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Siendo ignorado el domicilio de D. Nicanor José Martín Castro, a efectos de la notificación de la Propuesta de Resolución recaída en el expediente de desahucio administrativo nº 51/95, tramitado por no destinar como domicilio habitual y permanente la vivienda de protección oficial de promoción pública de la que es adjudicatario, sita en el término municipal de Güímar, Grupo Constitución 6 de Diciembre, vivienda nº 65, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, esta Dirección General de Vivienda,
R E S U E L V E:
Notificar a D. Nicanor José Martín Castro, la Propuesta de Resolución recaída con fecha 27 de mayo de 1997, en el expediente de desahucio administrativo que le ha sido instruido y cuya parte dispositiva acuerda textualmente:
Sea resuelta la adjudicación de la vivienda de protección oficial de promoción pública sita en el término municipal de Güímar, Grupo Constitución 6 de Diciembre, vivienda nº 65, otorgada a favor de D. Nicanor José Martín Castro, requiriendo al mismo para que en el plazo de quince días hábiles a partir del siguiente al de la notificación de la Resolución, desaloje la vivienda con apercibimiento de proceder en caso contrario al lanzamiento de cuantas personas, muebles y enseres se encontrasen en ella.
El lanzamiento sería ejecutado por esta Dirección General de Vivienda, que designaría las personas que hubieran de llevarlo a efecto, para lo cual se recabaría la preceptiva autorización judicial y el auxilio, en su caso, de las Fuerzas de Orden Público.
A tenor de lo dispuesto en el artículo 142 del Reglamento de Viviendas de Protección Oficial aprobado por Decreto 2.114/1968, de 24 de julio (B.O.E. nº 216, de 7.9.68), se le notifica que tiene un plazo de ocho días a partir del siguiente a la recepción de la presente, para alegar cuanto considere conveniente a su defensa, significándole que transcurrido dicho plazo sin cumplimentarlo, se le declarará decaído en su derecho al referido trámite.
Santa Cruz de Tenerife, a 2 de abril de 1998.- El Director General de Vivienda, Miguel Ángel Pulido Rodríguez.
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