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BOC Nº 080. Miércoles 1 de Julio de 1998 - 2061

IV. ANUNCIOS - Otros anuncios - Consejería de Turismo y Transportes

2061 - RESOLUCIÓN de 24 de abril de 1998, de la Dirección General de Ordenación e Infraestructura Turística, sobre notificación de Resoluciones a titulares de empresas y actividades turísticas de ignorado domicilio.

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Habiéndose intentado por esta Dirección General sin haberse podido practicar, la notificación de la Resolución recaída en el expediente incoado con motivo de denuncias o Actas de Inspección formuladas contra los titulares de empresas y actividades turísticas que se relacionan, conforme al artº. 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y siendo preciso su notificación a los efectos de que aleguen lo que a su derecho convenga,

R E S U E L V O:

1.- Notificar a los titulares de establecimientos y actividades turísticas que se citan, la Resolución recaída en el expediente que les ha sido instruido por infracción a la legislación en materia turística.

Las Resoluciones que se notifican no ponen fin a la vía administrativa y contra las mismas cabe interponer, de acuerdo con lo prevenido en los artículos 114 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, recurso ordinario en el plazo de un mes, contado a partir de la recepción de la presente Resolución, ante el Ilmo. Sr. Viceconsejero de Turismo, de la Consejería de Turismo y Transportes del Gobierno de Canarias, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.

En el caso de que el recurrente sea un representante, deberá acreditar esta representación, aportando escritura de poder para dejar constancia fidedigna, bien con copia simple notarial o previo cotejo o compulsa de la fotocopia con su original, a tenor de lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

El ingreso de las sanciones recaídas en los expedientes que se relacionan deberá hacerse efectivo en la forma y plazos indicados en la notificación que la Consejería de Economía y Hacienda le remitirá a su propio domicilio.

2.- Remitir al Ayuntamiento de las poblaciones que se citan, la presente Resolución para su publicación en el tablón de edictos correspondiente.

Las Palmas de Gran Canaria, a 24 de abril de 1998.- El Director General de Ordenación e Infraestructura Turística, Francisco Montesdeoca Santana.

RESOLUCIONES QUE SE CITAN:

1º) Libro nº 2 de Resoluciones de la Dirección General de Ordenación e Infraestructura Turística, folio 123, nº 164. Resolución de 4 de marzo de 1998, de la Dirección General de Ordenación e Infraestructura Turística, recaída en el expediente sancionador nº 97/148, instruido a Casalanza, S.A., titular de la explotación turística del establecimiento denominado Apartamentos Acuarius.

Examinado el expediente sancionador tramitado por el Servicio de Inspección y Sanciones, instruido a Casalanza, S.A., por Resolución de iniciación del Director General de Ordenación e Infraestructura Turística, de 1 de julio de 1997, como consecuencia del acta de inspección nº 5.984, de 6 de septiembre de 1995.

Vista la propuesta formulada por el Instructor del expediente sancionador consignado.

Teniendo en cuenta los siguientes

I. ANTECEDENTES

1º) Que con fecha 6 de septiembre de 1995 se personó en el establecimiento de referencia, sito en la calle Teide, 6, en Puerto del Carmen, término municipal de Tías, el Servicio de Inspección de esta Dirección General, levantando al efecto el acta nº 5.984 en la que esencialmente se hace constar que el establecimiento carecía de Libro de Inspección de Turismo donde dejar constancia de la visita realizada.

2º) Que se ordenó la iniciación de expediente sancionador, que lleva el nº 97/148, nombrándose Instructor y Secretario.

3º) Que por el Instructor del expediente se formuló el cargo, con fecha 1 de julio de 1997, por el siguiente:

HECHO: no facilitar el Libro de Inspección.

4º) La empresa expedientada, en escrito de 31 de julio de 1997, registro de entrada nº 656, en síntesis, ha alegado lo siguiente:

Que el libro no se entregó a la Inspección debido al nerviosismo lógico del momento, obrando en el establecimiento desde julio de 1991. Adjunta fotocopia del mencionado libro.

Concluye afirmando que no carece de Libro de Inspección, por lo que no existe motivo de sanción.

5º) Examinadas las razones esgrimidas por la empresa expedientada y los documentos aportados, no desvirtúa el hecho infractor, pues lo que se está imputando no es el que careciese de Libro de Inspección, sino el que no se facilitó al Inspector actuante, tal como es preceptivo, debiendo estar siempre a disposición de los Inspectores de Turismo. No obstante lo anterior y habida cuenta de las circunstancias alegadas por la expedientada y el hecho de que carece de antecedentes, no habiendo sido sancionado por infringir la normativa turística en vigor, se estima debe atenuarse la sanción inicial.

Como consecuencia de todo lo anterior, el Instructor del procedimiento con fecha 17 de septiembre de 1997, formuló propuesta de sanción de multa en cuantía de 225.000 pesetas.

6º) Que la expedientada no ha realizado contestación a la Propuesta de Resolución.

II. CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Primera: que las actuaciones practicadas en el presente expediente sancionador han sido de conformidad con la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. nº 285, de 27.11.92), y de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19.4.95).

Segunda: que en la tramitación del expediente se han observado las formalidades de rigor.

Tercera: que las pruebas que obran en el expediente son tenidas en cuenta a la hora de emitir la presente Resolución.

Cuarta: que debe estimarse la responsabilidad administrativa de la expedientada, en base al contenido del acta de inspección nº 5.984, de 6 de septiembre de 1995, sin que la entidad consignada haya formulado alegaciones a la Propuesta de Resolución, significándose que a la hora de formular dicha Propuesta se han tenido en cuenta los criterios de ponderación que se establecen en el artº. 79, de la Ley 7/1995, de Ordenación del Turismo de Canarias.

Quinta: que el hecho recogido en el expediente es constitutivo de infracción a: artº. 41 del Decreto 190/1996, de 1 de agosto, regulador del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora en materia turística y de la inspección de turismo (B.O.C. nº 103, de 21 de agosto).

Con calificación de leve, en base a: artº. 76.9, en relación con el artº. 77.7 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19 de abril).

En el ejercicio de la competencia que tengo atribuida para resolver el presente expediente sancionador, de acuerdo con la Ley Orgánica 10/1982, de 10 de agosto, por la que se aprueba el Estatuto de Autonomía de Canarias (B.O.J.C. nº 17, de 28.9.82), y el artículo 10.j) del Decreto 281/1995, de 11 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Turismo y Transportes (B.O.C. nº 128, de 4.10.95), R E S U E L V O:

Imponer la sanción de multa de 225.000 pesetas, a Casalanza, S.A., con C.I.F. nº A-35122472, titular de la explotación turística del establecimiento denominado Apartamentos Acuarius.- Las Palmas de Gran Canaria, a 4 de marzo de 1998.- El Director General de Ordenación e Infraestructura Turística, Francisco Montesdeoca Santana.

2º) Libro nº 2 de Resoluciones de la Dirección General de Ordenación e Infraestructura Turística, folio 123, número 168.

Resolución de 4 de marzo de 1998, de la Dirección General de Ordenación e Infraestructura Turística, recaída en el expediente sancionador nº 97/229, instruido a Dña. Rosa María Piñero Medina, titular de la explotación turística del establecimiento denominado Bar Stop.

Examinado el expediente sancionador tramitado por el Servicio de Inspección y Sanciones, instruido a Dña. Rosa María Piñero Medina, por Resolución de Iniciación del Director General de Ordenación e Infraestructura Turística, de 22 de octubre de 1997, como consecuencia de la denuncia formulada por D. José Alberto Santana Socorro y D. Daniel Vázquez Saavedra, y de las actas de inspección números 8.063 y 8.453, de 13 de febrero y 22 de abril de 1997, respectivamente.

Vista la propuesta formulada por el Instructor del expediente sancionador consignado.

Teniendo en cuenta los siguientes

I. ANTECEDENTES

1º) Que con fecha 22 de enero y 7 de abril de 1997, se recibieron en esta Consejería, registros de entrada números 414 y 2232, respectivamente, denuncias formuladas por D. José Alberto Santana Socorro y D. Daniel Vázquez Saavedra, contra el establecimiento consignado en las que manifiestan una serie de irregularidades que constan en el expediente.

2º) Que para comprobar los hechos denunciados, el 13 de febrero de 1997, se personó en el establecimiento de referencia, sito en la calle Fernando Guanarteme, 23, bajo, Tunte, término municipal de San Bartolomé de Tirajana, el Servicio de Inspección de esta Dirección General, levantando al efecto el acta nº 8.063, en la que esencialmente se hace constar que no se pudo facilitar las Hojas de Reclamaciones por no disponer de ellas, ofreciendo el libro correspondiente a las máquinas recreativas.

Se comprobó que los precios que figuraban en la lista de precios, notificada y sellada con fecha 11 de junio de 1996, no coincidían con los facturados al cliente, así la tapa de aceitunas figura a 250 pesetas (se facturó 375 pesetas), los zumos figuran a 150 pesetas (se facturó 175 pesetas), etc. También se comprobó que percibía precios superiores a los notificados, por ejemplo, bocadillo de jamón a 450 pesetas, bocadillo de lomo a 350 pesetas, etc.

Finalmente se señala que el establecimiento estaba autorizado como bar, si bien en los carteles exteriores del mismo se anunciaba como “Cafetería”, aunque no ofertaba platos combinados así como no facilitó el Libro de Inspección Turística, ni el juego de Hojas de Reclamaciones.

3º) Que con fecha 22 de abril de 1997 se personó en dicho establecimiento, el Servicio de Inspección de esta Dirección General, levantando al efecto el acta nº 8.453, en la que se hace constar que los precios son superiores, así como que las Hojas de Reclamaciones, solicitadas por su cliente D. Daniel Vázquez Saavedra, no se las pudo facilitar por extravío de las mismas.

4º) Que se ordenó la iniciación de expediente sancionador, que lleva el número 97/229, nombrándose Instructor y Secretario.

5º) Que por el Instructor del expediente se formularon los cargos, con fecha 22 de octubre de 1997, por los siguientes:

HECHOS:

1º) Haber modificado el contenido de la relación de servicios y precios, sin haberlo notificado previa y preceptivamente a la Administración turística competente, así como en otros percibir precios superiores, según consta en las actas de inspección 97/8063 y 97/8453.

2º) Carecer en el establecimiento de las Hojas de Reclamaciones.

3º) No facilitar a su cliente D. Daniel Vázquez Saavedra, la Hoja de Reclamaciones, a solicitud de éste, según consta en el acta nº 97/8063 y 97/8453, y en la denuncia del Sr. Vázquez.

4º) No facilitar el Libro de Inspección.

5º) Anunciarse como cafetería estando dado de alta como bar.

FECHAS DE LAS INFRACCIONES: 16 de enero, 13 de febrero y 22 de marzo de 1997.

6º) Que con fecha 27 de febrero de 1998 y habida cuenta que la expedientada no efectuó alegación alguna a la Resolución de iniciación del procedimiento y a los cargos imputados, fue ratificada como Propuesta de Resolución, con una multa en cuantía de 180.000 pesetas por el 1er hecho infractor, 90.000 pesetas por el 2º hecho infractor, 90.000 pesetas por el 3er hecho infractor, 90.000 pesetas por el 4º hecho infractor y 15.000 pesetas por el 5º hecho infractor.

II. CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Primera: que las actuaciones practicadas en el presente expediente sancionador han sido de conformidad con la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. nº 285, de 27.11.92), la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19.4.95), así como con el Decreto 190/1996, de 1 de agosto, regulador del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora en materia turística y de la inspección de turismo (B.O.C. nº 103, de 21.8.96).

Segunda: que en la tramitación del expediente se han observado las formalidades de rigor.

Tercera: que las pruebas que obran en el expediente son tenidas en cuenta a la hora de emitir la presente Resolución.

Cuarta: que debe estimarse la responsabilidad administrativa de la expedientada, en base a las denuncias formuladas por D. José Alberto Santana Socorro y D. Daniel Vázquez Saavedra, así como de los contenidos de las actas de inspección números 8.063 y 8.453, de 13 de febrero y 22 de abril de 1997, respectivamente, sin que la titular expedientada haya formulado alegaciones ni aportado prueba alguna que desvirtúe los hechos imputados.

Quinta: que los hechos recogidos en el expediente son constitutivos de infracción a:

- Artículo 2º de la Orden Ministerial de 19 de junio de 1970 (B.O.E. de 23 de junio), en relación con el artº. 30.1 de la Orden Ministerial de 17 de marzo de 1965, por la que se aprueba la Ordenación Turística de Restaurantes (B.O.E. de 29 de marzo), modificado por la Orden Ministerial de 29 de junio de 1978, en su artículo 2º (B.O.E. de 19 de julio).

- Artº. 20.1 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19 de abril).

- Artº. 84 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19 de abril).

- Artº. 14 de la Orden de 18 de marzo de 1965, por la que se aprueba la Ordenación Turística de Cafeterías (B.O.E. de 29 de marzo).

Con calificación de leve, en base a: artículos 76.5, 76.6 y 76.9, en relación con el artº. 77.7, y artº. 77.1, de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19 de abril).

En el ejercicio de la competencia que tengo atribuida para resolver el presente expediente sancionador, de acuerdo con la Ley Orgánica 10/1982, de 10 de agosto, por la que se aprueba el Estatuto de Autonomía de Canarias (B.O.J.C. nº 17, de 28.9.82), y el artículo 11.p) del Decreto 281/1995, de 11 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Turismo y Transportes (B.O.C. nº 128, de 4.10.95),

R E S U E L V O:

Imponer la sanción de multa en cuantía de 180.000 pesetas por el 1er hecho infractor, 90.000 pesetas por el 2º hecho infractor, 90.000 pesetas por el 3er hecho infractor, 90.000 pesetas por el 4º hecho infractor y 15.000 pesetas por el 5º hecho infractor, a Dña. Rosa María Piñero Medina, con C.I.F. nº 40424372-D, titular de la explotación turística del establecimiento denominado Bar Stop.- Las Palmas de Gran Canaria, a 4 de marzo de 1998.- El Director General de Ordenación e Infraestructura Turística, Francisco Montesdeoca Santana.

3º) Libro nº 2 de Resoluciones de la Dirección General de Ordenación e Infraestructura Turística, folio 123, número 169.

Resolución de 4 de marzo de 1998, de la Dirección General de Ordenación e Infraestructura Turística, recaída en el expediente sancionador nº 97/234, instruido a Promotora Canaria de Ocio, S.L., titular de la explotación turística del establecimiento denominado Terraza de Verano El Atrio de la Baja.

Examinado el expediente sancionador tramitado por el Servicio de Inspección y Sanciones, instruido a Promotora Canaria de Ocio, S.L., por Resolución de iniciación del Director General de Ordenación e Infraestructura Turística, de 5 de noviembre de 1997, como consecuencia de las reclamaciones números 34.356 y 34.357, formuladas por D. José Luis Serrano Sánchez y D. Enrique Monterinos Caperos.

Vista la propuesta formulada por el Instructor del expediente sancionador consignado.

Teniendo en cuenta los siguientes

I. ANTECEDENTES

1º) Que con fecha 30 de diciembre de 1996, se recibieron en esta Consejería, registros de entrada números 8.372 y 8.385, Hojas de Reclamación números 34.356 y 34.357, cumplimentadas por D. José Luis Serrano Sánchez y D. Enrique Monterinos Caperos, respectivamente, contra el establecimiento consignado.

2º) Que se ordenó la iniciación de expediente sancionador, que lleva el número 97/234, nombrándose Instructor y Secretario.

3º) Que por el Instructor del expediente se formularon los cargos, con fecha 5 de noviembre de 1997, por los siguientes:

HECHOS:

1º) No tramitar la Hoja de Reclamación nº 34.356, en tiempo y forma.

2º) No tramitar la Hoja de Reclamación nº 34.357, en tiempo y forma.

FECHA DE INFRACCIÓN: 27 de enero de 1997.

4º) Que con fecha 27 de febrero de 1998, y habida cuenta que la expedientada no efectuó alegación alguna a la Resolución de iniciación del procedimiento y a los cargos imputados, fue ratificada como Propuesta de Resolución, con una multa en cuantía de 50.000 pesetas por el 1er hecho infractor y 50.000 pesetas por el 2º hecho infractor.

II. CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Primera: que las actuaciones practicadas en el presente expediente sancionador han sido de conformidad con la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. nº 285, de 27.11.92), la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19.4.95), así como con el Decreto 190/1996, de 1 de agosto, regulador del Procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora en materia turística y de la Inspección de Turismo (B.O.C. nº 103, de 21.8.96).

Segunda: que en la tramitación del expediente se han observado las formalidades de rigor.

Tercera: que las pruebas que obran en el expediente son tenidas en cuenta a la hora de emitir la presente Resolución.

Cuarta: que debe estimarse la responsabilidad administrativa de la expedientada, en base a las Hojas de Reclamaciones números 34.356 y 34.357, cumplimentadas por D. José Luis Serrano Sánchez y D. Enrique Monterinos Caperos, respectivamente, sin que la titular expedientada haya formulado alegaciones ni aportado prueba alguna que desvirtúe los hechos imputados. Quinta: que los hechos recogidos en el expediente son constitutivos de infracción a: artículo 7º de la Orden de 13 de noviembre de 1986, por la que se regulan las Hojas de Reclamaciones de los clientes en establecimientos turísticos (B.O.C. nº 139, de 19 de noviembre).

Con calificación de leve, en base a: artº. 76.6, en relación con el artº. 77.7, de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19 de abril).

En el ejercicio de la competencia que tengo atribuida para resolver el presente expediente sancionador, de acuerdo con la Ley Orgánica 10/1982, de 10 de agosto, por la que se aprueba el Estatuto de Autonomía de Canarias (B.O.J.C. nº 17, 28.9.82), y el artículo 11.p) del Decreto 281/1995, de 11 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Turismo y Transportes (B.O.C. nº 128, de 4.10.95),

R E S U E L V O:

Imponer la sanción de multa en cuantía de 50.000 pesetas por el 1er hecho infractor y 50.000 pesetas por el 2º hecho infractor a Promotora Canaria de Ocio, S.L., con C.I.F nº B-35353507, titular de la explotación turística del establecimiento denominado Terraza de Verano El Atrio de la Baja. Las Palmas de Gran Canaria, a 4 de marzo de 1998. El Director General de Ordenación e Infraestructura Turística, Francisco Montesdeoca Santana.

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