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BOC Nº 082. Lunes 6 de Julio de 1998 - 2133

IV. ANUNCIOS - Otros anuncios - Consejería de Sanidad y Consumo

2133 - RESOLUCIÓN de 8 de abril de 1998, de la Secretaría General Técnica, por la que se notifica Orden de esta Consejería que resuelve el recurso ordinario interpuesto por Dña. Carmen Roque Sánchez, contra la Resolución de la Dirección General de Consumo de 5 de diciembre de 1996, recaída en el expediente nº 35/990/96.

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Habiendo sido intentada la notificación de la presente Orden Departamental en el domicilio que figuraba en el expediente incoado por el correspondiente Centro Directivo de esta Consejería sin que haya sido recibida por el recurrente interesado, y de conformidad con lo establecido en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,

R E S U E L V O:

1.- Notificar a Dña. Carmen Roque Sánchez la Orden de 13 de agosto de 1997, registro de salida nº 539/Q, que figura como anexo de esta Resolución de la Dirección General de Consumo de 5 de diciembre de 1996.

2.- Remitir al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria la presente Resolución para su publicación en el tablón de edictos.

Santa Cruz de Tenerife, a 8 de abril de 1998.- El Secretario General Técnico, Víctor Manuel Pérez Borrego.

A N E X O

Visto el recurso ordinario interpuesto ante el Excmo. Sr. Consejero de Sanidad y Consumo por Dña. Carmen Roque Sánchez, frente a la Resolución de la Dirección General de Consumo de 5 de diciembre de 1996, recaída en el expediente nº 35/990/96 y que determinó la imposición de una sanción de multa de setenta y cinco mil (75.000) pesetas.

RESULTANDO

Primero: que el día 11 de junio de 1996, Inspectores de esta Dirección General de Consumo realizaron visita de inspección en la Boutique Carchez, propiedad de Dña. Carmen Roque Sánchez, sito en la calle Ruiz de Alda, 24, del término municipal de Las Palmas de Gran Canaria; y mediante acta levantada al efecto nº 1253 comprobaron que tenía expuestos para su venta al público en el escaparate exterior conjuntos de señora de distintos modelos careciendo de sus preceptivos marcados de los precios de venta al público de forma visible desde el exterior.

Así mismo comprobaron que no disponía de las Hojas de Reclamaciones y del cartel anunciador de su existencia.

Segundo: que incoado el oportuno expediente sancionador de conformidad con el Título IX de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. nº 285), y el artículo 13 del Reglamento de procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora, aprobado por el Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto (B.O.E. nº 189), se formuló Acuerdo de iniciación en el que se imputaba al recurrente la infracción de lo dispuesto en el artº. 34, apartados 5 y 9 de la Ley 26/1984, de 19 de julio (B.O.E. nº 176), General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, en relación con el artículo 3º, apartados 3.3.4 y 3.3.6 del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio (B.O.E. nº 168), que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria, en concordancia con el artº. 2 del Real Decreto 2.160/1993, de 10 de diciembre, por el que se regula la indicación de precios de los productos ofrecidos a los consumidores y usuarios (B.O.E. nº 29, de 3 de febrero), en concordancia con los artículos 1 y 3 del Decreto 2.807/1972, de 15 de septiembre (B.O.E. nº 247), por el que se regula la publicidad y marcado de precios en la venta al público de artículos al por menor, en concordancia con el artº. 10 de la Ley 4/1994, de 25 de abril, de ordenación de la actividad comercial de Canarias (B.O.C. nº 53), en concordancia con los artículos 1, 2 y 3 del Decreto 225/1994, de 11 de noviembre, por el que se regulan las Hojas de Reclamaciones de los consumidores y usuarios de la Comunidad Autónoma Canaria (B.O.C. nº 148).

Tercero: que la Dirección General de Consumo resuelve sancionar al recurrente previo el trámite de Propuesta de Resolución a que se refiere el artículo 18 del Real Decreto 1.398/1993, en relación con el Título IX de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, con una sanción de multa de setenta y cinco mil (75.000) pesetas.

Cuarto: que contra la precitada Resolución se interpone recurso ordinario ante el Excmo. Sr. Consejero de Sanidad y Consumo, que tiene entrada en este Departamento el día 9 de enero de 1997, exponiendo, en síntesis, el recurrente lo siguiente:

Se reconoce en la expresada Acta, el precio de la mercancía figuraba en las etiquetas, las cuales eran visibles al público. Cosa distinta será que determinadas personas no pudieran leerlas por carecer de la necesaria agudeza visual, ya que ninguna de las normas aplicables al respecto especifican el tamaño, forma y caracteres que dichas etiquetas deban tener, sin que pueda ser invocable, en especial, el artículo 3 del Decreto 2.807/1972, toda vez que las etiquetas se fijan sobre cada una de las prendas al poseer éstas un precio distinto cada una.

El comercio de esta parte es una boutique, por lo que necesariamente ha de fijarse una etiqueta con el P.V.P. sobre cada una de ellas y sin que las etiquetas puedan alcanzar proporciones tales que oculten en buena parte las características principales de lo exhibido.

En lo relativo a la carencia de Hojas de Reclamaciones, ya esta parte manifestó estar en posesión del Libro de Reclamaciones que, anteriormente, se exigía, desconociendo que la legislación en la materia había variado.

Y, pese a que en la Resolución recurrida se alega que el desconocimiento no exime de su cumplimiento, ha de manifestarse, en primer lugar, que reciente Jurisprudencia en materia penal reconoce el desconocimiento de las normas jurídicas como causa de exención de culpabilidad.

En segundo lugar, porque ha de recordar que, según el artículo 4 del Decreto Territorial 225/1994, establece con carácter imperativo la responsabilidad de la Dirección Territorial de Comercio y Consumo en la distribución de las Hojas de Reclamaciones y de los Carteles Anunciadores. Luego, imputar a esta parte el hecho de carecer de dichas hojas y cartel, cuando es la propia Dirección Territorial que incoa el procedimiento la que no le ha hecho entrega de las mismas o informado de la necesidad de su tenencia, es cuando menos, permítasenos la expresión, “rizar el rizo”.

Quinto: que la Dirección General de Consumo informa sobre las actuaciones practicadas dando traslado de las mismas.

Y siendo de aplicación los siguientes

CONSIDERANDOS

Primero: que no procede ningún pronunciamiento en contrario sobre los requisitos de admisibilidad del recurso presentado, interpuesto en tiempo y forma, y siendo competente para resolver la Consejería de Sanidad y Consumo.

Segundo: que la sanción impuesta al recurrente, en la condición que ostenta, tiene como norma habilitante lo dispuesto en el artº. 34, apartados 5 y 9 de la Ley 26/1984, de 19 de julio (B.O.E. nº 176), General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, en relación con el artículo 3º, apartados 3.3.4 y 3.3.6 del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio (B.O.E. nº 168), que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria, en concordancia con el artº. 2 del Real Decreto 2.160/1993, de 10 de diciembre, por el que se regula la indicación de precios de los productos ofrecidos a los consumidores y usuarios (B.O.E. nº 29, de 3 de febrero), en concordancia con los artículos 1 y 3 del Decreto 2.807/1972, de 15 de septiembre (B.O.E. nº 247), por el que se regula la publicidad y marcado de precios en la venta al público de artículos al por menor, en concordancia con el artº. 10 de la Ley 4/1994, de 25 de abril, de ordenación de la actividad comercial de Canarias (B.O.C. nº 53), en concordancia con los artículos 1, 2 y 3 del Decreto 225/1994, de 11 de noviembre, por el que se regulan las Hojas de Reclamaciones de los consumidores y usuarios de la Comunidad Autónoma Canaria (B.O.C. nº 148).

Tercero: que la determinación de la cuantía de la sanción impuesta, lo fue en el ejercicio por la Dirección General de Consumo de las atribuciones que le confiere el artº. 9, apartados k) y m) del Reglamento Orgánico de la Consejería de Sanidad y Consumo, aprobado por el Decreto 322/1995, de 10 de noviembre (B.O.C. nº 154), en concordancia con lo dispuesto en el artículo 36.1 de la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios.

Cuarto: que las alegaciones formuladas por el recurrente en su escrito de interposición del recurso, no pueden ser tomadas en consideración, pues no comportan justificación legal que permita modificar la calificación jurídica del hecho infractor comprobado y consiguiente apreciación de responsabilidad, y que, por tanto, no puede estimarse la petición de que se revoque la Resolución sancionadora del Director General de Consumo, por cuanto según se constata en el acta de inspección, la cual tiene valor probatorio de conformidad con lo dispuesto en el artº. 137.3 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, la recurrente tenía expuestos para su venta al público diferentes modelos de conjuntos de señora sin que su precio de venta al público fuera visible al exterior.

El artículo 27.1.a) de la Ley 26/1984, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, en conexión con el artículo 130.1 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, declara la obligación del vendedor de verificar el cumplimiento de los requisitos que exige la normativa vigente para el ejercicio de la actividad comercial. En consecuencia, la recurrente incurre en responsabilidad dado el incumplimiento comprobado de las disposiciones ya indicadas en el Considerando II.

El artº. 1 del mencionado Decreto 225/1994 establece que el sujeto obligado a tener a disposición de los consumidores y usuarios las Hojas de Reclamaciones es el titular del establecimiento comercial. En este expediente no consta que la Dirección General de Consumo se haya negado a entregar a la recurrente las Hojas de Reclamaciones, una vez solicitadas.

Quinto: que en virtud de las competencias atribuidas al titular del Departamento por el artº. 29.1.e) de la Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias, le compete al mismo resolver en última instancia, dentro de la vía administrativa, cuando no corresponda a una autoridad inferior, los recursos promovidos contra las resoluciones de los organismos y autoridades de la Consejería.

VISTOS

Además de los preceptos legales citados, el artículo 33.c) del Estatuto de Autonomía de Canarias, el Real Decreto 2.916/1983, de 19 de octubre, y los Decretos Territoriales 187/1995, de 20 de julio, de reestructuración de la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias y el posterior 322/1995, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Sanidad y Consumo, así como la legislación del Procedimiento Administrativo Común y demás disposiciones de general o particular aplicación.

El Consejero de Sanidad y Consumo, en ejercicio de sus competencias,

ACUERDA:

Desestimar en todos sus términos, el recurso ordinario interpuesto por Dña. Carmen Roque Sánchez, frente a la Resolución de la Dirección General de Consumo de 3 de diciembre de 1996, recaída en el expediente nº 35/990/96, por la que se le impone a la recurrente una sanción de multa de setenta y cinco mil (75.000) pesetas, por lo que, consecuentemente, debe confirmar y así confirma la mencionada Resolución recurrida.

Contra el presente acto, que pone fin a la vía administrativa, podrá la interesada interponer recurso contencioso-administrativo, ante la Sala correspondiente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, dentro de un plazo de dos (2) meses, desde su notificación/publicación, previa la comunicación a la Consejería de Sanidad y Consumo exigida en el artículo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, sin perjuicio de cualquier otro que pudiera interponerse.- El Consejero de Sanidad y Consumo.

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