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Habiéndose intentado por esta Dirección General sin haberse podido practicar, la notificación de la Resolución recaída en el expediente incoado con motivo de denuncias o Actas de Inspección formuladas contra los titulares de empresas y actividades turísticas que se relacionan, conforme al artº. 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y siendo preciso su notificación a los efectos de que aleguen lo que a su derecho convenga,
R E S U E L V O:
1.- Notificar a los titulares de establecimientos y actividades turísticas que se citan, la Resolución recaída en el expediente que les ha sido instruido por infracción a la legislación en materia turística.
El ingreso de las sanciones recaídas en los expedientes que se relacionan, deberá hacerse efectivo en la forma y plazos indicados en la notificación que la Consejería de Economía y Hacienda le remitirá a su propio domicilio. 2.- Remitir al Ayuntamiento de las poblaciones que se citan, la presente Resolución para su publicación en el tablón de edictos correspondiente.
Las Palmas de Gran Canaria, a 25 de marzo de 1998.- El Director General de Ordenación e Infraestructura Turística, Francisco Montesdeoca Santana.
RESOLUCIONES QUE SE CITAN:
1º) Libro nº 1 de Resoluciones de la Viceconsejería de Turismo, folio 12, nº 1.
Resolución de 13 de enero de 1998, de la Viceconsejería de Turismo del Gobierno de Canarias, recaída en el expediente sancionador nº 97/162, instruido a Espinamar, S.L., titular de la explotación turística del establecimiento denominado Apartamentos San Marcial.
Examinado el expediente sancionador tramitado por el Servicio de Inspección y Sanciones, instruido a Espinamar, S.L., por Resolución de iniciación del Director General de Ordenación e Infraestructura Turística, de 14 de julio de 1997, como consecuencia de la denuncia formulada por Dña. Cristina Sánchez de Celis, y del acta de inspección nº 6.457, de 11 de noviembre de 1995.
Vista la propuesta formulada por el Instructor del expediente sancionador consignado.
Teniendo en cuenta los siguientes
I. ANTECEDENTES
1º) Que con fecha 11 de octubre de 1995, se recibió en esta Consejería reclamación de Dña. Cristina Sánchez de Celis, contra la Agencia de Viajes Riverlanza, Agencia de Viajes Elena, Apartamentos Plaza Palmeras y Apartamentos San Marcial, sobre deficiencias y posibles infracciones.
2º) Que para comprobar los hechos denunciados, el 11 de noviembre de 1995, se personó en los Apartamentos San Marcial, sito en la calle Alpahor, 4, en Puerto del Carmen, término municipal de Tías, el Servicio de Inspección de esta Dirección General, levantando al efecto el acta nº 95/6457, en la que esencialmente se hace constar que, según anotación en el libro de llegadas y salidas, el 6 de octubre de 1995 figura Cristina Sánchez x 2, llegada a través de Touroperador First Choice, salida el 12 y ocupando el apartamento nº 154. Dice el Sr. Martín (interviniente), que First Choice, representado por Viajes Elena, dispone de un cupo de 49 apartamentos en garantía. Que al parecer, Viajes Riverlanza solicitó un apartamento de dicho cupo a Viajes Elena, que se lo concedió pero lo cierto es que quien hace la reserva en Apartamentos San Marcial es Viajes Elena, y abona la estancia de la Srta. Sánchez. Se adjunta copia de la reserva. Se comprueba que carece de Libro de Inspección, y el Sr. Martín dice que éste se encuentra en el Cabildo de Lanzarote, para hacer un cambio de titularidad. Presenta escrito del Registro Regional de Empresas Turísticas, donde se le comunica la inscripción del cambio de titularidad y Resolución de 2 de mayo de 1995, autorizando el cambio.
3º) Que se ordenó la iniciación de expediente sancionador, que lleva el nº 97/162, nombrándose Instructor y Secretario.
4º) Que por el Instructor del expediente se formularon los cargos, con fecha 14 de julio de 1997, por el siguiente:
HECHO: no facilitar el Libro de Inspección. FECHA DE INFRACCIÓN: 11 de noviembre de 1995.
5º) La expedientada, en escrito de 7 de noviembre de 1997, registro de entrada nº 7728, en síntesis, ha alegado lo siguiente: el 15 de noviembre de 1995 se incoó acta de infracción contra la empresa debido a que en el momento de la actuación inspectora no se tenía en el centro de trabajo el Libro de Inspección, ya que se encontraba en la oficina de la Consejería de Turismo del Cabildo de Lanzarote, ultimando el trámite de cambio de titularidad del complejo de Apartamentos San Marcial. Nos remitimos a la Consejería para constatar lo dicho. Entendemos existe extemporaneidad en la actuación procedimental, por tanto debe archivarse por caducado. De no admitirse ello, se alega que dentro de un mes prescribe. Lo correcto es sancionar por no disponer en el establecimiento del Libro de Inspección pero no por no querer facilitarlo.
ACTUACIONES DEL INSTRUCTOR: consultas a la Consejería de Turismo del Cabildo de Lanzarote y manifiestan: el cambio de titularidad se solicita el 30 de diciembre de 1994 y después de varios requerimientos se resuelve el 2 de mayo de 1995. No obstante la empresa no retira la documentación hasta el 4 de noviembre de 1997 (mismo día que se presentan las alegaciones al expediente), esto es, 2 años y medio más tarde por culpa de la empresa.
6º) Examinada la razón esgrimida por la expedientada y los documentos aportados, desvirtúa sólo en parte, puesto que respecto a la caducidad y futura prescripción alegada se manifiesta que el acta no reúne los requisitos formales previstos en la normativa sobre el ejercicio de la potestad sancionadora, por lo que el órgano competente para iniciar el expediente sancionador es el Director General de Ordenación e Infraestructura Turística. Artº. 11.p) del Decreto 281/1995, de 11 de septiembre, Reglamento Orgánico de la Consejería de Turismo y Transportes, y es a partir de la fecha de Resolución de iniciación desde donde se aplican los cómputos de los plazos para los principios de caducidad y prescripción. Esto se efectuó el 14 de julio de 1997.
Respecto a que el Libro estaba en el Cabildo se aclara que el expediente se resuelve el 2 de mayo de 1995, se retira documentación el 4 de noviembre de 1997 y la inspección es el 11 de noviembre de 1995. La empresa debía tener ya el Libro, no obstante careciendo de antecedentes, se propone reducción a 250.001 pesetas la sanción.
Como consecuencia de todo lo anterior, el Instructor del procedimiento con fecha 24 de noviembre de 1997, formuló propuesta de sanción de multa en cuantía de 250.001 pesetas.
II. CONSIDERACIONES JURÍDICAS
Primera.- Que las actuaciones practicadas en el presente expediente sancionador han sido de conformidad con la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. nº 285, de 27.11.92), la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19.4.95), así como con el Decreto 190/1996, de 1 de agosto, regulador del Procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora en materia turística y de la Inspección de Turismo (B.O.C. nº 103, de 21.8.96).
Segunda.- Que en la tramitación del expediente se han observado las formalidades de rigor.
Tercera.- Que las pruebas que obran en el expediente son tenidas en cuenta a la hora de emitir la presente Resolución.
Cuarta.- Que debe estimarse la responsabilidad administrativa de la expedientada, en base al acta de inspección nº 6.457, de 11 de noviembre de 1995, y teniendo en cuenta las alegaciones, actuaciones del Instructor y motivación indicada en la Propuesta de Resolución, sin que el titular haya formulado alegaciones a dicha Propuesta, no ha aportado prueba alguna que desvirtúe el hecho imputado, por lo que nos ratificamos en la Propuesta de Resolución, por entenderla ajustada a Derecho.
Quinta.- Que el hecho recogido en el expediente es constitutivo de infracción a:
NORMA SUSTANTIVA INFRINGIDA: artº. 41 del Decreto 190/1996, de 1 de agosto, regulador del Procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora en materia turística y de la Inspección de Turismo (B.O.C. nº 103, de 21 de agosto).
Con calificación de grave, en base a: artº. 76.9 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19 de abril).
En el ejercicio de la competencia que tengo atribuida para resolver el presente expediente sancionador, de acuerdo con la Ley Orgánica 10/1982, de 10 de agosto, por la que se aprueba el Estatuto de Autonomía de Canarias (B.O.J.C. nº 17, de 28.9.82), y el artículo 10.j) del Decreto 281/1995, de 11 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Turismo y Transportes (B.O.C. nº 128, de 4.10.95), R E S U E L V O:
Imponer la sanción de multa de 250.001 pesetas a Espinamar, S.L., con C.I.F. nº B-35238666, titular de la explotación turística del establecimiento denominado Apartamentos San Marcial.
La Resolución que se le notifica no pone fin a la vía administrativa y contra la misma cabe interponer, de acuerdo con lo prevenido en los artículos 114 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, recurso ordinario en el plazo de un mes, contado a partir de la recepción de la presente Resolución, ante el Excmo. Sr. Consejero de Turismo y Transportes del Gobierno de Canarias, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.
En el caso de que el recurrente sea un representante, deberá acreditar esta representación, aportando escritura de poder para dejar constancia fidedigna, bien con copia simple notarial o previo cotejo o compulsa de la fotocopia con su original, a tenor de lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Una vez firme la presente Resolución, se procederá a dar cumplimiento a lo dispuesto en el artº. 17.7 del Decreto 190/1996, de 1 de agosto, regulador del Procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora en materia turística y de la Inspección de Turismo, en relación con el artº. 81.4 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias, referente a la publicación de la sanción y anotación en el Registro General de Empresas, Actividades y Establecimientos Turísticos.- Las Palmas de Gran Canaria, a 13 de enero de 1998.- El Viceconsejero de Turismo, Juan Carlos Becerra Robayna.
2) Libro nº 2 de Resoluciones de la Dirección General de Ordenación e Infraestructura Turística, folio 120, nº 103.
Resolución de 16 de febrero de 1998, de la Dirección General de Ordenación e Infraestructura Turística, recaída en el expediente sancionador nº 97/270, instruido a D. Cristóbal Romero Sánchez, titular de la explotación turística del establecimiento denominado Cafetería Los Ángeles.
Examinado el expediente sancionador tramitado por el Servicio de Inspección y Sanciones, instruido a D. Cristóbal Romero Sánchez, por Resolución de iniciación del Director General de Ordenación e Infraestructura Turística, de 11 de diciembre de 1997, como consecuencia de la denuncia formulada por D. Juan C. Alfageme Ramírez y del acta de inspección nº 8.326, de 1 de abril de 1997.
Vista la propuesta formulada por el Instructor del expediente sancionador consignado.
Teniendo en cuenta los siguientes I. ANTECEDENTES
1º) Que con fecha 18 de febrero de 1997, se recibió en esta Consejería reclamación de D. Juan C. Alfageme Ramírez, remitida por el Cabildo de Lanzarote, contra la Cafetería Los Ángeles, de Arrecife, por cerrar el servicio de señoras e inodoro de caballeros, durante las fiestas de carnaval.
2º) Que para comprobar los hechos denunciados, el 1 de abril de 1997, se personó en el establecimiento de referencia, sito en la calle Ruperto González Negrín, 6, término municipal de Arrecife de Lanzarote, el Servicio de Inspección de esta Dirección General, levantando al efecto el acta nº 8.326, en la que esencialmente se hace constar que los hechos denunciados respecto al 8 de febrero de 1997, y debido al numeroso público que entraba en el local para hacer uso de los servicios de señora y caballeros, quedaron atascados por las fiestas de carnaval, tirando en los mismos diversos objetos y hubo que cerrarlos hasta el día siguiente para desatascarlos por un fontanero. Asimismo se facilitó al cliente una Hoja de Reclamaciones de máquinas recreativas, sin mala intención.
3º) Que se ordenó la iniciación de expediente sancionador, que lleva el nº 97/270, nombrándose Instructor y Secretario.
4º) Que por el Instructor del expediente se formularon los cargos, con fecha 11 de diciembre de 1997, por el siguiente:
HECHO: deficiencias en el funcionamiento y decoro de los servicios sanitarios. FECHA DE INFRACCIÓN: 8 de febrero de 1997.
5º) Que con fecha 13 de febrero de 1998 y habida cuenta que el expedientado no efectuó alegación alguna a la Resolución de iniciación del procedimiento y a los cargos imputados, fue ratificada como Propuesta de Resolución, con una multa en cuantía de 65.000 pesetas.
II. CONSIDERACIONES JURÍDICAS
Primera.- Que las actuaciones practicadas en el presente expediente sancionador han sido de conformidad con la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. nº 285, de 27.11.92), la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19.4.95), así como con el Decreto 190/1996, de 1 de agosto, regulador del Procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora en materia turística y de la Inspección de Turismo (B.O.C. nº 103, de 21.8.96).
Segunda.- Que en la tramitación del expediente se han observado las formalidades de rigor.
Tercera.- Que las pruebas que obran en el expediente son tenidas en cuenta a la hora de emitir la presente Resolución. Cuarta.- Que debe estimarse la responsabilidad administrativa del expedientado, en base al acta de inspección nº 8.326, sin que el titular haya formulado alegaciones a la Propuesta de Resolución, ni aportado prueba alguna que desvirtúe el hecho imputado, por lo que nos ratificamos en dicha Propuesta por entenderla ajustada a Derecho.
Quinta.- Que el hecho recogido en el expediente es constitutivo de infracción a:
NORMAS SUSTANTIVAS INFRINGIDAS: artículo 9º.e) de la Orden de 18 de marzo de 1965, por la que se aprueba la ordenación turística de cafeterías (B.O.E. de 29 de marzo). TIPIFICACIÓN DE LA INFRACCIÓN: artº. 77.4 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19 de abril). CALIFICACIÓN JURÍDICA DE LA INFRACCIÓN: leve.
En el ejercicio de la competencia que tengo atribuida para resolver el presente expediente sancionador, de acuerdo con la Ley Orgánica 10/1982, de 10 de agosto, por la que se aprueba el Estatuto de Autonomía de Canarias (B.O.J.C. nº 17, de 28.9.82), y el artículo 11.p) del Decreto 281/1995, de 11 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Turismo y Transportes (B.O.C. nº 128, de 4.10.95),
R E S U E L V O:
Imponer la sanción de multa en cuantía de 65.000 pesetas a D. Cristóbal Romero Sánchez, con D.N.I. nº 25288281, titular de la explotación turística del establecimiento denominado Cafetería Los Ángeles.
La Resolución que se le notifica no pone fin a la vía administrativa y contra la misma cabe interponer, de acuerdo con lo prevenido en los artículos 114 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, recurso ordinario en el plazo de un mes, contado a partir de la recepción de la presente Resolución, ante el Ilmo. Sr. Viceconsejero de Turismo de la Consejería de Turismo y Transportes del Gobierno de Canarias, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.
En el caso de que el recurrente sea un representante, deberá acreditar esta representación, aportando escritura de poder para dejar constancia fidedigna, bien con copia simple notarial o previo cotejo o compulsa de la fotocopia con su original, a tenor de lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.- Las Palmas de Gran Canaria, a 16 de febrero de 1998.- El Director General de Ordenación e Infraestructura Turística, Francisco Montesdeoca Santana.
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