BOC - 1998/113. Viernes 4 de Septiembre de 1998 - 3062

IV. ANUNCIOS - Otros anuncios - Consejería de Sanidad y Consumo

3062 - ANUNCIO por el que se hace pública la Resolución de 6 de agosto de 1998, de la Dirección General de Consumo, sobre notificación de Resoluciones a personas físicas y jurídicas de ignorado domicilio.

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No teniendo constancia esta Dirección General del domicilio de las personas físicas y jurídicas que se relacionan, y siendo preciso notificarles la Resolución recaída en los expedientes incoados contra las mismas por infracción a la normativa en materia de consumo, y conforme al artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,

R E S U E L V O:

1.- Notificar a las personas físicas y jurídicas que se citan, la Resolución recaída en los expedientes que les han sido instruidos por infracción a la legislación en materia de consumo.

Los interesados podrán interponer recurso ordinario contra la Resolución del expediente, que no agota la vía administrativa, en el plazo de un mes, contado a partir de la fecha de la publicación de la presente Resolución, ante el Excmo. Sr. Consejero de Sanidad y Consumo del Gobierno de Canarias y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.

2.- Remitir a los Ayuntamientos de las poblaciones que se citan, las correspondientes Resoluciones para su publicación en el tablón de edictos. 1) RESOLUCIÓN.

Visto el expediente nº 35/552/97, instruido por esta Dirección General, contra Ferretería Majorera, S.L., con domicilio en Comandante Díaz Trayter, 85, y estando de acuerdo con la Propuesta formulada por el Instructor.

Vistos los preceptos legales de general aplicación, en especial el Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto (B.O.E. nº 189).

RESULTANDO: que el día 3 de febrero de 1997, Inspectores de esta Dirección General de Consumo realizaron visita de inspección en la Ferretería Majorera, propiedad de Ferretería Majorera, S.L., sito en Comandante Díaz Trayter, 85, del término municipal de Puerto del Rosario; y mediante acta levantada al efecto nº 5252 comprobaron que tenía expuesto para su venta al público cuatro neveras portátiles (según compareciente) cuyos etiquetados adolecían de los preceptivos datos consignados en castellano. RESULTANDO: que como consecuencia de ello se formuló Acuerdo de iniciación el día 16 de junio de 1997, indicando que infringía lo dispuesto en el artº. 34.6 de la Ley 26/1984, de 19 de julio (B.O.E. nº 176), General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, y el artículo 3º, apartado 3.3.4, del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio (B.O.E. nº 168), que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria, en relación con el artículo 7º del Real Decreto 1.468/1988, de 2 de diciembre (B.O.E. nº 294), por el que se aprueba el Reglamento de etiquetado, presentación y publicidad de los productos industriales destinados a su venta directa a los consumidores y usuarios. RESULTANDO: que la infracción fue calificada como leve. RESULTANDO: que se comunicó el Acuerdo de iniciación al Instructor y se ordenó que simultáneamente se notificase al interesado. RESULTANDO: que no pudo practicarse la notificación personal del mismo por el Servicio de Correos, puesto que el certificado fue devuelto. CONSIDERANDO: que de conformidad con el artículo 24 del Real Decreto 1.398/1983, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento para el ejercicio de la potestad sancionadora, y el artº. 43 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, el expediente debe entenderse caducado. Conforme a las competencias asignadas a la Dirección General de Consumo, en el artículo 9 del Decreto 322/1995, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Sanidad y Consumo, ACUERDO:

El sobreseimiento de las diligencias contra Ferretería Majorera, S.L. y el archivo del expediente nº 35/552/97 sin más trámite. Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso ordinario ante el Excmo. Sr. Consejero de Sanidad y Consumo, en el plazo de 1 mes desde su notificación, conforme a lo previsto en el artº. 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.- Las Palmas de Gran Canaria, a 21 de enero de 1998.- El Director General de Consumo.

2) RESOLUCIÓN.

Visto el expediente nº:35/1305/97.

RESPONSABLE: Antonio Sánchez Rodríguez e Hijos, S.L. D.N.I. o N.I.F.: B35083245.

MOTIVACIÓN

REFERENCIA DE HECHOS: el día 17 de junio de 1997, Inspectores de esta Dirección General de Consumo realizaron visita de inspección en el Despacho de Pan, Panadería, Dulcería del Pino propiedad de la interesada, sito en la calle Galicia, 24, del término municipal de Las Palmas de Gran Canaria; y mediante acta levantada al efecto nº 6414 comprobaron que carecía de las Hojas de Reclamaciones y del cartel anunciador de su existencia. FUNDAMENTOS DE DERECHO: artº. 34.9 de la Ley 26/1984, de 19 de julio (B.O.E. nº 176), General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, en relación con artº. 3.3.6 del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio, que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria (B.O.E. nº 168), en concordancia con el artº. 10 de la Ley 4/1994, de 25 de abril, de ordenación de la actividad comercial de Canarias (B.O.C. nº 53), en concordancia con los artículos 1, 2 y 3 del Decreto 225/1994, de 11 de noviembre, por el que se regulan las Hojas de Reclamaciones de los consumidores y usuarios de la Comunidad Autónoma Canaria (B.O.C. nº 148). CUESTIONES PLANTEADAS EN EL EXPEDIENTE: presentó escrito de alegaciones, el día 19 de diciembre de 1997, manifestando en síntesis: hemos de manifestar que consideramos que la incoación del expediente contra nuestra entidad es totalmente improcedente, por cuanto se parte de unos hechos erróneos, ya que el Despacho de Pan y Dulces denominado “Del Pino” dispone de las Hojas de Reclamaciones de los Consumidores y Usuarios con la siguiente numeración: de la 851201 a la 851220, señalando a efectos de prueba los archivos de dicha Oficina donde consta la entrega realizada. Junto a las referidas Hojas de Reclamaciones se nos hizo entrega del correspondiente cartel anunciador. Toda esta documentación se encontraba en el establecimiento al momento de realizarse la visita inspectora, produciéndose un malentendido entre los Servicios de Inspección y una trabajadora de nuestra empresa. CONTESTACIÓN A LAS CUESTIONES Y VALORACIÓN DE LAS PRUEBAS PRACTICADAS: las alegaciones del interesado no modifican la calificación jurídica de los hechos vertida en el Acuerdo de Iniciación y en la Propuesta de Resolución, por cuanto que la norma exige que las Hojas de Reclamaciones estén a disposición del consumidor, obligación que se incumple si la persona al frente del establecimiento no las facilita tras su solicitud. Así mismo, el cartel anunciador tiene que estar colocado en lugar visible. Es por lo que entendemos que se ha cometido la infracción imputada, con independencia de que las Hojas y el cartel fueran retirados de la O.M.I.C. Conforme a las competencias asignadas a la Dirección General de Consumo, en el artículo 9, apartados k) y m), del Reglamento Orgánico de la Consejería de Sanidad y Consumo, aprobado por Decreto Territorial 322/1995, de 10 de noviembre (B.O.E. nº 154),

ACUERDO:

Imponer a Antonio Sánchez Rodríguez e Hijos, S.L. la sanción de multa de 40.000 pesetas.

Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso ordinario ante el Excmo. Sr. Consejero de Sanidad y Consumo, en el plazo de 1 mes desde su notificación, conforme a lo previsto en el artº. 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.- Las Palmas de Gran Canaria, a 30 de diciembre de 1997.- El Director General de Consumo.

NOTA: el pago de la sanción se hará efectivo a partir de la notificación de la liquidación que oportunamente se girará por la Consejería de Economía y Hacienda.

3) RESOLUCIÓN.

Visto el expediente nº: 35/1309/97.

RESPONSABLE: Frutería Artiles, S.L. D.N.I. o N.I.F.: B35309772.

MOTIVACIÓN

REFERENCIA DE HECHOS: el día 18 de junio de 1997, Inspectores de esta Dirección General de Consumo realizaron visita de inspección en el Mayorista de Frutas y Hortalizas propiedad de la interesada, sito en la Plaza del Hierro, bloque 19, del término municipal de San Bartolomé de Tirajana; y mediante acta levantada al efecto nº 6419 comprobaron que tenía para su distribución y venta 25 sacos de patatas careciendo de sus preceptivos etiquetados de normalización. FUNDAMENTOS DE DERECHO: artº. 34.6 de la Ley 26/1984, de 19 de julio (B.O.E. nº 176), General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, en relación con artículo 3º, apartados 3.3.1 y 3.3.4, del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio (B.O.E. nº 168), que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria, en concordancia con el Real Decreto 2.192/1984, de 28 de noviembre (B.O.E. nº 300), que aprueba el Reglamento de aplicación de las normas de calidad para las frutas y hortalizas frescas comercializadas en el mercado interior, y Orden de 6 de julio de 1983 (B.O.E. nº 166), que aprueba la norma de calidad para patata de consumo destinada al mercado interior. CUESTIONES PLANTEADAS EN EL EXPEDIENTE: presentó escrito de alegaciones, el día 18 de diciembre de 1997, manifestando en síntesis: bien indica en el acta nº 6419, dichos sacos de papas eran para su distribución a restaurantes, hoteles, bares, etc., se entiende que no tienen porqué estar etiquetados, ya que, antes de su distribución, se ha acordado el precio de venta con el cliente y figura en la factura. Considera desproporcionada y excesiva la sanción que se le quiere imponer, por un hecho que esa Administración considera o interpreta que tiene que estar etiquetado, y que el que suscribe no, ya que no era para la venta en el propio establecimiento. CONTESTACIÓN A LAS CUESTIONES Y VALORACIÓN DE LAS PRUEBAS PRACTICADAS: las alegaciones del interesado no modifican la calificación jurídica de los hechos vertida en el Acuerdo de iniciación y en la Propuesta de Resolución, por cuanto que del acta de inspección se desprende que los sacos de papas estaban para su distribución y venta sin especificar nada de lo alegado. A la hora de cuantificar la sanción se han tenido en cuenta los criterios de graduación establecidos en la Ley. Conforme a las competencias asignadas a la Dirección General de Consumo, en el artículo 9, apartados k) y m), del Reglamento Orgánico de la Consejería de Sanidad y Consumo, aprobado por Decreto Territorial 322/1995, de 10 de noviembre (B.O.E. nº 154),

ACUERDO:

Imponer a Frutería Artiles, S.L. la sanción de multa de 125.000 pesetas.

Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso ordinario ante el Excmo. Sr. Consejero de Sanidad y Consumo, en el plazo de 1 mes desde su notificación, conforme a lo previsto en el artº. 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.- Las Palmas de Gran Canaria, a 30 de diciembre de 1997.- El Director General de Consumo.

NOTA: el pago de la sanción se hará efectivo a partir de la notificación de la liquidación que oportunamente se girará por la Consejería de Economía y Hacienda.

4) RESOLUCIÓN.

Visto el expediente nº: 35/1376/97.

RESPONSABLE: Sexymanía, S.C.P. D.N.I. o N.I.F.: G35461383. MOTIVACIÓN

REFERENCIA DE HECHOS: el día 2 de julio de 1997, Inspectores de esta Dirección General de Consumo realizaron visita de inspección en el Bazar Sexymanía propiedad de la interesada sito en el Centro Comercial Puerto Rico, IV fase, local 35, del término municipal de Mogán; y mediante acta levantada al efecto nº 6356 comprobaron que tenía expuesto para su venta al público varias gafas de juguete cuyos etiquetados carecían de la marca CE y del nombre y domicilio del importador y de las precauciones de uso consignadas en castellano. FUNDAMENTOS DE DERECHO: artículos 13 y 34.6 de la Ley 26/1984, de 19 de julio (B.O.E. nº 176), General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, y en relación con el artículo 3º, apartado 3.3.4, del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio (B.O.E. nº 168), que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria, en concordancia con los artículos 8 y 11 del Real Decreto 880/1990, de 29 de junio (B.O.E. nº 166), por el que se aprueban las normas de seguridad de los juguetes. Conforme a las competencias asignadas a la Dirección General de Consumo, en el artículo 9, apartados k) y m), del Reglamento Orgánico de la Consejería de Sanidad y Consumo, aprobado por Decreto Territorial 322/1995, de 10 de noviembre (B.O.E. nº 154),

ACUERDO:

Imponer a Sexymanía, S.C.P la sanción de multa de 60.000 pesetas.

Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso ordinario ante el Excmo. Sr. Consejero de Sanidad y Consumo, en el plazo de 1 mes desde su notificación, conforme a lo previsto en el artº. 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.- Las Palmas de Gran Canaria, a 26 de enero de 1998.- El Director General de Consumo.

NOTA: el pago de la sanción se hará efectivo a partir de la notificación de la liquidación que oportunamente se girará por la Consejería de Economía y Hacienda.

5) RESOLUCIÓN.

Visto el expediente nº 35/1719/97, instruido por esta Dirección General, contra Cooperativa de Técnicos Canarios, S.C., con domicilio en la Recta de los Tarahales, 67, y estando de acuerdo con la Propuesta formulada por el Instructor.

Vistos los preceptos legales de general aplicación, en especial el Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto (B.O.E. nº 189). RESULTANDO: que el día 2 de septiembre de 1997, Inspectores de esta Dirección General de Consumo realizaron visita de inspección en el Servicio de Asistencia Técnica Cotecan propiedad de la interesada, sito en la Recta de los Tarahales, 67, del término municipal de Las Palmas de Gran Canaria; y mediante acta levantada al efecto nº 7552 comprobaron que tenía en el exterior carteles anunciando el servicio técnico oficial de la marca Saba. Solicitado el contrato de dicho servicio oficial no fue presentado en el plazo otorgado a tal efecto. RESULTANDO: que como consecuencia de ello se formuló Acuerdo de iniciación con fecha 4 de febrero de 1998, indicando que infringía lo dispuesto en el artº. 34.8 de la Ley 26/1984, de 19 de julio (B.O.E. nº 176), General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, y el artículo 5º, apartado 5.1, en relación con el artº. 14 del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio (B.O.E. nº 168), que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria. RESULTANDO: que con fecha 20 de marzo de 1998, presentó escrito de alegaciones manifestando: que a requerimiento del acta nº 7552, fue presentada en su día la documentación solicitada, dentro del plazo establecido. Solicita, en base a lo expuesto, nos sea anulado. Se aporta la siguiente documentación: fotocopia de la entrada en el Registro General. Otra fotocopia del contrato de servicio. CONSIDERANDO: que son de tomar en consideración las alegaciones de la interesada porque se demuestra la presentación de la documentación requerida. Conforme a las competencias asignadas a la Dirección General de Consumo, en el artículo 9 del Decreto 322/1995, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Sanidad y Consumo,

ACUERDO:

El sobreseimiento de las diligencias contra Cooperativa de Técnicos Canarios, S.C. por inexistencia de responsabilidad y el archivo del expediente nº 35/1719/97 sin más trámite.

Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso ordinario ante el Excmo. Sr. Consejero de Sanidad y Consumo, en el plazo de 1 mes desde su notificación, conforme a lo previsto en el artº. 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.- Las Palmas de Gran Canaria, a 27 de marzo de 1998.- El Director General de Consumo.

6) RESOLUCIÓN.

Visto el expediente nº: 35/13/98.

RESPONSABLE: Eco 2001, S.L. D.N.I. o N.I.F.: B35414606. MOTIVACIÓN

REFERENCIA DE HECHOS: el día 6 de noviembre de 1997, Inspectores de esta Dirección General de Consumo realizaron visita de inspección en el Autoservicio El Sol propiedad de la interesada, sito en Jerusalén, 2, del término municipal de Las Palmas de Gran Canaria; y mediante acta levantada al efecto nº 7847 comprobaron que tenía expuesto para su venta al público en la sección de frutas y hortalizas, pimientos, zanahorias, tomates, limones y naranjas careciendo de sus preceptivos etiquetados de normalización. FUNDAMENTOS DE DERECHO: artº. 34.6 de la Ley 26/1984, de 19 de julio (B.O.E. nº 176), General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, y en relación con artículo 3º, apartados 3.3.1 y 3.3.4, del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio (B.O.E. nº 168), que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria, en concordancia con el anexo II del Reglamento CEE nº 79/88, de 13 de enero de 1987 (D.O.C.E. de 14 de enero de 1988), por el que se fijan las normas de calidad para las lechugas, escarolas y pimientos dulces modificado por el Reglamento CEE nº 1967/90, de 10 de julio (D.O.C.E. de 11 de julio de 1990), y el artº. 7 del Real Decreto 2.192/1984, de 28 de noviembre (B.O.E. nº 300), que aprueba el Reglamento de aplicación de las normas de calidad para las frutas y hortalizas frescas destinadas al mercado interior, y Orden de 12 de septiembre de 1983 (B.O.E. nº 23), corrección de errores (B.O.E. de 12.10.83), por el que se aprueba la norma de calidad para pimientos frescos destinados al mercado interior, en concordancia con el Reglamento (CEE) nº 920/89, de 10 de abril de 1989, modificado parcialmente por el Reglamento (CEE) nº 293/92, de 6 de febrero de 1992, y la Orden de 2 de julio de 1985 (B.O.E. de 8), por el que se aprueba la Norma de Calidad para zanahorias, los cítricos y las manzanas y peras de mesa (D.O.C.E. nº L 97, de 11.4.89), destinas al mercado interior, en concordancia con el Reglamento CEE nº 778/83, de 30 de marzo de 1983 (nº L 86/14, de 31.3.83), por el que se establecen normas de calidad para los tomates, y Orden de 10 de diciembre de 1985 (B.O.E. de 17), corrección de errores (B.O.E. de 18.1.86) que aprueba la norma de calidad para tomates frescos destinados al mercado interior. Conforme a las competencias asignadas a la Dirección General de Consumo, en el artículo 9, apartados k) y m), del Reglamento Orgánico de la Consejería de Sanidad y Consumo, aprobado por Decreto Territorial 322/1995, de 10 de noviembre (B.O.E. nº 154),

ACUERDO:

Imponer a Eco 2001, S.L. la sanción de multa de 25.000 pesetas.

Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso ordinario ante el Excmo. Sr. Consejero de Sanidad y Consumo, en el plazo de 1 mes desde su notificación, conforme a lo previsto en el artº. 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.- Las Palmas de Gran Canaria, a 27 de mayo de 1998.- El Director General de Consumo.

NOTA: el pago de la sanción se hará efectivo a partir de la notificación de la liquidación que oportunamente se girará por la Consejería de Economía y Hacienda.

Las Palmas de Gran Canaria, a 6 de agosto de 1998.- El Director General de Consumo, Gonzalo Olarte Cullen.



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