BOC - 1998/107. Lunes 24 de Agosto de 1998 - 2938

IV. ANUNCIOS - Otros anuncios - Consejería de Presidencia y Relaciones Institucionales

2938 - ANUNCIO de 3 de agosto de 1998, de la Dirección General de Administración Territorial y Gobernación, relativo a notificación de Resolución por la que se resuelve el recurso ordinario interpuesto por D. David Asensio Guerrero, en representación de la empresa operadora Recreativos Júpiter, S.A., contra la Providencia del Instructor del expediente sancionador por la que se deniega la práctica de la prueba testifical propuesta por la parte interesada.- Expte. nº 40/98.

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Habiendo sido intentada la notificación de la presente Resolución, en el domicilio que figura en el expediente sancionador nº 40/98, incoado por la Viceconsejería de Administración Pública a Recreativos Júpiter, S.A., titular de la empresa operadora nº 122, por infracción a la normativa sobre el juego, sin que haya podido practicarse al interesado, de conformidad con lo establecido en el artº. 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se procede a su publicación.

Resolución del Director General de Administración Territorial y Gobernación por la que se resuelve el recurso ordinario interpuesto por D. David Asensio Guerrero, en representación de la empresa operadora denominada Recreativos Júpiter, S.A., contra la Providencia del Instructor del expediente sancionador nº 40/98, por la que se deniega la práctica de la prueba testifical propuesta por la parte interesada.

Examinado el expediente tramitado por esta Dirección General de Administración Territorial y Gobernación, para la Resolución del recurso ordinario interpuesto por D. David Asensio Guerrero, en representación de la empresa operadora denominada Recreativos Júpiter, S.A., contra la Providencia del Instructor del expediente sancionador nº 40/98, por la que se deniega la práctica de la prueba testifical propuesta por la entidad interesada.

Vista la propuesta formulada por el Instructor del expediente sancionador nº 40/98. Teniendo en cuenta los siguientes

I. ANTECEDENTES

1º) Con fecha 2 de abril de 1998 fue dictada Providencia por el Instructor del expediente sancionador nº 40/98, por la que se deniega la práctica de la prueba testifical propuesta por el interesado por recaer sobre hechos que resultan irrelevantes para la decisión del procedimiento sancionador, toda vez que traer al mismo información sobre las extrañas circunstancias en que, a juicio del interesado, se llevó a efecto el precinto de la máquina recreativa denunciada, en nada cambia la veracidad de los hechos verdaderamente relevantes que constituyen el objeto del presente procedimiento, esto es, la explotación de una máquina recreativa instalada en un establecimiento autorizado para ello, careciendo en un período de tiempo determinado del preceptivo permiso de explotación.

2º) Contra dicha Providencia fue presentado por el interesado recurso ordinario, alegando, en síntesis, que la prueba testifical denegada sí aportará los datos suficientes para la defensa de la entidad recurrente. En efecto, si se demostrara que en las actuaciones de los Servicios del Juego hubo una premeditada connivencia con el titular del bar, podríamos encontrarnos en el supuesto de hecho previsto en el artículo 62.1.d) o 63.1 de la Ley 30/1992. De esta manera, la Providencia está limitando los medios de tutela de la entidad recurrente, generándole una evidente indefensión.

A la vista de las anteriores alegaciones, entiende la parte recurrente que la Providencia recurrida ha infringido los artículos 135.3 y 137, apartados 1 y 4, segundo inciso, de la misma Ley 30/1992.

Por todo cuanto antecede, se solicita que se dicte Resolución por la que se revoque y anule la Providencia recurrida, dejándola sin efecto, y se admita, asimismo, la prueba testifical en su día propuesta.

II. CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Primera.- Las competencias funcionales en esta materia vienen determinadas en la Ley 6/1985, de 30 de diciembre, reguladora de los Juegos y Apuestas en Canarias (B.O.C. nº 158, de 31.12.85), y en el Decreto 93/1988, de 31 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de Máquinas Recreativas y de Azar de la Comunidad Autónoma de Canarias (B.O.C. nº 83, de 1 de julio), modificado por los Decretos 132/1989, de 1 de junio (B.O.C. nº 97, de 17 de julio) y 89/1990, de 23 de mayo (B.O.C. nº 80, de 29 de junio).

Segunda.- De conformidad con lo establecido en el artº. 114.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, esta Dirección General es competente para resolver el recurso deducido.

Tercera.- En la tramitación de este expediente se ha observado el procedimiento previsto en los artículos 107 y concordantes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Cuarta.- En el recurso interpuesto se observan todos los requisitos de índole adjetiva y formal que hacen procedente su admisión a trámite, tales como la legitimación del recurrente y la interposición en el plazo legalmente establecido, de conformidad con los artículos 114 y siguientes de la citada Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Quinta.- Los hechos y fundamentos jurídicos alegados por la entidad recurrente, y, consecuentemente, las pretensiones deducidas por la misma, han de ser desestimadas, al no desvirtuar, en modo alguno, la conformidad a Derecho del acto recurrido y del expediente tramitado, tal como se pasa a fundamentar a continuación.

Sexta.- Aunque, con carácter general, en todo procedimiento administrativo sancionador deberá procederse a la apertura de un período probatorio con el objeto de acreditar los hechos imputados al presunto responsable, el artº. 17.1 del Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora, determina que la viabilidad de dicha fundamental fase del expediente constituye una facultad discrecional del órgano instructor. Ello se manifiesta en la propia dicción literal de la norma, donde se dice que “recibidas las alegaciones o transcurrido el plazo señalado en el artículo 16, el órgano Instructor podrᔠacordar la apertura de un período de prueba ....”.

Sin embargo, dicha facultad discrecional del Instructor del expediente no se proyecta sobre elementos de tipo formal, de manera que, por ejemplo, pudiera denegarse la apertura del procedimiento a prueba cuando el imputado no hubiera propuesto medio probatorio alguno, o cuando, por razones de economía y celeridad, el instructor considerara dilatada la celebración del período probatorio, etc. Antes al contrario, los elementos que condicionan el ejercicio de la discrecionalidad en estos casos son de naturaleza eminentemente material, y se ligan exclusivamente a la convicción del órgano instructor acerca de la innecesariedad de la fase de prueba cuando los hechos imputados al sujeto pasivo del expediente han quedado de algún modo acreditados con carácter previo a ese momento. Esa acreditación previa puede sucederse de distintas formas tales como, por ejemplo, la notoriedad del hecho ilícito, que en el presente supuesto es la explotación de una máquina recreativa instalada en un establecimiento autorizado para ello, careciendo en un período de tiempo determinado del preceptivo permiso de explotación, extremo éste acreditado por el Inspector del Juego actuante mediante acta de infracción de fecha 6 de febrero de 1998.

En su virtud, la prueba testifical propuesta por el interesado resulta improcedente por recaer sobre unas circunstancias irrelevantes para la decisión del procedimiento sancionador, a saber, el cómo y el cuándo se produjo el precinto de la máquina recreativa objeto del presente expediente, que en nada cambia la veracidad de los hechos imputados, consistentes en que, en el momento de la inspección, el día 6 de febrero de 1998, se encontraba instalada y en funcionamiento en el Bar Cantábrico, la máquina recreativa TF-B-14.921, propiedad de la empresa operadora ahora recurrente, pese que fue dada de baja, a petición de dicha empresa operadora, con fecha 31 de diciembre de 1997.

En el ejercicio de la competencia que tengo atribuida,

R E S U E L V O:

Desestimar el recurso ordinario interpuesto por D. David Asensio Guerrero, en representación de la entidad mercantil Recreativos Júpiter, S.A., contra la Providencia del Instructor del expediente sancionador nº 40/98, por la que se deniega la práctica de la prueba testifical propuesta por la parte ahora recurrente, confirmando dicho acto en todos sus extremos, debiéndose notificar la presente al recurrente, como interesado en el procedimiento, y con domicilio a tales efectos en la calle Desirée Dogour, 4, de Santa Cruz de Tenerife.

Contra esta Resolución, que agota la vía administrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, en el plazo de dos meses desde la publicación del presente anuncio, previa la comunicación a esta Dirección General, exigida en el artº. 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.

Santa Cruz de Tenerife, a 3 de agosto de 1998.- El Director General de Administración Territorial y Gobernación, Juan José Rodríguez y Rodríguez.



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