No teniendo constancia esta Dirección General del domicilio de las personas físicas y jurídicas que se relacionan, y siendo preciso notificarles las Resoluciones recaídas en los expedientes incoados contra las mismas, por infracción a la normativa en materia de consumo y conforme al artículo 59, apartado 4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
R E S U E L V O:
1.- Notificar a las personas físicas y jurídicas que se citan, las Resoluciones recaídas en los expedientes que les han sido instruidos por infracción a la legislación en materia de consumo.
Los interesados podrán interponer recurso ordinario contra la Resolución del expediente, que no agota la vía administrativa, en el plazo de un mes, contado a partir de la fecha de la publicación de la presente Resolución, ante el Excmo. Sr. Consejero de Sanidad y Consumo del Gobierno de Canarias y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.
El pago de la sanción se hará efectivo a partir de la notificación de la liquidación que oportunamente se girará por la Consejería de Economía y Hacienda.
2.- Remitir al Ayuntamiento de las poblaciones que se citan, las correspondientes Resoluciones para su publicación en el tablón de edictos.
1) Visto el expediente nº 38-101/98.
INSTRUIDO A: Fernando González Hernández. D.N.I. o N.I.F.: 41767696.
MOTIVACIÓN
(Artº. 54 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común).
REFERENCIA DE HECHOS: el día 14 de enero de 1998, un Inspector de esta Dirección General, realizó una visita de inspección en el establecimiento de venta menor de artículos del hogar del que es titular D. Fernando González Hernández, sito en la calle Herradores, 45, del término municipal de La Laguna, levantando el acta nº 9291 instruida al efecto. Se procede por el Inspector actuante a comprobar si el mobiliario expuesto en este establecimiento, para su venta al público, cumple según las directrices de la Campaña Nacional de Etiquetado y Garantía de los muebles, con la normativa vigente en esta materia, constatándose que se expone un mueble cómoda, modelo sin codificar, que carece de preceptiva etiqueta, sin que por lo tanto figuren los datos de composición, uso y mantenimiento ni identificación del fabricante o vendedor. Por lo que tales hechos son constitutivos de infracción en materia de consumo. FUNDAMENTOS DE DERECHO: resulta aplicable el artº. 7 del Real Decreto 1.465/1988 (B.O.E. nº 294), por el que se aprueba el Reglamento de etiquetado, presentación y publicidad de los productos industriales destinados a su venta directa a los consumidores y usuarios, en concordancia con el artº. 3.3.4 del Real Decreto 1.945/1983, por el que se regulan las infracciones y sanciones en materia de defensa al consumidor y de la producción agroalimentaria y el artº. 13 de la Ley 26/1984, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios (B.O.E. nº 176). CUESTIONES PLANTEADAS EN EL EXPEDIENTE: el interesado, en escrito presentado en el Registro de Entrada de la Dirección General de Consumo, provisto de nº 1319 de fecha 22 de mayo de 1998, sucintamente, manifiesta: El citado procedimiento se ha incoado, como consecuencia de la visita de inspección, en la que se detectó la existencia de un mueble cómoda que carecía de etiqueta. En el acta se omite un detalle fundamental, cual es el de que el citado mueble estaba situado junto a la puerta de entrada del comercio, en el paso de toda la gente que accede al interior, incluso, al alcance de la gente que pasa por la calle. Este detalle viene a colación de que más hacia el interior del comercio se encontraba otro mueble de la misma procedencia, lo que indudablemente acredita, como hizo constar en el momento de la inspección, que también tenía etiqueta la cómoda y la perdió por la acción de alguna persona al pasar por el exterior del comercio o al entrar al mismo. En consecuencia, entiendo que no existe responsabilidad, ya que, el mueble siempre contó con dicha etiqueta, perdiéndola accidentalmente por la acción de algún cliente, sin que el exponente se percatara de ello. Por tanto, estimo que debe dejarse sin efecto el procedimiento incoado, ordenando su sobreseimiento y archivo. CONTESTACIÓN A LAS CUESTIONES Y VALORACIÓN DE LAS PRUEBAS PRACTICADAS: no se desvirtúan de modo alguno los hechos imputados en el Acuerdo de inicio, por lo que no procede eximir de responsabilidad al interesado, puesto que éste a su escrito de alegaciones considera que no existe responsabilidad por su parte en la ausencia de etiquetado del mueble objeto de inspección, al perderse por la acción de algún cliente, circunstancia que no justifica de modo alguno el incumplimiento de la normativa en materia de etiquetado y las obligaciones que lleva aparejada para los comerciantes y detallistas en ese ámbito. Conforme a las competencias asignadas a la Dirección General de Consumo por el artículo 8 de la Orden de 18 de agosto de 1995, de desarrollo de las competencias de los órganos creados por Decreto 187/1995, de 20 de julio, de reestructuración de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias (B.O.C. nº 109), en conexión con el artículo 11, apartado f), y artículo 18, apartado 2.B), letras k) y m), del Decreto Territorial 228/1993, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Industria y Comercio (B.O.C. nº 116, de 10 de septiembre),
ACUERDO:
Imponer a Fernando González Hernández la sanción de multa de cincuenta mil (50.000) pesetas.
Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso ordinario, en el plazo de un mes, a partir de su notificación ante el Excmo. Sr. Consejero de Sanidad y Consumo, conforme a lo previsto en el artículo 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse. Se podrá presentar por medio de representante, para lo cual deberá acreditarse la representación por cualquier medio válido en Derecho que deje constancia fidedigna, o mediante declaración en comparecencia personal del interesado.- Santa Cruz de Tenerife, a 3 de julio de 1998.- El Director General de Consumo, Gonzalo Olarte Cullen.
NOTA: el pago de la sanción se hará efectivo a partir de la notificación de liquidación que oportunamente se girará por la Consejería de Economía y Hacienda. 2) Visto el expediente nº 38-152/98.
INSTRUIDO A: Ismael Pedro Trujillo Hernández. D.N.I. o N.I.F.: 41986238Z.
MOTIVACIÓN
(Artº. 54 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común).
REFERENCIA DE HECHOS: el día 3 de diciembre de 1997, un Inspector de esta Dirección General, realiza una visita de inspección en el establecimiento de taller de reparación de vehículos de rótulo Taller el Chorrillo, del que es titular D. Ismael Pedro Trujillo Hernández, con domicilio en Carretera General del Sur, km 9,4, nº 146, del Chorrillo, del término municipal de Santa Cruz de Tenerife y extiende el acta nº 9344, procediendo a comprobar la reclamación nº 1094/97 formulada por Dña. Julia Tejera Rodríguez, provista de D.N.I. nº 42.938.884, siendo motivo de la misma la reparación presuntamente defectuosa que de su vehículo se efectuó por el referido taller y como consecuencia de la cual se originó una segunda avería que ocasionó un incendio en parte del vehículo. Personado el Inspector actuante el compareciente en acta D. Ismael Trujillo Hernández, reconoce que la segunda avería, aunque no fue consecuencia de la primera, se reparó por su taller pero empleando repuestos usados y manifiesta, asimismo, que no se confeccionó la orden de reparación correspondiente, siendo ambos hechos constitutivos de infracción en materia de consumo, al contravenir lo previsto en el Real Decreto 1.457/1986, de 10 de enero, al no extenderse ni presupuesto, ni resguardo de depósito, ni constar la autorización del cliente para la utilización de piezas de repuestos usados. FUNDAMENTOS DE DERECHO: resulta aplicable el artº. 3.36 del Real Decreto 1.945/1986, por el que se regulan las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria (B.O.E. nº 168) en concordancia con los artículos 9 y 14 del Real Decreto 1.457/1986, regulador de la actividad industrial y de la prestación de servicios en los talleres de reparación de vehículos, de sus equipos y componentes (B.O.E. nº 169). CUESTIONES PLANTEADAS EN EL EXPEDIENTE: existe constancia en actuaciones de que el Acuerdo de iniciación fue notificado al interesado el día 10 de junio de 1998, mediante carta certificada con aviso de recibo, sin que en el plazo de diez días concedido al efecto formulara alegaciones. Conforme a las competencias asignadas a la Dirección General de Consumo por el artículo 8 de la Orden de 18 de agosto de 1995, de desarrollo de las competencias de los órganos creados por Decreto 187/1995, de 20 de julio, de reestructuración de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias (B.O.C. nº 109), en conexión con el artículo 11, apartado f), y artículo 18, apartado 2.B), letras k) y m), del Decreto Territorial 228/1993, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Industria y Comercio (B.O.C. nº 116, de 10 de septiembre), ACUERDO:
Imponer a Ismael Pedro Trujillo Hernández la sanción de multa de sesenta mil (60.000) pesetas.
Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso ordinario, en el plazo de un mes, a partir de su notificación ante el Excmo. Sr. Consejero de Sanidad y Consumo, conforme a lo previsto en el artículo 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse. Se podrá presentar por medio de representante, para lo cual deberá acreditarse la representación por cualquier medio válido en Derecho que deje constancia fidedigna, o mediante declaración en comparecencia personal del interesado.- Santa Cruz de Tenerife, a 14 de julio de 1998.- El Director General de Consumo, Gonzalo Olarte Cullen.
NOTA: el pago de la sanción se hará efectivo a partir de la notificación de liquidación que oportunamente se girará por la Consejería de Economía y Hacienda.
Santa Cruz de Tenerife, a 11 de agosto de 1998.- El Director General de Consumo, Gonzalo Olarte Cullen.
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