BOC - 1998/078. Viernes 26 de Junio de 1998 - 1982

IV. ANUNCIOS - Otros anuncios - Consejería de Sanidad y Consumo

1982 - RESOLUCIÓN de 20 de marzo de 1998, de la Dirección General de Consumo, sobre notificación de Resoluciones a personas físicas y jurídicas de ignorado domicilio.

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No teniendo constancia esta Dirección General del domicilio de las personas físicas y jurídicas que se relacionan, y siendo preciso notificarles la Resolución recaída en los expedientes incoados contra las mismas, por infracción a la normativa en materia de consumo y conforme al artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,

R E S U E L V O:

1.- Notificar a las personas físicas y jurídicas que se citan, la Resolución recaída en los expedientes que les han sido instruidos por infracción a la legislación en materia de consumo.

Los interesados podrán interponer recurso ordinario contra la Resolución del expediente, que no agota la vía administrativa, en el plazo de un mes, contado a partir de la fecha de la publicación de la presente Resolución, ante el Excmo. Sr. Consejero de Sanidad y Consumo del Gobierno de Canarias y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.

2.- Remitir a los Ayuntamientos de las poblaciones que se citan, las correspondientes Resoluciones para su publicación en el tablón de edictos. 1) RESOLUCIÓN.

Visto el expediente nº 35/517/97, instruido por esta Dirección General, contra Mohan Mirwani, con domicilio en el centro comercial Puerto Rico II, local 2003, y estando de acuerdo con la propuesta formulada por el Instructor.

Vistos los preceptos legales de general aplicación, en especial el Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto (B.O.E. nº 189).

Resultando: que el día 31 de enero de 1997, Inspectores de esta Dirección General de Consumo realizaron visita de inspección en el Bazar Élite, propiedad de D. Mohan Mirwani, sito en el Centro Comercial Puerto Rico, fase II, local 2003, del término municipal de Mogán; y mediante acta levantada al efecto nº 5136 comprobaron que tenía expuestos para su venta al público en los escaparates diversos artículos tales como unas 25 vídeo cámaras, unas 20 cámaras fotográficas, unos 20 binoculares, unos 40 relojes ... careciendo estos artículos de sus preceptivos marcados de los precios de venta al público de forma visible.

Resultando: que como consecuencia de ello se formuló Acuerdo de iniciación el día 21 de mayo de 1997, indicando que infringía lo dispuesto en el artº. 34.5 de la Ley 26/1984, de 19 de julio (B.O.E. nº 176), General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y el artículo 3º, apartado 3.3.4 del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio (B.O.E. nº 168), que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria, en concordancia con el artº. 2 del Real Decreto 2.160/1993, de 10 de diciembre, por el que se regula la indicación de precios de los productos ofrecidos a los consumidores y usuarios (B.O.E. nº 29, de 3 de febrero), en concordancia con los artículos 1 y 3 del Decreto 2.807/1972, de 15 de septiembre (B.O.E. nº 247), por el que se regula la publicidad y marcado de precios en la venta al público de artículos al por menor.

Resultando: que la infracción fue calificada como leve.

Resultando: que se comunicó el Acuerdo de iniciación al Instructor y se ordenó que simultáneamente se notificase al interesado.

Resultando: que no pudo practicarse la notificación personal del mismo por el Servicio de Correos, puesto que el certificado fue devuelto.

Considerando: que de conformidad con los artículos 24 del Real Decreto 1.398/1983, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento para el ejercicio de la potestad sancionadora, y 43 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, el expediente debe entenderse caducado.

Conforme a las competencias asignadas a la Dirección General de Consumo, en el artículo 9 del Decreto 322/1995, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Sanidad y Consumo,

ACUERDO:

El sobreseimiento de las diligencias contra Mohan Mirwani y el archivo del expediente nº 35/517/97 sin más trámite.

Contra la presente Resolución que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso ordinario ante el Excmo. Sr. Consejero de Sanidad y Consumo, en el plazo de 1 mes desde su notificación, conforme a lo previsto en el artº. 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.

Las Palmas de Gran Canaria, a 17 de noviembre de 1997.- El Director General de Consumo.

2) RESOLUCIÓN.

Visto el expediente nº 35/520/97, instruido por esta Dirección General, contra Ramesh Gianchand Dhanwani, con domicilio en el centro comercial Puerto Rico II, local 2025, y estando de acuerdo con la propuesta formulada por el Instructor.

Vistos los preceptos legales de general aplicación, en especial el Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto (B.O.E. nº 189).

Resultando: que el día 31 de enero de 1997, Inspectores de esta Dirección General de Consumo realizaron visita de inspección en el Bazar Ibiza, propiedad de D. Ramesh Gianchand Dhanwani, sito en el Centro Comercial Puerto Rico, fase II, local 2025, del término municipal de Mogán; y mediante acta levantada al efecto nº 5138 comprobaron que tenía expuestos para su venta al público en el escaparate diversos artículos tales como 45 vídeo cámaras, 30 cámaras de fotos, 75 relojes, 20 binoculares ... careciendo de sus preceptivos marcados de los precios de venta al público de forma visible.

Resultando: que como consecuencia de ello se formuló Acuerdo de iniciación el día 21 de mayo de 1997, indicando que infringía lo dispuesto en el artº. 34 de la Ley 26/1984, de 19 de julio (B.O.E. nº 176), General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y el artículo 3º, apartado 3.3.4 del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio (B.O.E. nº 168), que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria, en concordancia con el artº. 2 del Real Decreto 2.160/1993, de 10 de diciembre, por el que se regula la indicación de precios de los productos ofrecidos a los consumidores y usuarios (B.O.E. nº 29, de 3 de febrero), en concordancia con los artículos 1 y 3 del Decreto 2.807/1972, de 15 de septiembre (B.O.E. nº 247), por el que se regula la publicidad y marcado de precios en la venta al público de artículos al por menor. Resultando: que la infracción fue calificada como leve.

Resultando: que se comunicó el Acuerdo de iniciación al Instructor y se ordenó que simultáneamente se notificase al interesado.

Resultando: que no pudo practicarse la notificación personal del mismo por el Servicio de Correos, puesto que el certificado fue devuelto.

Considerando: que de conformidad con los artículos 24 del Real Decreto 1.398/1983, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento para el ejercicio de la potestad sancionadora, y 43 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, el expediente debe entenderse caducado.

Conforme a las competencias asignadas a la Dirección General de Consumo, en el artículo 9 del Decreto 322/1995, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Sanidad y Consumo, ACUERDO:

El sobreseimiento de las diligencias contra Ramesh Gianchand Dhanwani y el archivo del expediente nº 35/520/97 sin más trámite.

Contra la presente Resolución que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso ordinario ante el Excmo. Sr. Consejero de Sanidad y Consumo, en el plazo de 1 mes desde su notificación, conforme a lo previsto en el artº. 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.

Las Palmas de Gran Canaria, a 17 de noviembre de 1997.- El Director General de Consumo.

3) RESOLUCIÓN.

Visto el expediente nº 35/531/97, instruido por esta Dirección General, contra Chandurkant Fatumal Khemani, con domicilio en el Centro Comercial Puerto Rico III, local 2005, y estando de acuerdo con la propuesta formulada por el Instructor.

Vistos los preceptos legales de general aplicación, en especial el Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto (B.O.E. nº 189).

Resultando: que el día 31 de enero de 1997, Inspectores de esta Dirección General de Consumo realizaron visita de inspección en el Bazar Metro, propiedad de D. Chandurkant Fatumal Khemani, sito en el Centro Comercial Puerto Rico, fase II, local 2005, del término municipal de Mogán; y mediante acta levantada al efecto nº 5137 comprobaron que tenía expuestos para su venta al público en los escaparates diversos artículos tales como cámaras de vídeo, cámaras de fotos, relojes y C.D., careciendo de sus preceptivos marcados de los precios de venta al público de forma visible.

Resultando: que como consecuencia de ello se formuló Acuerdo de iniciación el día 21 de mayo de 1997, indicando que infringía lo dispuesto en el artº. 34.5 de la Ley 26/1984, de 19 de julio (B.O.E. nº 176), General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y el artículo 3º, apartado 3.3.4 del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio (B.O.E. nº 168), que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria, en concordancia con el artº. 2 del Real Decreto 2.160/1993, de 10 de diciembre, por el que se regula la indicación de precios de los productos ofrecidos a los consumidores y usuarios (B.O.E. nº 29, de 3 de febrero), en concordancia con los artículos 1 y 3 del Decreto 2.807/1972, de 15 de septiembre (B.O.E. nº 247), por el que se regula la publicidad y marcado de precios en la venta al público de artículos al por menor.

Resultando: que la infracción fue calificada como leve.

Resultando: que se comunicó el Acuerdo de iniciación al Instructor y se ordenó que simultáneamente se notificase al interesado.

Resultando: que no pudo practicarse la notificación personal del mismo por el Servicio de Correos, puesto que el certificado fue devuelto.

Considerando: que de conformidad con los artículos 24 del Real Decreto 1.398/1983, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento para el ejercicio de la potestad sancionadora, y 43 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, el expediente debe entenderse caducado.

Conforme a las competencias asignadas a la Dirección General de Consumo, en el artículo 9 del Decreto 322/1995, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Sanidad y Consumo,

ACUERDO:

El sobreseimiento de las diligencias contra Chandurkant Fatumal Khemani y el archivo del expediente nº 35/531/97 sin más trámite.

Contra la presente Resolución que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso ordinario ante el Excmo. Sr. Consejero de Sanidad y Consumo, en el plazo de 1 mes desde su notificación, conforme a lo previsto en el artº. 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.

Las Palmas de Gran Canaria, a 17 de noviembre de 1997.- El Director General de Consumo. 4) RESOLUCIÓN.

Visto el expediente nº 35/818/97, instruido por esta Dirección General, contra David Mendieta Pessy, con domicilio en el Centro Comercial Barcarola, 7, Puerto del Carmen, y estando de acuerdo con la propuesta formulada por el Instructor.

Vistos los preceptos legales de general aplicación, en especial el Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto (B.O.E. nº 189).

Resultando: que el día 18 de marzo de 1997, Inspectores de esta Dirección General de Consumo realizaron visita de inspección en el establecimiento Banana Connection, propiedad del interesado, sito en el Centro Comercial Barcarola, local 7, del término municipal de Tías; y mediante acta levantada al efecto nº 5628 comprobaron que dicho establecimiento carecía de las Hojas de Reclamaciones y del cartel anunciador de su existencia.

Resultando: que como consecuencia de ello se formuló Acuerdo de iniciación el día 14 de agosto de 1997, indicando que infringía lo dispuesto en el artº. 34.9 de la Ley 26/1984, de 19 de julio (B.O.E. nº 176), General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y el artº. 3.3.6 del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio, que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria (B.O.E. nº 168), en concordancia con el artº. 10 de la Ley 4/1994, de 25 de abril, de ordenación de la actividad comercial de Canarias (B.O.C. nº 53), en concordancia con los artículos 1, 2 y 3 del Decreto 225/1994, de 11 de noviembre, por el que se regulan las Hojas de Reclamaciones de los consumidores y usuarios de la Comunidad Autónoma Canaria (B.O.C. nº 148).

Resultando: que la infracción fue calificada como leve.

Resultando: que se comunicó el Acuerdo de iniciación al Instructor y se ordenó que simultáneamente se notificase al interesado.

Resultando: que no pudo practicarse la notificación personal del mismo por el Servicio de Correos, puesto que el certificado fue devuelto.

Considerando: que de conformidad con los artículos 24 del Real Decreto 1.398/1983, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento para el ejercicio de la potestad sancionadora, y 43 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, el expediente debe entenderse caducado.

Conforme a las competencias asignadas a la Dirección General de Consumo, en el artículo 9 del Decreto 322/1995, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Sanidad y Consumo,

ACUERDO:

El sobreseimiento de las diligencias contra David Mendieta Pessy y el archivo del expediente nº 35/818/97 sin más trámite.

Contra la presente Resolución que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso ordinario ante el Excmo. Sr. Consejero de Sanidad y Consumo, en el plazo de 1 mes desde su notificación, conforme a lo previsto en el artº. 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.

Las Palmas de Gran Canaria, a 21 de enero de 1998.- El Director General de Consumo.

5) RESOLUCIÓN.

Visto el expediente nº 35/842/97, instruido por esta Dirección General, contra Revoco de la Triguera, S.L., con domicilio en el centro comercial Peñita, Avenida de las Playas, Puerto del Carmen, y estando de acuerdo con la propuesta formulada por el Instructor.

Vistos los preceptos legales de general aplicación, en especial el Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto (B.O.E. nº 189).

Resultando: que el día 20 de marzo de 1997, Inspectores de esta Dirección General de Consumo realizaron visita de inspección en el establecimiento propiedad de la interesada sito en la Avenida de las Playas, C.C. Peñita, del término municipal de Tías; y mediante acta levantada al efecto nº 5643 comprobaron que tenía expuestas para su venta al público unas treinta camisetas carentes de los preceptivos datos de sus etiquetados consignados en castellano.

Así mismo, carecían de las Hojas de Reclamaciones y del cartel anunciador de su existencia.

Resultando: que como consecuencia de ello se formuló Acuerdo de iniciación el día 14 de agosto de 1997, indicando que infringía lo dispuesto en el artº. 34, apartados 6 y 9 de la Ley 26/1984, de 19 de julio (B.O.E. nº 176), General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y el artículo 3º, apartados 3.3.4 y 3.3.6 del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio (B.O.E. nº 168), que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria, en concordancia con el artº. 6 del Real Decreto 928/1987, de 5 de junio (B.O.E. nº 170), sobre etiquetado y composición de los productos textiles, en concordancia con el artº. 10 de la Ley 4/1994, de 25 de abril, de ordenación de la actividad comercial de Canarias (B.O.C. nº 53), en concordancia con los artículos 1, 2 y 3 del Decreto 225/1994, de 11 de noviembre, por el que se regulan las Hojas de Reclamaciones de los consumidores y usuarios de la Comunidad Autónoma Canaria (B.O.C. nº 148).

Resultando: que la infracción fue calificada como leve. Resultando: que se comunicó el Acuerdo de iniciación al Instructor y se ordenó que simultáneamente se notificase al interesado.

Resultando: que no tenemos constancia de su notificación por el Servicio de Correos habida cuenta de que no hemos recibido el acuse correspondiente.

Considerando: que de conformidad con los artículos 24 del Real Decreto 1.398/1983, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento para el ejercicio de la potestad sancionadora, y 43 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, el expediente debe entenderse caducado.

Conforme a las competencias asignadas a la Dirección General de Consumo, en el artículo 9 del Decreto 322/1995, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Sanidad y Consumo, ACUERDO:

El sobreseimiento de las diligencias contra Revoco de la Triguera, S.L. y el archivo del expediente nº 35/842/97 sin más trámite.

Contra la presente Resolución que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso ordinario ante el Excmo. Sr. Consejero de Sanidad y Consumo, en el plazo de 1 mes desde su notificación, conforme a lo previsto en el artº. 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.

Las Palmas de Gran Canaria, a 21 de enero de 1998.- El Director General de Consumo.

6) RESOLUCIÓN.

Visto el expediente nº 35/848/97, instruido por esta Dirección General, contra Supermercado Barracuda, S.L., con domicilio en la Avenida de las Playas, 63, Puerto del Carmen, y estando de acuerdo con la propuesta formulada por el Instructor.

Vistos los preceptos legales de general aplicación, en especial el Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto (B.O.E. nº 189).

Resultando: que el día 20 de marzo de 1997, inspectores de esta Dirección General de Consumo realizaron visita de inspección en el supermercado La Peñita, propiedad de la interesada, sito en la Avenida de Las Playas, 63, del término municipal de Tías; y mediante acta levantada al efecto nº 5759 comprobaron que tenía expuestos en los escaparates para su venta al público diversos artículos de regalo y decoración carentes de sus preceptivos marcados de los precios de venta al público de forma visible desde el exterior del establecimiento. Resultando: que como consecuencia de ello se formuló Acuerdo de iniciación el día 14 de agosto de 1997, indicando que infringía lo dispuesto en el artº. 34.5 de la Ley 26/1984, de 19 de julio (B.O.E. nº 176), General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y el artículo 3º, apartado 3.3.4 del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio (B.O.E. nº 168), que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria, en concordancia con el artº. 2 del Real Decreto 2.160/1993, de 10 de diciembre, por el que se regula la indicación de precios de los productos ofrecidos a los consumidores y usuarios (B.O.E. nº 29, de 3 de febrero), en concordancia con los artículos 1 y 3 del Decreto 2.807/1972, de 15 de septiembre (B.O.E. nº 247), por el que se regula la publicidad y marcado de precios en la venta al público de artículos al por menor.

Resultando: que la infracción fue calificada como leve.

Resultando: que se comunicó el Acuerdo de iniciación al Instructor y se ordenó que simultáneamente se notificase al interesado.

Resultando: que no tenemos constancia de su notificación por el Servicio de Correos habida cuenta de que no hemos recibido el acuse correspondiente.

Considerando: que de conformidad con los artículos 24 del Real Decreto 1.398/1983, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento para el ejercicio de la potestad sancionadora, y 43 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, el expediente debe entenderse caducado.

Conforme a las competencias asignadas a la Dirección General de Consumo, en el artículo 9 del Decreto 322/1995, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Sanidad y Consumo,

ACUERDO:

El sobreseimiento de las diligencias contra Supermercado Barracuda, S.L. y el archivo del expediente nº 35/848/97 sin más trámite. Contra la presente Resolución que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso ordinario ante el Excmo. Sr. Consejero de Sanidad y Consumo, en el plazo de 1 mes desde su notificación, conforme a lo previsto en el artº. 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.

Las Palmas de Gran Canaria, a 21 de enero de 1998.- El Director General de Consumo.

7) RESOLUCIÓN.

Visto el expediente nº 35/856/97, instruido por esta Dirección General, contra Eugenio Hernández León, con domicilio en la Parking Anexo II, Playa del Inglés, y estando de acuerdo con la propuesta formulada por el Instructor.

Vistos los preceptos legales de general aplicación, en especial el Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto (B.O.E. nº 189).

Resultando: que el día 21 de marzo de 1997, Inspectores de esta Dirección General de Consumo realizaron visita de inspección en los Aparcamientos Anexo II, propiedad del interesado, sito en el parking del Anexo II, del término municipal de San Bartolomé de Tirajana; y mediante acta levantada al efecto nº 5500 comprobaron que el cartel anunciador de la existencia de Hojas de Reclamaciones no estaba situado en lugar visible para los consumidores.

Resultando: que como consecuencia de ello se formuló Acuerdo de iniciación el día 14 de agosto de 1997, indicando que infringía lo dispuesto en el artº. 34.9 de la Ley 26/1984, de 19 de julio (B.O.E. nº 176), General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y el artº. 3.3.6 del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio, que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria (B.O.E. nº 168), en concordancia con el artº. 10 de la Ley 4/1994, de 25 de abril, de ordenación de la actividad comercial de Canarias (B.O.C. nº 53), en concordancia con los artículos 1 y 3 del Decreto 225/1994, de 11 de noviembre, por el que se regulan las Hojas de Reclamaciones de los consumidores y usuarios de la Comunidad Autónoma Canaria (B.O.C. nº 148).

Resultando: que la infracción fue calificada como leve.

Resultando: que se comunicó el Acuerdo de iniciación al Instructor y se ordenó que simultáneamente se notificase al interesado.

Resultando: que no pudo practicarse la notificación personal del mismo por el Servicio de Correos, puesto que el certificado fue devuelto.

Considerando: que de conformidad con los artículos 24 del Real Decreto 1.398/1983, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento para el ejercicio de la potestad sancionadora, y 43 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, el expediente debe entenderse caducado.

Conforme a las competencias asignadas a la Dirección General de Consumo, en el artículo 9 del Decreto 322/1995, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Sanidad y Consumo,

ACUERDO:

El sobreseimiento de las diligencias contra Eugenio Hernández León y el archivo del expediente nº 35/856/97 sin más trámite. Contra la presente Resolución que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso ordinario ante el Excmo. Sr. Consejero de Sanidad y Consumo, en el plazo de 1 mes desde su notificación, conforme a lo previsto en el artº. 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.

Las Palmas de Gran Canaria, a 21 de enero de 1998.- El Director General de Consumo.

8) RESOLUCIÓN.

Visto el expediente número 35/861/97, instruido por esta Dirección General, contra Zanotel-Benedetti, S.C.P., con domicilio en la Urbanización Puerto Mogán, local 134, y estando de acuerdo con la propuesta formulada por el Instructor.

Vistos los preceptos legales de general aplicación, en especial el Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto (B.O.E. nº 189).

Resultando: que el día 21 de marzo de 1997, Inspectores de esta Dirección General de Consumo realizaron visita de inspección en el establecimiento New Port, propiedad de la interesada, sito en la Urbanización Puerto Mogán, local 34, del término municipal de Mogán; y mediante acta levantada al efecto nº 5767 comprobaron que tenían expuestas para su venta al público 15 bufandas carentes de los preceptivos datos de sus etiquetados.

Resultando: que como consecuencia de ello se formuló Acuerdo de iniciación el día 14 de agosto de 1997, indicando que infringía lo dispuesto en el artº. 34, apartados 6 y 9 de la Ley 26/1984, de 19 de julio (B.O.E. nº 176), General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y el artículo 3º, apartado 3.3.4 del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio (B.O.E. nº 168), que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria, en concordancia con el artº. 6 del Real Decreto 928/1987, de 5 de junio (B.O.E. nº 170), sobre etiquetado y composición de los productos textiles.

Resultando: que la infracción fue calificada como leve.

Resultando: que se comunicó el Acuerdo de iniciación al Instructor y se ordenó que simultáneamente se notificase al interesado.

Resultando: que no pudo practicarse la notificación personal del mismo por el Servicio de Correos, puesto que el certificado fue devuelto.

Considerando: que de conformidad con los artículos 24 del Real Decreto 1.398/1983, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento para el ejercicio de la potestad sancionadora, y 43 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, el expediente debe entenderse caducado. Conforme a las competencias asignadas a la Dirección General de Consumo, en el artículo 9 del Decreto 322/1995, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Sanidad y Consumo, ACUERDO:

El sobreseimiento de las diligencias contra Zanotel-Benedetti, S.C.P. y el archivo del expediente nº 35/861/97 sin más trámite.

Contra la presente Resolución que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso ordinario ante el Excmo. Sr. Consejero de Sanidad y Consumo, en el plazo de 1 mes desde su notificación, conforme a lo previsto en el artº. 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.

Las Palmas de Gran Canaria, a 21 de enero de 1998.- El Director General de Consumo.

9) RESOLUCIÓN.

Visto el expediente nº 35/1064/97, instruido por esta Dirección General, contra Autoserve Glube, S.L., con domicilio en Sargento Llagas, 20, y estando de acuerdo con la propuesta formulada por el Instructor.

Vistos los preceptos legales de general aplicación, en especial el Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto (B.O.E. nº 189).

Resultando: que el día 13 de mayo de 1997, Inspectores de esta Dirección General de Consumo realizaron visita de inspección en el Autoservicio Glube, propiedad del interesado, sito en la calle Sargento Llagas, 20, del término municipal de Las Palmas de Gran Canaria; y mediante acta levantada al efecto nº 5995 comprobaron que tenía expuestas para su venta al público 10 latas del producto Montaña Jambonet cuyos etiquetados carecían de los preceptivos datos expresados en castellano.

Así mismo, no tenía expuesto el cartel informativo del horario comercial.

Resultando: que como consecuencia de ello se formuló Acuerdo de iniciación el día 24 de septiembre de 1997, indicando que infringía lo dispuesto en el artº. 34, apartados 6 y 9 de la Ley 26/1984, de 19 de julio (B.O.E. nº 176), General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y el artículo 3º, apartados 3.3.4 y 3.3.6 del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio (B.O.E. nº 168), que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria, en concordancia con el artº. 20 del Real Decreto 212/1992, de 6 de marzo, por el que se aprueba la Norma General de Etiquetado, Presentación y Publicidad de los Productos Alimenticios, en concordancia con el artº. 11 de la Ley 4/1994, de 25 de abril, de ordenación de la actividad comercial de Canarias (B.O.C. nº 53). Resultando: que la infracción fue calificada como leve.

Resultando: que se comunicó el Acuerdo de iniciación al Instructor y se ordenó que simultáneamente se notificase al interesado.

Resultando: que no pudo practicarse la notificación personal del mismo por el Servicio de Correos, puesto que el certificado fue devuelto.

Considerando: que de conformidad con los artículos 24 del Real Decreto 1.398/1983, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento para el ejercicio de la potestad sancionadora, y 43 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, el expediente debe entenderse caducado.

Conforme a las competencias asignadas a la Dirección General de Consumo, en el artículo 9 del Decreto 322/1995, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Sanidad y Consumo, ACUERDO:

El sobreseimiento de las diligencias contra Autoserve Glube, S.L. y el archivo del expediente nº 35/1064/97 sin más trámite. Contra la presente Resolución que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso ordinario ante el Excmo. Sr. Consejero de Sanidad y Consumo, en el plazo de 1 mes desde su notificación, conforme a lo previsto en el artº. 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.

Las Palmas de Gran Canaria, a 21 de enero de 1998.- El Director General de Consumo.

10) RESOLUCIÓN.

Visto el expediente nº 35/1070/97, instruido por esta Dirección General, contra Bahía Maspalomas, S.L., con domicilio en el Centro Comercial El Veril, local 16, y estando de acuerdo con la propuesta formulada por el Instructor.

Vistos los preceptos legales de general aplicación, en especial el Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto (B.O.E. nº 189).

Resultando: que el día 14 de mayo de 1997, Inspectores de esta Dirección General de Consumo realizaron visita de inspección en el Bazar Bier Garden, propiedad de la interesada, sito en el Centro Comercial El Veril, local 16, del término municipal de San Bartolomé de Tirajana; y mediante acta levantada al efecto nº 5549 comprobaron que tenía expuestos para su venta al público a granel 8 clases de helados careciendo el agua utilizada para lavar el dispensador de los mismos de la preceptiva solución de ácido cítrico o tartárico. Así mismo los barquillos o galletas utilizados para la venta no se encontraban protegidos.

Resultando: que como consecuencia de ello se formuló Acuerdo de iniciación el día 24 de septiembre de 1997, indicando que infringía lo dispuesto en el artº. 34.6 de la Ley 26/1984, de 19 de julio (B.O.E. nº 176), General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y el artículo 3º, apartados 3.3.1 y 3.3.4 del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio (B.O.E. nº 168), que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria, en concordancia con el artº. 14.2 y 27 del Real Decreto 670/1983, de 2 de marzo (B.O.E. nº 78), por el que se aprueba la R.T.S. para la elaboración, circulación y comercio de helados.

Resultando: que la infracción fue calificada como leve.

Resultando: que se comunicó el Acuerdo de iniciación al Instructor y se ordenó que simultáneamente se notificase al interesado.

Resultando: que no pudo practicarse la notificación personal del mismo por el Servicio de Correos, puesto que el certificado fue devuelto.

Considerando: que de conformidad con los artículos 24 del Real Decreto 1.398/1983, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento para el ejercicio de la potestad sancionadora, y 43 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, el expediente debe entenderse caducado.

Conforme a las competencias asignadas a la Dirección General de Consumo, en el artículo 9 del Decreto 322/1995, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Sanidad y Consumo,

ACUERDO:

El sobreseimiento de las diligencias contra Bahía Maspalomas, S.L. y el archivo del expediente nº 35/1070/97 sin más trámite.

Contra la presente Resolución que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso ordinario ante el Excmo. Sr. Consejero de Sanidad y Consumo, en el plazo de 1 mes desde su notificación, conforme a lo previsto en el artº. 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.- Las Palmas de Gran Canaria, a 5 de diciembre de 1997.- El Director General de Consumo.

11) RESOLUCIÓN.

Visto el expediente nº 35/1067/97.

RESPONSABLE: Restaurante Terrazas Unidas, S.L. D.N.I. o N.I.F.: B35426758. MOTIVACIÓN

REFERENCIA DE HECHOS: el día 14 de mayo de 1997, Inspectores de esta Dirección General de Consumo realizaron visita de inspección en el Restaurante Tabasco, propiedad de la interesada, sito en el Centro Comercial El Verol, local 22, del término municipal de San Bartolomé de Tirajana; y mediante acta levantada al efecto nº 6151 comprobaron que tenía expuestos para su venta al público a granel 8 clases de helados estando los barquillos utilizados en la venta a temperatura ambiente. Así mismo, el agua de lavado del dispensador de los helados carecía de la preceptiva solución de ácido cítrico o tartárico. FUNDAMENTOS DE DERECHO: artº. 34.6 de la Ley 26/1984, de 19 de julio (B.O.E. nº 176), General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y en relación con el artículo 3º, apartados 3.3.1 y 3.3.4 del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio (B.O.E. nº 168), que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria, en concordancia con el artº. 14.2 y 27 del Real Decreto 670/1983, de 2 de marzo (B.O.E. nº 78), por el que se aprueba la R.T.S. para la elaboración, circulación y comercio de helados. Conforme a las competencias asignadas a la Dirección General de Consumo, en el artículo 9, apartados k) y m) del Reglamento Orgánico de la Consejería de Sanidad y Consumo, aprobado por Decreto Territorial 322/1995, de 10 de noviembre (B.O.E. nº 154). ACUERDO:

Imponer a Restaurante Terrazas Unidas, S.L. la sanción de multa de 25.000 pesetas.

Contra la presente Resolución que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso ordinario ante el Excmo. Sr. Consejero de Sanidad y Consumo, en el plazo de 1 mes desde su notificación, conforme a lo previsto en el artº. 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.

Las Palmas de Gran Canaria, a 5 de noviembre de 1997.- El Director General de Consumo.

NOTA: el pago de la sanción se hará efectivo a partir de la notificación de la liquidación que oportunamente se girará por la Consejería de Economía y Hacienda.

12) RESOLUCIÓN.

Visto el expediente nº 35/1348/97.

RESPONSABLE: Laja Mirchandani. D.N.I. o N.I.F.: 42858450C .

MOTIVACIÓN

REFERENCIA DE HECHOS: el día 26 de junio de 1997, Inspectores de esta Dirección General de Consumo realizaron visita de inspección en el Bazar Lilis, propiedad de Laja Mirchandani, sito en la calle Tomás Miller, 52, del término municipal de Las Palmas de Gran Canaria; y mediante acta levantada al efecto nº 6437 comprobaron que tenía expuestas para su venta al público 9 planchas de viaje careciendo de los preceptivos etiquetados consignados en castellano al igual que de instrucciones de uso y manejo. FUNDAMENTOS DE DERECHO: artº. 34.6 de la Ley 26/1984, de 19 de julio (B.O.E. nº 176), General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, en relación con el artículo 3º, apartados 3.1 y 3.3.4 del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio (B.O.E. nº 168), que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria, en relación con el artículo 7º del Real Decreto 1.468/1988, de 2 de diciembre (B.O.E. nº 294), por el que se aprueba el Reglamento de etiquetado, presentación y publicidad de los productos industriales destinados a su venta directa a los consumidores y usuarios, en concordancia con lo dispuesto en los artículos 2, 5 y 6 del Real Decreto 7/1988, de 8 de enero (B.O.E. nº 12), que regula las exigencias de seguridad del material eléctrico destinado a ser utilizado en determinados límites de tensión desarrollado y complementado por la Orden del Ministerio de Industria y Energía de 6 de junio de 1989 (B.O.E. nº 147). CUESTIONES PLANTEADAS EN EL EXPEDIENTE: presentó escrito de alegaciones, el día 19 de diciembre de 1997, manifestando en síntesis: Que el negocio que regenta fundado hace 30 años, jamás se ha visto envuelto en la apertura de ningún tipo de expediente administrativo. Que es norma fundamental en la administración de su negocio, el estricto cumplimiento de todas las normas. Que en referencia a la existencia de las 9 planchas de viaje, las cajas que contenían aparecía una fotografía de gran tamaño lo cual era visible desde la distancia. Dentro de las cajas constar, aparecían manuales de uso en idioma inglés, numerosos dibujos. Hacerse constar por la inspección de consumo la posible insuficiencia en el etiquetado de las mismas, procedió a la retirada inmediata a la venta de las susodichas nueve planchas. Estas nueve planchas fueron compradas de manera absolutamente ilegal muchos años atrás. Se declara firmemente ante la Sra. Instructora la no existencia de intencionalidad para ningún tipo de engaño o fraude. No existe reiteración ni reincidencia. Quiere hacer constar que el beneficio total era de 2.925 pesetas. Ruega dicte resolución definitiva dando por concluido el presente expediente sin la imposición de sanción pecuniaria alguna. CONTESTACIÓN A LAS CUESTIONES Y VALORACIÓN DE LAS PRUEBAS PRACTICADAS: las alegaciones del interesado no modifican la calificación jurídica de los hechos vertida en el Acuerdo de iniciación y en la Propuesta de Resolución, por cuanto que la normativa aplicable exige que los etiquetados incorporen una serie de datos obligatoriamente expresados en castellano no pudiéndose suplir éstos por dibujos explicativos que en todo caso completarían la información. Es la interesada la responsable de la realización de una conducta de omisión en su diligencia debida al poner a disposición del consumidor el producto de referencia con irregularidades en el etiquetado, privándole por tanto de una información a la que tiene derecho. La cuantía de la multa ha sido determinada de conformidad con los criterios de graduación establecidos en la Ley. Conforme a las competencias asignadas a la Dirección General de Consumo, en el artículo 9, apartados k) y m) del Reglamento Orgánico de la Consejería de Sanidad y Consumo, aprobado por Decreto Territorial 322/1995, de 10 de noviembre (B.O.E. nº 154),

ACUERDO:

Imponer a Laja Mirchandani la sanción de multa de 60.000 pesetas.

Contra la presente Resolución que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso ordinario ante el Excmo. Sr. Consejero de Sanidad y Consumo, en el plazo de 1 mes desde su notificación, conforme a lo previsto en el artº. 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.

Las Palmas de Gran Canaria, a 30 de diciembre de 1997.- El Director General de Consumo.

NOTA: el pago de la sanción se hará efectivo a partir de la notificación de la liquidación que oportunamente se girará por la Consejería de Economía y Hacienda.

Las Palmas de Gran Canaria, a 20 de marzo de 1998.- El Director General de Consumo, Gonzalo Olarte Cullen.



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