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Vistos los repetidos intentos de notificación de la citada Resolución en el domicilio que figura en el expediente incoado por el correspondiente Centro Directivo de la mencionada Consejería, sin que haya sido recibida por el recurrente-interesado.
Visto lo establecido en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
R E S U E L V O:
Primero.- Notificar a D. José Gregorio Mendoza Herrera, la Resolución de 27 de mayo de 1998 (libro nº 1, folio 69, nº 322), que figura como anexo de esta Resolución, por la que se resolvió el recurso ordinario nº 477/96 (expediente nº TF-0752-0-95), interpuesto contra la Resolución de la Dirección General de Transportes de fecha 18 de octubre de 1995. Segundo.- Remitir al Ayuntamiento de San Sebastián de La Gomera (La Gomera) la presente Resolución para su anuncio en el tablón de edictos correspondiente.
Santa Cruz de Tenerife, a 8 de julio de 1998.- La Secretaria General Técnica, Rosa María Rodríguez Martín.
A N E X O Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Turismo y Transportes por la que se resuelve recurso ordinario interpuesto por D. José Gregorio Mendoza Herrera. Visto el recurso ordinario formulado por D. José Gregorio Mendoza Herrera, contra la Resolución de la Dirección General de Transportes de fecha 18 de octubre de 1995, recaída en el expediente sancionador nº TF-0752-0-95, y teniendo a la vista los siguientes
ANTECEDENTES DE HECHO
Primero.- La Resolución recurrida se basa fácticamente en realizar el vehículo TF-7606-AK un transporte de alquiler sin conductor careciendo de tarjeta de transporte dando lugar a la sanción de doscientas cincuenta mil (250.000) pesetas.
Segundo.- El recurso ordinario interpuesto alega, que venía desarrollando la actividad de alquiler sin conductor hasta finales de 1990, fecha en la que causó baja en la fiscal de la actividad, así como en la apertura del Ayuntamiento, según se puede comprobar en los Departamentos oportunos, vendiendo todos sus vehículos, incluido el que es objeto de esta denuncia, según acredita mediante copia simple de contrato de transmisión del vehículo denunciado, entre otros a la Comunidad de Bienes Sánchez Marante, suscrito en San Sebastián de La Gomera el día 1 de diciembre de 1990, por lo que se demuestra que no era responsable del vehículo, ni podía alquilarlo, puesto que no tenía licencia fiscal, ni permiso de apertura de la actividad, habiendo cesado en la misma a finales de 1990, solicitando, en definitiva, se deje sin efecto la sanción impuesta.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero.- La Secretaría General Técnica de la Consejería de Turismos y Transportes es competente para conocer y resolver el presente recurso en virtud de lo dispuesto en la Orden Departamental de fecha 9 de octubre de 1995 (B.O.C. nº 136, de 23.10.95), por la que se le delega la competencia de resolución de los recursos administrativos interpuestos contra actos dictados por órganos del Departamento en materia de Turismo y Transportes.
Segundo.- La tramitación del expediente sancionador ha sido substanciada de conformidad con lo previsto en el capítulo IV del título VI del Real Decreto 1.211/1990, de 28 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento que desarrolla la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, según nueva redacción dada al mismo en el anexo I del Real Decreto 1.772/1994, de 5 de agosto, por el que se adecuan determinados procedimientos administrativos en materia de transportes y carreteras a la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Tercero.- Las argumentaciones esgrimidas por el recurrente alteran sustancialmente los hechos y preceptos infringidos obrantes en la resolución de la Dirección General de Transportes de fecha 18 de octubre de 1997 , que se adoptó en base a lo dispuesto en el artículo 140.a) de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres y los artículos 174 y 197.c) del Real Decreto 1.211/1990, de 28 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de la citada Ley, y artículos 3 y 4 del Decreto 215/1994, de 28 de octubre, regulador de la autoridad y régimen de autorización de arrendamiento sin conductor de vehículos de turismo, por los que se consideran infracción administrativa muy grave, la realización de transportes públicos o actividades auxiliares o complementarias de los mismos, para las cuales la normativa reguladora de los transportes terrestres exija título administrativo habilitante careciendo de la preceptiva concesión o autorización del transporte o de la actividad de que se trate.
Teniendo en cuenta que, según se establece en el artículo 130.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, sólo podrán ser sancionados por hechos constitutivos de infracción administrativa las personas físicas y jurídicas que resulten responsables de los mismos, aun a título de mera inobservancia, y dado que, según lo dispuesto en el artículo 138.1.b) de la citada Ley 16/1987, de 30 de julio, en las infracciones cometidas con ocasión de transportes o actividades realizadas sin la cobertura correspondiente del título administrativo, la responsabilidad administrativa por dichas infracciones corresponderá a la persona física o jurídica titular de la actividad, o propietaria del vehículo, añadiendo el artículo 193.b) del mencionado Real Decreto 1.211/1990, de 28 de septiembre, A los efectos previstos en el apartado b) del artículo 138.1.b) de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, se considera titular del transporte o actividad clandestina de que se trate a la persona física o jurídica que materialmente la lleve a cabo en nombre propio, que realice su organización o asuma la correspondiente responsabilidad empresarial, así como a todo aquel que no siendo personal asalariado o dependiente colabore en la realización de dicho transporte o actividad, por lo que, resultando probado en el expediente que examinamos, que el titular del vehículo denunciado, matrícula TF-7606-AK, no es el particular recurrente, como así acredita el documento aportado por el mismo en copia simple anexa al recurso, contrato privado de transferencia del vehículo denunciado en fecha anterior a la denuncia, que, aun no siendo documento probatorio idóneo por sí mismo, debe ser tomado en cuenta, ante la ausencia de otras pruebas materiales reclamadas de oficio en el expediente de referencia, y ante la imposibilidad de aportación de cualesquiera otras por parte del sujeto expedientado; en consecuencia, procede revocar la resolución sancionadora impugnada por ser contigua a Derecho, dejando sin efectos la sanción impuesta.
Cuarto.- La presente Resolución no ha sido dictaminada por el Servicio Jurídico del Gobierno de Canarias, por suscitarse en el recurso cuestiones de Derecho ya resueltas en otros anteriores, de acuerdo con el artículo 20.g) del Decreto 19/1992, de 7 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento de dicho Servicio Jurídico.
Vistos los preceptos legales citados, concordantes y demás de general aplicación,
R E S U E L V O:
Estimar, en todos sus términos el recurso ordinario promovido por D. José Gregorio Mendoza Herrera, revocar la Resolución de la Dirección General de Transportes de fecha 18 de octubre de 1995, recaída en el expediente sancionador nº TF-0752-0-95, que determinó la imposición de una sanción de doscientas cincuenta mil (250.000) pesetas, manteniéndose, en consecuencia, todos sus pronunciamientos.
Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, cabe recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, a interponer en el plazo de dos meses desde su notificación, previa la comunicación al órgano que dictó la presente Resolución exigida en el artículo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y sin perjuicio de cualquier otro que pudiera interponerse.- La Secretaria General Técnica, p.d. (Orden de 9 de octubre de 1995; B.O.C. nº 136, de 23.10.95), Rosa María Rodríguez Martín.
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