BOC - 1998/073. Lunes 15 de Junio de 1998 - 810

II. AUTORIDADES Y PERSONAL - Oposiciones y concursos - Consejería de Presidencia y Relaciones Institucionales

810 - RESOLUCIÓN de 3 de junio de 1998, de la Dirección General de la Función Pública, por la que se hace pública la relación de la aspirante seleccionada en virtud de pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo Superior de Investigadores Agrarios, Escala Científica (Grupo A), de la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias y se le requiere para que aporte la documentación exigida en la base 11.2 de la convocatoria.

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Terminadas las pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo Superior de Investigadores Agrarios, Escala Científica de la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias (Grupo A), convocadas por Orden de la Consejería de Presidencia y Relaciones Institucionales de 4 de febrero de 1998 (B.O.C. nº 20, de 13.2.98) y vista la propuesta formulada por el Tribunal Calificador hecha pública en los tablones de anuncios, esta Dirección General, de conformidad con la referida propuesta y según lo previsto en la base 11 de las que rigen las pruebas mencionadas,

R E S U E L V E:

Primero.- Aprobar la relación definitiva de la aspirante que ha superado las pruebas, con la puntuación total obtenida, y que se relaciona a continuación:

APELLIDOS Y NOMBRE: Pérez Díaz, María Luz. D.N.I. Nº: 42.932.075. TOTAL PUNTUACIÓN: 31,81.

Segundo.- En el plazo de veinte días naturales a contar desde el día siguiente al de la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial de Canarias, la aspirante propuesta deberá presentar en la Dirección General de la Función Pública instancia acompañada de la documentación a que se refiere la base 11.2 de la mencionada convocatoria.

Tercero.- Si dentro del plazo fijado, y salvo caso de fuerza mayor, no presentara la documentación, o del examen de la misma se dedujera que carece de alguno de los requisitos señalados en la base segunda de la convocatoria no podrá ser nombrada funcionaria de carrera y quedarán anuladas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en la que hubiera podido incurrir por falsedad en la solicitud inicial y en los documentos acompañados.

Santa Cruz de Tenerife, a 3 de junio de 1998.- El Director General de la Función Pública, Francisco Javier López de Vicuña y Artola.



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