Habiendo sido intentada en repetidas ocasiones la notificación del citado Acuerdo de inicio de reintegro en el domicilio que figura en el expediente incoado por el Instituto Canario de Formación y Empleo, sin que haya sido recibida por el interesado, es por lo que, conforme a lo establecido en el artículo 59.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, de 26 de noviembre de 1992, se hace saber a la misma que con fecha 21 de mayo de 1998 fue efectuado Acuerdo de inicio de reintegro del tenor literal siguiente:
Por la Dirección del Instituto Canario de Formación y Empleo se ha verificado en diligencias de información previa que por parte de la entidad Servicios Integrales Informáticos Canarios, S.C.L., beneficiaria de una subvención en materia de rentas de subsistencia por importe de dos millones cuatrocientas cuarenta mil (2.440.000) pesetas concedida mediante Orden del Consejero de Trabajo y Función Pública de fecha 31 de diciembre de 1993, registrada al número 1.487, se ha incurrido en la siguiente causa determinante del reintegro de la referida subvención:
Haber incumplido el deber de justificar el empleo dado a los fondos recibidos, en la forma y plazo que se establece en la Resolución de concesión de la subvención y normas reguladoras, y ello es así por las siguientes razones:
a) El número tercero del resuelvo de la indicada Orden obliga a la entidad beneficiaria a justificar que el importe de la subvención ha sido invertido con la finalidad para la cual se concede mediante la presentación anual y durante tres años a partir de la fecha de inicio de la actividad y la incorporación del socio trabajador a la entidad, de recibos acreditativos del pago del salario y los boletines de cotización de la Seguridad Social. b) Que habiendo la Intervención Delegada informado favorablemente la justificación de los socios subvencionados: Mario Espino Santana, José J. Mendoza Vega, Jesús Calero Pérez y Sonia Brehcist Sánchez, por el período comprendido hasta agosto de 1995, por medio de escrito de fecha 12 de diciembre de 1995, con registro de salida nº 3.675.
c) Que habiendo requerido a la entidad para aportar documentación justificativa con respecto al último plazo que abarcaba la subvención, por medio de escrito registrado de salida con el número 2.335 y fecha 21 de mayo de 1997, escrito que no fue recogido por la entidad, según devolución de Correos que obra en el expediente.
d) Que según lo previsto en el artº. 59.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se procede a publicar dicho requerimiento mediante anuncio en el Boletín Oficial de Canarias nº 112, de 27 de agosto de 1997, así como en el tablón de anuncios del correspondiente Ayuntamiento.
e) Que a la fecha de inicio del expediente, no ha sido cumplimentado dicho requerimiento, encontrándose por tanto sin justificar la subvención.
Por cuanto antecede, de conformidad con los artículos 32 y 33 del Decreto 6/1995, de 27 de enero, por el que se establece el régimen general de ayudas y subvenciones de la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias, en relación con lo dispuesto en el artículo 52.12 de la Ley 7/1984, de 11 de diciembre, de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias y en el artículo 81 del Real Decreto-Legislativo 1.091/1988, de 23 de septiembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General Presupuestaria, en ejercicio de las competencias que me atribuyen los artículos 3.d) de la Ley 7/1992, de 25 de noviembre, de creación de este Instituto y 3.15 del Decreto Territorial 18/1993, de 11 de febrero, por el que se aprueba su Reglamento Orgánico, en relación con lo establecido en el Decreto 6/1995, de 27 de enero, y con base en lo dispuesto en los artículos 69.1 y 84 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
ACUERDO
Primero.- Iniciar el procedimiento para el reintegro de la subvención concedida a la entidad Servicios Integrales Informáticos Canarios, S.C.L., por Orden del Consejero de Trabajo y Función Publica de fecha 31 de diciembre de 1993 registrada al número 1.487, por las causas mencionadas, sin perjuicio de la exigencia de las demás responsabilidades a que dicho incumplimiento pudiera dar lugar en aplicación de la legislación vigente.
Segundo.- Conceder al interesado un plazo de diez días para que pueda comparecer en el expediente, tomar audiencia y vista del mismo, proponer pruebas y realizar las alegaciones que tenga por conveniente. Concluido este trámite y vistas las actuaciones pertinentes se dictará la resolución que corresponda.
Tercero.- Notifíquese este acuerdo, según lo exigido en el artículo 58 y en los términos del artículo 59, ambos de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Contra el presente acuerdo no cabe interponer recurso alguno, sin perjuicio de que el interesado, conforme a lo previsto en el artículo 107.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, pueda alegar oposición al presente acto para su consideración en la resolución que ponga fin al presente procedimiento y sin perjuicio de la posibilidad de recurrirla.
Las Palmas de Gran Canaria, a 2 de septiembre de 1998.- El Director, Francisco Zumaquero García.
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