BOC - 1998/084. Viernes 10 de Julio de 1998 - 2165

IV. ANUNCIOS - Otros anuncios - Consejería de Política Territorial y Medio Ambiente

2165 - RESOLUCIÓN de 14 de mayo de 1998, de la Dirección General de Urbanismo, por la que se notifica a Dña. Benigna Fajardo Echevarría la Orden recaída en el expediente de referencia S.R. 1115/95.

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No habiéndose podido practicar la notificación a Dña. Benigna Fajardo Echevarría, referente al expediente de legalización de habitación de servicios, en el lugar denominado La Geria, en el término municipal de Yaiza, de la Orden de la Excma. Sra. Consejera de Política Territorial y Medio Ambiente, de 1 de abril de 1997, en los términos del apartado primero del artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común; de conformidad con el apartado cuarto del citado artículo,

R E S U E L V O:

Notificar a Dña. Benigna Fajardo Echevarría la Orden de la Excma. Sra. Consejera de Política Territorial y Medio Ambiente, cuyo texto es el siguiente:

Orden de la Excma. Sra. Consejera de Política Territorial y Medio Ambiente por la que se resuelve el recurso ordinario interpuesto por Dña. Benigna Fajardo Echevarría contra la Resolución del Ilmo. Sr. Director General de Urbanismo nº 1346/96 recaída en el expediente administrativo S.R. 1115/95.

ANTECEDENTES

1.- La Resolución nº 1346/96, de 18 de julio, del Director General de Urbanismo, denegó autorización a Dña. Benigna Fajardo Echevarría, para la legalización de habitación de servicios en La Geria, término municipal de Yaiza, con fundamento en el artículo 4.2.2.6.1.B) del Plan Insular de Ordenación.

2.- Dña. Benigna Fajardo Echevarría interpuso recurso ordinario contra la anterior Resolución, por los motivos que a continuación se resumen:

- Que la habitación es imprescindible para las labores agrícolas.

- Que los informes de la Consejería de Agricultura, Pesca y Alimentación y del Ayuntamiento son favorables.

- Que la habitación es anexa a antiguo aljibe rehabilitado y formaría parte de un mismo volumen.

CONSIDERACIONES JURÍDICAS

1º) El recurso ha sido interpuesto dentro del plazo y con los requisitos exigidos en el artículo 114 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

2º) Es competente este órgano para conocer del recurso de conformidad con el artículo 15.21 del Decreto 107/1995, de 26 de abril, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Política Territorial, en relación con el artículo 29 de la Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias; así como el artº. 114.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

3º) La rehabilitación de aljibe fue autorizada por tratarse de una construcción de valor patrimonial y no una nueva construcción. Esa misma causa, el valor patrimonial, impide autorizar el adosamiento de nueva edificación, con una tipología que en nada se relaciona con la propia de un aljibe.

No obstante, lo determinante es que el Plan Insular de Ordenación no permite nuevas construcciones en suelo rústico de protección, “zonas de valor paisajístico, paisajes singulares (C2.1)”; y que, en tal sentido, la Viceconsejería de Medio Ambiente informó que la obra no es compatible con la conservación del Paisaje Protegido de La Geria (artº. 25.3 de la Ley 12/1994, de Espacios Naturales de Canarias),

D I S P O N G O:

Desestimar el recurso presentado por Dña. Benigna Fajardo Echevarría contra la Resolución del Director General de Urbanismo nº 1346/96, de 18 de julio, por la que se denegó autorización para la legalización de habitación de servicios en La Geria, término municipal de Yaiza.

Dar traslado de la presente a la Dirección General de Disciplina Urbanística y Medioambiental, a los efectos oportunos.

Notifíquese la presente Orden Departamental al Ayuntamiento y al particular, advirtiendo que la misma agota la vía administrativa y que contra ella cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala correspondiente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, dentro del plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de su notificación. La interposición de recurso contencioso-administrativo contra actos que ponen fin a la vía administrativa requerirá comunicación previa al órgano que dictó el acto impugnado, tal como establece el artº. 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Las Palmas de Gran Canaria, a 14 de mayo de 1998.- El Director General de Urbanismo, Juan César Muñoz Sosa.



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