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Habiendo sido intentada la notificación de la presente Orden Departamental en el domicilio que figuraba en el expediente incoado por el correspondiente Centro Directivo de esta Consejería sin que haya sido recibida por la recurrente interesada, y de conformidad con lo establecido en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
R E S U E L V O:
1.- Notificar a Dña. Alicia Santamaría Puig la Orden de 29 de julio de 1997, registro de salida nº 472/Q, que figura como anexo de esta Resolución de la Dirección General de Consumo de fecha 5 de diciembre de 1996.
2.- Remitir al Ayuntamiento de Telde la presente Resolución para su publicación en el tablón de edictos.
Santa Cruz de Tenerife, a 16 de junio de 1998.- El Secretario General Técnico, Víctor Manuel Pérez Borrego. A N E X O
Visto el recurso ordinario interpuesto ante el Excmo. Sr. Consejero de Sanidad y Consumo por Dña. Alicia Santamaría Puig, frente a la Resolución de la Dirección General de Consumo de fecha 5 de diciembre de 1996, recaída en el expediente nº 35/647/96 y que determinó la imposición de una sanción de multa de setenta y cinco mil (75.000) pesetas.
RESULTANDO
Primero.- Que el día 3 de mayo de 1996, Inspectores de esta Dirección General de Consumo realizaron una visita de inspección en el Mercado Municipal, propiedad de Dña. Alicia Santamaría Puig, sito en la calle Pablo Neruda, s/n, planta B, puesto nº 27, del término municipal de Telde; y mediante acta levantada al efecto (nº 208) comprobaron que tenía expuesto para su venta al público naranjas, manzanas, sandías, pimientos, etc., careciendo todos los productos descritos del preceptivo etiquetado de comercialización y normas de calidad de frutas y hortalizas, destinadas al mercado interior, y del preceptivo marcado de precio de los citados productos.
Segundo.- Que incoado el oportuno expediente sancionador de conformidad con el Título IX de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. nº 285), y el artículo 13 del Reglamento de procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora, aprobado por el Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto (B.O.E. nº 189), se formuló Acuerdo de iniciación, en el que se imputaba al recurrente la infracción de lo dispuesto en el artículo 34, apartados 5º y 6º, de la Ley 26/1984, de 19 de julio (B.O.E. nº 176), General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, en relación con el artículo 3º, apartados 3.3.1 y 3.3.4, del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio (B.O.E. nº 168), que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria, en concordancia con el artº. 7 del Real Decreto 2.192/1984, de 28 de noviembre (B.O.E. nº 300), que aprueba el Reglamento de aplicación de las normas de calidad para las frutas y hortalizas frescas comercializadas en el mercado interior, en relación con el Reglamento (CEE) nº 920/89 de la Comisión, de 10 de abril de 1989, por el que se establecen normas de calidad para las zanahorias, los cítricos y las manzanas y peras de mesa (D.O.C.E. nº L 97, de 11.4.89), modificado por el Reglamento (CEE) nº 421/90 de la Comisión (D.O.C.E. nº L 44, de 20.2.90), Reglamento (CEE) nº 487/90 de la Comisión (D.O.C.E. nº L 52, de 28.2.90) y el Reglamento (CEE) nº 292/92 de la Comisión (D.O.C.E. nº L 31, de 7.2.92), en concordancia con el anexo II del Reglamento CEE nº 79/88 de 13 de enero de 1988 (D.O.C.E. de 14.1.88), por el que se fijan las normas de calidad para las lechugas, escarolas y pimientos dulces, modificado por el Reglamento CEE nº 1967/90, de 10 de julio (D.O.C.E. de 11.7.90) y Orden de 12 de septiembre de 1983 (B.O.E. nº 23; corrección de errores B.O.E. de 12.10.83), por el que se aprueba la norma de calidad para pimientos frescos destinados al mercado interior, en relación con los artículos 2 y 8 del Real Decreto 2.160/1993, de 10 de diciembre, por el que se regula la indicación de precios de los productos ofrecidos a los consumidores y usuarios (B.O.E. nº 29, de 3 de febrero).
Tercero.- Que la Dirección General de Consumo resuelve sancionar a la recurrente con una sanción de multa de setenta y cinco mil (75.000) pesetas.
Cuarto.- Que contra la precitada Resolución se interpone recurso ordinario ante el Excmo. Sr. Consejero de Sanidad y Consumo, que tiene entrada en este Departamento el día 7 de enero de 1997, exponiendo, en síntesis, la recurrente lo siguiente:
La visita de inspección se produjo a primera hora de la mañana cuando la compareciente estaba procediendo a la colocación en su puesto de la mercancía que acababa de llegar de Mercalaspalmas, razón por la cual no tuve tiempo material de proceder a colocar el marcado de precios de las naranjas, manzanas, sandías y pimientos.
En cuanto a la carencia de etiquetado de comercialización y normas de calidad en dichas frutas y hortalizas, hemos de manifestar que así nos fueron suministradas por el proveedor, quien en todo caso es el obligado a facilitar la mercancía cumpliendo con lo exigido por la normativa vigente, ya que la compareciente como minorista carece de la información y los medios necesarios para ello.
Quinto.- Que la Dirección General de Consumo informa sobre las actuaciones practicadas dando traslado de las mismas.
Y siendo de aplicación lo siguiente:
CONSIDERANDO
Primero.- Que no procede ningún pronunciamiento en contrario sobre los requisitos de admisibilidad del recurso presentado, interpuesto en tiempo y forma, y siendo competente para resolver la Consejería de Sanidad y Consumo.
Segundo.- Que la sanción impuesta a la recurrente, en la condición que ostenta, tiene como norma habilitante lo dispuesto en el artº. 34, apartados 5º y 6º, de la Ley 26/1984, de 19 de julio (B.O.E. nº 176), General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, en relación con el artículo 3º, apartados 3.3.1 y 3.3.4, del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio (B.O.E. nº 168), que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria, en concordancia con el artº. 7 del Real Decreto 2.192/1984, de 28 de noviembre (B.O.E. nº 300), que aprueba el Reglamento de aplicación de las normas de calidad para las frutas y hortalizas frescas comercializadas en el mercado interior, en relación con el Reglamento (CEE) nº 920/89 de la Comisión, de 10 de abril de 1989, por el que se establecen normas de calidad para las zanahorias, los cítricos y las manzanas y peras de mesa (D.O.C.E. nº L 97, de 11.4.89), modificado por el Reglamento (CEE) nº 421/90 de la Comisión (D.O.C.E. nº L 44, de 20.2.90), Reglamento (CEE) nº 487/90 de la Comisión (D.O.C.E. nº L 52, de 28.2.90) y el Reglamento (CEE) nº 292/92 de la Comisión (D.O.C.E. nº L 31, de 7.2.92), en concordancia con el anexo II del Reglamento CEE nº 79/88 de 13 de enero de 1988 (D.O.C.E. de 14.1.88), por el que se fijan las normas de calidad para las lechugas, escarolas y pimientos dulces, modificado por el Reglamento CEE nº 1967/90, de 10 de julio (D.O.C.E. de 11.7.90) y Orden de 12 de septiembre de 1983 (B.O.E. nº 23; corrección de errores B.O.E. de 12.10.83), por el que se aprueba la norma de calidad para pimientos frescos destinados al mercado interior, en relación con los artículos 2 y 8 del Real Decreto 2.160/1993, de 10 de diciembre, por el que se regula la indicación de precios de los productos ofrecidos a los consumidores y usuarios (B.O.E. nº 29, de 3 de febrero).
Tercero.- Que la determinación de la cuantía de la sanción impuesta, lo fue en el ejercicio por la Dirección General de Consumo de las atribuciones que le confiere el artº. 9, apartados k) y m), del Reglamento Orgánico de la Consejería de Sanidad y Consumo, aprobado por el Decreto 322/1995, de 10 de noviembre (B.O.C. nº 154), en concordancia con lo dispuesto en el artículo 36.1 de la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios.
Cuarto.- Que las alegaciones formuladas por el recurrente en su escrito de interposición del recurso, no pueden ser tomadas en consideración, pues no comportan justificación legal que permita modificar la calificación jurídica del hecho infractor comprobado y consiguiente apreciación de responsabilidad, y que, por tanto, no puede estimarse la petición de que se revoque la resolución sancionadora del Director General de Consumo, por cuanto el artículo 27.1.a) de la Ley 26/1984, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, en conexión con el artículo 130.1 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, declara la responsabilidad del vendedor por los productos que tenga expuestos para su venta al público en cuanto al origen, identidad e idoneidad de los mismos, de acuerdo con su naturaleza y finalidad y con las normas que los regulan.
En consecuencia, la recurrente incurre en responsabilidad dado el incumplimiento comprobado de las disposiciones ya indicadas en el Considerando II.
Quinto.- Que en virtud de las competencias atribuidas al Titular del Departamento por el artº. 29.1.e) de la Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias, le compete al mismo resolver en última instancia, dentro de la vía administrativa, cuando no corresponda a una autoridad inferior, los recursos promovidos contra las resoluciones de los organismos y autoridades de la Consejería.
VISTOS
Además de los preceptos legales citados, el artículo 33.c) del Estatuto de Autonomía de Canarias, el Real Decreto 2.916/1983, de 19 de octubre, y los Decretos Territoriales 187/1995, de 20 de julio, de reestructuración de la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias y el posterior 322/1995, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Sanidad y Consumo, así como la Legislación del Procedimiento Administrativo Común y demás disposiciones de general o particular aplicación.
El Consejero de Sanidad y Consumo, en ejercicio de sus competencias,
ACUERDA:
Desestimar en todos sus términos el recurso ordinario interpuesto por Dña. Alicia Santamaría Puig, frente a la Resolución de la Dirección General de Consumo de fecha 5 de diciembre de 1996, recaída en el expediente nº 35/647/96, por la que se le impone a la recurrente una sanción de multa de setenta y cinco mil (75.000) pesetas, por lo que, consecuentemente, debe confirmar y así confirma la mencionada Resolución recurrida.
Contra el presente acto, que pone fin a la vía administrativa, podrá el interesado interponer recurso contencioso-administrativo, ante la Sala correspondiente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, dentro de un plazo de dos meses (2), desde su notificación/publicación, previa la comunicación a la Consejería de Sanidad y Consumo exigida en el artículo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, sin perjuicio de cualquier otro que pudiera interponerse.- El Consejero de Sanidad y Consumo.
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