No habiéndose podido practicar la notificación a la entidad Car Store de la Resolución número 602 de fecha 12 de mayo de 1998, en los términos del apartado primero del artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, de conformidad con el apartado cuarto del citado artículo,
R E S U E L V O:
Notificar a la entidad Car Store, la Resolución de la Dirección General de Disciplina Urbanística y Medioambiental de fecha 12 de mayo de 1998, recaída en el expediente tramitado en esta Dirección General por extracción de piedras y tierra vegetal, con referencia I.M. 7/98, y cuya parte dispositiva dice textualmente:
Resultando que por Resolución del Ilmo. Sr. Director General de Disciplina Urbanística y Medioambiental, de fecha 27 de enero de 1998 se incoó expediente sancionador I.M. 7/98 contra la empresa The Car Store, S.L. por su no inscripción en el Registro de Pequeños Productores de Residuos Tóxicos y Peligrosos generados en las Islas Canarias, siendo notificada la misma el día 4 de febrero de 1998.
Resultando que en el plazo legal establecido al efecto la empresa expedientada ha presentado alegaciones, argumentando en síntesis:
Que desconoce el hecho del recibimiento del requerimiento a que hace alusión la resolución de incoación.
Que se ha procedido a la presentación de toda la documentación necesaria para la inscripción en el Registro Provincial de Pequeños Productores de Residuos Tóxicos.
Considerando que las alegaciones formuladas por la entidad expedientada no motivan el archivo del expediente sancionador, toda vez que se ha podido comprobar, en base a la denuncia e informe técnico obrantes en el expediente, que ésta fue requerida varias veces con fechas 8 de mayo de 1997, 17 de julio de 1997 y 26 de noviembre de 1997 para que solicitase su inscripción, no atendiendo tales requerimientos. Considerando que constituye una obligación de la citada empresa como productora de residuos tóxicos y peligrosos, su inscripción en el citado Registro de conformidad con el artículo 4 de la Ley 20/1986, de 14 de mayo, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos, en relación con el artículo 22 del Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento para la Ejecución de la Ley 20/1986, de 14 de mayo, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos y el artículo 1 del Decreto 51/1995, de 24 de marzo, por el que se regula el Registro de Pequeños Productores de Residuos Tóxicos y Peligrosos generados en las Islas Canarias.
Considerando que los hechos probados son constitutivos de una infracción tipificada en el artículo 16 de la Ley 20/1986, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos, y calificada de leve, de conformidad con el artículo 50.3.f) del Real Decreto 833, de 20 de julio de 1988, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 20/1986, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos.
Considerando que la empresa expedientada ha atendido finalmente al requerimiento solicitando su inscripción en dicho Registro de conformidad con el artículo 51.3 del Real Decreto 833, de 20 de julio de 1988, por el que se aprueba el Reglamento para la Ejecución de la Ley 20/1986, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos, procede reducir la cuantía de la sanción e imponer una multa de cien mil pesetas. Considerando que esta Dirección General es competente para la incoación y tramitación y resolución del presente expediente sancionador de conformidad con el artículo 31.bis) del Reglamento Orgánico de la Consejería de Política Territorial.
Visto el expediente administrativo, informes emitidos, disposiciones citadas y demás normas de general y concordante aplicación, y, habiéndose observado todas las prescripciones legales,
R E S U E L V O:
Imponer a la empresa The Car Store, S.L. una multa de cien mil (100.000) pesetas, por la comisión de una infracción administrativa consistente en su no inscripción en el Registro de Pequeños Productores de Residuos Tóxicos y Peligrosos generados en las Islas Canarias.
Notificar la presente resolución al infractor y demás interesados, advirtiéndole que contra la misma cabe interponer recurso ordinario ante la Excma. Sra. Consejera de Política Territorial y Medio Ambiente, en el plazo de un mes, a partir del día siguiente al de su notificación, y sin perjuicio de la interposición en su caso de cualquier otro que estime pertinente. Igualmente se le advierte que la multa impuesta deberá ser satisfecha en los términos y forma que le comunicará la Consejería de Economía y Hacienda del Gobierno de Canarias, una vez haya alcanzado firmeza la presente Resolución en vía administrativa.
Remitir la presente resolución al Servicio de Publicaciones e Información del Gobierno de Canarias y al correspondiente Ayuntamiento para su inserción en el tablón de edictos.
Las Palmas de Gran Canaria, a 12 de mayo de 1998.- El Director General de Disciplina Urbanística y Medioambiental, Miguel Ángel Morcuende Hurtado.
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