Visto el expediente tramitado por la Dirección General de la Función Pública para dar cumplimiento, en sus propios términos, a la Sentencia nº 102 de fecha 12 de febrero de 1998, dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de Santa Cruz de Tenerife, del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, en los recursos números 45/96, 113/96 y 112/96, promovido el primero por D. Francisco Javier Mejías Campos, y el segundo y tercero por D. Juan Dimas Sesto Tejedor, contra la Resolución de 23 de noviembre de 1995, de la Dirección General de la Función Pública, por la que se nombró funcionarios de carrera y adjudicó las plazas a los aspirantes interinos que aprobaron las pruebas selectivas convocadas por Decreto 224/1987, de 27 de noviembre.
Teniendo en cuenta los siguientes antecedentes y consideraciones jurídicas:
I. ANTECEDENTES
1º) Por Resolución de fecha 23 de noviembre de 1995, publicada en el Boletín Oficial de Canarias nº 157, de 11 de diciembre, de la Dirección General de la Función Pública, se nombraron funcionarios de carrera del Cuerpo Administrativo de la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias (Grupo C) a los aspirantes seleccionados en virtud de pruebas específicas convocados por Decreto 224/1987, de 27 de noviembre, y se les adjudicó plaza con carácter provisional.
2º) Contra esta Resolución interpuso D. Francisco Javier Mejías Campos el recurso contencioso-administrativo nº 45/96, y D. Juan Dimas Sesto Tejedor los recursos números 113/96 y 112/96, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de Santa Cruz de Tenerife, del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, solicitando se declarara la nulidad de la Resolución recurrida. 3º) En estos recursos, que fueron acumulados por la Sala, recayó Sentencia nº 102, de fecha 12 de febrero de 1998, estimando parcialmente las peticiones de los recurrentes, anulando la Resolución de la Dirección General de la Función Pública de 23 de noviembre de 1995, por no ser conforme a derecho.
II. FUNDAMENTO DE DERECHO
De conformidad con lo establecido en los artículos 118 de la Constitución y 17, apartado 2º, de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y lo dispuesto en los artículos 103 y 104 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, de 27 de diciembre de 1956, a la Dirección General de la Función Pública le corresponde la obligación de ejecutar la resolución judicial y la de llevarla a su puro y debido efecto, practicando lo que exija el cumplimiento de las declaraciones contenidas en el fallo.
En su virtud, en cumplimiento de la Sentencia nº 102, de fecha 12 de febrero de 1998, de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de Santa Cruz de Tenerife, del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, recaída en los recursos acumulados 45/96, 113/96 y 112/96,
R E S U E L V O:
Primero.-Proceder al cumplimiento, en sus propios términos, de la referida Sentencia.
Segundo.- Publicarla en el Boletín Oficial de Canarias para general conocimiento.
Santa Cruz de Tenerife, a 15 de junio de 1998.- El Director General de la Función Pública, Francisco Javier López de Vicuña y Artola.
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