BOC - 1998/132. Lunes 19 de Octubre de 1998 - 3503

IV. ANUNCIOS - Otros anuncios - Consejería de Sanidad y Consumo

3503 - Dirección General de Consumo.- Anuncio por el que se hace pública la Resolución de 12 de agosto de 1998, sobre notificación de Resoluciones a personas físicas y jurídicas de ignorado domicilio.

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No teniendo constancia esta Dirección General del domicilio de las personas físicas y jurídicas que se relacionan, y siendo preciso notificarles la resolución recaída en los expedientes incoados contra los mismos, por infracción a la normativa en materia de consumo y conforme al artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, R E S U E L V O:

1.- Notificar a las personas físicas y jurídicas que se citan, la resolución recaída en los expedientes que le han sido instruidos por infracción a la legislación en materia de consumo. Los interesados podrán interponer recurso ordinario contra la resolución del expediente, que no agota la vía administrativa, en el plazo de un mes, contado a partir de la fecha de la publicación de la presente Resolución, ante el Excmo. Sr. Consejero de Sanidad y Consumo del Gobierno de Canarias y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse. 2.- Remitir a los Ayuntamientos de las poblaciones que se citan, las correspondientes Resoluciones para su publicación en el tablón de edictos.

1) RESOLUCIÓN.

Visto el expediente nº 35/225/97.

RESPONSABLE: Sandysky, S.L. D.N.I. o N.I.F.: B35396688.

MOTIVACIÓN

REFERENCIA DE HECHOS: el día 15 de noviembre de 1996, Inspectores de esta Dirección General de Consumo realizaron una visita de inspección en el Comercio de Venta de Pinturas Sandysky, propiedad de Sandysky, S.L., sito en el Centro Comercial San Agustín, local 80, del término municipal de San Bartolomé de Tirajana; y mediante acta levantada al efecto (nº 2397) comprobaron que el establecimiento carecía, en el momento de la inspección, de las preceptivas Hojas de Reclamaciones a disposición de los consumidores y usuarios y el cartel anunciador de su existencia, en un lugar visible y legible. FUNDAMENTOS DE DERECHO: artº. 34.9 de la Ley 26/1984, de 19 de julio (B.O.E. nº 176), General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, en relación con el artículo 3º, apartado 3.3.6 del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio, que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria (B.O.E. nº 168), en concordancia con el artº. 10 de la Ley 4/1994, de 25 de abril, de ordenación de la actividad comercial de Canarias (B.O.C. nº 53), en concordancia con los artículos 1, 2 y 3 del Decreto 225/1994, de 11 de noviembre, por el que se regulan las Hojas de Reclamaciones de los consumidores y usuarios de la Comunidad Autónoma Canaria (B.O.C. nº 148). OTRAS CUESTIONES PLANTEADAS EN EL EXPEDIENTE: el día 15 de mayo de 1997, el interesado presentó escrito de alegaciones fuera de plazo reglamentariamente establecido. Conforme a las competencias asignadas a la Dirección General de Consumo, en el artículo 9, apartados k) y m), del Reglamento Orgánico de la Consejería de Sanidad y Consumo, aprobado por Decreto Territorial 322/1995, de 10 de noviembre (B.O.E. nº 154), esta Dirección General es competente para la incoación y tramitación del presente expediente, así como para su resolución, al ser la infracción calificada inicialmente como leve, sin perjuicio de lo que pueda resultar de la instrucción.

ACUERDO:

Imponer a Sandysky, S.L. la sanción de multa de 40.000 pesetas.

Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso ordinario ante el Excmo. Sr. Consejero de Sanidad y Consumo, en el plazo de un mes desde su notificación, conforme a lo previsto en el artº. 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.- Las Palmas de Gran Canaria, a 26 de mayo de 1997.- El Director General de Consumo, Gonzalo Olarte Cullen.

NOTA: el pago de la sanción se hará efectivo a partir de la notificación de la liquidación que oportunamente se girará por la Consejería de Economía y Hacienda.

2) RESOLUCIÓN.

Visto el expediente nº 35/416/97.

RESPONSABLE: Federico Martín Díaz. D.N.I. o N.I.F.: 42936806S. MOTIVACIÓN

REFERENCIA DE HECHOS: el día 14 de enero de 1997, Inspectores de esta Dirección General de Consumo realizaron una visita de inspección en la Dulcería Fabiola, propiedad de D. Federico Martín Díaz, sito en la calle Núñez de Balboa, 15, del término municipal de Las Palmas de Gran Canaria; y mediante acta levantada al efecto (nº 2997) comprobaron que el establecimiento carecía, en el momento de la inspección, de las preceptivas Hojas de Reclamaciones a disposición de los consumidores y usuarios y el cartel anunciador de su existencia, en un lugar visible y legible. FUNDAMENTOS DE DERECHO: artº. 34.9 de la Ley 26/1984, de 19 de julio (B.O.E. nº176), General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, en relación con el artículo 3º, apartado 3.3.6 del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio, que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria (B.O.E. nº 168), en concordancia con el artº. 10 de la Ley 4/1994, de 25 de abril, de ordenación de la actividad comercial de Canarias (B.O.C. nº 53), en concordancia con los artículos 1, 2 y 3 del Decreto 225/1994, de 11 de noviembre, por el que se regulan las Hojas de Reclamaciones de los consumidores y usuarios de la Comunidad Autónoma Canaria (B.O.C. nº 148). CUESTIONES PLANTEADAS EN EL EXPEDIENTE: el día 1 de septiembre de 1997, el interesado presentó escrito de alegaciones manifestando, en síntesis, lo siguiente: Que en el momento en el que se realizó la visita de inspección ignoraba la obligación de tener en el establecimiento las hojas de reclamaciones y el cartel anunciador de su existencia. Aprovecho la oportunidad que me da para hacer las alegaciones, y paso a informarle que el local denominado “Dulcería Fabiola”, sólo tiene 24 m2, y que el negocio apenas da para cubrir los gastos y poco más. Por esta razón me parece excesiva la sanción de 40.000 pesetas. CONTESTACIÓN A LAS CUESTIONES Y VALORACIÓN DE LAS PRUEBAS PRACTICADAS: las alegaciones del interesado no modifican la calificación jurídica de los hechos vertidos en el Acuerdo de iniciación y Propuesta de Resolución, por cuanto que en el momento de la inspección, el establecimiento carece de las preceptivas Hojas de Reclamaciones a disposición de los consumidores y usuarios, y del cartel anunciador de su existencia, exigidos por Decreto 225/1994, de 11 de noviembre, para todas las personas físicas o jurídicas, titulares de establecimientos que realicen actividades comerciales en el ámbito de la Comunidad Canaria. Conforme a las competencias asignadas a la Dirección General de Consumo, en el artículo 9, apartado k) y m), del Reglamento Orgánico de la Consejería de Sanidad y Consumo, aprobado por Decreto Territorial 322/1995, de 10 de noviembre (B.O.E. nº 154).

ACUERDO:

Imponer a Federico Martín Díaz la sanción de multa de 40.000 pesetas. Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso ordinario ante el Excmo. Sr. Consejero de Sanidad y Consumo, en el plazo de un mes desde su notificación, conforme a lo previsto en el artº. 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.- Las Palmas de Gran Canaria, a 14 de noviembre de 1997.- El Director General de Consumo, Gonzalo Olarte Cullen.

NOTA: el pago de la sanción se hará efectivo a partir de la notificación de la liquidación que oportunamente se girará por la Consejería de Economía y Hacienda.

3) RESOLUCIÓN.

Visto el expediente nº 35/418/97.

RESPONSABLE: Francisco Montesdeoca Díaz. D.N.I. o N.I.F.: 42722997Z.

MOTIVACIÓN

REFERENCIA DE HECHOS: el día 14 de enero de 1997, Inspectores de esta Dirección General de Consumo realizaron una visita de inspección en la Confitería Montesdeoca, propiedad de D. Francisco Montesdeoca Díaz, sito en la calle Núñez de Balboa, 13, del término municipal de Las Palmas de Gran Canaria; y mediante acta levantada al efecto (nº 2998) comprobaron que el establecimiento carecía, en el momento de la inspección, de las preceptivas Hojas de Reclamaciones a disposición de los consumidores y usuarios y el cartel anunciador de su existencia, en un lugar visible y legible. FUNDAMENTOS DE DERECHO: artº. 34.9 de la Ley 26/1984, de 19 de julio (B.O.E. nº 176), General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, en relación con el artículo 3º, apartado 3.3.6 del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio, que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria (B.O.E. nº 168), en concordancia con el artº. 10 de la Ley 4/1994, de 25 de abril, de ordenación de la actividad comercial de Canarias (B.O.C. nº 53), en concordancia con los artículos 1, 2 y 3 del Decreto 225/1994, de 11 de noviembre, por el que se regulan las Hojas de Reclamaciones de los consumidores y usuarios de la Comunidad Autónoma Canaria (B.O.C. nº 148). Conforme a las competencias asignadas a la Dirección General de Consumo, en el artículo 9, apartado k) y m), del Reglamento Orgánico de la Consejería de Sanidad y Consumo, aprobado por Decreto Territorial 322/1995, de 10 de noviembre (B.O.E. nº 154).

ACUERDO:

Imponer a Francisco Montesdeoca Díaz la sanción de multa de 40.000 pesetas. Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso ordinario ante el Excmo. Sr. Consejero de Sanidad y Consumo, en el plazo de un mes desde su notificación, conforme a lo previsto en el artº. 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.- Las Palmas de Gran Canaria, a 14 de noviembre de 1997.- El Director General de Consumo, Gonzalo Olarte Cullen.

NOTA: el pago de la sanción se hará efectiva a partir de la notificación de la liquidación que oportunamente se girará por la Consejería de Economía y Hacienda.

4) RESOLUCIÓN.

Visto el expediente nº 35/648/97.

RESPONSABLE: Agrícola Suárez Pérez, S.C.P. D.N.I. o N.I.F.: G35428507.

MOTIVACIÓN

REFERENCIA DE HECHOS: el día 20 de febrero de 1997, Inspectores de esta Dirección General de Consumo realizaron una visita de inspección en el puesto de frutas y verduras, propiedad de Agrícola Suárez Pérez, S.C.P., sito en la calle Galicia, 24, planta 1ª, puesto 24-Mercado Central del término municipal de Las Palmas de Gran Canaria; y mediante acta levantada al efecto (nº 5459) comprobaron que tenía expuesto para su venta al público papas en más de 10 bolsas de plástico de unos 2 kilos cada bolsa careciendo del preceptivo etiquetado de normalización (denominación, origen, categoría, variedad y calibre) establecido por las normas de calidad para la papa de consumo destinado al mercado interior. FUNDAMENTOS DE DERECHO: artº. 34 de la Ley 26/1984, de 19 de julio (B.O.E. nº 176), General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, en relación con el artículo 3º, apartados 3.3.1 y 3.3.4 del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio (B.O.E. nº 168), que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria, en concordancia con el Real Decreto 2.192/1984, de 28 de noviembre (B.O.E. nº 300), que aprueba el Reglamento de aplicación de las normas de calidad para las frutas y hortalizas frescas comercializadas en el mercado interior y Orden de 6 de julio de 1983 (B.O.E. nº 166), que aprueba la norma de calidad para patata de consumo destinada al mercado interior. Conforme a las competencias asignadas a la Dirección General de Consumo, en el artículo 9, apartados k) y m), del Reglamento Orgánico de la Consejería de Sanidad y Consumo, aprobado por Decreto Territorial 322/1995, de 10 de noviembre (B.O.E. nº 154).

ACUERDO:

Imponer a Agrícola Suárez Pérez, S.C.P. la sanción de multa de 25.000 pesetas. Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso ordinario ante el Excmo. Sr. Consejero de Sanidad y Consumo, en el plazo de un mes desde su notificación, conforme a lo previsto en el artº. 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.- Las Palmas de Gran Canaria, a 8 de agosto de 1997.- El Director General de Consumo, Gonzalo Olarte Cullen.

NOTA: el pago de la sanción se hará efectivo a partir de la notificación de la liquidación que oportunamente se girará por la Consejería de Economía y Hacienda.

5) RESOLUCIÓN.

Visto el expediente nº 35/651/97.

RESPONSABLE: Francisco Javier Báez Suárez. D.N.I. o N.I.F.: 43762916B.

MOTIVACIÓN

REFERENCIA DE HECHOS: el día 20 de febrero de 1997, Inspectores de esta Dirección General de Consumo realizaron una visita de inspección en el puesto de frutas y hortalizas, propiedad de D. Francisco Javier Báez Suárez, sito en la calle Galicia, 24, planta 1ª, puesto 41 del término municipal de Las Palmas de Gran Canaria; y mediante acta levantada al efecto (nº 5455) comprobaron que tenía expuesto para su venta al público cebollas, tomates, zanahorias y limones careciendo del preceptivo marcado de precios y del preceptivo etiquetado de normalización de frutas y hortalizas frescas comercializadas en el mercado interior. FUNDAMENTOS DE DERECHO: artº. 34, apartado 5 de la Ley 26/1984, de 19 de julio (B.O.E. nº 176), General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, en relación con el artículo 3º, apartados 3.3.1 y 3.3.4 del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio (B.O.E. nº 168), que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria, en concordancia con los artículos 2 y 8 del Real Decreto 2.160/1993, de 10 de diciembre, por el que se regula la indicación de precios de los productos ofrecidos a los consumidores y usuarios (B.O.E. nº 29, de 3 de febrero), en relación con Reglamento C.E.E. nº 2213/83, de 28 de julio de 1983 (Nº L 213/13, de 4.8.83), por el que establecen las normas de calidad para las cebollas y para las endibias, modificada por el Reglamento C.E.E. nº 1654/87, de 12 de junio de 1987 (Nº L 153/35, de 13.6.87), y el artº. 7 del Real Decreto 2.192/1984, de 28 de noviembre (B.O.E. nº 300), que aprueba el Reglamento de aplicación de las normas de calidad para las frutas y hortalizas frescas comercializadas en el mercado interior y la Orden de 8 de junio de 1973 (B.O.E. de 23) por el que se aprueba la norma de calidad para cebollas destinadas al mercado interior, en concordancia con el Reglamento C.E.E. nº 778/83, de 30 de marzo de 1983 (Nº L 86/14, de 31.3.83), por el que se establecen normas de calidad para los tomates y Orden de 10 de diciembre de 1985 (B.O.E. de 17); corrección de errores (B.O.E. de 18.1.86), que aprueba la norma de calidad para tomates frescos destinados al mercado interior, en relación con el Reglamento C.E.E. nº 920/89, de 10 de abril de 1989, modificado parcialmente por el Reglamento C.E.E. nº 293/992, de 6 de febrero de 1992 y la Orden de 2 de julio de 1985 (B.O.E. de 8), por el que se aprueba la norma de calidad para zanahorias destinas al mercado interior, en concordancia con el anexo II del Reglamento C.E.E. nº 920/89 de la Comisión, de 10 de abril de 1989, por el que se establecen normas de calidad para las zanahorias, los cítricos y las manzanas y peras de mesa (D.O.C.E. nº L 97, de 11 de abril de 1989), y Orden de 6 de septiembre de 1972 (B.O.E. nº 218), que aprueba la norma de calidad de naranjas y otros agrios destinados al mercado interior. CUESTIONES PLANTEADAS EN EL EXPEDIENTE: el día 28 de julio de 1997, el interesado presentó escrito de alegaciones manifestando, en síntesis, lo siguiente: En el apartado de hechos no se hace copia fiel de lo redactado, pues en la parte inferior del Acta donde dice el interesado manifiesta no se recoge lo que en su momento se manifestó, y que era cierto, donde decía y el Inspector actuante comprobó, que se estaban colocando los precios juntamente con las etiquetas ya que el puesto se abría en ese momento. Haciendo referencia al apartado anterior el puesto se estaba preparando para la venta por lo tanto se coloca primero la mercancía y luego los precios, y ahí es donde el inspector, debe ser coherente y fedatario de lo que está sucediendo. Encuentro excesivo el importe que se me impone ya que mi puesto es muy pequeño y malamente saco para comer, y el mismo prácticamente está en precario. CONTESTACIÓN A LAS CUESTIONES Y VALORACIÓN DE LAS PRUEBAS PRACTICADAS: las alegaciones del interesado no modifican la calificación jurídica de los hechos vertidos en el Acuerdo de iniciación y la Propuesta de Resolución, por cuanto que en el momento de la Inspección tenía expuestos para la venta al público una serie de productos descritos en el Acuerdo de iniciación, careciendo no sólo del preceptivo etiquetado de normalización de frutas y hortalizas, comercializadas en el mercado interior, sino también del preceptivo marcado de precios. Conforme a las competencias asignadas a la Dirección General de Consumo, en el artículo 9, apartados k) y m), del Reglamento Orgánico de la Consejería de Sanidad y Consumo, aprobado por Decreto Territorial 322/1995, de 10 de noviembre (B.O.E. nº 154).

ACUERDO:

Imponer a Francisco Javier Báez Suárez la sanción de multa de 100.000 pesetas.

Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso ordinario ante el Excmo. Sr. Consejero de Sanidad y Consumo, en el plazo de 1 mes desde su notificación, conforme a lo previsto en el artº. 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.- Las Palmas de Gran Canaria, a 7 de agosto de 1997.- El Director General de Consumo, Gonzalo Olarte Cullen.

NOTA: el pago de la sanción se hará efectivo a partir de la notificación de la liquidación que oportunamente se girará por la Consejería de Economía y Hacienda.

6) RESOLUCIÓN.

Visto el expediente nº 35/665/97.

RESPONSABLE: El Mahjour Rifi. D.N.I. o N.I.F.: X0284570Z.

MOTIVACIÓN

REFERENCIA DE HECHOS: el día 21 de febrero de 1997, Inspectores de esta Dirección General de Consumo realizaron una visita de inspección en el Bazar Helsinki Shop, propiedad de D. El Mahjour Rifi, sito en el Centro Comercial Yumbo, local 251-07 del término municipal de San Bartolomé de Tirajana; y mediante acta levantada al efecto (nº 5150) comprobaron que tenía expuesto para su venta al público en un perchero, 7 chaquetas vaqueras careciendo de etiquetado, infringiendo el reglamento de etiquetado y composición de los productos textiles. FUNDAMENTOS DE DERECHO: artº. 34 de la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios (B.O.E. nº 176), en relación con el artículo 3º, apartado 3.3.4 del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio (B.O.E. nº 168), que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria, en concordancia con el artº. 6 del Real Decreto 928/1987, de 5 de junio (B.O.E. nº 170), sobre etiquetado y composición de los productos textiles. Conforme a las competencias asignadas a la Dirección General de Consumo, en el artículo 9, apartados k) y m), del Reglamento Orgánico de la Consejería de Sanidad y Consumo, aprobado por Decreto Territorial 322/1995, de 10 de noviembre (B.O.E. nº 154).

ACUERDO:

Imponer a a El Mahjour Rifi la sanción de multa de 50.000 pesetas.

Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso ordinario ante el Excmo. Sr. Consejero de Sanidad y Consumo, en el plazo de un mes desde su notificación, conforme a lo previsto en el artº. 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.- Las Palmas de Gran Canaria, a 18 de agosto de 1997.- El Director General de Consumo, Gonzalo Olarte Cullen. NOTA: el pago de la sanción se hará efectivo a partir de la notificación de la liquidación que oportunamente se girará por la Consejería de Economía y Hacienda.

7) RESOLUCIÓN.

Visto el expediente nº 35/668/97.

RESPONSABLE: Fátima El Maddatti. D.N.I. o N.I.F.: X1394347H.

MOTIVACIÓN

REFERENCIA DE HECHOS: el día 21 de febrero de 1997, Inspectores de esta Dirección General de Consumo realizaron una visita de inspección en la Boutique Maxim Line, propiedad de Dña. Fátima El Maddatti, sito en el Centro Comercial Yumbo, locales 221-09, del término municipal de San Bartolomé de Tirajana; y mediante acta levantada al efecto (nº 5353) comprobaron que tenía expuesto para su venta al público camisetas de fútbol del Ajax, en una de esas camisetas, se lee: Ajax-Amsterdam ABN Amro-Overmars-11, careciendo de etiquetado y composición de los productos textiles. FUNDAMENTOS DE DERECHO: artº. 34 de la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios (B.O.E. nº 176), en relación con el artículo 3º, apartado 3.3.4 del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio (B.O.E. nº 168), que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria, en concordancia con el artº. 6 del Real Decreto 928/1987, de 5 de junio (B.O.E. nº 170), sobre etiquetado y composición de los productos textiles. Conforme a las competencias asignadas a la Dirección General de Consumo, en el artículo 9, apartados k) y m), del Reglamento Orgánico de la Consejería de Sanidad y Consumo, aprobado por Decreto Territorial 322/1995, de 10 de noviembre (B.O.E. nº 154).

ACUERDO:

Imponer a Fátima El Maddatti la sanción de multa de 50.000 pesetas.

Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso ordinario ante el Excmo. Sr. Consejero de Sanidad y Consumo, en el plazo de un mes desde su notificación, conforme a lo previsto en el artº. 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.- Las Palmas de Gran Canaria, a 18 de agosto de 1997.- El Director General de Consumo, Gonzalo Olarte Cullen. NOTA: el pago de la sanción se hará efectivo a partir de la notificación de la liquidación que oportunamente se girará por la Consejería de Economía y Hacienda. 8) RESOLUCIÓN

Visto el expediente nº 35/705/97.

RESPONSABLE: M.S. Internacional, S.L. D.N.I. o N.I.F.: B35221563.

MOTIVACIÓN

REFERENCIA DE HECHOS: el día 26 de febrero de 1997, Inspectores de esta Dirección General de Consumo realizaron una visita de inspección en la Estación de Servicios Shell, propiedad de M.S. Internacional, S.L., sito en la Carretera Gran Canaria-750, del término municipal de Arrecife; y mediante acta levantada al efecto (nº 5369) comprobaron que tenía expuesto para su venta al público 15 latas de Genuine Lockeed Super 105, Hydraulic Fluid. D. OT. 3-Made in England-500 ml, careciendo del preceptivo etiquetado al menos en castellano, lengua española oficial del Estado, e incumpliendo el Reglamento de etiquetado, presentación y publicidad de los productos industriales, y la estación no tiene todos los carteles informativos al usuario. Se comprobó también, que tenía a la venta al público tabletas de Galaxi. Smooth and creamy milk chocolate-Dublin 46.8 g. e. Best before 24.07.97 U4B. Mars, careciendo de etiquetado al menos en castellano, lengua española oficial del Estado, e incumpliendo las normas de etiquetado para los productos de importación. FUNDAMENTOS DE DERECHO: artº. 34 de la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios (B.O.E. nº 176), en relación con el artículo 3º, apartados 3.3.2 y 3.3.4 del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio (B.O.E. nº 168), que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria, en concordancia con el artículo 3º del Decreto 173/1994, de 29 de julio, sobre protección de los derechos del consumidor en el servicio de suministro de gasolinas y gasóleos de automoción de instalaciones de venta al público, en relación con el artículo 7º del Real Decreto 1.468/1988, de 2 de diciembre (B.O.E. nº 294), por el que se aprueba el Reglamento de etiquetado, presentación y publicidad de los productos industriales destinados a su venta directa a los consumidores y usuarios, en concordancia con el Real Decreto 212/1992, de 6 de marzo, por el que se aprueba la Norma General de Etiquetado, Presentación y Publicidad de los Productos Alimenticios. CUESTIONES PLANTEADAS EN EL EXPEDIENTE: el día 5 de agosto de 1997, el interesado presentó escrito de alegaciones manifestando, en síntesis, lo siguiente: Que entendemos que esta empresa no manipula, ni manufactura, ni etiqueta, los productos que ya envasados y etiquetados son puestos a la venta en la estación de servicio, y por tanto, consideramos que la responsabilidad debe recaer sobre la persona que importa y comercializa los citados productos. Entendemos, por otro lado, que la exposición de los hechos referidos a los carteles informativos del usuario adolece de imprecisión y vaguedad. CONTESTACIÓN A LAS CUESTIONES Y VALORACIÓN DE LAS PRUEBAS PRACTICADAS: las alegaciones del interesado no modifican la calificación jurídica de los hechos vertidos en el Acuerdo de iniciación y Propuesta de Resolución, por cuanto que en el momento de la inspección, la estación de servicio carecía del cartel de prohibición de encender fuego, de los precios de los lubricantes y no tenía correctamente etiquetado los artículos industriales y de alimentación expuestos a la venta al público, sin que los productos de la alimentación se encuentren separados de los productos tóxicos, y por cuanto que el principio general de protección al consumidor es el que respalda el criterio de responsabilidad establecido en la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios que considera que productores, importadores y suministradores responden cuando han actuado (por acción u omisión) negligentemente, sin cumplir las exigencias y requisitos reglamentariamente establecidos o los demás cuidados y diligencias que exige la naturaleza del producto, servicio o actividad en concordancia con el carácter empresarial del sujeto responsable.

En el supuesto que nos ocupa, el interesado ha realizado una conducta de omisión en su diligencia debida al poner a disposición del consumidor 15 latas de Genuine Lockeed Super 105, Hydraulic Fluid D OT 3, y tabletas de chocolate Galaxi, careciendo de un etiquetado expresado en castellano, privando a éste, por tanto, del derecho a la información obligatoria sobre etiquetado. En cuanto al conocimiento de los hechos que se denuncian por el interesado, éste tiene en su poder el acta nº 5369, que fue leída y firmada por el encargado de la estación de servicio, junto con el anexo del referido acta, protocolo de campaña de inspección de estaciones de servicios. Conforme a las competencias asignadas a la Dirección General de Consumo, en el artículo 9, apartados k) y m), del Reglamento Orgánico de la Consejería de Sanidad y Consumo, aprobado por Decreto Territorial 322/1995, de 10 de noviembre (B.O.E. nº 154).

ACUERDO:

Imponer a M.S. Internacional, S.L. la sanción de multa de 100.000 pesetas.

Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso ordinario ante el Excmo. Sr. Consejero de Sanidad y Consumo, en el plazo de un mes desde su notificación, conforme a lo previsto en el artº. 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.- Las Palmas de Gran Canaria, a 14 de agosto de 1997.- El Director General de Consumo, Gonzalo Olarte Cullen.

NOTA: el pago de la sanción se hará efectivo a partir de la notificación de la liquidación que oportunamente se girará por la Consejería de Economía y Hacienda.

9) RESOLUCIÓN DEL INSTRUCTOR DEL EXPEDIENTE 35/1008/97, RECHAZANDO LA PRÁCTICA DE LAS PRUEBAS PROPUESTAS POR EL INTERESADO. Visto el expediente nº 35/1008/97.

Vista la propuesta del interesado de abrir un período de pruebas de conformidad con el artículo 17 del Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto, este Instructor, de acuerdo con el artº. 17, apartado 2, y artº. 80 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, deniega las pruebas propuestas por el interesado, la testifical y de oficio, en base a los siguientes razonamientos:

1.- Que en el acta de inspección se recoge claramente, que en el momento de la inspección, el establecimiento no tiene a disposición de los consumidores y usuarios las preceptivas Hojas de Reclamaciones y cartel anunciador, exigidos desde enero de 1995 (Decreto 225/1994, de 11.11.94), incumpliendo la normativa al estar más de dos años sin esos preceptivos documentos y no teniéndolos a disposición de los clientes en el momento de la inspección.

2.- Que como consecuencia de una denuncia presentada por Guaguas Municipales, Registro de Entrada nº 1661, recogiendo las reclamaciones de los usuarios de este transporte regular por la compra del “bono guagua” a un precio superior al permitido en el Bazar Elena, propiedad de Dña. Guillermina Quintana Báez, la Inspección se personó en dicho local comercial y comprobó que tiene a la venta el “bono guagua” a un precio superior al oficial.

3.- Que como consecuencia también, del acta y del tiempo transcurrido, se habrá tomado las medidas necesarias por el interesado para corregir y adecuar los “bonos guaguas” a su precio oficial, y se habrá provisto de las citadas Hojas de Reclamaciones y cartel anunciador para no seguir infringiendo las respectivas disposiciones legales.

Por todo ello, el Instructor del procedimiento, acuerda denegar las pruebas propuestas en el escrito de alegaciones, puesto que no pueden alterar la resolución final a favor del presunto responsable. Unir la presente Resolución al expediente nº 35/1008/97, y notificarlo al interesado.- Las Palmas de Gran Canaria, a 13 de noviembre de 1997.- El Instructor.

RESOLUCIÓN.

Visto el expediente nº 35/1008/97.

RESPONSABLE: Guillermina Quintana Báez. D.N.I. o N.I.F.: 42809772X.

MOTIVACIÓN

REFERENCIA DE HECHOS: el día 24 de abril de 1997, Inspectores de esta Dirección General de Consumo realizaron visita de inspección en Bazar Elena, propiedad de Dña. Guillermina Quintana Báez, sito en la calle Párroco Segundo Vega, 59, San Roque, del término municipal de Las Palmas de Gran Canaria; y mediante acta levantada al efecto nº 5531, comprobaron que tiene a la venta “bono guagua”, a un precio superior de 750 pesetas, en lugar del precio permitido de 745 pesetas, y comprobaron también que el establecimiento carecía en el momento de la inspección de las preceptivas Hojas de Reclamaciones a disposición de los consumidores y usuarios, y cartel anunciador de su existencia en un lugar que resulte visible y legible. FUNDAMENTOS DE DERECHO: artº. 34, apartados 5 y 9 de la Ley 26/1984, de 19 de julio (B.O.E. nº 176), General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, en relación con el artículo 3º, apartados 3.2.1 y 3.3.6 del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio (B.O.E. nº 168), que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria, en concordancia con el artº. 8 del Decreto 2.807/1972, de 15 de septiembre (B.O.E. nº 247), que regula la publicidad y marcado de precios en la venta al público de artículos al por menor y con el artº. 7 del Real Decreto 2.160/1993, de 10 de diciembre, por el que se regula la indicación de precios de los productos ofrecidos a los consumidores y usuarios (B.O.E. nº 29, de 3 de febrero), en relación con el artº. 10 de la Ley 4/1994, de 25 de abril, de ordenación de la actividad comercial de Canarias (B.O.C. nº 53), en concordancia con los artículos 1, 2 y 3 del Decreto 225/1994, de 11 de noviembre, por el que se regulan las Hojas de Reclamaciones de los consumidores y usuarios de la Comunidad Autónoma Canaria (B.O.C. nº 148). CUESTIONES PLANTEADAS EN EL EXPEDIENTE: el día 11 de noviembre de 1997, el interesado presentó escrito de alegaciones manifestando, en síntesis, lo siguiente: Que referente a la venta del bono de guagua a un precio superior, de 750 pesetas, en lugar del precio permitido de 745 pesetas, es totalmente incierto que la dicente venda el bono de guagua a 750 pesetas, ya que en todo momento ha sido vendido al precio de 745 pesetas. En prueba de lo expuesto, en este acto se ofrece prueba testimonial acreditativa de que la dicente vende los bonos-guagua al precio de 745 pesetas. Que la dicente ha de manifestar que en el momento de la inspección las Hojas de Reclamaciones ya habían sido solicitadas con anterioridad el día 24 de abril de 1997. Que en prueba de la buena fe de esta parte, en este acto se pone en conocimiento de esta consejería que el Bazar Elena actualmente cuenta con las Hojas de Reclamaciones y su cartel anunciador. En este acto, se alega caducidad de la acción, toda vez que la visita de la inspección se efectuó en fecha 24 de abril de 1997 y la notificación a la dicente del Acuerdo de iniciación de expediente sancionador es de fecha 31 de octubre de 1997, por lo que ha transcurrido más de 6 meses. A la vista de que los hechos que se me imputan son totalmente inciertos y que la acción de la Administración se realiza con posterioridad a los 6 meses establecidos por la Ley, en este acto se solicita se proceda al archivo del expediente y se deje sin efecto el Acuerdo de iniciación de expediente sancionador. En orden a la proposición de prueba, se proponen las siguientes: 1.- Prueba testifical. 2.- Se libre oficio a la Oficina Municipal de Consumo. CONTESTACIÓN A LAS CUESTIONES Y VALORACIÓN DE LAS PRUEBAS PRACTICADAS: las alegaciones del interesado no modifican la calificación jurídica de los hechos vertidos en el Acuerdo de iniciación y Propuesta de Resolución, por cuanto que la inspección se personó en el Bazar Elena para tratar de una denuncia, Registro de entrada, nº 1661 y comprobaron que efectivamente cobraban un precio superior al oficial de 745 pesetas por bono, y también comprobaron que el establecimiento no tiene, en el momento de la inspección, a disposición de los consumidores y usuarios, las preceptivas Hojas de Reclamaciones y cartel anunciador de su existencia, exigidos por el Decreto 225/1994, de 11 de noviembre, para todas las personas físicas o jurídicas, titulares de establecimientos que realicen actividades comerciales en el ámbito de la Comunidad Canaria. Y por cuanto que los Inspectores, en el ejercicio de su función, tendrán el carácter de autoridad, y cuando aprecien algún hecho que estimen pueda constituir infracción, levantarán el correspondiente acta con los hechos que sirvan de base al correspondiente procedimiento sancionador, al que se le reconoce valor probatorio. En lo relativo al archivo del expediente sancionador, el artículo 18 del Real Decreto 1.945/1983, expone que el plazo de prescripciones de las infracciones es de 5 años y se computa desde el día en que aquella se hubiera cometido. El plazo de caducidad de la acción se fija seis meses y se computa desde el día en que la Administración tiene conocimiento de la existencia de la infracción, y hubieran finalizado las diligencias dirigidas al esclarecimiento de los hechos y siempre y cuando no hubieran transcurrido cinco años desde que se cometiera. OTRAS CUESTIONES PLANTEADAS: se propuso, en el escrito de alegaciones, la práctica de una prueba testifical con la interrogación de tres personas nominadas al efecto y se libre de oficio a la Oficina Municipal de Consumo, la fecha de solicitud de las Hojas de Reclamaciones y cartel anunciador, que el Instructor rechazó por improcedentes de conformidad con el artículo 17, apartado 2º del Real Decreto 1.398/1993, según consta en la Resolución de fecha 13 de noviembre de 1997. Conforme a las competencias asignadas a la Dirección General de Consumo, en el artículo 9, apartados k) y m), del Reglamento Orgánico de la Consejería de Sanidad y Consumo, aprobado por Decreto Territorial 322/1995, de 10 de noviembre (B.O.E. nº 154).

ACUERDO:

Imponer a Guillermina Quintana Báez la sanción de multa de 100.000 pesetas.

Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso ordinario ante el Excmo. Sr. Consejero de Sanidad y Consumo, en el plazo de un mes desde su notificación, conforme a lo previsto en el artº. 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.- Las Palmas de Gran Canaria, a 14 de noviembre de 1997.- El Director General de Consumo, Gonzalo Olarte Cullen. NOTA: el pago de la sanción se hará efectivo a partir de la notificación de la liquidación que oportunamente se girará por la Consejería de Economía y Hacienda.

10) PROVIDENCIA DE 29 DE JUNIO DE 1998, DEL DIRECTOR GENERAL DE CONSUMO.

Habiendo sido nombrado Instructor del expediente sancionador nº 35/1824/97 D. Antonio Cruz Caballero, y habiéndose nombrado Presidente de la Junta Arbitral de Consumo de Canarias, por la presente Providencia se procede al cambio de Instructor, quedando nombrada a tal efecto Dña. Marta Anitua Roldán, quien podrá ser recusada por los motivos establecidos en el artº. 28, apartado 2, de la Ley 30/1992, y en la forma prevista en el artº. 29 del mismo número.- Las Palmas de Gran Canaria, a 29 de junio de 1998.- El Director General de Consumo, Gonzalo Olarte Cullen.

RESOLUCIÓN.

Visto el expediente nº 35/1824/97.

RESPONSABLE: Cristóbal Pérez Melián. D.N.I. o N.I.F.: 42550901G.

MOTIVACIÓN

REFERENCIA DE HECHOS: el día 9 de octubre de 1997, Inspectores de esta Dirección General de Consumo realizaron visita de inspección en mayorista de frutas y hortalizas, propiedad de D. Cristóbal Pérez Melián, sito en Cuesta Ramón, Mercalaspalmas, nave A, puesto 71, del término municipal de Las Palmas de Gran Canaria, y mediante acta levantada al efecto (nº 7535) comprobaron que tienen para su distribución y venta, unas 45 cajas de aguacates y 20 cajas de manzanas, careciendo del preceptivo etiquetado de normalización y de lo regulado para la aplicación de la calidad de los aguacates y manzanas. FUNDAMENTOS DE DERECHO: artº. 34, apartado 6º de la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios (B.O.E. nº 176), y artículo 3º, apartados 3.3.1 y 3.3.4 del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio (B.O.E. nº 168), que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria, en concordancia con el Reglamento C.E.E. nº 920/89 de la Comisión, de 10 de abril de 1989, por el que se establecen normas de calidad para las zanahorias, los cítricos y las manzanas y peras de mesa (D.O.C.E. nº L 97, de 11 de abril de 1989), modificado por el Reglamento C.E.E. nº 421/90 de la Comisión (D.O.C.E. nº L 44, de 20 de febrero de 1990) Reglamento C.E.E. nº 487/90 de la Comisión (D.O.C.E. nº L 52, de 28 de febrero de 1990) y el Reglamento C.E.E. nº 292/92 de la Comisión (D.O.C.E. nº L 31, de 7 de febrero de 1992), en concordancia con el artº. 7 del Real Decreto 2.192/1984, de 28 de noviembre (B.O.E. nº 300), que aprueba el Reglamento de aplicación de las normas de calidad para las frutas y hortalizas frescas destinadas al mercado interior y con la Orden de la Presidencia del Gobierno de 5 de noviembre de 1981 (B.O.E. de 13) que regula la norma de calidad para los aguacates destinados al mercado interior. Conforme a las competencias asignadas a la Dirección General de Consumo, en el artículo 9, apartados k) y m), del Reglamento Orgánico de la Consejería de Sanidad y Consumo, aprobado por Decreto Territorial 322/1995, de 10 de noviembre (B.O.E. nº 154).

ACUERDO:

Imponer a Cristóbal Pérez Melián la sanción de multa de 25.000 pesetas.

Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso ordinario ante el Excmo. Sr. Consejero de Sanidad y Consumo, en el plazo de un mes desde su notificación, conforme a lo previsto en el artº. 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.- Las Palmas de Gran Canaria, a 3 de julio de 1998.- El Director General de Consumo, Gonzalo Olarte Cullen. NOTA: el pago de la sanción se hará efectivo a partir de la notificación de la liquidación que oportunamente se girará por la Consejería de Economía y Hacienda.

11) PROVIDENCIA DE 29 DE JUNIO DE 1998, DEL DIRECTOR GENERAL DE CONSUMO.

Habiendo sido nombrado Instructor del expediente sancionador nº 35/83/98 D. Antonio Cruz Caballero, y habiéndose nombrado Presidente de la Junta Arbitral de Consumo de Canarias, por la presente Providencia se procede al cambio de Instructor, quedando nombrada a tal efecto Dña. Marta Anitua Roldán, quien podrá ser recusada por los motivos establecidos en el artº. 28, apartado 2, de la Ley 30/1992, y en la forma prevista en el artº. 29 del mismo número.- Las Palmas de Gran Canaria, a 29 de junio de 1998.- El Director General de Consumo, Gonzalo Olarte Cullen.

RESOLUCIÓN.

Visto el expediente nº 35/83/98.

RESPONSABLE: Pinturas Aurelio, S.L. D.N.I. o N.I.F.: B35072701.

MOTIVACIÓN

REFERENCIA DE HECHOS: el día 1 de diciembre de 1997, Inspectores de esta Dirección General de Consumo realizaron visita de inspección en Pinturas Aurelio, S.L., propiedad de Pinturas Aurelio, S.A., sito en la calle García Escámez, 78, del término municipal de Arrecife, y mediante acta levantada al efecto nº 7931, comprobaron que tiene para su venta al público, paquetes de “Herdins-Herdins Akta Bets. Herdins Fargverk AB. Falun tel. 023/330 60, careciendo de etiquetado al menos en castellano, lengua española oficial del Estado, y de información de uso y avisos pertinentes del producto. FUNDAMENTOS DE DERECHO: artº. 34 de la Ley 26/1984, de 19 de julio (B.O.E. nº 176), General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, en relación con el artículo 3º, apartado 3.3.4 del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio (B.O.E. nº 168), que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria, en relación con el artículo 7º del Real Decreto 1.468/1988, de 2 de diciembre (B.O.E. nº 294), por el que se aprueba el Reglamento de etiquetado, presentación y publicidad de los productos industriales destinados a su venta directa a los consumidores y usuarios. Conforme a las competencias asignadas a la Dirección General de Consumo, en el artículo 9, apartados k) y m), del Reglamento Orgánico de la Consejería de Sanidad y Consumo, aprobado por Decreto Territorial 322/1995, de 10 de noviembre (B.O.E. nº 154).

ACUERDO:

Imponer a Pinturas Aurelio, S.L. la sanción de multa de 60.000 pesetas.

Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso ordinario ante el Excmo. Sr. Consejero de Sanidad y Consumo, en el plazo de un mes desde su notificación, conforme a lo previsto en el artº. 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.- Las Palmas de Gran Canaria, a 30 de junio de 1998.- El Director General de Consumo, GonzaloOlarte Cullen.

NOTA: el pago de la sanción se hará efectivo a partir de la notificación de la liquidación que oportunamente se girará por la Consejería de Economía y Hacienda.

Las Palmas de Gran Canaria, a 12 de agosto de 1998.- El Director General de Consumo, Gonzalo Olarte Cullen.



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