Gobierno de Canarias

Comunidad Autónoma de Canarias

Boletín Oficial de Canarias

Estás en:

BOC Nº 080. Miércoles 1 de Julio de 1998 - 2059

IV. ANUNCIOS - Otros anuncios - Consejería de Sanidad y Consumo

2059 - RESOLUCIÓN de 2 de abril de 1998, de la Dirección General de Consumo, sobre notificación de Resoluciones a personas físicas y jurídicas de ignorado domicilio.

Descargar en formato pdf

No teniendo constancia esta Dirección General del domicilio de las personas físicas y jurídicas que se relacionan, y siendo preciso notificarles la Resolución recaída en los expedientes incoados contra las mismas, por infracción a la normativa en materia de consumo y conforme al artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,

R E S U E L V O:

1.- Notificar a las personas físicas y jurídicas que se citan, la Resolución recaída en los expedientes que les han sido instruidos por infracción a la legislación en materia de consumo.

Los interesados podrán interponer recurso ordinario contra la Resolución del expediente, que no agota la vía administrativa, en el plazo de un mes, contado a partir de la fecha de la publicación de la presente Resolución, ante el Excmo. Sr. Consejero de Sanidad y Consumo del Gobierno de Canarias y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.

2.- Remitir a los Ayuntamientos de las poblaciones que se citan, las correspondientes Resoluciones para su publicación en el tablón de edictos.

1) RESOLUCIÓN.

Visto el expediente nº 35/654/97.

RESPONSABLE: María Isabel Santana Noda. D.N.I. o N.I.F.: 43769265.

MOTIVACIÓN

REFERENCIA DE HECHOS: el día 20 de febrero de 1997, Inspectores de esta Dirección General de Consumo realizaron una visita de inspección en el puesto de frutas y hortalizas “Mª Isabel”, propiedad de Dña. María Isabel Santana Noda, sito en la calle Galicia, 24, planta 1ª, puesto 20, del término municipal de Las Palmas de Gran Canaria; y mediante acta levantada al efecto (nº 5348) comprobaron que tenía expuestas para su venta al público 9 cajas de limones y 6 cajas de tomates careciendo de etiquetado de normalización (denominación, origen, categoría, variedad y calibre) establecido por las normas de calidad para los cítricos y tomates comercializados en el mercado interior. FUNDAMENTOS DE DERECHO: artº. 34 de la Ley 26/1984, de 19 de julio (B.O.E. nº 176), General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, en relación con el artículo 3º, apartados 3.3.1 y 3.3.4 del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio (B.O.E. nº 168), que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria, en concordancia con el Reglamento C.E.E. nº 778/83, de 30 de marzo de 1983 (Nº L 86/14, de 31.3.83), por el que se establecen normas de calidad para los tomates y con el artº. 7 del Real Decreto 2.192/1984, de 28 de noviembre (B.O.E. nº 300), que aprueba el Reglamento de aplicación de las normas de calidad para las frutas y hortalizas frescas destinadas al mercado interior y Orden de 10 de diciembre de 1985 (B.O.E. de 17), corrección de errores (B.O.E. de 18.1.86), que aprueba la norma de calidad para tomates frescos destinados al mercado interior, en relación con el anexo II del Reglamento (C.E.E.) nº 920/89 de la Comisión, de 10 de abril de 1989, por el que se establecen normas de calidad para las zanahorias, los cítricos y las manzanas y peras de mesa (D.O.C.E. nº L 97, de 11 de abril de 1989), y Orden de 6 de septiembre de 1972 (B.O.E. nº 218), que aprueba la norma de calidad de naranjas y otros agrios destinados al mercado interior.

Conforme a las competencias asignadas a la Dirección General de Consumo en el artículo 9, apartados k) y m) del Reglamento Orgánico de la Consejería de Sanidad y Consumo, aprobado por Decreto Territorial 322/1995, de 10 de noviembre (B.O.C. nº 154),

ACUERDO:

Imponer a María Isabel Santana Noda la sanción de multa de 25.000 pesetas.

Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso ordinario ante el Excmo. Sr. Consejero de Sanidad y Consumo, en el plazo de un mes desde su notificación, conforme a lo previsto en el artº. 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.- Las Palmas de Gran Canaria, a 8 de agosto de 1997.- El Director General de Consumo.

2) RESOLUCIÓN.

Visto el expediente nº 35/1103/96.

RESPONSABLE: Norberto Ramírez Déniz. D.N.I. o N.I.F.: 42548778.

MOTIVACIÓN

REFERENCIA DE HECHOS: el día 21 de junio de 1996, Inspectores de esta Dirección General de Consumo realizaron una visita de inspección en Asaderos de Pollos La Cocina, propiedad de D. Norberto Ramírez Déniz, sito en la calle Miguel Marrero, 5, Arguineguín, del término municipal de Mogán; y mediante acta levantada al efecto (nº 491) comprobaron que el establecimiento carecía, en el momento de la inspección, de las preceptivas Hojas de Reclamaciones y cartel anunciador de su existencia, a disposición de los consumidores y usuarios. FUNDAMENTOS DE DERECHO: artº. 34.9 de la Ley 26/1984, de 19 de julio (B.O.E. nº 176), General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, en relación con el artículo 3º, apartados 3.3.6 del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio, que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria (B.O.E. nº 168), en concordancia con el artº. 10 de la Ley 4/1994, de 25 de abril, de ordenación de la actividad comercial de Canarias (B.O.C. nº 53), en concordancia con los artículos 1, 2 y 3 del Decreto 225/1994, de 11 de noviembre, por el que se regulan las Hojas de Reclamaciones de los consumidores y usuarios de la Comunidad Autónoma Canaria (B.O.C. nº 148).

Conforme a las competencias asignadas a la Dirección General de Consumo en el artículo 9, apartados k) y m) del Reglamento Orgánico de la Consejería de Sanidad y Consumo, aprobado por Decreto Territorial 322/1995, de 10 de noviembre (B.O.C. nº 154), esta Dirección General es competente para la incoación y tramitación del presente expediente, así como para su resolución, al ser la infracción calificada inicialmente como leve, sin perjuicio de lo que pueda resultar de la instrucción.

ACUERDO:

Imponer a Norberto Ramírez Déniz la sanción de multa de 40.000 pesetas.

Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso ordinario ante el Excmo. Sr. Consejero de Sanidad y Consumo, en el plazo de un mes desde su notificación, conforme a lo previsto en el artº. 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.- Las Palmas de Gran Canaria, a 26 de diciembre de 1996.- El Director General de Consumo.

3) RESOLUCIÓN.

Visto el expediente nº 35/1180/96, instruido por esta Dirección General contra Cowabunga, S.L., con domicilio en la calle José Antonio, 98, y estando de acuerdo con la Propuesta formulada por el Instructor.

Vistos los preceptos legales de general aplicación, en especial el Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto (B.O.E. nº 189).

Resultando: que el día 2 de julio de 1996, Inspectores de esta Dirección General de Consumo realizaron una visita de inspección en Cowabunga Boutique, propiedad de Cowabunga, S.L., sita en la calle José Antonio, 98, planta B, del término municipal de Arrecife; y mediante acta levantada al efecto (nº 580) comprobaron que el establecimiento carecía, en el momento de la inspección, de las preceptivas Hojas de Reclamaciones a disposición de los consumidores y usuarios y del cartel anunciador de su existencia, en un lugar visible y legible.

Resultando: que como consecuencia de ello se formuló Acuerdo de iniciación con fecha 30 de diciembre de 1996, indicando que infringía lo dispuesto en el artº. 34.9 de la Ley 26/1984, de 19 de julio (B.O.E. nº 176), General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, en relación con el artículo 3º, apartado 3.3.6 del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio, que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria (B.O.E. nº 168), en concordancia con el artº. 10 de la Ley 4/1994, de 25 de abril, de ordenación de la actividad comercial de Canarias (B.O.C. nº 53), en concordancia con los artículos 1, 2 y 3 del Decreto 225/1994, de 11 de noviembre, por el que se regulan las Hojas de Reclamaciones de los consumidores y usuarios de la Comunidad Autónoma Canaria (B.O.C. nº 148).

Resultando: que la infracción fue calificada como leve.

Resultando: que se comunicó el Acuerdo de iniciación al Instructor y se ordenó que simultáneamente se notificase al interesado.

Resultando: que no pudo practicarse la notificación personal del mismo por el Servicio de Correos, puesto que el certificado fue devuelto.

Considerando: que de conformidad con los artículos 24 del Real Decreto 1.398/1983, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento para el ejercicio de la potestad sancionadora y 43 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, el expediente debe entenderse caducado.

Conforme a las competencias asignadas a la Dirección General de Consumo en el artículo 9 del Decreto 322/1995, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Sanidad y Consumo,

ACUERDO:

El sobreseimiento de las diligencias contra Cowabunga, S.L. y el archivo del expediente nº 35/1180/96 sin más trámite.

Contra la presente Resolución que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso ordinario ante el Excmo. Sr. Consejero de Sanidad y Consumo, en el plazo de un mes desde su notificación, conforme a lo previsto en el artº. 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.- Las Palmas de Gran Canaria, a 27 de junio de 1997.- El Director General de Consumo.

4) RESOLUCIÓN.

Visto el expediente nº 35/1181/96, instruido por esta Dirección General contra Auto Motor Lanzarote, S.L., con domicilio en la calle José Antonio, 102, y estando de acuerdo con la Propuesta formulada por el Instructor.

Vistos los preceptos legales de general aplicación, en especial el Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto (B.O.E. nº 189).

Resultando: que el día 2 de julio de 1996, Inspectores de esta Dirección General de Consumo realizaron una visita de inspección en Asia Motor-Ventas de Vehículos, propiedad de Auto Motor Lanzarote, S.L., sito en la calle José Antonio, 102, planta B, del término municipal de Arrecife; y mediante acta levantada al efecto (nº 581) comprobaron que el establecimiento carecía, en el momento de la inspección, de las preceptivas Hojas de Reclamaciones a disposición de los consumidores y usuarios y del cartel anunciador de su existencia, en un lugar visible y legible.

Resultando: que como consecuencia de ello se formuló Acuerdo de iniciación con fecha 30 de diciembre de 1996, indicando que infringía lo dispuesto en el artº. 34.9 de la Ley 26/1984, de 19 de julio (B.O.E. nº 176), General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, en relación con el artículo 3º, apartado 3.3.6 del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio, que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria (B.O.E. nº 168), en concordancia con el artº. 10 de la Ley 4/1994, de 25 de abril, de ordenación de la actividad comercial de Canarias (B.O.C. nº 53), en concordancia con los artículos 1, 2 y 3 del Decreto 225/1994, de 11 de noviembre, por el que se regulan las Hojas de Reclamaciones de los consumidores y usuarios de la Comunidad Autónoma Canaria (B.O.C. nº 148).

Resultando: que la infracción fue calificada como leve.

Resultando: que se comunicó el Acuerdo de iniciación al Instructor y se ordenó que simultáneamente se notificase al interesado.

Resultando: que no pudo practicarse la notificación personal del mismo por el Servicio de Correos, puesto que el certificado fue devuelto.

Considerando: que de conformidad con los artículos 24 del Real Decreto 1.398/1983, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento para el ejercicio de la potestad sancionadora y 43 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, el expediente debe entenderse caducado.

Conforme a las competencias asignadas a la Dirección General de Consumo en el artículo 9 del Decreto 322/1995, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Sanidad y Consumo,

ACUERDO:

El sobreseimiento de las diligencias contra Auto Motor Lanzarote, S.L. y el archivo del expediente nº 35/1181/96 sin más trámite.

Contra la presente Resolución que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso ordinario ante el Excmo. Sr. Consejero de Sanidad y Consumo, en el plazo de 1 mes desde su notificación, conforme a lo previsto en el artº. 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.- Las Palmas de Gran Canaria, a 27 de junio de 1997.- El Director General de Consumo.

5) RESOLUCIÓN.

Visto el expediente nº 35/1224/96, instruido por esta Dirección General contra Antonio Mahbubani Melvani, con domicilio en la Avenida Juan Carlos I, 4, planta alta, puesto 11, Puerto del Carmen, y estando de acuerdo con la Propuesta formulada por el Instructor. Vistos los preceptos legales de general aplicación, en especial el Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto (B.O.E. nº 189).

Resultando: que el día 3 de julio de 1996, Inspectores de esta Dirección General de Consumo realizaron una visita de inspección en el Bazar 150, propiedad de D. Antonio Mahbubani Mervani, sito en la Avenida Juan Carlos I, 4, planta A, local 11, del término municipal de Tías; y mediante acta levantada al efecto (nº 652) comprobaron que el establecimiento carecía, en el momento de la inspección, de las preceptivas Hojas de Reclamaciones a disposición de los consumidores y usuarios y del cartel anunciador de su existencia, en un lugar visible y legible.

Resultando: que como consecuencia de ello se formuló Acuerdo de iniciación con fecha 30 de diciembre de 1996, indicando que infringía lo dispuesto en el artº. 34.9 de la Ley 26/1984, de 19 de julio (B.O.E. nº 176), General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, en relación con el artículo 3º, apartado 3.3.6 del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio, que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria (B.O.E. nº 168), en concordancia con el artº. 10 de la Ley 4/1994, de 25 de abril, de ordenación de la actividad comercial de Canarias (B.O.C. nº 53), en concordancia con los artículos 1, 2 y 3 del Decreto 225/1994, de 11 de noviembre, por el que se regulan las Hojas de Reclamaciones de los consumidores y usuarios de la Comunidad Autónoma Canaria (B.O.C. nº 148).

Resultando: que la infracción fue calificada como leve.

Resultando: que se comunicó el Acuerdo de iniciación al Instructor y se ordenó que simultáneamente se notificase al interesado.

Resultando: que no pudo practicarse la notificación personal del mismo por el Servicio de Correos, puesto que el certificado fue devuelto.

Considerando: que de conformidad con los artículos 24 del Real Decreto 1.398/1983, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento para el ejercicio de la potestad sancionadora y 43 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, el expediente debe entenderse caducado.

Conforme a las competencias asignadas a la Dirección General de Consumo en el artículo 9 del Decreto 322/1995, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Sanidad y Consumo,

ACUERDO:

El sobreseimiento de las diligencias contra Antonio Mahbubani Melvani y el archivo del expediente nº 35/1224/96 sin más trámite.

Contra la presente Resolución que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso ordinario ante el Excmo. Sr. Consejero de Sanidad y Consumo, en el plazo de 1 mes desde su notificación, conforme a lo previsto en el artº. 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.- Las Palmas de Gran Canaria, a 27 de junio de 1997.- El Director General de Consumo.

6) RESOLUCIÓN.

Visto el expediente nº 35/79/97.

RESPONSABLE: Kaltz Martina. D.N.I. o N.I.F.: X1743948L.

MOTIVACIÓN

REFERENCIA DE HECHOS: el día 15 de octubre de 1996, Inspectores de esta Dirección General de Consumo realizaron una visita de inspección en la Boutique Modaño, propiedad de Kaltz Martina, sita en el Hotel Jameo Playa, Puerto del Carmen, del término municipal de Tías; y mediante acta levantada al efecto (nº 2301) comprobaron que el establecimiento carecía, en el momento de la inspección, de las preceptivas Hojas de Reclamaciones a disposición de los consumidores y usuarios y del cartel anunciador de su existencia, en un lugar visible y legible. FUNDAMENTOS DE DERECHO: artº. 34.9 de la Ley 26/1984, de 19 de julio (B.O.E. nº 176), General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, en relación con el artículo 3º, apartado 3.3.6 del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio (B.O.E. nº 168), que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria, en concordancia con el artº. 10 de la Ley 4/1994, de 25 de abril, de ordenación de la actividad comercial de Canarias (B.O.C. nº 53), en concordancia con los artículos 1, 2 y 3 del Decreto 225/1994, de 11 de noviembre, por el que se regulan las Hojas de Reclamaciones de los consumidores y usuarios de la Comunidad Autónoma Canaria (B.O.C. nº 148).

Conforme a las competencias asignadas a la Dirección General de Consumo en el artículo 9, apartados k) y m) del Reglamento Orgánico de la Consejería de Sanidad y Consumo, aprobado por Decreto Territorial 322/1995, de 10 de noviembre (B.O.C. nº 154), esta Dirección General es competente para la incoación y tramitación del presente expediente, así como para su Resolución, al ser la infracción calificada inicialmente como leve, sin perjuicio de lo que pueda resultar de la instrucción.

ACUERDO:

Imponer a Kaltz Martina la sanción de multa de 40.000 pesetas.

Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso ordinario ante el Excmo. Sr. Consejero de Sanidad y Consumo, en el plazo de 1 mes desde su notificación, conforme a lo previsto en el artº. 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.- Las Palmas de Gran Canaria, a 28 de abril de 1997.- El Director General de Consumo.

NOTA: el pago de la sanción se hará efectivo a partir de la notificación de la liquidación que oportunamente se girará por la Consejería de Economía y Hacienda.

7) RESOLUCIÓN.

Visto el expediente nº 35/713/97.

RESPONSABLE: Elizabeth Winifred Samue. D.N.I. o N.I.F.: X16980640P. MOTIVACIÓN

REFERENCIA DE HECHOS: el día 26 de febrero de 1997, inspectores de esta Dirección General de Consumo realizaron una visita de inspección en Super Venecia Shop, propiedad de Dña. Elizabeth Winifred Samue, sito en la calle Venecia, 5, Puerto del Carmen, del término municipal de Tías; y mediante acta levantada al efecto (nº 5491) comprobaron que tenía expuestos para su venta al público los siguientes productos etiquetados en lengua extranjera: “HOOCH-Alcoholic lemonada. ALC 4.7% Vol. 330 ml e”; “RIBENA-Black cuwant flavour (bebida de moras) 330 ml e” “BLACK MAGIC Chocolates, 227 g 1/2 1 b”; “WOODPECKER CIDER 500 ml E 3.5% Vol.”; “AERO nunt. Int. Egg (huevo de chocolate)”; “CADBURY’S. Dary Milk (Chocolate), careciendo todos estos productos del preceptivo etiquetado al menos en castellano, lengua oficial del Estado. FUNDAMENTOS DE DERECHO: artº. 34 de la Ley 26/1984, de 19 de julio (B.O.E. nº 176), General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, en relación con el artículo 3º, apartado 3.3.4 del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio (B.O.E. nº 168), que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria, en concordancia con el artº. 7 del Reglamento C.E.E. 1576/89, de 29 de mayo, por el que se establecen las normas generales relativas a la definición, designación y presentación de las bebidas espirituosas, en concordancia con el artº. 7 del Real Decreto 1.416/1982, de 28 de mayo (B.O.E. de 28 de junio), por el que se aprueba la R.T.S. para la elaboración, circulación y comercio de aguardientes compuestos, licores, aperitivos sin vino base y otras bebidas naturales, en concordancia con el Real Decreto 212/1992, de 6 de marzo, por el que se aprueba la Norma General de Etiquetado, Presentación y Publicidad de los Productos Alimenticios. CUESTIONES PLANTEADAS EN EL EXPEDIENTE: el día 31 de julio de 1997, el interesado presentó escrito de alegaciones manifestando, en síntesis, lo siguiente: Cabe defendernos respecto a dicha acusación, en base a que no es del todo correcta la imputación que se efectúa, por cuanto los productos que se hacen constar en el acta levantada con fecha 26 de febrero de 1997 habían sido adquiridos recientemente, lo que se manifestó a las personas que redactaron la misma. Señalar igualmente en nuestra defensa, que si bien se señala en el acta referenciada que los productos se encontraban para vender al público no es del todo correcto, por cuanto al haber llegado recientemente, aún no se habían colocado debidamente. Decir tan sólo con carácter meramente informativo que el local que llevo se cerrará en breve, dado que como ya he dicho se trata de un negocio pequeño que está produciendo al día de hoy más pérdidas que beneficios, viéndome incapacitada para sufragar los costes de todo lo que conlleva seguir con el negocio abierto más tiempo. Los que se presentan como inspectores en mi establecimiento sin ningún tipo de justificante, ni más alegación, se llevan de mi comercio los productos algunos perecederos, que se recogen en el acta nº 5491, debiendo señalar que dichos productos fueron adquiridos por esta parte mediante compra, como quedó acreditado al facilitar en su día a ese órgano las facturas correspondientes a los mismos, sin que hasta el día de hoy se hayan devuelto, causando con ello perjuicios a la que suscribe, y sin garantía por mi parte de que los productos que hoy por hoy se señalan como los que son objeto de este expediente. Esta parte considera que la sanción impuesta es contraria al principio de proporcionalidad. Igualmente a nuestro entender el órgano sancionador ha vulnerado el derecho a la presunción de inocencia que asiste a los ciudadanos en los procedimientos sancionadores en los que sean inculpados, al no aportar al expediente los elementos de prueba adecuados para la correcta y completa determinación de los hechos que no han sido cometidos por el imputado en la forma y extensión que se presumen, sin pruebas adecuadas. CONTESTACIÓN A LAS CUESTIONES Y VALORACIÓN DE LAS PRUEBAS PRACTICADAS: las alegaciones del interesado no modifican la calificación jurídica de los hechos vertidos en el Acuerdo de iniciación y Propuesta de Resolución, por cuanto que el principio general de protección al consumidor es el que respalda el criterio de responsabilidad establecido en la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios que considera que productores, importadores y suministradores responden cuando han actuado (por acción u omisión) negligentemente, sin cumplir las exigencias y requisitos reglamentariamente establecidos o los demás cuidados y diligencias que exige la naturaleza del producto, servicio o actividad en concordancia con el carácter empresarial del sujeto responsable. En el supuesto que nos ocupa, la interesada ha realizado una conducta de omisión en su diligencia debida al poner a disposición del consumidor una serie de productos, descritos en el Acta de Inspección nº 5491 y Acuerdo de iniciación de fecha 19 de junio de 1997, careciendo de un etiquetado expresado en castellano, privando a los consumidores y usuarios, por tanto, del derecho a la información obligatoria sobre el etiquetado de dichos productos, y por cuanto que los inspectores en el ejercicio de su función tienen el carácter de autoridad, levantando el correspondiente acta cuando aprecien algún hecho que estimen pueda constituir infracción, y para ello han retirado una muestra de cada producto diferente -6- como base al correspondiente procedimiento sancionador. En el presente caso, el familiar compareciente en el establecimiento no manifestó en la referida acta de inspección, que firmó, objeción alguna a la inspección de la tienda ni a la práctica de toma de un ejemplar de los productos que infringían la norma general de etiquetado. En lo referente a la graduación de la sanción, se han tenido en cuenta los artículos 35 y 36 de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, que gradúa las sanciones por infracciones leves hasta un montante de 500.000 pesetas. Conforme a las competencias asignadas a la Dirección General de Consumo en el artículo 9, apartados k) y m) del Reglamento Orgánico de la Consejería de Sanidad y Consumo, aprobado por Decreto Territorial 322/1995, de 10 de noviembre (B.O.E. nº 154), ACUERDO:

Imponer a Elizabeth Winifred Samue la sanción de multa de 60.000 pesetas.

Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso ordinario ante el Excmo. Sr. Consejero de Sanidad y Consumo, en el plazo de 1 mes desde su notificación, conforme a lo previsto en el artº. 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.- Las Palmas de Gran Canaria, a 7 de agosto de 1997.- El Director General de Consumo.

NOTA: el pago de la sanción se hará efectivo a partir de la notificación de la liquidación que oportunamente se girará por la Consejería de Economía y Hacienda.

8) RESOLUCIÓN.

Visto el expediente nº 35/1208/97.

RESPONSABLE: Mera Arrocha Perfumerías, S.L. D.N.I. o N.I.F.: B35304379.

MOTIVACIÓN

REFERENCIA DE HECHOS: el día 3 de junio de 1997, inspectores de esta Dirección General de Consumo realizaron visita de inspección en la Perfumería Nayma, propiedad de Mera Arrocha Perfumerías, S.L., sita en Centro Comercial Playa Bastián, local, 15, Costa Teguise, del término municipal de Teguise; y mediante acta levantada al efecto nº 6331 comprobaron que tiene un rótulo en la parte superior de las puertas de acceso al establecimiento con publicidad engañosa, al anunciarse como “DUTY FREE. ZOLL FREI”. Sugiriendo falsamente a los consumidores y usuarios la existencia de una tienda “libre de impuestos” cuando no lo es y carece de la documentación que acredite para ejercer este tipo de actividad. FUNDAMENTOS DE DERECHO: artículos 8 y 34.6 de la Ley 26/1984, de 19 de julio (B.O.E. nº 176), General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, en relación con el artº. 3.3.4 del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio (B.O.E. nº 168), que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria, en concordancia con los artículos 4 y 32 de la Ley 34/1988, de 11 de noviembre (B.O.E. nº 274), General de Publicidad.

Conforme a las competencias asignadas a la Dirección General de Consumo en el artículo 9, apartados k) y m) del Reglamento Orgánico de la Consejería de Sanidad y Consumo, aprobado por Decreto Territorial 322/1995, de 10 de noviembre (B.O.E. nº 154), ACUERDO:

Imponer a Mera Arrocha Perfumerías, S.L. la sanción de multa de 150.000 pesetas.

Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso ordinario ante el Excmo. Sr. Consejero de Sanidad y Consumo, en el plazo de 1 mes desde su notificación, conforme a lo previsto en el artº. 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.- Las Palmas de Gran Canaria, a 13 de enero de 1998.- El Director General de Consumo.

NOTA: el pago de la sanción se hará efectivo a partir de la notificación de la liquidación que oportunamente se girará por la Consejería de Economía y Hacienda.

9) RESOLUCIÓN.

Visto el expediente nº 35/1209/97.

RESPONSABLE: Comercial y Fontanería Lanzarote, S.A. D.N.I. o N.I.F.: A35377530.

MOTIVACIÓN

REFERENCIA DE HECHOS: el día 3 de junio de 1997, Inspectores de esta Dirección General de Consumo realizaron visita de inspección en Ferretería Lanzarote, propiedad de Comercial y Fontanería Lanzarote, S.A., sita en la Avenida del Mar, s/n, Playa Bastián, Costa Teguise, del término municipal de Teguise; y mediante acta levantada al efecto nº 6332 comprobaron que tienen expuestos para su venta al público nueve juegos de “Cutter“, careciendo de etiquetado, al menos en castellano, lengua oficial del Estado. Cada uno de estos juegos se compone de tres cuchillas provistas de mango que a través de un pulsador saca la hoja y también la introduce. La parte superior del envase en forma de blister, lleva impresa la siguiente leyenda: ”EVER SHARP. 3 PIECES CUTTER. WITH SAFETY LOCK. MADE IN CHINA. Caution: Extremely sharp blades handle with care. La venta de estos juegos “Cutter”, infringe lo reglamentado sobre el etiquetado, presentación y publicidad de los productos industriales destinados a su venta directa a los consumidores y usuarios. FUNDAMENTOS DE DERECHO: artº. 34 de la Ley 26/1984, de 19 de julio (B.O.E. nº 176), General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, en relación con el artículo 3º, apartado 3.3.4 del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio (B.O.E. nº 168), que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria, en relación con el artículo 7º del Real Decreto 1.468/1988, de 2 de diciembre (B.O.E. nº 294), por el que se aprueba el Reglamento de etiquetado, presentación y publicidad de los productos industriales destinados a su venta directa a los consumidores y usuarios.

Conforme a las competencias asignadas a la Dirección General de Consumo, en el artículo 9, apartados k) y m) del Reglamento Orgánico de la Consejería de Sanidad y Consumo, aprobado por Decreto Territorial 322/1995, de 10 de noviembre (B.O.E. nº 154),

ACUERDO:

Imponer a Comercial y Fontanería Lanzarote, S.A. la sanción de multa de 50.000 pesetas.

Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso ordinario ante el Excmo. Sr. Consejero de Sanidad y Consumo, en el plazo de 1 mes desde su notificación, conforme a lo previsto en el artº. 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.- Las Palmas de Gran Canaria, a 13 de enero de 1998.- El Director General de Consumo.

NOTA: el pago de la sanción se hará efectivo a partir de la notificación de la liquidación que oportunamente se girará por la Consejería de Economía y Hacienda.

10) RESOLUCIÓN.

Visto el expediente nº 35/1234/96, instruido por esta Dirección General contra Techos Canarios, S.L., con domicilio en la calle Islas Canarias, s/n, Costa Teguise, y estando de acuerdo con la Propuesta formulada por el Instructor. Vistos los preceptos legales de general aplicación, en especial el Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto (B.O.E. nº 189).

Resultando: que el día 4 de julio de 1996, Inspectores de esta Dirección General de Consumo realizaron una visita de inspección en el Supermercado Bastian, propiedad de Techos Canarios, S.L., sito en la calle Islas Canarias, s/n, del término municipal de Teguise; y mediante acta levantada al efecto (nº 643) comprobaron que tenía expuestas para su venta al público tres gafas acuáticas con la siguiente leyenda: “Sport Nautique. Wasser Sport-Deportes Acuáticos-Sport Náutica. BP 13-57730 Valmont-France MF. Dergrüns Punkt-Ref. 229. Dessin Propiete Marki-Fabrique en Chine Pour Maki”; que no cumple lo regulado por el Reglamento de etiquetado, presentación y publicidad de los productos industriales destinados a los consumidores y usuarios.

Resultando: que como consecuencia de ello se formuló Acuerdo de iniciación con fecha 30 de diciembre de 1996, indicando que infringía lo dispuesto en el artº. 34 de la Ley 26/1984, de 19 de julio (B.O.E. nº 176), General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, en relación con el artículo 3º, apartado 3.3.4 del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio (B.O.E. nº 168), que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria, en relación con el artículo 7º del Real Decreto 1.468/1988, de 2 de diciembre (B.O.E. nº 294), por el que se aprueba el Reglamento de etiquetado, presentación y publicidad de los productos industriales destinados a su venta directa a los consumidores y usuarios.

Resultando: que la infracción fue calificada como leve.

Resultando: que se comunicó el Acuerdo de iniciación al Instructor y se ordenó que simultáneamente se notificase al interesado.

Resultando: que no pudo practicarse la notificación personal del mismo por el Servicio de Correos, puesto que el certificado fue devuelto.

Considerando: que de conformidad con los artículos 24 del Real Decreto 1.398/1983, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento para el ejercicio de la potestad sancionadora y 43 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, el expediente debe entenderse caducado.

Conforme a las competencias asignadas a la Dirección General de Consumo en el artículo 9 del Decreto 322/1995, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Sanidad y Consumo,

ACUERDO:

El sobreseimiento de las diligencias contra Techos Canarios, S.L. y el archivo del expediente nº 35/1234/96 sin más trámite.

Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso ordinario ante el Excmo. Sr. Consejero de Sanidad y Consumo, en el plazo de 1 mes desde su notificación, conforme a lo previsto en el artº. 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.- Las Palmas de Gran Canaria, a 11 de julio de 1997.- El Director General de Consumo.

Las Palmas de Gran Canaria, a 2 de abril de 1998.- El Director General de Consumo, Gonzalo Olarte Cullen.

© Gobierno de Canarias