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Habiendo sido intentada, mediante carta certificada con acuse de recibo, la notificación a Constructora-Promotora Constructeide, S.L., de orden de incoación y designación de Instructor y Secretario dictada en el expediente sancionador S-29/98, como consecuencia de la denuncia formulada contra el mismo por infracción de la reglamentación vigente en materia de viviendas de protección oficial, no teniendo constancia de su recepción y a los efectos de que se formulen las alegaciones pertinentes, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. nº 285, de 27.11.92),
R E S U E L V O:
Notificar a Constructora-Promotora Constructeide, S.L. orden de incoación y designación de Instructor y Secretario de fecha 19 de junio de 1998 en el expediente sancionador de referencia, cuya parte dispositiva dice textualmente:
De orden del Instructor, por el presente oficio se le notifica a Ud. que, como consecuencia de la denuncia formulada por Dña. María Rosario Hernández Padilla, el Jefe del Servicio de Promoción Privada, en virtud de las atribuciones conferidas por Resolución de la Dirección General de Vivienda de fecha 24 de enero de 1990, en relación con el Decreto 161/1996, de 4 de julio, del Gobierno de Canarias (B.O.C. nº 84, de 12 de julio), ha acordado la incoación de expediente sancionador bajo la nomenclatura referenciada a la Constructora-Promotora Constructeide, S.L., por defectos constructivos en la vivienda de protección oficial, promoción privada, sita en Avenida 3 de Mayo, 20, Edificio Florida IV, 8º, en Los Realejos, conforme a lo dispuesto en la sección 3ª del capítulo VIII (artículos 157 y siguientes) del Reglamento de Viviendas de Protección Oficial de 24 de julio de 1968 (B.O.E. nº 216, de 7 de septiembre), por infracción al régimen legal de viviendas de protección oficial, en concreto la tipificada en el artículo 153.C).6, calificada de muy grave, susceptible de sanción al amparo del artículo 57 del Real Decreto 3.148/1978, de 10 de noviembre (B.O.E. nº 14, de 16.1.79), con multa por importe de 250.000 a 1.000.000 de pesetas, habiendo sido designados, respectivamente, Instructor y Secretaria del mismo D. Pablo Montoro Martín y Dña. Margarita Llorente Núñez.
Lo que notifico para su conocimiento y efectos, pudiendo, de conformidad con lo prevenido en el artículo 84 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre (B.O.E. nº 285, de 27.11.92), de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en relación con los artículos 28 y 29 de la misma Ley, efectuar en el plazo de diez días las alegaciones que estime oportunas.
Santa Cruz de Tenerife, a 1 de septiembre de 1998.- El Director General de Vivienda, Miguel Ángel Pulido Rodríguez.
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