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BOC Nº 094. Martes 28 de Julio de 1998 - 2508

IV. ANUNCIOS - Otros anuncios - Consejería de Sanidad y Consumo

2508 - RESOLUCIÓN de 17 de junio de 1998, de la Dirección General de Consumo, sobre notificación de Resoluciones a personas físicas y jurídicas de ignorado domicilio.

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No teniendo constancia esta Dirección General del domicilio de las personas físicas y jurídicas que se relacionan, y siendo preciso notificarles las Resoluciones recaídas en los expedientes incoados contra las mismas por infracción a la normativa en materia de consumo, y conforme al artículo 59, apartado 4, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,

R E S U E L V O:

1.- Notificar a las personas físicas y jurídicas que se citan, las Resoluciones recaídas en los expedientes que les han sido instruidos por infracción a la legislación en materia de consumo. Los interesados podrán interponer recurso ordinario contra la Resolución del expediente, que no agota la vía administrativa, en el plazo de un mes, contado a partir de la fecha de la publicación de la presente Resolución, ante el Excmo. Sr. Consejero de Sanidad y Consumo del Gobierno de Canarias, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.

El pago de la sanción se hará efectivo a partir de la notificación de la liquidación que oportunamente se girará por la Consejería de Economía y Hacienda.

2.- Remitir al Ayuntamiento de las poblaciones que se citan, las correspondientes Resoluciones para su publicación en el tablón de edictos.

1) Visto el expediente nº 38-9/98.

instruido a: C.B. Automóviles Valle de Güímar. D.N.I. o N.I.F.: E-38212304.

MOTIVACIÓN

(Artº. 54 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común).

REFERENCIA DE HECHOS: el día 3 de septiembre de 1997, un Inspector de esta Dirección General realizó una visita de inspección en el establecimiento taller de reparación de automóviles, de rótulo del que es titular C.B. Automóviles Valle de Güímar, sito en la calle Santa Cruz, 70, del término municipal de Güímar, levantando el acta nº 8.700, instruida al efecto, comprobó la reclamación nº 285/97, formulada por D. Juan José Rodríguez Marrero, provisto de D.N.I. nº 42.065.964.E, siendo motivo de la misma la comisión de diversas irregularidades en la reparación de un vehículo de la marca Renault modelo Express, matrícula TF-4782-X, efectuada en fecha 12 de noviembre de 1996, abonando en concepto de factura -con nº 9641227- la cantidad de 102.095 pesetas, constatando el Inspector actuante que no hay renuncia expresa a su elaboración por parte del cliente, constituyendo tal hecho infracción en materia de consumo. FUNDAMENTOS DE DERECHO: es de aplicación el artº. 14 del Real Decreto 1.457/1986, que regula la actividad industrial y la prestación de servicios de talleres de reparación de vehículos, de sus equipos y componentes, B.O.E. nº 169, en concordancia con los artículos 3.3.4 y 3.3.6 del Real Decreto 1.945/1983, que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria, B.O.E. nº 168, y con el artº. 3.4.6 de la Ley 26/1984, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios. CUESTIONES PLANTEADAS EN EL EXPEDIENTE: el interesado, en escrito presentado en el Registro de Entrada de la Dirección General de Consumo, provisto de nº 616 de fecha 25 de febrero de 1998, sucintamente, manifiesta: D. Juan J. Rodríguez se presentó en marzo de 1997, reclamando garantía sobre una avería similar a la que nuestra empresa reparó a finales de noviembre de 1996 y después de haber recorrido 9.304 kilómetros, con una media muy alta de utilización del vehículo, detectamos que la manguera de agua que contiene el termostato había sido manipulada, así como el termistor del radiador; el termostato se encontraba cortado deliberadamente y el termistor puenteado, ambas operaciones realizadas por un “mecánico amigo”, llegamos a un acuerdo con el cliente, no cobrando por nuestra parte mano de obra en las intervenciones. Nos dirigimos a Ud., con la intención de que se tengan en cuenta todas las actuaciones, tanto las derivadas de nuestra empresa como las del cliente, y por tanto las decisiones oportunas dada cuenta que nos merece sorpresa la sanción que se solicita desde esa Dirección Regional. CONTESTACIÓN A LAS CUESTIONES Y VALORACIÓN DE LAS PRUEBAS PRACTICADAS: no se desvirtúan en modo alguno los hechos imputados en el Acuerdo de inicio, por lo que no procede eximir de responsabilidad al interesado. Conforme a las competencias asignadas a la Dirección General de Consumo por el artículo 8 de la Orden de 18 de agosto de 1995, de desarrollo de las competencias de los órganos creados por Decreto 187/1995, de 20 de julio, de reestructuración de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias (B.O.C. nº 109), en conexión con el artículo 11, apartado f), y artículo 18, apartado 2.B), letras k) y m), del Decreto Territorial 228/1993, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Industria y Comercio (B.O.C. nº 116 de 10 de septiembre),

ACUERDO:

Imponer a C.B. Automóviles Valle de Güímar la sanción de multa de setenta y cinco mil pesetas (75.000) pesetas.

Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso ordinario, en el plazo de un mes, a partir de su notificación, ante el Excmo. Sr. Consejero de Sanidad y Consumo, conforme a lo previsto en el artículo 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse. Se podrá presentar por medio de representante, para lo cual deberá acreditarse la representación por cualquier medio válido en derecho que deje constancia fidedigna, o mediante declaración en comparecencia personal del interesado.- Santa Cruz de Tenerife, a 6 de marzo de 1998.- El Director General de Consum, Gonzalo Olarte Cullen.

NOTA: el pago de la sanción se hará efectivo a partir de la notificación de la liquidación que oportunamente se girará por la Consejería de Economía y Hacienda.

2) Visto el expediente nº 38-393/97.

instruido a: Green Park, S.A. D.N.I. o N.I.F.: A-35100288. MOTIVACIÓN

(Artº. 54 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común).

REFERENCIA DE HECHOS: el día 23 de abril de 1997, un Inspector de esta Dirección General practicó visita de Inspección en el establecimiento Supermercado de rótulo Chaparral, del que es titular Green Park, S.A., sito en la Urbanización El Chaparral, Costa del Silencio, del término municipal de Arona, levantando el acta nº 8.090, instruida al efecto, comprobó reclamación nº 289/97, formulada por D. Marc. Bonnevie, siendo motivo de la misma la comisión de presuntas irregularidades al hacer efectivo el pago de una compra de diversos artículos, -cobro por duplicado de 2.000 pesetas- hechos ocurridos en fecha 2 de febrero del año en curso, constatando el Inspector actuante las siguientes irregularidades: Se exponen para su venta al público pan común y panes especiales, sin envasar y en régimen de autoservicio. Se exponen para su venta al público embutidos y derivados lácteos, de diferentes marcas, careciendo del preceptivo marcado de precios de venta al público. Se expone para su venta al público carne procedente de despiece, careciendo de cartel indicativo de la denominación de la pieza y de la canal de procedencia. Constituyen los hechos expuestos infracción en materia de consumo. FUNDAMENTOS DE DERECHO: es de aplicación el artº. 14 del Real Decreto 381/1984, por el que se aprueba la Reglamentación Técnico-Sanitaria del comercio minorista de Alimentación, B.O.E. nº 49, y el artículo 3º, apartado 3.3.4, del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio (B.O.E. nº 168), que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria, en concordancia con los artículos 2.1, 4.1 y 8.1 del Real Decreto 2.160/1993, de 10 de diciembre, por el que se regula la indicación de precios de los productos ofrecidos a los consumidores y usuarios, B.O.E. nº 29. La Disposición 5ª de la Resolución de la Dirección General de Comercio Alimentario, de 7 de julio de 1975, sobre márgenes comerciales máximos a aplicar por los detallistas carniceros en la venta al público de las distintas clases de carne, B.O.E. nº 165, en concordancia con los artículos 2.1.2 y 3.3.4 del Real Decreto 1.945/1983, que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria, B.O.E. nº 168. CUESTIONES PLANTEADAS EN EL EXPEDIENTE: existe constancia en actuaciones de que el Acuerdo de iniciación fue publicado en el Boletín Oficial de Canarias nº 21 el día 16 de febrero de 1998 y en el tablón de edictos del Ayuntamiento de Arona, sin que en el plazo de diez días concedido al efecto formulara alegaciones. Conforme a las competencias asignadas a la Dirección General de Consumo por el artículo 8 de la Orden de 18 de agosto de 1995, de desarrollo de las competencias de los órganos creados por Decreto 187/1995, de 20 de julio, de reestructuración de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias (B.O.C. nº 109), en conexión con el artículo 11, apartado f), y artículo 18, apartado 2.B), letras k) y m), del Decreto Territorial 228/1993, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Industria y Comercio (B.O.C. nº 116, de 10 de septiembre),

ACUERDO:

Imponer a Green Park, S.A. la sanción de multa de setenta y cinco mil (75.000) pesetas. Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso ordinario, en el plazo de un mes, a partir de su notificación, ante el Excmo. Sr. Consejero de Sanidad y Consumo, conforme a lo previsto en el artículo 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse. Se podrá presentar por medio de representante, para lo cual deberá acreditarse la representación por cualquier medio válido en derecho que deje constancia fidedigna, o mediante declaración en comparecencia personal del interesado.- Santa Cruz de Tenerife, a 12 de mayo de 1998.- El Director General de Consumo, Gonzalo Olarte Cullen.

NOTA: el pago de la sanción se hará efectivo a partir de la notificación de la liquidación que oportunamente se girará por la Consejería de Economía y Hacienda.

3) Visto el expediente nº 38-502/97.

instruido a: Taller Alemán Raabe, S.L. D.N.I. o N.I.F.: B-38326617.

MOTIVACIÓN

(Artº. 54 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común).

REFERENCIA DE HECHOS: el día 17 de junio de 1997, un Inspector de esta Dirección General realizó una reparación de automóviles, del que es titular Taller Alemán Raabe, S.L., sito en la calle Isla de la Palma, 33, San Isidro, del término municipal de Granadilla, y mediante acta nº 8.392, instruida al efecto, comprobó la reclamación nº 458/1997, formulada por D. Joseph Lorenz Fischer, provisto de documento de identidad nº 4024211622, siendo motivo de la misma la comisión de diversas irregularidades en la reparación de un vehículo-caravana, matrícula WI CL 6, de su propiedad, -cobro de 17.739 pesetas, sin entregar presupuesto previo, ni orden de reparación, -no hacer reparación alguna y presunta rotura del bloqueo de la dirección-, constatando el Inspector actuante que el prestador del servicio no entregó resguardo de depósito al propietario del vehículo una vez que entró éste en el taller, hecho que constituye infracción en materia de consumo. FUNDAMENTOS DE DERECHO: es de aplicación el artº. 14 del Real Decreto 1.457/1986, que regula la actividad industrial y la prestación de servicios en los talleres de reparación de vehículos, de sus equipos y componentes, B.O.E. nº 169, en concordancia con los artículos 3.3.4 y 3.3.6 del Real Decreto 1.945/1983, que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria, B.O.E. nº 168, y con el artº. 34.9 de la Ley 26/1984, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, B.O.E. nº 176. CUESTIONES PLANTEADAS EN EL EXPEDIENTE: existe constancia en actuaciones de que el Acuerdo de iniciación fue notificado al interesado el día 16 de diciembre de 1997, mediante carta certificada con aviso de recibo, sin que en el plazo de diez días concedido al efecto formulara alegaciones. Conforme a las competencias asignadas a la Dirección General de Consumo por el artículo 8 de la Orden de 18 de agosto de 1995, de desarrollo de las competencias de los órganos creados por Decreto 187/1995, de 20 de julio, de reestructuración de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias (B.O.C. nº 109), en conexión con el artículo 11, apartado f), y artículo 18, apartado 2.B), letras k) y m), del Decreto Territorial 228/1993, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Industria y Comercio (B.O.C. nº 116, de 10 de septiembre),

ACUERDO:

Imponer a Taller Alemán Raabe, S.L. la sanción de multa de setenta y cinco mil (75.000) pesetas.

Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso ordinario, en el plazo de un mes, a partir de su notificación, ante el Excmo. Sr. Consejero de Sanidad y Consumo, conforme a lo previsto en el artículo 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse. Se podrá presentar por medio de representante, para lo cual deberá acreditarse la representación por cualquier medio válido en derecho que deje constancia fidedigna, o mediante declaración en comparecencia personal del interesado.- Santa Cruz de Tenerife, a 15 de enero de 1998.- El Director General de Consumo, Gonzalo Olarte Cullen.

NOTA: El pago de la sanción se hará efectivo a partir de la notificación de la liquidación que oportunamente se girará por la Consejería de Economía y Hacienda.

Santa Cruz de Tenerife, a 17 de junio de 1998.- El Director General de Consumo, Gonzalo Olarte Cullen.

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