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BOC Nº 070. Lunes 8 de Junio de 1998 - 1631

IV. ANUNCIOS - Otros anuncios - Consejería de Política Territorial y Medio Ambiente

1631 - RESOLUCIÓN de 18 de febrero de 1998, de la Dirección General de Disciplina Urbanística y Medioambiental, sobre notificación a Dña. Josefina Pereda Riera de la Resolución recaída en el expediente sancionador nº 19-8/90-U.

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No habiéndose podido notificar a Dña. Josefina Pereda Riera en la forma prevista en el artº. 59.1 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, la Resolución dictada en el expediente tramitado en esta Dirección General con referencia 19-8/90-U, de conformidad con el apartado cuarto del antes mencionado artículo,

R E S U E L V O:

1. Notificar a Dña. Josefina Pereda Riera, la Resolución dictada por el Ilmo. Sr. Director General de Disciplina Urbanística y Medioambiental nº 323, de 23 de junio de 1997, recaída en el expediente 19-8/90-U, instruido en esta Dirección General, y que dice textualmente:

“Examinados el expediente administrativo seguido por esta Dirección General frente a Dña. Josefina Pereda Riera, informe de los servicios técnicos, demás documentación obrante en el expediente, y teniendo en cuenta los siguientes,

ANTECEDENTES

Primero.- Que en el lugar conocido por Las Lagunas, en el término municipal de El Sauzal, dentro del Espacio Natural Protegido “Parque Natural de las Laderas de Santa Úrsula, Los Órganos, Altos del Valle de Güímar y Monte de La Esperanza” se han ejecutado obras consistentes en la construcción de una vivienda unifamiliar aislada de 2 plantas de 80 m2 cada una, sin licencia municipal de obras, y sin la previa autorización de la Dirección General de Urbanismo, prevista en la Ley 5/1987, de 7 de abril, de Ordenación Urbanística del Suelo Rústico de la Comunidad Autónoma de Canarias, siendo su promotora Dña. Josefina Pereda Riera.

Segundo.- Con fecha 8 de febrero de 1993 esta Dirección General ordena la suspensión de las obras así como requiere al Ayuntamiento para que, en el ejercicio de sus competencias, adopte las medidas de disciplina urbanística establecidas en el Texto Refundido 1/1992 de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana.

Dicha Resolución que recurrida por la interesada en vía administrativa y luego en vía jurisdiccional, habiendo devenido firme con fecha 17 de enero de 1995. Tercero.- La expedientada solicita ante la Dirección General de Urbanismo la legalización de las obras, la cual es denegada con fecha 7 de diciembre de 1994, habiendo devenido firme la misma.

Cuarto.- Posteriormente esta Dirección General envía requerimiento al Ayuntamiento de El Sauzal para que, en ejercicio de sus competencias, adoptara el acuerdo de declarar ilegalizables las obras y ordenar su demolición, a lo que el Ayuntamiento responde, con fecha 20 de mayo de 1997, que considera más efectivo que sea esta Dirección General quien tome tales medidas por cuanto la misma dispone de mayor material personal técnico para llevarlas a efecto.

CONSIDERACIONES JURÍDICAS

I

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 24.2, 20 y 47 de la Ley 7/1990, de 14 de mayo, de Disciplina Urbanística y Territorial, transcurrido el plazo de un mes sin que el Ayuntamiento haya atendido el requerimiento de esta Dirección General, procede la subrogación de la misma en las competencias municipales para adoptar las medidas de protección de la legalidad urbanística vigente.

II

De conformidad con lo dispuesto en el artº. 24.2 de la Ley 7/1990, de 14 de mayo, de Disciplina Urbanística y Territorial, procede acordar la demolición de las obras a costa de la interesada e impedir definitivamente los usos a que diera lugar.

III

Considerando que esta Dirección General es competente para dictar la presente Resolución de conformidad con el artº. 16 bis del Decreto 273/1995, de 11 de agosto, por el que se modifica el Reglamento Orgánico de la Consejería de Política Territorial y Medio Ambiente, aprobado por Decreto 107/1995, de 26 de abril, en relación con el artº. 24 de la citada Ley 7/1990, de 14 de mayo.

En su virtud,

R E S U E L V O:

Primero.- Ordenar el restablecimiento del orden jurídico infringido y de la realidad física alterada y transformada mediante la demolición de las referidas obras y a tal efecto, requerir a la interesada Dña. Josefina Pereda Riera para que, en el plazo de un mes, presente en esta Dirección General el correspondiente proyecto de demolición como primer trámite de la ejecución voluntaria a lo ordenado. Advirtiéndole que de no cumplimentar el mencionado requerimiento se procederá a la ejecución forzosa de la demolición, conforme al artº. 96 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Segundo.- Notificar la presente Resolución al Ayuntamiento y a la interesada.

Contra el presente acto, que no agota la vía administrativa, cabe recurso ordinario ante la Excma. Sra. Consejera de Política Territorial y Medio Ambiente (Rambla General Franco, 149, Edificio Mónaco), en el plazo de un mes contado desde el día siguiente a la notificación de la presente Resolución y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.”

2. Remitir la presente Resolución al Servicio de Publicaciones e Información del Gobierno de Canarias, para su publicación en el Boletín Oficial de Canarias, y al correspondiente Ayuntamiento para su inserción en el tablón de edictos.

Santa Cruz de Tenerife, a 18 de febrero de 1998.- El Director General de Disciplina Urbanística y Medioambiental, Miguel Ángel Morcuende Hurtado.

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