Habiendo sido intentada la notificación de la Propuesta de Resolución en el domicilio que figura en el expediente sancionador nº 8/98, incoado por la Viceconsejería de Administración Pública a Comercial Juafa, S.L., titular de la empresa operadora nº 103, por infracción a la normativa sobre el juego, sin que haya podido practicarse al interesado, de conformidad con lo establecido en el artº. 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se procede a su publicación. PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
De las actuaciones practicadas y antecedentes que han dado lugar a la instrucción de las diligencias, y teniendo en cuenta los siguientes
I. ANTECEDENTES
1º) Con fecha 17 de diciembre de 1997, fueron levantadas actas de infracción por funcionarios adscritos al Servicio de Inspección del Juego de esta Consejería, dando cuenta que en el establecimiento Bar Campo de Lucha, sito en La Laguna, Barrio Nuevo, calle Los Guanches, 29, se encuentran instaladas y en funcionamiento las máquinas recreativas del tipo B, TF-B-8.874 y TF-B-10.526, propiedad de la empresa operadora nº 103, Comercial Juafa, S.L., que en el momento de la inspección carecen de los distintivos correspondientes del pago de la Tasa Fiscal sobre el Juego del año 1997. Asimismo, la máquina TF-B-10.526 carece del preceptivo Boletín de Instalación para el citado establecimiento.
2º) Mediante Providencia dictada por la Viceconsejería de Administración Pública de 13 de enero de 1998, se ordenó la incoación de expediente sancionador por infracción a la normativa sobre el juego, procediéndose a nombrar Instructor del mismo y a formular el Pliego de Cargos al interesado. Asimismo, en la citada Providencia, se ordenó como medida cautelar el precinto de la máquina recreativa del tipo B, TF-B-10.526, nº de Guía de Circulación 728847-Q, nº de modelo B-1786, nº de serie B-94, a resultas de la resolución que en definitiva pueda dictarse, al apreciarse la presunta comisión de una falta muy grave, tipificada en el artº. 39.6 del citado texto reglamentario, toda vez que la citada máquina recreativa carece del preceptivo Boletín de Instalación para el establecimiento en que se encuentra actualmente instalada (Bar Campo de Lucha); materializándose dicho precinto por el Servicio de Inspección del Juego mediante acta de precinto de 20 de enero de 1998.
3º) Intentada la notificación de la Providencia y Pliego de Cargos en el domicilio del inculpado, mediante carta con acuse de recibo, no pudo practicarse, por lo que se instó la notificación mediante anuncio en el Boletín Oficial de Canarias, llevándose a efecto el día 3 de abril de 1998; no formulándose alegaciones por el interesado en el plazo concedido al efecto.
II. CONSIDERACIONES JURÍDICAS
Primera.- Las competencias funcionales en esta materia vienen determinadas en la Ley 6/1985, de 30 de diciembre, reguladora de los Juegos y Apuestas en Canarias (B.O.C. nº 158, de 31.12.85) y en el Decreto 93/1988, de 31 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de Máquinas Recreativas y de Azar de la Comunidad Autónoma de Canarias, modificado parcialmente por los Decretos 132/1989, de 1 de junio y 89/1990, de 23 de mayo.
Segunda.- De conformidad con lo establecido en los artículos 24.b) de la Ley 6/1985, de 30 de diciembre, reguladora de los Juegos y Apuestas en Canarias, y 7.5.b) del Decreto 321/1995, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Presidencia y Relaciones Institucionales, el Consejero de Presidencia y Relaciones Institucionales es competente para intervenir en la resolución de este expediente.
Tercera.- En la tramitación de este expediente se ha observado el procedimiento previsto en el artº. 43 del citado Decreto 93/1988, de 31 de mayo.
Cuarta.- Habiendo quedado probado que en el establecimiento Bar Campo de Lucha, sito en La Laguna, Barrio Nuevo, calle Los Guanches, 29, se encontraban instaladas y en funcionamiento las máquinas recreativas del tipo B, TF-B-8.874 y TF-B-10.526, propiedad de la empresa operadora nº 103, Comercial Juafa, S.L., que en el momento de la inspección el día 17 de diciembre de 1997, carecían de los distintivos correspondientes del pago de la Tasa Fiscal sobre el Juego del año 1997. Asimismo, la máquina recreativa TF-B-10.526 carece del preceptivo Boletín de Instalación para el citado establecimiento.
Quinta.- Analizados los hechos imputados a través de las disposiciones en vigor, se aprecia infracción a lo dispuesto en los artículos 12, 30.1.d) y 31.1.b) del Decreto 93/1988, de 31 de mayo, en cuya virtud, el Boletín de Instalación, debidamente tramitado y cumplimentado, amparará la legalidad individualizada de la máquina correspondiente, en cuanto a su correcta ubicación en el establecimiento autorizado para la instalación de máquina de juego, del tipo que corresponda. Asimismo, todas las máquinas a que se refiere el citado Reglamento, que se encuentren en explotación, deberán llevar necesariamente incorporado a las mismas y de forma visible desde el exterior, entre otros, el distintivo correspondiente del pago de la Tasa Fiscal sobre el Juego, incorporación que se efectuará en la parte frontal o lateral de la máquina.
Sexta.- De acuerdo con lo previsto en los artículos 39.6 y 41.3 del citado Reglamento, las infracciones deben calificarse como muy grave, la carencia de la autorización administrativa en que consiste el Boletín de Instalación para la máquina recreativa TF-B-10.526 en el establecimiento Bar Campo de Lucha y como leve, la no incorporación en la máquina recreativa del distintivo correspondiente al pago de la Tasa Fiscal del Juego, procediendo sancionar con multa de un millón quinientas mil pesetas por la infracción muy grave cometida y con dos de cien mil pesetas por las infracciones leves cometidas, que hacen un total de un millón setecientas mil pesetas, según disponen los artículos 42 del citado Reglamento 93/1988, de 31 de mayo y 22 de la Ley 6/1985, de 30 de diciembre, reguladora de los Juegos y Apuestas en Canarias (B.O.C. nº 158, de 31.12.85).
En su virtud, se le notifica cuanto antecede a fin de que en el plazo de ocho días hábiles pueda alegar cuanto considere en su defensa, de acuerdo con el artº. 43.1.2.d) del Decreto citado.
Santa Cruz de Tenerife, a 11 de mayo de 1998.- El Director General de Administración Territorial y Gobernación, Juan José Rodríguez y Rodríguez.
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