Estás en:
No teniendo constancia esta Dirección General del domicilio de las personas físicas y jurídicas que se relacionan, y siendo preciso notificarles las Resoluciones recaídas en los expedientes incoados contra los mismos por infracción a la normativa en materia de consumo, y conforme al artículo 59, apartado 4, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
R E S U E L V O:
1.- Notificar a las personas físicas y jurídicas que se citan, las Resoluciones recaídas en los expedientes que les han sido instruidos por infracción a la legislación en materia de consumo. Los interesados podrán interponer recurso ordinario contra la Resolución del expediente, que no agota la vía administrativa, en el plazo de un mes, contado a partir de la fecha de la publicación de la presente Resolución, ante el Excmo. Sr. Consejero de Sanidad y Consumo del Gobierno de Canarias, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse. El pago de la sanción se hará efectivo a partir de la notificación de la liquidación que oportunamente se girará por la Consejería de Economía y Hacienda.
2.- Remitir al Ayuntamiento de las poblaciones que se citan, las correspondientes Resoluciones para su publicación en el tablón de edictos.
1) Visto el expediente nº 38-392/97. INSTRUIDO A: Enedina Delgado González. D.N.I. o N.I.F.: 42.057.168-N.
MOTIVACIÓN (Artº. 54 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común). REFERENCIA DE HECHOS: el día 22 de abril de 1997, un Inspector de esta Dirección General realizó una visita de inspección en el establecimiento Peluquería de rótulo Ninais, del que es titular Enedina Delgado González, sito en Centro Comercial San Eugenio, Playa de las Américas, local 68, del término municipal de Adeje, y mediante acta nº 8.183 instruida al efecto comprobó la reclamación nº 302/97, formulada por Dña. Josefina Rodríguez Díaz, provista de D.N.I. nº 32.614.414, siendo motivo de la misma la comisión de presuntas irregularidades en la prestación de un servicio de peluquería -precio abusivo, hacer constar conceptos en la factura de servicios no prestados y carecer de Hojas de Reclamaciones-, constatando el Inspector actuante que no se expone de forma visible el cartel anunciador de la existencia de Hojas de Reclamaciones, y no están disponibles dichas Hojas careciendo igualmente de lista de precios de los diferentes servicios ofertados. Asimismo solicitada por el Inspector actuante la presentación de documentos acreditativos de la identidad de la empresa no son aportados por la compareciente, obstruyendo la labor inspectora, los hechos expuestos suponen infracción en materia de consumo. FUNDAMENTOS DE DERECHO: es de aplicación el artículo 3º, apartado 3.3.4, del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio (B.O.E. nº 168), que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria, en concordancia con los artículos 2.1, 4.1 y 8.1 del Real Decreto 2.160/1993, de 10 de diciembre, por el que se regula la indicación de precios de los productos ofrecidos a los consumidores y usuarios (B.O.E. nº 29), el artº. 6 del Decreto 2.807/1972, que regula la publicidad y marcado en la venta al público de artículos al por menor (B.O.E. nº 247), los artículos 1 y 3 del Decreto 225/1994, de 11 de noviembre, por el que se regulan las Hojas de Reclamaciones de los consumidores y usuarios de la Comunidad Autónoma de Canarias (B.O.E. nº 148), artº. 10 de la Ley 4/1994, de 25 de abril, de Ordenación de la Actividad Comercial de Canarias (B.O.C. nº 53), en relación con el artº. 3, apartado 3.3.6, del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio, que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria (B.O.E. nº 168), y el artº. 34, apartado 9, de la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios (B.O.E. nº 176). Los artículos 5.1 y 14 del Real Decreto 1.945/1983, que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria (B.O.E. nº 168). CUESTIONES PLANTEADAS EN EL EXPEDIENTE: existe constancia en actuaciones de que el Acuerdo de iniciación fue publicado en el Boletín Oficial de Canarias nº 21, el día 16 de febrero de 1998, y en el tablón de edictos de el Ayuntamiento de Adeje, sin que en el plazo de diez días concedido al efecto formulara alegaciones.
Conforme a las competencias asignadas a la Dirección General de Consumo por el artº. 8 de la Orden de 18 de agosto de 1995, de desarrollo de las competencias de los órganos creados por Decreto 187/1995, de 20 de julio, de reestructuración de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias (B.O.C. nº 109), en conexión con el artº. 11, apartado f), y artº. 18, apartado 2.B), letras k) y m), del Decreto Territorial 228/1993, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Industria y Comercio (B.O.C. nº 116, de 10 de septiembre),
ACUERDO:
Imponer a Enedina Delgado González la sanción de multa de setenta y cinco mil (75.000) pesetas.
Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso ordinario, en el plazo de un mes, a partir de su notificación, ante el Excmo. Sr. Consejero de Sanidad y Consumo, conforme a lo previsto en el artº. 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse. Se podrá presentar por medio de representante, para lo cual deberá acreditarse la representación por cualquier medio válido en derecho que deje constancia fidedigna, o mediante declaración en comparecencia personal del interesado.- Santa Cruz de Tenerife, a 10 de marzo de 1998.- El Director General de Consumo, Gonzalo Olarte Cullen.
NOTA: el pago de la sanción se hará efectivo a partir de la notificación de la liquidación que oportunamente se girará por la Consejería de Economía y Hacienda.
2) Visto el expediente nº 38-10/98. INSTRUIDO A: Grupo Martínez, S.A. D.N.I. o N.I.F.: A-38011342.
MOTIVACIÓN (Artº. 54 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común). REFERENCIA DE HECHOS: el día 11 de septiembre de 1997, un Inspector de esta Dirección General realizó una visita de inspección en el establecimiento de venta menor de electrodomésticos, de rótulo Martínez, del que es titular Grupo Martínez, S.A., sito en la Plaza San Cristóbal, 5, del término municipal de La Laguna, y mediante acta nº 8.859 instruida al efecto, comprobó la reclamación nº 403/97, formulada por D. José Miguel Melián Alberto, provisto de D.N.I. nº 43.618.585, siendo motivo de la misma la compraventa de un electrodoméstico frigorífico Otsein, modelo CD. 400P, en fecha 26 de octubre de 1996, con problemas en su funcionamiento y negativa a facilitarle una Hoja de Reclamaciones, constatando el Inspector actuante que no están disponibles las Hojas de Reclamaciones, constituyendo tal hecho infracción en materia de consumo. FUNDAMENTOS DE DERECHO: es de aplicación lo establecido en los artículos 1 y 3 del Decreto 225/1994, de 11 de noviembre, por el que se regulan las Hojas de Reclamaciones de los consumidores y usuarios de la Comunidad Autónoma de Canarias (B.O.C. nº 148), artículo 10 de la Ley 4/1994, de 25 de abril, de Ordenación de la Actividad Comercial de Canarias (B.O.C. nº 53), en relación con el artº. 3, apartado 3.3.6, del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio, que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria (B.O.E. nº 168), y artº. 34, apartado 9, de la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios (B.O.E. nº 176). CUESTIONES PLANTEADAS EN EL EXPEDIENTE: el interesado, en escrito presentado en el Registro de Entrada de la Dirección General de Consumo, provisto de nº 952, de fecha 2 de abril de 1998, sucintamente, manifiesta: Por lo que se trata del contenido del acta nº 8.859 levantada el día 11 de septiembre de 1997, se deduce que el Sr. Inspector nunca comprobó por sí mismo la ausencia de Hojas de Reclamación, ya que el trabajador que le atendió se manifestó en el sentido de que era un sustituto del otro que estaba de vacaciones, y afirmando su existencia comentó que desconocía donde estaban. El Sr. Inspector no ha realizado ninguna otra gestión, diligencia o comparecencia para cerciorarse de que existen o no las Hojas de Reclamaciones comentadas en la tienda sita en la Plaza de San Cristóbal de La Laguna. Por tanto, tenemos que la presunción de certeza que otorga a las actas de inspección de Consumo, no amparan las opiniones o conclusiones de los funcionarios, sino que son acreditación iuris tamtum de los hechos o actos que él mismo ha presenciado. Por otro lado, tenemos que el artículo 129 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, establece que sólo constituyen infracciones administrativas las vulneraciones del ordenamiento jurídico previstas como tales infracciones por una Ley. Así, por tanto, la circunstancia de desconocer donde se encuentran las Hojas de Reclamaciones, no constituye hecho que esté calificado como sancionable, dado que éste es el único dato que aparece como cierto en el acta de inspección otorgada el 11 de septiembre de 1997. Solicito resuelva el presente expediente sancionador sin imponer sanción alguna. CONTESTACIÓN A LAS CUESTIONES Y VALORACIÓN DE LAS PRUEBAS PRACTICADAS: no se desvirtúan en modo alguno los hechos imputados en el Acuerdo de inicio, por lo que no procede eximir de responsabilidad al interesado. En base a las siguientes consideraciones: Constituye requisito imprescindible para evitar la vulneración de la normativa de protección de los consumidores, el que los titulares de establecimientos que realicen actividades comerciales tengan a disposición de los consumidores y usuarios las Hojas de Reclamaciones, tal y como recoge el artº. 1 del Decreto 225/1994, por el que se regulan las Hojas de Reclamaciones de los consumidores y usuarios de la Comunidad Autónoma de Canarias, y difícilmente se podría dar debido cumplimiento al precepto si el personal que atiende al público, aunque sea en calidad de sustituto, no conoce la ubicación de las Hojas de Reclamaciones. No basta, con todo, estar en posesión de las citadas Hojas, es preciso garantizar su disponibilidad para los clientes, y es ésta la conducta que se le imputa al interesado y que, en definitiva, ha motivado la iniciación del presente expediente.
Conforme a las competencias asignadas a la Dirección General de Consumo por el artículo 8 de la Orden de 18 de agosto de 1995, de desarrollo de las competencias de los órganos creados por Decreto 187/1995, de 20 de julio, de reestructuración de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias (B.O.C. nº 109), en conexión con el artículo 11, apartado f), y artículo 18, apartado 2.B), letras k) y m), del Decreto Territorial 228/1993, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Industria y Comercio (B.O.C. nº 116, de 10 de septiembre),
ACUERDO:
Imponer a Grupo Martínez, S.A. la sanción de multa de cuarenta mil (40.000) pesetas.
Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso ordinario, en el plazo de un mes, a partir de su notificación, ante el Excmo. Sr. Consejero de Sanidad y Consumo, conforme a lo previsto en el artº. 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse. Se podrá presentar por medio de representante, para lo cual deberá acreditarse la representación por cualquier medio válido en derecho que deje constancia fidedigna, o mediante declaración en comparecencia personal del interesado.- Santa Cruz de Tenerife, a 21 de abril de 1998.- El Director General de Consumo, Gonzalo Olarte Cullen.
NOTA: el pago de la sanción se hará efectivo a partir de la notificación de la liquidación que oportunamente se girará por la Consejería de Economía y Hacienda.
3) Visto el expediente nº 38-54/98. INSTRUIDO A: John William Sanders. D.N.I. o N.I.F.: X-1740697B.
MOTIVACIÓN (Artº. 54 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común). REFERENCIA DE HECHOS: el día 22 de octubre de 1997, un Inspector de esta Dirección General practicó visita de inspección en el establecimiento taller de vehículos de rótulo J.M. del que es titular John William Sanders, sito en la calle Perpendicular, 1, Guaza, del término municipal de Arona, y mediante acta nº 8.993, instruida al efecto, comprobó que no se expone en el exterior del establecimiento la placa-distintivo, y no presenta la documentación acreditativa de estar inscrito en el Registro Especial de Talleres de Reparación de Vehículos. Los hechos expuestos constituyen infracción en materia de consumo. FUNDAMENTOS DE DERECHO: son de aplicación los artículos 5 y 6 del Real Decreto 1.457/1986, que regula la actividad industrial y la prestación de servicios en los talleres de reparación de vehículos, de sus equipos y componentes (B.O.E. nº 169), en concordancia con los artículos 3.3.1 y 3.3.2 del Real Decreto 1.945/1983, que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria (B.O.E. nº 168), y con el artº. 34.9 de la Ley 26/1984, General para la Defensa de Consumidores y Usuarios (B.O.E. nº 176 ). CUESTIONES PLANTEADAS EN EL EXPEDIENTE: existe constancia en actuaciones de que el Acuerdo de iniciación fue notificado al interesado el día 14 de abril de 1998, mediante carta certificada con aviso de recibo, sin que en el plazo de diez días concedido al efecto formulara alegaciones.
Conforme a las competencias asignadas a la Dirección General de Consumo por el artº. 8 de la Orden de 18 de agosto de 1995, de desarrollo de las competencias de los órganos creados por Decreto 187/1995, de 20 de julio, de reestructuración de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias (B.O.C. nº 109), en conexión con el artº. 11, apartado f), y el artº. 18, apartado 2.B), letras k) y m), del Decreto Territorial 228/1993, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Industria y Comercio (B.O.C. nº 116, de 10 de septiembre),
ACUERDO:
Imponer a John William Sanders la sanción de multa de setenta y cinco mil (75.000) pesetas.
Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso ordinario, en el plazo de un mes, a partir de su notificación, ante el Excmo. Sr. Consejero de Sanidad y Consumo, conforme a lo previsto en el artº. 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse. Se podrá presentar por medio de representante, para lo cual deberá acreditarse la representación por cualquier medio válido en derecho que deje constancia fidedigna, o mediante declaración en comparecencia personal del interesado.- Santa Cruz de Tenerife, a 10 de junio de 1998.- El Director General de Consumo, Gonzalo Olarte Cullen.
NOTA: el pago de la sanción se hará efectivo a partir de la notificación de la liquidación que oportunamente se girará por la Consejería de Economía y Hacienda.
4) Visto el expediente nº 38-19/98. INSTRUIDO A: Razzia, S.L. D.N.I. o N.I.F.: B-38103792. MOTIVACIÓN (Artº. 54 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común). REFERENCIA DE HECHOS: el día 11 de noviembre de 1997, un Inspector de esta Dirección General practicó visita de inspección en el establecimiento de venta menor de textil, de rótulo Benetton, del que es titular Razzia, S.L., sito en la calle Valentín Sanz, 33, del término municipal de Santa Cruz de Tenerife, y mediante acta nº 9.841 instruida al efecto, comprobó la reclamación nº 682/97 formulada por Dña. Emma Rosa Suárez Estévez, provista de D.N.I. nº 43.360.999, siendo motivo de la misma la compraventa de diversos artículos, en fecha 11 de abril de 1997, y posterior devolución de alguno de ellos, motivando la extensión de un vale a favor de la reclamante, por importe de 6.190 pesetas, que al hacer efectivo en el período de rebajas, le aplican los precios que marcaban los artículos en el momento en que se efectuó la compraventa inicial, constatándose los siguientes hechos: Primero.- Que en fecha 11 de abril de 1997 se efectúa la compra de diversos artículos. Segundo.- Con posterioridad se procede a la devolución de parte de ellos, motivando la extensión de un vale por valor de 6.190 pesetas. Tercero.- Al hacer efectivo el vale, en período de rebajas, se le aplica a los artículoos elegidos por la cliente un precio superior a los que figuran expuestos al público, hecho que constituye infracción en materia de consumo. FUNDAMENTOS DE DERECHO: es de aplicación lo dispuesto en el artº. 3.3.4 del Real Decreto 1.945/1983, por el que se regulan las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria (B.O.E. nº 168), en concordancia con los artículos 13 y 34.6 de la Ley 26/1984, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios (B.O.E. nº 176). CUESTIONES PLANTEADAS EN EL EXPEDIENTE: el interesado, en escrito presentado en el Registro de Entrada de la Dirección General de Consumo, provisto de nº 1124 de abril de 1998, sucintamente manifiesta: Razzia S.L. manifiesta su conformidad con los hechos relatados contenidos en el Acuerdo de iniciación del expediente sancionador citado. Sin embargo de los hechos relatados no se infiere la comisión de ninguna de las infracciones que bajo el amparo de los artículos 3.3.4 del Real Decreto 1.945/1983, y 13.1.2 y 34.6 de la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, se contiene en el Acuerdo de inicio. Los preceptos citados tipifican las infracciones por el incumplimiento de las disposiciones que regulan el mercado, etiquetado y envasado de productos así como la publicidad sobre bienes y servicios y sus precios o bien como señala el artículo 13 de la Ley de Defensa de los Consumidores y Usuarios, los derechos a la información de que gozan los usuarios. Es evidente que Razzia, S.L. no infringió la normativa sobre el marcado ni sobre etiquetado ni sobre envasado de productos ni siquiera la publicidad sobre sus bienes, servicios y precios. Lo que pretende la empresa con su actuación es impedir el uso torticero y fraudulento de las devoluciones practicadas en la compra de artículos aprovechando la temporada de rebajas cuando la compra se efectuó en período ordinario. De ampararse por la Administración autonómica supuestos como el que formula la reclamante podría producirse la picaresca de efectuar grandes compras de productos los días anteriores a las ventas en rebajas, devolver seguidamente dichos productos y canjearlos aprovechando las ofertas de las rebajas. Razzia, S.L. estima que el expediente debe resolverse sin la imposición de sanción alguna por no figurar tipificada como infracción en la normativa vigente los hechos denunciados por la reclamante. CONTESTACIÓN A LAS CUESTIONES Y VALORACIÓN DE LAS PRUEBAS PRACTICADAS: no se desvirtúan en modo alguno los hechos imputados en el Acuerdo de inicio, por lo que no procede eximir de responsabilidad al interesado, en base a las siguientes consideraciones: Constituye un derecho básico e ineludible para los consumidores y usuarios el derecho de información, que incluye la protección en materia de indicación de los precios de los productos expuestos para su venta al público. Desde el momento en que en una adquisición de bienes se aplican precios superiores a los expuestos en estanterías y escaparates, es evidente que se vulnera la normativa reguladora de los precios de venta, y es que la información sobre los bienes y productos ha de ser cierta y veraz, tal como recoge la propia Ley 26/1984, requisitos que no se cumplen en el caso que nos ocupa y que motivan la responsabilidad del interesado.
Conforme a las competencias asignadas a la Dirección General de Consumo por el artículo 8 de la Orden de 18 de agosto de 1995, de desarrollo de las competencias de los órganos creados por Decreto 187/1995, de 20 de julio, de reestructuración de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias (B.O.C. nº 109), en conexión con el artículo 11, apartado f), y artículo 18, apartado 2.B), letras k) y m), del Decreto Territorial 228/1993, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Industria y Comercio (B.O.C. nº 116, de 10 de septiembre),
ACUERDO:
Imponer a Razzia, S.L. la sanción de multa de setenta y cinco mil (75.000) pesetas.
Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso ordinario, en el plazo de un mes, a partir de su notificación, ante el Excmo. Sr. Consejero de Sanidad y Consumo, conforme a lo previsto en el artº. 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse. Se podrá presentar por medio de representante, para lo cual deberá acreditarse la representación por cualquier medio válido en derecho que deje constancia fidedigna, o mediante declaración en comparecencia personal del interesado.- Santa Cruz de Tenerife, a 6 de mayo de 1998.- El Director General de Consumo, Gonzalo Olarte Cullen.
NOTA: el pago de la sanción se hará efectivo a partir de la notificación de la liquidación que oportunamente se girará por la Consejería de Economía y Hacienda.
Santa Cruz de Tenerife, a 15 de julio de 1998.- El Director General de Consumo, Gonzalo Olarte Cullen.
© Gobierno de Canarias