Habiéndose intentado por esta Dirección General, sin haberse podido practicar, la notificación de la Resolución recaída en el expediente incoado con motivo de denuncias o actas de inspección formuladas contra los titulares de empresas y actividades turísticas que se relacionan, conforme al artº. 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y siendo preciso su notificación a los efectos de que aleguen lo que a su derecho convenga,
R E S U E L V O:
1.- Notificar a los titulares de establecimientos y actividades turísticas que se citan, la Resolución recaída en el expediente que les ha sido instruido por infracción a la legislación en materia turística.
En el caso de que el recurrente sea un representante, deberá acreditar esta representación, aportando Escritura de Poder para dejar constancia fidedigna, bien con copia simple notarial o previo cotejo o compulsa de la fotocopia con su original, a tenor de lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
El ingreso de las sanciones recaídas en los expedientes que se relacionan deberá hacerse efectivo en la forma y plazos indicados en la notificación que la Consejería de Economía y Hacienda le remitirá a su propio domicilio.
2.- Remitir al Ayuntamiento de las poblaciones que se citan, la presente Resolución para su publicación en el tablón de edictos correspondiente.
Las Palmas de Gran Canaria, a 7 de agosto de 1998.-El Director General de Ordenación e Infraestructura Turística, Francisco Montesdeoca Santana.
RESOLUCIONES QUE SE CITAN
1º) Libro nº 2 de Resoluciones de la Dirección General de Ordenación e Infraestructura Turística, folio 138, nº 519.
Resolución de 19 de junio de 1998, de la Dirección General de Ordenación e Infraestructura Turística, recaída en el expediente sancionador nº 97/281, instruido a Dualisant, S.L., titular de la explotación turística del establecimiento denominado Discoteca Wilson.
Examinado el expediente sancionador tramitado por el Servicio de Inspección y Sanciones, instruido a Dualisant, S.L., por Resolución de iniciación del Director General de Ordenación e Infraestructura Turística, de 17 de diciembre de 1997, como consecuencia de la Hoja de Reclamación nº 35103, formulada por D. Félix Hernández González y otros, y del acta de inspección nº 8218 de 21 de marzo de 1997.
Vista la propuesta formulada por el Instructor del expediente sancionador consignado.
Teniendo en cuenta los siguientes
I. ANTECEDENTES
1º) Que con fecha 14 de febrero de 1997, se recibió en esta Consejería Hoja de Reclamación nº 35103, a instancia de D. Félix Hernández González y otros, contra la Discoteca Wilson, por deficiencias del servicio e incumplimiento de la actuación anunciada.
2º) Que para comprobar los hechos denunciados, el 21 de marzo de 1997, se personó en el establecimiento de referencia, sito en la calle Franchy Roca, 20, Las Palmas de Gran Canaria, el Servicio de Inspección de esta Dirección General, levantando al efecto el acta nº 8218, en la que esencialmente se hace constar que si bien es cierto que el espectáculo anunciado el 10 de febrero de 1997 denominado Lady Salsa, iba a celebrarse con normalidad, hubo que suspenderlo por razones ajenas a la voluntad del establecimiento, anunciándose dicha suspensión mediante el cartel correspondiente a la entrada del local, toda vez que los clientes denunciantes ya habían consumido dentro del local, no se consideró pertinente la devolución del precio de 1.000 pesetas, que habían abonado a la entrada con derecho a consumición. Con independencia de lo anterior se comprueba que el establecimiento cobra mediante ticket (se adjunta ejemplar) un precio de 1.000 pesetas, sin especificar la consumición. Cierto que dentro de la lista de precios comunicadas a la Administración, y sellada el 7 de noviembre de 1995 los precios oscilan entre 1.000 y 1.500 pesetas, sin conocer el cliente a lo que tiene derecho.
3º) Que se ordenó la iniciación de expediente sancionador, que lleva el nº 97/281, nombrándose Instructor y Secretario.
4º) Que por el Instructor del expediente se formularon los cargos, con fecha 17 de diciembre de 1997, por el siguiente
HECHO: no tramitar la Hoja de Reclamación nº 35103, en tiempo y forma.
5º) Que con fecha 11 de junio de 1998 y habida cuenta que la expedientada no efectuó alegación alguna a la Resolución de iniciación del procedimiento y a los cargos imputados, fue ratificada como Propuesta de Resolución, con una multa en cuantía de 50.000 pesetas por el hecho infractor.
6º) Que la comisión del hecho imputado ha sido probada como consta en el expediente.
II. CONSIDERACIONES JURÍDICAS
Primera: que las actuaciones practicadas en el presente expediente sancionador han sido de conformidad con la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. nº 285, de 27.11.92), la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19.4.95), así como con el Decreto 190/1996, de 1 de agosto, regulador del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora en materia turística y de la inspección de turismo (B.O.C. nº 103, de 21.8.96).
Segunda: que en la tramitación del expediente se han observado las formalidades de rigor.
Tercera: que las pruebas que obran en el expediente son tenidas en cuenta a la hora de emitir la presente Resolución.
Cuarta: que a la hora de ponderar la sanción se han tenido en cuenta el principio de proporcionalidad que establece el artículo 131 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. nº 285, de 27.11.92), así como los criterios que se regulan en el artículo 79.2 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19.4.95).
Quinta: que debe estimarse la responsabilidad administrativa de la expedientada, en base al acta nº 8218, sin que el titular haya formulado alegaciones a la Propuesta de Resolución, ni aportado prueba alguna que desvirtúe el hecho imputado, por lo que nos ratificamos en dicha Propuesta de Resolución, por entenderla ajustada a Derecho.
Sexta: que el hecho recogido en el expediente es constitutivo de infracción a:
NORMAS SUSTANTIVAS INFRINGIDAS: artículo 7º de la Orden de 13 de noviembre de 1986, por la que se regulan las Hojas de Reclamaciones de los clientes en establecimientos turísticos (B.O.C. nº 139, de 19 de noviembre), con calificación de leve, en base al artº. 76.6, en relación con el artº. 77.7, de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19 de abril).
En el ejercicio de la competencia que tengo atribuida para resolver el presente expediente sancionador, de acuerdo con la Ley Orgánica 10/1982, de 10 de agosto, por la que se aprueba el Estatuto de Autonomía de Canarias (B.O.J.C. nº 17, de 28.9.82), y el artículo 11.p) del Decreto 281/1995, de 11 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Turismo y Transportes (B.O.C. nº 128, de 4.10.95),
R E S U E L V O:
Imponer la sanción de multa en cuantía de 50.000 pesetas por el hecho infractor, a Dualisant, S.L., con C.I.F nº B-35277979, titular de la explotación turística del establecimiento denominado Discoteca Wilson.
La Resolución que se le notifica no pone fin a la vía administrativa y contra la misma cabe interponer, de acuerdo con lo prevenido en los artículos 114 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, recurso ordinario en el plazo de un mes, contado a partir de la recepción de la presente Resolución, ante el Ilmo. Sr. Viceconsejero de Turismo de la Consejería de Turismo y Transportes del Gobierno de Canarias, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.- Las Palmas de Gran Canaria, a 19 de junio de 1998.- El Director General de Ordenación e Infraestructura Turística, Francisco Montesdeoca Santana.
2º) Libro nº 1 de Resoluciones de la Viceconsejería de Turismo, folio 14, nº 52.
Resolución de fecha 10 de julio de 1998, de la Viceconsejería de Turismo del Gobierno de Canarias, recaída en el expediente sancionador nº 97/292, instruido a Paukner Hoteles Canarios, S.A., titular de la explotación turística del establecimiento denominado Apartamentos La Luna. Examinado el expediente sancionador tramitado por el Servicio de Inspección y Sanciones, instruido a Paukner Hoteles Canarios, S.A., por Resolución de iniciación del Director General de Ordenación e Infraestructura Turística, de fecha 18 de diciembre de 1997, como consecuencia de la denuncia formulada por Dña. Natacha Alcarazo Álvarez, y del acta de inspección nº 8485 de 20 de mayo de 1997.
Vista la propuesta formulada por el Instructor del expediente sancionador consignado.
Teniendo en cuenta los siguientes
I. ANTECEDENTES
1º) Que con fecha 23 de abril de 1997, se recibió en esta Consejería, registro de entrada nº 2680, denuncia formulada por Dña. Natacha Alcarazo Álvarez, contra el establecimiento, en la que manifiesta una serie de deficiencias en el apartamento B-103, así como haber solicitado las Hojas de Reclamaciones, las cuales no fueron facilitadas.
2º) Que para comprobar los hechos denunciados, el 20 de mayo de 1997, se personó en el establecimiento de referencia, sito en las parcelas B, C y J, en Caleta de Fuste, término municipal de Antigua, el Servicio de Inspección de esta Dirección General, levantando al efecto el acta nº 8485 en la que esencialmente se hace constar que el apartamento B-103, en el que se alojó la denunciante, presentaba un estado de conservación de los muebles de cocina, muy deteriorados, rodapié destruido, nevera y horno oxidado, humedad detrás del mueble, etc.
Asimismo, manifestó D. Jordi Mora Benabarre, Director del establecimiento consignado, que las Hojas no fueron entregadas, por suceder los hechos un domingo y aquéllas se encontraban en su despacho, extremo que desconocía el recepcionista.
3º) Que se ordenó la iniciación de expediente sancionador, que lleva el nº 97/292, nombrándose Instructor y Secretario.
4º) Que por el Instructor del expediente se formularon los cargos, con fecha 18 de diciembre de 1997, por los siguientes
HECHOS:
1. No facilitar a su clienta Dña. Natacha Alcarazo Álvarez, la Hoja de Reclamaciones, a solicitud de ésta, según consta en el acta nº 8485, de 20 de mayo de 1997, y en la denuncia formulada por la Sra. Alcarazo. 2. Deficiencias referentes al apartamento B-103, del establecimiento consignado, consistentes en muebles de cocina deteriorados, rodapié destruido, nevera y horno oxidados, etc.
5º) Que con fecha 16 de junio de 1998 y habida cuenta que la expedientada no efectuó alegación alguna a la Resolución de iniciación del procedimiento y a los cargos imputados, fue ratificada como Propuesta de Resolución, con una multa en cuantía de 500.000 pesetas por el 1er hecho infractor y 80.000 pesetas por el 2º hecho infractor.
6º) Que la comisión de los hechos imputados ha sido probada en virtud de la denuncia formulada por Dña. Natacha Alcarazo Álvarez y del acta de inspección nº 8485.
II. CONSIDERACIONES JURÍDICAS
Primera: que las actuaciones practicadas en el presente expediente sancionador han sido de conformidad con la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. nº 285, de 27.11.92), la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19.4.95), así como con el Decreto 190/1996, de 1 de agosto, regulador del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora en materia turística y de la inspección de turismo (B.O.C. nº 103, de 21.8.96).
Segunda: que en la tramitación del expediente se han observado las formalidades de rigor.
Tercera: que las pruebas que obran en el expediente son tenidas en cuenta a la hora de emitir la presente Resolución.
Cuarta: que a la hora de ponderar la sanción se ha tenido en cuenta el principio de proporcionalidad que establece el artículo 131 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. nº 285, de 27.11.92), así como los criterios que se regulan en el artículo 79.2 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19.4.95).
Quinta: que debe estimarse la responsabilidad administrativa de la expedientada, en base a la denuncia formulada por Dña. Natacha Alcarazo Álvarez y al contenido del acta de inspección nº 8485, de 20 de mayo de 1997, sin que la titular consignada haya formulado alegaciones ni aportado prueba alguna que desvirtúe los hechos imputados, por lo que nos ratificamos en la Propuesta de Resolución formulada por el Instructor del procedimiento.
Sexta: que los hechos recogidos en el expediente son constitutivos de infracción a:
NORMAS SUSTANTIVAS INFRINGIDAS: artº. 20.1 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19 de abril); artº. 43 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19 de abril), con calificación de grave y leve, en base a los artículos 76.6 y 77.4 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19 de abril).
En el ejercicio de la competencia que tengo atribuida para resolver el presente expediente sancionador, de acuerdo con la Ley Orgánica 10/1982, de 10 de agosto, por la que se aprueba el Estatuto de Autonomía de Canarias (B.O.J.C. nº 17, de 28.9.82), y el artículo 10.j) del Decreto 281/1995, de 11 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Turismo y Transportes (B.O.C. nº 128, de 4.10.95),
R E S U E L V O:
Imponer la sanción de multa de 500.000 pesetas por el 1er hecho infractor y 80.000 pesetas por el 2º hecho infractor, a Paukner Hoteles Canarios, S.A., con C.I.F. nº A-35240878, titular de la explotación turística del establecimiento denominado Apartamentos La Luna.
La Resolución que se le notifica no pone fin a la vía administrativa y contra la misma cabe interponer, de acuerdo con lo prevenido en los artículos 114 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, recurso ordinario en el plazo de un mes, contado a partir de la recepción de la presente Resolución, ante el Excmo. Sr. Consejero de Turismo y Transportes del Gobierno de Canarias, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.
Una vez firme la presente Resolución, se procederá a dar cumplimiento a lo dispuesto en el artº. 17.7 del Decreto 190/1996, de 1 de agosto, regulador del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora en materia turística y de la inspección de turismo, en relación con el artº. 81.4 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias, referente a la publicación de la sanción y anotación en el Registro General de Empresas, Actividades y Establecimientos Turísticos.- Las Palmas de Gran Canaria, a 10 de julio de 1998.- El Viceconsejero de Turismo, Juan Carlos Becerra Robayna.
3º) Libro nº 1 de Resoluciones de la Viceconsejería de Turismo, folio 14, nº 56.
Resolución de fecha 27 de julio de 1998, de la Viceconsejería de Turismo del Gobierno de Canarias, recaída en el expediente sancionador nº 98/101, instruido a Islacane, S.L., titular de la explotación turística del establecimiento denominado Restaurante Las Dunas.
Examinado el expediente sancionador tramitado por el Servicio de Inspección y Sanciones, instruido a Islacane, S.L., por Resolución de iniciación del Director General de Ordenación e Infraestructura Turística, de fecha 7 de mayo de 1998, como consecuencia de la denuncia formulada por Dña. Pilar Ochoa Sánchez, y del acta de inspección nº 7483 de 21 de agosto de 1996.
Vista la propuesta formulada por el Instructor del expediente sancionador consignado.
Teniendo en cuenta los siguientes I. ANTECEDENTES
1º) Que con fecha 1 de agosto de 1996, se recibió en esta Consejería denuncia de Dña. Pilar Ochoa Sánchez ante el Cabildo de Fuerteventura contra varios establecimientos entre ellos el Restaurante Las Dunas, por deficiencias varias.
2º) Que para comprobar los hechos denunciados, el 21 de agosto de 1996, se personó en el establecimiento de referencia, sito en General Franco (C.C. Atlántico) en Corralejo, término municipal de La Oliva, el Servicio de Inspección de esta Dirección General, levantando al efecto el acta nº 7483 en la que esencialmente se hace constar que se encuentra abierto al público en general y realiza la actividad turística de restaurante. Dispone de Libro de Inspección de Turismo y Hojas de Reclamaciones. Carece de listas de precios selladas por el Cabildo de Fuerteventura. Se ha producido un cambio de titularidad a favor de Islacane, S.L., sin comunicarlo a la Administración turística, anteriormente lo explotaba D. Juan Lagos Orta. En el acceso a la cocina, por la zona de servicio se encuentra un pequeño habitáculo formado por una mampara y estantería donde se encuentran diversos alimentos expuestos al sol. En la misma zona se aprecia suciedad en el suelo y pared con presencia de basura.
3º) Que se ordenó la iniciación de expediente sancionador, que lleva el nº 98/101, nombrándose Instructor y Secretario.
4º) Que por el Instructor del expediente se formularon los cargos, con fecha 7 de mayo de 1998, por el siguiente
HECHO: alterar las condiciones esenciales de la autorización de la que está provista la actividad, toda vez que se ha producido un cambio de titularidad a favor de Islacane, S.L., que explota el establecimiento consignado sin comunicarlo como es preceptivo a la Administración turística competente.
5º) Que con fecha 17 de julio de 1998 y habida cuenta que la expedientada no efectuó alegación alguna a la Resolución de iniciación del procedimiento y a los cargos imputados, fue ratificada como Propuesta de Resolución, con una multa en cuantía de 251.000 pesetas por el hecho infractor.
6º) Que la comisión del hecho imputado ha sido probada como consta en el expediente.
II. CONSIDERACIONES JURÍDICAS
Primera: que las actuaciones practicadas en el presente expediente sancionador han sido de conformidad con la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. nº 285, de 27.11.92), la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19.4.95), así como con el Decreto 190/1996, de 1 de agosto, regulador del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora en materia turística y de la inspección de turismo (B.O.C. nº 103, de 21.8.96).
Segunda: que en la tramitación del expediente se han observado las formalidades de rigor. Tercera: que las pruebas que obran en el expediente son tenidas en cuenta a la hora de emitir la presente Resolución.
Cuarta: que a la hora de ponderar la sanción se ha tenido en cuenta el principio de proporcionalidad que establece el artículo 131 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. nº 285, de 27.11.92), así como los criterios que se regulan en el artículo 79.2 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19.4.95).
Quinta: que debe estimarse la responsabilidad administrativa de la expedientada, en base al acta nº 7483, sin que la titular haya formulado alegaciones a la Resolución de inicio, que se considera Propuesta de Resolución, ni aportado prueba alguna que desvirtúe el hecho imputado, por lo que nos ratificamos en dicha Propuesta de Resolución por entenderla ajustada a Derecho.
Sexta: que el hecho recogido en el expediente es constitutivo de infracción a:
NORMAS SUSTANTIVAS INFRINGIDAS: artículos 2º y 5º de la Orden de 23 de septiembre de 1988, por la que se regula el procedimiento para los cambios de titularidad de los Establecimientos Turísticos (B.O.C. nº 127, de 7 de octubre).
Con calificación de grave, en base al artº. 76.1 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19 de abril).
En el ejercicio de la competencia que tengo atribuida para resolver el presente expediente sancionador, de acuerdo con la Ley Orgánica 10/1982, de 10 de agosto, por la que se aprueba el Estatuto de Autonomía de Canarias (B.O.J.C. nº 17, de 28.9.82), y el artículo 10.j) del Decreto 281/1995, de 11 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Turismo y Transportes (B.O.C. nº 128, de 4.10.95),
R E S U E L V O:
Imponer la sanción de multa de 251.000 pesetas, por el hecho infractor a Islacane, S.L., con C.I.F. nº B-35355148, titular de la explotación turística del establecimiento denominado Restaurante Las Dunas.
La Resolución que se le notifica no pone fin a la vía administrativa y contra la misma cabe interponer, de acuerdo con lo prevenido en los artículos 114 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, recurso ordinario en el plazo de un mes, contado a partir de la recepción de la presente Resolución, ante el Excmo. Sr. Consejero de Turismo y Transportes del Gobierno de Canarias, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.
Una vez firme la presente Resolución, se procederá a dar cumplimiento a lo dispuesto en el artº. 17.7 del Decreto 190/1996, de 1 de agosto, regulador del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora en materia turística y de la inspección de turismo, en relación con el artº. 81.4 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias, referente a la publicación de la sanción y anotación en el Registro General de Empresas, Actividades y Establecimientos Turísticos.- Las Palmas de Gran Canaria, a 27 de julio de 1998.- El Viceconsejero de Turismo, Juan Carlos Becerra Robayna.
4º) Libro nº 2 de Resoluciones de la Dirección General de Ordenación e Infraestructura Turística, folio 142, nº 589.
Resolución de 22 de julio de 1998, de la Dirección General de Ordenación e Infraestructura Turística, recaída en el expediente sancionador nº 98/105, instruido a Explotaciones Turísticas El Veril, S.A., titular de la explotación turística del establecimiento denominado Apartamentos Marbella Golf.
Examinado el expediente sancionador tramitado por el Servicio de Inspección y Sanciones, instruido a Explotaciones Turísticas El Veril, S.A., por Resolución de iniciación del Director General de Ordenación e Infraestructura Turística, de 11 de mayo de 1998, como consecuencia de la denuncia formulada por Dña. Victoria González Méndez y del acta de inspección nº 8994 de 2 de octubre de 1997.
Vista la propuesta formulada por el Instructor del expediente sancionador consignado.
Teniendo en cuenta los siguientes
I. ANTECEDENTES
1º) Que con fecha 20 de agosto de 1997, se recibió en esta Consejería denuncia de Dña. Victoria González Méndez por medio de la O.M.I.C. del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, contra el complejo Marbella Golf, por deficiencias en la prestación del servicio.
2º) Que para comprobar los hechos denunciados, el 2 de octubre de 1997, se personó en el establecimiento de referencia, sito en la Avenida de Gran Canaria, 50, en Maspalomas, término municipal de San Bartolomé de Tirajana, el Servicio de Inspección de esta Dirección General, levantando al efecto el acta nº 8994, en la que esencialmente se hace constar que a pesar de la vigilancia llevada a cabo por el personal laboral del establecimiento, se vienen sucediendo diversos hurtos por personas ajenas al complejo que acceden al mismo, viéndose imposibilitada la Dirección a un control absoluto por lo que se ha solicitado a la Policía una mayor vigilancia en la zona que impida en lo posible estos hechos. Al tratarse en este caso del deterioro y hurto de objetos no depositados para la custodia de los mismos por parte del establecimiento declinan cualquier responsabilidad al efecto.
3º) Que se ordenó la iniciación de expediente sancionador, que lleva el nº 98/105, nombrándose Instructor y Secretario.
4º) Que por el Instructor del expediente se formularon los cargos, con fecha 11 de mayo de 1998, por el siguiente
HECHO: deficiencias leves en la prestación de los servicios. 5º) Que con fecha 15 de julio de 1998 y habida cuenta que la expedientada no efectuó alegación alguna a la Resolución de iniciación del procedimiento y a los cargos imputados, fue ratificada como Propuesta de Resolución, con una multa en cuantía de 80.000 pesetas por el hecho infractor.
6º) Que la comisión del hecho imputado ha sido probada como consta en el expediente.
II. CONSIDERACIONES JURÍDICAS
Primera: que las actuaciones practicadas en el presente expediente sancionador han sido de conformidad con la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. nº 285, de 27.11.92), la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19.4.95), así como con el Decreto 190/1996, de 1 de agosto, regulador del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora en materia turística y de la inspección de turismo (B.O.C. nº 103, de 21.8.96).
Segunda: que en la tramitación del expediente se han observado las formalidades de rigor.
Tercera: que las pruebas que obran en el expediente son tenidas en cuenta a la hora de emitir la presente Resolución.
Cuarta: que a la hora de ponderar la sanción se ha tenido en cuenta el principio de proporcionalidad que establece el artículo 131 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. nº 285, de 27.11.92), así como los criterios que se regulan en el artículo 79.2 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19.4.95).
Quinta: que debe estimarse la responsabilidad administrativa de la expedientada, en base al acta nº 8994, sin que el titular haya formulado alegaciones a la Resolución de inicio, elevada a Propuesta de Resolución, ni aportado prueba alguna que desvirtúe el hecho imputado, por lo que nos ratificamos en dicha Propuesta de Resolución, por entenderla ajustada a Derecho.
Sexta: que el hecho recogido en el expediente es constitutivo de infracción a:
NORMAS SUSTANTIVAS INFRINGIDAS: artº. 77.4 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19 de abril; con calificación de leve, en base al artº. 77.4 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19 de abril).
En el ejercicio de la competencia que tengo atribuida para resolver el presente expediente sancionador, de acuerdo con la Ley Orgánica 10/1982, de 10 de agosto, por la que se aprueba el Estatuto de Autonomía de Canarias (B.O.J.C. nº 17, de 28.9.82), y el artículo 11.p) del Decreto 281/1995, de 11 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Turismo y Transportes (B.O.C. nº 128, de 4.10.95),
R E S U E L V O:
Imponer la sanción de multa en cuantía de 80.000 pesetas por el hecho infractor a Explotaciones Turísticas El Veril, S.A., con C.I.F. nº 35205491, titular de la explotación turística del establecimiento denominado Apartamentos Marbella Golf.
La Resolución que se le notifica no pone fin a la vía administrativa y contra la misma cabe interponer, de acuerdo con lo prevenido en los artículos 114 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, recurso ordinario en el plazo de un mes, contado a partir de la recepción de la presente Resolución, ante el Ilmo. Sr. Viceconsejero de Turismo de la Consejería de Turismo y Transportes del Gobierno de Canarias, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.- Las Palmas de Gran Canaria, a 22 de julio de 1998.- El Director General de Ordenación e Infraestructura Turística, Francisco Montesdeoca Santana.
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