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Vistos los repetidos intentos de notificación de la citada Resolución en el domicilio que figura en el expediente incoado por el correspondiente Centro Directivo de la mencionada Consejería, sin que haya sido recibida por la recurrente-interesada.
Visto lo establecido en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
R E S U E L V O:
Primero.- Notificar a Servicios Turísticos Gran Canaria, S.L. la Resolución de 3 de febrero de 1998 (libro nº 1, folio 58, número 69), que figura como anexo de esta Resolución, por la que se resolvió el recurso ordinario nº 457/96 (expediente nº GC-0211-0-96), interpuesto contra la Resolución de la Dirección General de Transportes de 6 de noviembre de 1996.
Segundo.- Remitir al Ayuntamiento de Valsequillo (Gran Canaria) la presente Resolución para su anuncio en el tablón de edictos correspondiente.
Santa Cruz de Tenerife, a 23 de abril de 1998.- La Secretaria General Técnica, Rosa María Rodríguez Martín.
A N E X O
Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Turismo y Transportes por la que se resuelve recurso ordinario interpuesto por D. Mario Ramírez Molina, en representación de Servicios Turísticos Gran Canaria, S.L.
Visto el recurso ordinario formulado por D. Mario Ramírez Molina, en representación de Servicios Turísticos Gran Canaria, S.L., contra la Resolución de la Dirección General de Transportes de 6 de noviembre de 1996, recaída en el expediente sancionador nº GC-0211-0-96, y teniendo a la vista los siguientes
ANTECEDENTES DE HECHO
Primero.- La Resolución recurrida se basa fácticamente en realizar el vehículo GC-1104-BC un transporte de alquiler sin conductor, careciendo del contrato, dando lugar a la sanción de cuarenta y seis mil (46.000) pesetas. Segundo.- El recurso ordinario interpuesto alega, en resumen, que los agentes denunciantes conocían la existencia del contrato debidamente confeccionado y que entran en contradicción y que el tipo del vehículo y tarjeta de transportes se recoge en la denuncia que realiza un servicio público y que la notificación del expediente sancionador se efectuó transcurridos 3 meses desde la denuncia y que la denuncia carece de elementos objetivos, solicitando, en definitiva, se deje sin efecto la sanción impuesta.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero.- La Secretaria General Técnica de la Consejería de Turismo y Transportes es competente para conocer y resolver el presente recurso en virtud de lo dispuesto en la Orden Departamental de 9 de octubre de 1995 (B.O.C. nº 136, 23.10.95), por la que se le delega la competencia de resolución de los recursos administrativos interpuestos contra actos dictados por órganos del Departamento en materia de turismo y de transportes.
Segundo.- La tramitación del expediente sancionador ha sido sustanciada de conformidad con lo previsto en el capítulo IV del título VI del Real Decreto 1.211/1990, de 28 septiembre, por el que se aprueba el Reglamento que desarrolla la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, según nueva redacción dada al mismo en el anexo I del Real Decreto 1.772/1994, de 5 de agosto, por el que se adecuan determinados procedimientos administrativos en materia de transportes y carreteras a la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Tercero.- Las argumentaciones esgrimidas por el recurrente en nada alteran los hechos y preceptos infringidos obrantes en la Resolución de la Dirección General de Transportes de 6 de noviembre de 1996, que se adoptó en base a lo dispuesto en el artículo 142 .l) de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres, y artículo 199.m) del Real Decreto 1.211/1990, de 28 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de la citada Ley, por los que se considera infracción administrativa leve, la carencia o falta de datos esenciales de la Declaración de Portes, la hoja de ruta u otra documentación obligatoria.
Teniendo en cuenta que según consta en la denuncia amparada por una presunción iuris tantum de veracidad al ser formulada por agente de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, quien, de acuerdo con el artículo 32.2 de la Ley 16/1987, de 30 de julio, venía obligado a realizarla, estando desligado de los hechos y de sus participantes al encontrarse en una situación de independencia material y subjetiva que permite estimar su apreciación desprovista de todo perjuicio y, por ende, utilizar la misma como elemento de juicio suficiente para basar en él una decisión acertada y justa (Sentencia del Tribunal Supremo de 16 de julio de 1982), el vehículo realizaba un servicio público de alquiler sin conductor careciendo del contrato de arrendamiento, constituyendo el hecho denunciado infracción de carácter leve, sin que haya sido desvirtuada mediante prueba en contrario ya que las alegaciones efectuadas por el recurrente no modifican la infracción cometida, habiéndose ratificado los agentes denunciantes en los hechos denunciados mediante informe de 7 de septiembre de 1997, que obra en las actuaciones. En consecuencia, procede desestimar el recurso interpuesto, confirmando la Resolución sancionadora.
Cuarto.- La presente Resolución no ha sido dictaminada por el Servicio Jurídico del Gobierno de Canarias, por suscitarse en el recurso cuestiones de Derecho ya resueltas en otros anteriores, de acuerdo con el artº. 20.g) del Decreto 19/1992, de 7 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento de dicho Servicio Jurídico.
Vistos los preceptos legales citados, concordantes y demás de general aplicación,
R E S U E L V O:
Desestimar, en todos sus términos, el recurso ordinario promovido por D. Mario Ramírez Molina, en representación de Servicios Turísticos Gran Canaria, S.L. y confirmar la Resolución de la Dirección General de Transportes de 6 de noviembre de 1996, recaída en el expediente sancionador nº GC-0211-0-96, que determinó la imposición de una sanción de cuarenta y seis mil (46.000) pesetas manteniéndose, en consecuencia, todos sus pronunciamientos.
Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, cabe recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, a interponer en el plazo de dos meses desde su notificación, previa comunicación al órgano que dictó la presente Resolución, de acuerdo con lo establecido en el artículo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.- La Secretaria General Técnica, p.d. (Orden de 9.10.95; B.O.C. nº 136, de 23.10.95), Rosa María Rodríguez Martín.
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