecha del acta ya figura la misma como encargada del establecimiento y por tanto con conocimiento de los hechos infractores, sin que nada se haya demostrado pues, aunque la documentación esté alguna en tramitación se sigue infringiendo en los hechos indicados en la Resolución de inicio. No obstante careciendo de antecedentes se propone reducción de la sanción como se dirá en esta propuesta.

Como consecuencia de todo lo anterior, el Instructor del procedimiento con fecha 4 de noviembre de 1997, formuló propuesta de sanción de multa en cuantía de 80.000 pesetas, por el 1er hecho infractor, 80.000 pesetas, por el 2º hecho infractor y 80.000 pesetas, por el 3er hecho infractor.

7º) Que la comisión de los hechos imputados ha sido probada como consta en el expediente.

II. CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Primera.- Que las actuaciones practicadas en el presente expediente sancionador han sido de conformidad con la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. nº 285, de 27.11.92), la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19.4.95), así como con el Decreto 190/1996, de 1 de agosto, regulador del Procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora en materia turística y de la Inspección de Turismo (B.O.C. nº 103, de 21.8.96).

Segunda.- Que en la tramitación del expediente se han observado las formalidades de rigor.

Tercera.- Que las pruebas que obran en el expediente son tenidas en cuenta a la hora de emitir la presente Resolución.

Cuarta.- Que a la hora de ponderar la sanción se ha tenido en cuenta el principio de proporcionalidad que establece el artículo 131 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. nº 285, de 27.11.92), así como los criterios que se regulan en el artículo 79.2 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19.4.95). Quinta.- Que debe estimarse la responsabilidad administrativa del expedientado, en base al acta de inspección, sin que el titular haya formulado alegaciones a la Propuesta de Resolución, ni aportado prueba alguna que desvirtúe los hechos imputados, por lo que nos ratificamos en dicha Propuesta de Resolución, por entenderla ajustada a Derecho.

Sexta.- Que los hechos recogidos en el expediente son constitutivos de infracciones a los artículos:

NORMAS SUSTANTIVAS INFRINGIDAS:

- Artº. 30.1 de la Orden Ministerial de 17 de marzo de 1965, por la que se aprueba la Ordenación Turística de Restaurantes (B.O.E. de 29 de marzo), modificado por la Orden Ministerial de 29 de junio de 1978, en su artículo 2º (B.O.E. de 19 de julio), y en aplicación del artículo 4º de la Orden Ministerial de 19 de junio de 1970 (B.O.E. de 23 de junio). - Artº. 20.1 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19 de abril). - Artº. 41 del Decreto 190/1996, de 1 de agosto, regulador del Procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora en materia turística y de la Inspección de Turismo (B.O.C. nº 103, de 21 de agosto).

Con calificación de leve, en base a los artículos 76.5, 76.6 y 76.9, en relación con el artº. 77.7, de la Ley 7/1995, de 6 de abril (B.O.C. nº 48, de 19 de abril).

En el ejercicio de la competencia que tengo atribuida para resolver el presente expediente sancionador, de acuerdo con la Ley Orgánica 10/1982, de 10 de agosto, por la que se aprueba el Estatuto de Autonomía de Canarias (B.O.J.C. nº 17, de 28.9.82), y el artículo 11.p) del Decreto 281/1995, de 11 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Turismo y Transportes (B.O.C. nº 128, de 4.10.95),

R E S U E L V O:

Imponer la sanción de multa en cuantía de 80.000 pesetas por el 1er hecho infractor, 80.000 pesetas por el 2º hecho infractor y 80.000 pesetas por el 3er hecho infractor a D. John Beesley, con C.I.F. nº X-1834992-Y, titular de la explotación turística del establecimiento denominado Bar Big Ben.

La Resolución que se le notifica no pone fin a la vía administrativa y contra la misma cabe interponer, de acuerdo con lo prevenido en los artículos 114 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, recurso ordinario en el plazo de un mes, contado a partir de la recepción de la presente Resolución, ante el Ilmo. Sr. Viceconsejero de Turismo de la Consejería de Turismo y Transportes del Gobierno de Canarias, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.

En el caso de que el recurrente sea un representante, deberá acreditar esta representación, aportando escritura de poder para dejar constancia fidedigna, bien con copia simple notarial o previo cotejo o compulsa de la fotocopia con su original, a tenor de lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.- Las Palmas de Gran Canaria, a 19 de mayo de 1998.- El Director General de Ordenación e Infraestructura Turística, Francisco Montesdeoca Santana.

OBSERVACIONES

El ingreso de la sanción recaída en el presente expediente deberá hacerse efectivo en la forma y plazos indicados en la notificación que la Consejería de Economía y Hacienda le remitirá a su propio domicilio.



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