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No teniendo constancia esta Dirección General del domicilio de las personas físicas y jurídicas que se relacionan, y siendo preciso notificarles las Resoluciones recaídas en los expedientes incoados contra las mismas por infracción a la normativa en materia de consumo, y conforme al artículo 59, apartado 4, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
R E S U E L V O:
1.- Notificar a las personas físicas y jurídicas que se citan, las Resoluciones recaídas en los expedientes que les han sido instruidos por infracción a la legislación en materia de consumo.
Los interesados podrán interponer recurso ordinario contra la Resolución del expediente, que no agota la vía administrativa, en el plazo de un mes, contado a partir de la fecha de la publicación de la presente Resolución, ante el Excmo. Sr. Consejero de Sanidad y Consumo del Gobierno de Canarias, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.
El pago de la sanción se hará efectivo a partir de la notificación de la liquidación que oportunamente se girará por la Consejería de Economía y Hacienda.
2.- Remitir al Ayuntamiento de las poblaciones que se citan, las correspondientes Resoluciones para su publicación en el tablón de edictos.
1) RESOLUCIÓN
Visto el expediente nº 38-59/98, instruido por esta Dirección General contra Graham Robert Hodson, con domicilio en Supermercado Mira Verde, Urbanización Mira Verde, 5, Adeje, y estando de acuerdo con la propuesta formulada por el Instructor.
Vistos los preceptos legales de general aplicación, en especial el Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto (B.O.E. nº 189).
Resultando: que el día 22 de octubre de 1997, un Inspector de esta Dirección General practicó visita de inspección en el establecimiento supermercado de rótulo Supermercado Mira Verde, del que es titular Graham Robert Hodson, sito en la Urbanización Mira Verde, 5, del término municipal de Adeje, y mediante acta nº 8992, instruida al efecto, comprobó la reclamación nº 863/97 formulada por el Sr. Renzo Prchioli, provisto de documento de identificación nº TF 025675, siendo motivo de la misma el cobro de precios abusivos por la adquisición de diversos artículos alimenticios constatando el Inspector actuante que tiene expuestos para su venta al público cebollas, pimientos, pepinos, tomates, limones y naranjas, careciendo del preceptivo marcado de precios de venta al público, constituyendo tal hecho infracción en materia de consumo.
Resultando: que como consecuencia de ello se formuló Acuerdo de iniciación indicando que infringía lo dispuesto en el artículo 3º, apartado 3.3.4, del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio (B.O.E. nº 168), que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria, en concordancia con los artículos 2.1, 4.1 y 8.1 del Real Decreto 2.160/1993, de 10 de diciembre, por el que se regula la indicación de precios de los productos ofrecidos a los consumidores y usuarios (B.O.E. nº 29).
Resultando: que al no tener constancia de la notificación personal del mismo por el Servicio de Correos y a tenor de lo establecido en los artículos 58 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, la notificación es un derecho del interesado. Considerando que de conformidad con los artículos 24 del Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento para el ejercicio de la potestad sancionadora, y 43.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, el expediente debe entenderse caducado.
Conforme a las competencias asignadas a la Dirección General de Consumo en el artículo 9 del Decreto 322/1995, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Sanidad y Consumo,
ACUERDO:
El sobreseimiento de las diligencias contra Graham Robert Hodson, por caducidad y el archivo del expediente nº 38-59/98, sin más trámites.
Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso ordinario ante el Excmo. Sr. Consejero de Sanidad y Consumo, en el plazo de un mes desde su notificación, conforme a lo previsto en el artº. 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.- Santa Cruz de Tenerife, a 13 de julio de 1998.- El Director General de Consumo, Gonzalo Olarte Cullen.
2) Visto el expediente nº 38-124/98.
Instruido a: Foto Savita, S.L. D.N.I. o N.I.F.: B-38050936.
MOTIVACIÓN
(Artº. 54 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común).
REFERENCIA DE HECHOS: el día 19 de noviembre de 1997, un Inspector de esta Dirección General practicó visita de inspección en el establecimiento bazar, de rótulo Gold Coin II, del que es titular Foto Savita, S.L., sito en la Avenida España -Centro Comercial Santa María, local 65, Torviscas Bajas-, Playa de Las Américas, del término municipal de Adeje, levantando el acta nº 9314 instruida al efecto comprobó que este establecimiento tiene expuesta en expositor, una cámara de vídeo de la marca Sharp V.L. E344, junto a la cual hay un cartel que dice textualmente SHARP 39.500, precio relativo únicamente al cuerpo de la cámara, no exponiéndose en lugar alguno el precio de los accesorios necesarios para su funcionamiento, que según el embalaje de la cámara son los siguientes: adaptador para corriente, cargador de batería, batería, cable, cable de audio vídeo y cinta. Los hechos expuestos constituyen infracción en materia de consumo. FUNDAMENTOS DE DERECHO: es de aplicación el artículo 3º, apartado 3.3.4, del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio (B.O.E. nº 168), que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria, en concordancia con los artículos 2 y 5.2 del Decreto 2.807/1972, que regula la publicidad y marcado de precios en la venta al público de artículos al por menor (B.O.E. nº 247), y con los artículos 13 y 34.4 de la Ley 26/1984, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios. CUESTIONES PLANTEADAS EN EL EXPEDIENTE: el interesado, en escrito presentado en el Registro de Entrada de la Consejería de Industria y Comercio provisto de nº 3 de junio de 1998, sucintamente manifiesta: En modo alguno se pretendió ni se ha pretendido el obviar el precio real de venta del artículo expuesto al público, el personal del establecimiento a cualquier pregunta o requerimiento de la clientela les pone de manifiesto el precio no sólo de la cámara de vídeo, sino, además, de los accesorios necesarios para su funcionamiento, considerando que ello no es publicidad engañosa tal. En el campo del Derecho Administrativo no es procedente acudir a meros indicios o valoraciones en conciencia para dar por probada una infracción administrativa, imponiéndose el principio de presunción de inocencia del acusado, quedando obligada la Administración, que acusa y sanciona, a probar la realidad de los hechos que imputa. Suplico, se acuerde el archivo del expediente incoado, o en su defecto, se le imponga una sanción a mi representada en cuantía que no exceda la suma de veinticinco mil (25.000) pesetas. CONTESTACIÓN A LAS CUESTIONES Y VALORACIÓN DE LAS PRUEBAS PRACTICADAS: no se desvirtúan en modo alguno los hechos imputados en el Acuerdo de inicio, por lo que no procede eximir de responsabilidad al interesado, en base a las siguientes consideraciones: El precio de los artículos expuestos para su venta al público ha de ser cierto y relativo a la totalidad del producto junto a sus accesorios necesarios, cuestión que se incumple en el supuesto que nos ocupa, lo que implica la transgresión de los derechos básicos de los consumidores y usuarios, como lo es el derecho a una información correcta sobre los diferentes productos puestos a su disposición en el mercado. Asimismo, se ha de destacar el valor probatorio del que gozan las actas de inspección, donde queda acreditada la comisión de la infracción por la que se ha iniciado el presente expediente y cuyos hechos no han sido desvirtuados por el interesado. Conforme a las competencias asignadas a la Dirección General de Consumo por el artículo 8 de la Orden de 18 de agosto de 1995, de desarrollo de las competencias de los órganos creados por Decreto 187/1995, de 20 de julio, de reestructuración de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias (B.O.C. nº 109), en conexión con el artículo 11, apartado f), y artículo 18, apartado 2.B), letras k) y m), del Decreto Territorial 228/1993, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Industria y Comercio (B.O.C. nº 116, de 10 de septiembre), ACUERDO:
Imponer a Foto Savita, S.L. la sanción de multa de cien mil (100.000) pesetas.
Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso ordinario, en el plazo de un mes, a partir de su notificación ante el Excmo. Sr. Consejero de Sanidad y Consumo, conforme a lo previsto en el artículo 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse. Se podrá presentar por medio de representante, para lo cual deberá acreditarse la representación por cualquier medio válido en Derecho que deje constancia fidedigna, o mediante declaración en comparecencia personal del interesado.- Santa Cruz de Tenerife, a 9 de julio de 1998.- El Director General de Consumo, Gonzalo Olarte Cullen.
NOTA: el pago de la sanción se hará efectivo a partir de la notificación de la liquidación que oportunamente se girará por la Consejería de Economía y Hacienda.
Santa Cruz de Tenerife, a 30 de julio de 1998.- El Director General de Consumo, Gonzalo Olarte Cullen.
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