No teniendo constancia esta Dirección General del domicilio de las personas físicas y jurídicas que se relacionan, y siendo preciso notificarles la Resolución recaída en los expedientes incoados contra los mismos por infracción a la normativa en materia de consumo, y conforme al artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
R E S U E L V O:
1.- Notificar a las personas físicas y jurídicas que se citan, la Resolución recaída en los expedientes que les han sido instruidos por infracción a la legislación en materia de consumo.
Los interesados podrán interponer recurso ordinario contra la Resolución del expediente, que no agota la vía administrativa, en el plazo de un mes, contado a partir de la fecha de la publicación de la presente Resolución, ante el Excmo. Sr. Consejero de Sanidad y Consumo del Gobierno de Canarias, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse. 2.- Remitir a los Ayuntamientos de las poblaciones que se citan, las correspondientes Resoluciones para su publicación en el tablón de edictos.
1) RESOLUCIÓN.
Visto el expediente nº 35/17/97, instruido por esta Dirección General, contra María del Carmen Cruz Martín, con domicilio en Pedro Perdomo Acedo, 24, La Jurada, y estando de acuerdo con la propuesta formulada por el Instructor.
Vistos los preceptos legales de general aplicación, en especial el Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto (B.O.E. nº 189).
Resultando: que el día 4 de octubre de 1996, Inspectores de esta Dirección General de Consumo realizaron visita de inspección en la Pescadería Rodex propiedad de Dña. María del Carmen Cruz Martín, sita en la calle Pedro Perdomo Acedo, 24, del término municipal de Ingenio; y mediante acta levantada al efecto nº 2171, comprobaron que tenía expuesto para su venta al público en un congelador cajas de langostinos que carecían de sus preceptivos etiquetados.
Igualmente no tenía las Hojas de Reclamaciones ni el cartel anunciador de su existencia.
Resultando: que como consecuencia de ello se formuló Acuerdo de iniciación el día 14 de marzo de 1997 indicando que infringía lo dispuesto en el artículo 34, apartados 6 y 9, de la Ley 26/1984, de 19 de julio (B.O.E. nº 176), General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, y el artículo 3º, apartados 3.3.4 y 3.3.6, del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio (B.O.E. nº 168), que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria, en concordancia con el artº. 30 del Real Decreto 1.521/1984, de 1 de agosto (B.O.E. nº 201), por el que se aprueba la R.T.S. de los establecimientos y productos de la pesca y acuicultura con destino al consumo humano, modificada por el Real Decreto 645/1989, de 19 de mayo (B.O.E. nº 140), en concordancia con el artº. 10 de la Ley 4/1994, de 25 de abril, de ordenación de la actividad comercial de Canarias (B.O.C. nº 53), en concordancia con los artículos 1, 2 y 3 del Decreto 225/1994, de 11 de noviembre, por el que se regulan las Hojas de Reclamaciones de los consumidores y usuarios de la Comunidad Autónoma Canaria (B.O.C. nº 148).
Resultando: que la infracción fue calificada como leve.
Resultando: que se comunicó el Acuerdo de iniciación al Instructor y se ordenó que simultáneamente se notificase al interesado.
Resultando: que no pudo practicarse la notificación personal del mismo por el Servicio de Correos, puesto que el certificado fue devuelto. Considerando: que de conformidad con el artº. 24 del Real Decreto 1.398/1983, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento para el ejercicio de la potestad sancionadora, y el artº. 43 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, el expediente debe entenderse caducado.
Conforme a las competencias asignadas a la Dirección General de Consumo, en el artº. 9 del Decreto 322/1995, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Sanidad y Consumo,
ACUERDO:
El sobreseimiento de las diligencias contra María del Carmen Cruz Martín y el archivo del expediente nº 35/17/97 sin más trámite.
Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso ordinario ante el Excmo. Sr. Consejero de Sanidad y Consumo, en el plazo de 1 mes desde su notificación, conforme a lo previsto en el artº. 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.- Las Palmas de Gran Canaria, a 17 de noviembre de 1997.- El Director General de Consumo.
2) RESOLUCIÓN.
Visto el expediente nº 35/249/97, instruido por esta Dirección General, contra Pedro Gil Quintana, con domicilio en Delgado, 20, Rojas, y estando de acuerdo con la propuesta formulada por el Instructor.
Vistos los preceptos legales de general aplicación, en especial el Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto (B.O.E. nº 189).
Resultando: que el día 20 de noviembre de 1996, Inspectores de esta Dirección General de Consumo realizaron visita de inspección en el taller de reparación de automóviles propiedad de D. Pedro Gil Quintana, sito en Delgado, 20, del término municipal de Gáldar; y mediante acta levantada al efecto nº 1837, comprobaron que carecía de la placa-distintivo, del cartel informativo de los precios aplicables por hora de trabajo y servicios concretos y de las Hojas de Reclamaciones.
Resultando: que como consecuencia de ello se formuló Acuerdo de iniciación el día 1 de abril de 1997, indicando que infringía lo dispuesto en el artículo 34.6 de la Ley 26/1984, de 19 de julio (B.O.E. nº 176), General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, y el artículo 3º, apartados 3.3.1, 3.3.2 y 3.3.4, del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio (B.O.E. nº 168), que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria, en concordancia con los artículos 6º, 12º, 17º y 19º.j) del Real Decreto 1.457/1986, de 10 de enero (B.O.E. nº 169), por el que se regulan la actividad industrial y la prestación de servicios en los talleres de reparación de vehículos automóviles, de sus equipos y componentes.
Resultando: que la infracción fue calificada como leve.
Resultando: que se comunicó el Acuerdo de iniciación al Instructor y se ordenó que simultáneamente se notificase al interesado.
Resultando: que no pudo practicarse la notificación personal del mismo por el Servicio de Correos, puesto que el certificado fue devuelto.
Considerando: que de conformidad con el artículo 24 del Real Decreto 1.398/1983, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento para el ejercicio de la potestad sancionadora, y el artículo 43 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, el expediente debe entenderse caducado.
Conforme a las competencias asignadas a la Dirección General de Consumo, en el artículo 9 del Decreto 322/1995, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Sanidad y Consumo,
ACUERDO:
El sobreseimiento de las diligencias contra Pedro Gil Quintana y el archivo del expediente nº 35/249/97 sin más trámite.
Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso ordinario ante el Excmo. Sr. Consejero de Sanidad y Consumo, en el plazo de 1 mes desde su notificación, conforme a lo previsto en el artículo 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.- Las Palmas de Gran Canaria, a 15 de octubre de 1997.- El Director General de Consumo.
3) RESOLUCIÓN.
Visto el expediente nº 35/338/97, instruido por esta Dirección General, contra Carnicería Elvira, S.L., con domicilio en Lérida, 7, Valterra, y estando de acuerdo con la propuesta formulada por el Instructor.
Vistos los preceptos legales de general aplicación, en especial el Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto (B.O.E. nº 189).
Resultando: que el día 9 de diciembre de 1996, Inspectores de esta Dirección General de Consumo realizaron visita de inspección en la Carnicería Elvira, propiedad de Carnicería Elvira, S.L., sita en Lérida, 7, del término municipal de Arrecife; y mediante acta levantada al efecto nº 7057, comprobaron que tenía expuesto para su venta al público en un mantenedor-expositor diez bandejas con diferentes piezas de carne vacuna, porcina y de pollo careciendo de sus preceptivos marcados de los precios de venta al público.
El establecimiento carecía de las Hojas de Reclamaciones y del cartel anunciador de su existencia.
Resultando: que como consecuencia de ello se formuló Acuerdo de iniciación el día 8 de mayo de 1997, indicando que infringía lo dispuesto en el artículo 34, apartados 5 y 9, de la Ley 26/1984, de 19 de julio (B.O.E. nº 176), General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, y el artículo 3º, apartados 3.3.4 y 3.3.6, del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio (B.O.E. nº 168), que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria, en concordancia con los artículos 2 y 8 del Real Decreto 2.160/1993, de 10 de diciembre, por el que se regula la indicación de precios de los productos ofrecidos a los consumidores y usuarios (B.O.E. nº 29, de 3 de febrero), en concordancia con el artículo 10 de la Ley 4/1994, de 25 de abril, de ordenación de la actividad comercial de Canarias (B.O.C. nº 53), en concordancia con los artículos 1, 2 y 3 del Decreto 225/1994, de 11 de noviembre, por el que se regulan las Hojas de Reclamaciones de los consumidores y usuarios de la Comunidad Autónoma Canaria (B.O.C. nº 148).
Resultando: que la infracción fue calificada como leve.
Resultando: que se comunicó el Acuerdo de iniciación al Instructor y se ordenó que simultáneamente se notificase al interesado.
Resultando: que no pudo practicarse la notificación personal del mismo por el Servicio de Correos, puesto que el certificado fue devuelto.
Considerando: que de conformidad con el artículo 24 del Real Decreto 1.398/1983, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento para el ejercicio de la potestad sancionadora, y el artículo 43 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, el expediente debe entenderse caducado.
Conforme a las competencias asignadas a la Dirección General de Consumo, en el artículo 9 del Decreto 322/1995, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Sanidad y Consumo,
ACUERDO:
El sobreseimiento de las diligencias contra Carnicería Elvira, S.L. y el archivo del expediente nº 35/338/97 sin más trámite. Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso ordinario ante el Excmo. Sr. Consejero de Sanidad y Consumo, en el plazo de 1 mes desde su notificación, conforme a lo previsto en el artículo 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.- Las Palmas de Gran Canaria, a 15 de octubre de 1997.- El Director General de Consumo.
4) RESOLUCIÓN.
Visto el expediente nº: 35/476/97.
RESPONSABLE: Francisco Vega García. D.N.I. o N.I.F.: 42740030-W.
MOTIVACIÓN
REFERENCIA DE HECHOS: el día 22 de enero de 1997, Inspectores de esta Dirección General de Consumo realizaron visita de inspección en el Bazar Esther propiedad de D. Francisco Vega García, sito en Drago, 3, del término municipal de Gáldar; y mediante acta levantada al efecto nº 5121, procedieron a comprobar la reclamación formulada mediante la Hoja de Reclamación nº 534584 por D. Marcos A. Marrero Medina y Dña. Antonia Santiago Medina, relativa a la negativa de vender el producto al precio anunciado en el escaparate, exigiendo uno superior con el argumento de que había habido un error, manifestando que efectivamente no le vendieron el producto al precio del escaparate porque no era el suyo, porque por error se había puesto otro más barato, comprobándose por tanto que el precio exigido era superior al anunciado. FUNDAMENTOS DE DERECHO: artículo 34.5 de la Ley 26/1984, de 19 de julio (B.O.E. nº 176), General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, en relación con el artículo 3º, apartado 3.2.1, del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio (B.O.E. nº 168), que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria, en concordancia con el artículo 8 del Decreto 2.807/1972, de 15 de septiembre (B.O.E. nº 247), que regula la publicidad y marcado de precios en la venta al público de artículos al por menor, y con el artículo 7 del Real Decreto 2.160/1993, de 10 de diciembre, por el que se regula la indicación de precios de los productos ofrecidos a los consumidores y usuarios (B.O.E. nº 29, de 3 de febrero). CUESTIONES PLANTEADAS EN EL EXPEDIENTE: presentó escrito de alegaciones, el día 10 de junio de 1997, manifestando en síntesis: Que por razones de las aglomeraciones en las fechas navideñas, no se puso el precio real, cuando dichos compradores entraron, se les explicó que el precio era erróneo, también estaba expuesto con su precio real. Éstos se negaron a aceptar dichas explicaciones a pesar de las reiteradas aclaraciones, solicitaron éstos las Hojas de Reclamaciones. Nunca se le negó la venta, ellos optaron por su negativa de no llevarse dicho producto. CONTESTACIÓN A LAS CUESTIONES Y VALORACIÓN DE LAS PRUEBAS PRACTICADAS: las alegaciones del interesado no modifican la calificación jurídica de los hechos vertida en el Acuerdo de iniciación y en la Propuesta de Resolución, por cuanto que efectivamente la empresa exigió un precio superior al que anunciaban en el escaparate. Si bien en base al principio de proporcionalidad que rige en Derecho Administrativo Sancionador procede reducir la cuantía de la multa impuesta como sanción a la cantidad de 25.000 pesetas. Conforme a las competencias asignadas a la Dirección General de Consumo, en el artículo 9, apartados k) y m), del Reglamento Orgánico de la Consejería de Sanidad y Consumo, aprobado por Decreto Territorial 322/1995, de 10 de noviembre (B.O.E. nº 154),
ACUERDO:
Imponer a Francisco Vega García la sanción de multa de 25.000 pesetas.
Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso ordinario ante el Excmo. Sr. Consejero de Sanidad y Consumo, en el plazo de 1 mes desde su notificación, conforme a lo previsto en el artículo 114 de la Ley 30/1992, de 26 noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.- Las Palmas de Gran Canaria, a 20 de junio de 1997.- El Director General de Consumo.
NOTA: el pago de la sanción se hará efectivo a partir de la notificación de la liquidación que oportunamente se girará por la Consejería de Economía y Hacienda.
5) RESOLUCIÓN.
Visto el expediente nº 35/506/97, instruido por esta Dirección General, contra María Inés Castellano García, con domicilio en Mercalaspalmas, nave A, puesto 37, y estando de acuerdo con la propuesta formulada por el Instructor.
Vistos los preceptos legales de general aplicación, en especial el Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto (B.O.E. nº 189).
Resultando: que el día 29 de enero de 1997, Inspectores de esta Dirección General de Consumo realizaron visita de inspección en el puesto nº 37 propiedad de María Inés Castellano García, sito en Mercalaspalmas, nave A, del término municipal de Las Palmas de Gran Canaria; y mediante acta levantada al efecto nº 5217, comprobaron que tenía expuesto para su venta 20 cajas conteniendo zanahorias carentes de sus preceptivos etiquetados de normalización.
Resultando: que como consecuencia de ello se formuló Acuerdo de iniciación el día 21 de mayo de 1997 indicando que infringía lo dispuesto en el artículo 34.6 de la Ley 26/1984, de 19 de julio (B.O.E. nº 176), General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, y el artículo 3º, apartados 3.3.1 y 3.3.4, del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio (B.O.E. nº 168), que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria, en concordancia con el Reglamento CEE nº 778/83 de 30 de marzo de 1983 (nº L 86/14, de 31.3.83), por el que se establecen normas de calidad para los tomates, y con el artículo 7 del Real Decreto 2.192/1984, de 28 de noviembre (B.O.E. nº 300), que aprueba el Reglamento de aplicación de las normas de calidad para las frutas y hortalizas frescas destinadas al mercado interior, y Orden de 10 de diciembre de 1985 (B.O.E. de 17), corrección de errores (B.O.E. de 18.1.86), que aprueba la norma de calidad para tomates frescos destinados al mercado interior.
Resultando: que la infracción fue calificada como leve.
Resultando: que se comunicó el Acuerdo de iniciación al Instructor y se ordenó que simultáneamente se notificase al interesado.
Resultando: que no pudo practicarse la notificación personal del mismo por el Servicio de Correos, puesto que el certificado fue devuelto.
Considerando: que de conformidad con el artículo 24 del Real Decreto 1.398/1983, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento para el ejercicio de la potestad sancionadora, y el artículo 43 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, el expediente debe entenderse caducado.
Conforme a las competencias asignadas a la Dirección General de Consumo, en el artículo 9 del Decreto 322/1995, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Sanidad y Consumo,
ACUERDO:
El sobreseimiento de las diligencias contra María Inés Castellano García y el archivo del expediente nº 35/506/97 sin más trámite.
Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso ordinario ante el Excmo. Sr. Consejero de Sanidad y Consumo, en el plazo de 1 mes desde su notificación, conforme a lo previsto en el artículo 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.- Las Palmas de Gran Canaria, a 17 de noviembre de 1997.- El Director General de Consumo.
6) RESOLUCIÓN.
Visto el expediente nº 35/533/97, instruido por esta Dirección General, contra José Herrera Alonso, con domicilio en Artenara, 29, Urbanización Zafiro 2000, bloque 1, y estando de acuerdo con la propuesta formulada por el Instructor.
Vistos los preceptos legales de general aplicación, en especial el Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto (B.O.E. nº 189).
Resultando: que el día 10 de enero de 1997, Inspectores de esta Dirección General de Consumo realizaron visita de inspección en la Frutería Herrera propiedad de D. José Herrera Alonso, sita en la Urbanización Zafiro 2000, bloque 1, del término municipal de San Bartolomé de Tirajana; y mediante acta levantada al efecto nº 5055, comprobaron que tenía expuesto para su venta al público 20 cajas de naranjas, 15 cajas de limones y 6 sacos de patatas careciendo todos estos productos hortofrutícolas de sus preceptivos etiquetados de normalización.
Así mismo carecía de las Hojas de Reclamaciones y del cartel anunciador de su existencia.
Resultando: que como consecuencia de ello se formuló Acuerdo de iniciación el día 21 de mayo de 1997, indicando que infringía lo dispuesto en el artículo 34, apartados 6 y 9, de la Ley 26/1984, de 19 de julio (B.O.E. nº 176), General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, y el artículo 3º, apartados 3.3.1, 3.3.4 y 3.3.6, del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio (B.O.E. nº 168), que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria, en concordancia con el Real Decreto 2.192/1984, de 28 de noviembre (B.O.E. nº 300), que aprueba el Reglamento de aplicación de las normas de calidad para las frutas y hortalizas frescas comercializadas en el mercado interior, y Orden de 6 de julio de 1983 (B.O.E. nº 166), que aprueba la norma de calidad para patata de consumo destinada al mercado interior, en concordancia con el artículo 10 de la Ley 4/1994, de 25 de abril, de ordenación de la actividad comercial de Canarias (B.O.C. nº 53), en concordancia con los artículos 1, 2 y 3 del Decreto 225/1994, de 11 de noviembre, por el que se regulan las Hojas de Reclamaciones de los consumidores y usuarios de la Comunidad Autónoma Canaria (B.O.C. nº 148).
Resultando: que la infracción fue calificada como leve.
Resultando: que se comunicó el Acuerdo de iniciación al Instructor y se ordenó que simultáneamente se notificase al interesado.
Resultando: que no pudo practicarse la notificación personal del mismo por el Servicio de Correos, puesto que el certificado fue devuelto.
Considerando: que de conformidad con el artículo 24 del Real Decreto 1.398/1983, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento para el ejercicio de la potestad sancionadora, y el artículo 43 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, el expediente debe entenderse caducado.
Conforme a las competencias asignadas a la Dirección General de Consumo, en el artículo 9 del Decreto 322/1995, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Sanidad y Consumo,
ACUERDO:
El sobreseimiento de las diligencias contra José Herrera Alonso y el archivo del expediente nº 35/533/97 sin más trámite.
Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso ordinario ante el Excmo. Sr. Consejero de Sanidad y Consumo, en el plazo de 1 mes desde su notificación, conforme a lo previsto en el artículo 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.- Las Palmas de Gran Canaria, a 17 de noviembre de 1997.- El Director General de Consumo.
7) RESOLUCIÓN.
Visto el expediente nº: 35/597/97.
RESPONSABLE: Margarita Cebriá García. D.N.I. o N.I.F.: 52323782-X.
MOTIVACIÓN
REFERENCIA DE HECHOS: el día 6 de febrero de 1997, Inspectores de esta Dirección General de Consumo realizaron visita de inspección en el establecimiento Discos Luna propiedad de Dña. Margarita Cebriá García, sito en Senador Velázquez Cabrera, 44, del término municipal de Pájara; y mediante acta levantada al efecto nº 5279, comprobaron que en el momento de la inspección el establecimiento carecía de las Hojas de Reclamaciones y del cartel anunciador de su existencia. FUNDAMENTOS DE DERECHO: artículo 34.9 de la Ley 26/1984, de 19 de julio (B.O.E. nº 176), General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, en relación con el artículo 3.3.6 del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio, que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria (B.O.E. nº 168), en concordancia con el artículo 10 de la Ley 4/1994, de 25 de abril, de ordenación de la actividad comercial de Canarias (B.O.C. nº 53), en concordancia con los artículos 1, 2 y 3 del Decreto 225/1994, de 11 de noviembre, por el que se regulan las Hojas de Reclamaciones de los consumidores y usuarios de la Comunidad Autónoma Canaria (B.O.C. nº 148). CUESTIONES PLANTEADAS EN EL EXPEDIENTE: presentó escrito de alegaciones, el 1 de agosto de 1997, manifestando en síntesis: Que si bien en ese momento no tenía dichas Hojas fue porque cuando las solicité me fue requerido el permiso de apertura y el mismo todavía estaba en trámite sin tener aún licencia definitiva, por ello debía esperar a tenerla concedida para así poder solicitar las mismas. Que en ningún momento se ha actuado de mala fe. CONTESTACIÓN A LAS CUESTIONES Y VALORACIÓN DE LAS PRUEBAS PRACTICADAS: las alegaciones del interesado no modifican la calificación jurídica de los hechos vertida en el Acuerdo de iniciación y en la Propuesta de Resolución, por cuanto que no consta en nuestros archivos solicitud alguna por parte de la interesada relativa a las Hojas de Reclamaciones y cartel. Es obligatorio tener a disposición del consumidor las Hojas de Reclamaciones y exhibir el cartel anunciador de su existencia. Conforme a las competencias asignadas a la Dirección General de Consumo, en el artículo 9, apartados k) y m), del Reglamento Orgánico de la Consejería de Sanidad y Consumo, aprobado por Decreto Territorial 322/1995, de 10 de noviembre (B.O.E. nº 154),
ACUERDO:
Imponer a Margarita Cebriá García la sanción de multa de 40.000 pesetas.
Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso ordinario ante el Excmo. Sr. Consejero de Sanidad y Consumo, en el plazo de 1 mes desde su notificación, conforme a lo previsto en el artículo 114 de la Ley 30/1992, de 26 noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.- Las Palmas de Gran Canaria, a 12 de agosto de 1997.- El Director General de Consumo.
NOTA: el pago de la sanción se hará efectivo a partir de la notificación de la liquidación que oportunamente se girará por la Consejería de Economía y Hacienda.
8) RESOLUCIÓN.
Visto el expediente nº: 35/834/97.
Responsable: Manuel Ferrera Armas. D.N.I. o N.I.F.: - - -.
MOTIVACIÓN
REFERENCIA DE HECHOS: el día 19 de marzo de 1997, Inspectores de esta Dirección General de Consumo realizaron visita de inspección en La Casa La Camiseta propiedad del interesado, sita en la calle Los Limones, 48, del término municipal de Yaiza, y mediante acta levantada al efecto nº 5636, comprobaron que el establecimiento carecía de las Hojas de Reclamaciones y del cartel anunciador de su existencia. FUNDAMENTOS DE DERECHO: artículo 34.9 de la Ley 26/1984, de 19 de julio (B.O.E. nº 176), General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, en relación con el artículo 3.3.6 del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio, que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria (B.O.E. nº 168), en concordancia con el artículo 10 de la Ley 4/1994, de 25 de abril, de ordenación de la actividad comercial de Canarias (B.O.C. nº 53), en concordancia con los artículos 1, 2 y 3 del Decreto 225/1994, de 11 de noviembre, por el que se regulan las Hojas de Reclamaciones de los consumidores y usuarios de la Comunidad Autónoma Canaria (B.O.C. nº 148). Conforme a las competencias asignadas a la Dirección General de Consumo, en el artículo 9, apartados k) y m), del Reglamento Orgánico de la Consejería de Sanidad y Consumo, aprobado por Decreto Territorial 322/1995, de 10 de noviembre (B.O.E. nº 154),
ACUERDO:
Imponer a Manuel Ferrera Armas la sanción de multa de 40.000 pesetas.
Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso ordinario ante el Excmo. Sr. Consejero de Sanidad y Consumo, en el plazo de 1 mes desde su notificación, conforme a lo previsto en el artículo 114 de la Ley 30/1992, de 26 noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.- Las Palmas de Gran Canaria, a 10 de octubre de 1997.- El Director General de Consumo.
NOTA: el pago de la sanción se hará efectivo a partir de la notificación de la liquidación que oportunamente se girará por la Consejería de Economía y Hacienda.
9) RESOLUCIÓN.
Visto el expediente nº: 35/845/97.
Responsable: Hay Pan, S.L. D.N.I. o N.I.F.: B35131325.
MOTIVACIÓN
REFERENCIA DE HECHOS: el día 20 de marzo de 1997, Inspectores de esta Dirección General de Consumo realizaron visita de inspección en la panificadora-pastelería Hay Pan propiedad de la interesada, sita en la calle Palmera, s/n, del término municipal de Telde, y mediante acta levantada al efecto nº 5690, comprobaron que tenía para su venta al público 5 tartas y 24 bandejas de pasteles, careciendo de los preceptivos marcados de los precios de venta al público. FUNDAMENTOS DE DERECHO: artículo 34.5 de la Ley 26/1984, de 19 de julio (B.O.E. nº 176), General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, en relación con el artículo 3º, apartado 3.3.4 del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio (B.O.E. nº 168), que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria, en concordancia con los artículos 2 y 8 del Real Decreto 2.160/1993, de 10 de diciembre, por el que se regula la indicación de precios de los productos ofrecidos a los consumidores y usuarios (B.O.E. nº 29, de 3 de febrero). Conforme a las competencias asignadas a la Dirección General de Consumo, en el artículo 9, apartados k) y m), del Reglamento Orgánico de la Consejería de Sanidad y Consumo, aprobado por Decreto Territorial 322/1995, de 10 de noviembre (B.O.E. nº 154),
ACUERDO:
Imponer a Hay Pan, S.L. la sanción de multa de 75.000 pesetas.
Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso ordinario ante el Excmo. Sr. Consejero de Sanidad y Consumo, en el plazo de 1 mes desde su notificación, conforme a lo previsto en el artículo 114 de la Ley 30/1992, de 26 noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.- Las Palmas de Gran Canaria, a 10 de octubre de 1997.- El Director General de Consumo.
NOTA: el pago de la sanción se hará efectivo a partir de la notificación de la liquidación que oportunamente se girará por la Consejería de Economía y Hacienda.
10) RESOLUCIÓN.
Visto el expediente nº: 35/862/97.
RESPONSABLE: Quevedo Ramírez, S.L. D.N.I. o N.I.F.: B35397322.
MOTIVACIÓN
REFERENCIA DE HECHOS: el día 21 de marzo de 1997, Inspectores de esta Dirección General de Consumo realizaron visita de inspección en el supermercado Puerto de Mogán propiedad de la interesada, sito en el Puerto de Mogán, locales 136-137, del término municipal de Mogán; y mediante acta levantada al efecto nº 5646, comprobaron que tenía expuesto para su venta al público naranjas, manzanas, pepinos, tomates y cebollas careciendo sus etiquetados de los datos relativos al origen, la categoría, la variedad y el calibre. FUNDAMENTOS DE DERECHO: artículo 34.6 de la Ley 26/1984, de 19 de julio (B.O.E. nº 176), General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, en relación con el artículo 3º, apartados 3.3.1 y 3.3.4, del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio (B.O.E. nº 168), que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria, en concordancia con el anexo II del Reglamento (C.E.E.) nº 920/89 de la Comisión, de 10 de abril de 1989, por el que se establecen normas de calidad para las zanahorias, los cítricos y las manzanas y peras de mesa (D.O.C.E. nº L 97, de 11.4.89), modificado por el Reglamento (C.E.E.) nº 421/90 de la Comisión (D.O.C.E. nº L 44, de 20.2.90), Reglamento (C.E.E.) nº 487/90 de la Comisión (D.O.C.E. nº L 52, de 28.2.90), y el Reglamento (C.E.E.) nº 292/92 de la Comisión (D.O.C.E. nº L 31, de 7.2.92), y con el artículo 7 del Real Decreto 2.192/1984, de 28 de noviembre (B.O.E. nº 300), que aprueba el Reglamento de aplicación de las normas de calidad para las frutas y hortalizas frescas comercializadas en el mercado interior, y Orden de 6 de septiembre de 1972 (B.O.E. nº 218), que aprueba la norma de calidad de naranjas y otros agrios destinados al mercado interior, en concordancia con el Reglamento (C.E.E.) nº 1677/88, de la Comisión, de 15 de junio de 1988, por el que se fijan normas de calidad para los pepinos (D.O.C.E. nº L 150, de 16.6.88), en concordancia con el Reglamento (C.E.E.) nº 778/83, de 30 de marzo de 1983 (nº L 86/14 de 31.3.83), por el que se establecen las normas de calidad para los tomates, y Orden de 10 de diciembre de 1985 (B.O.E. de 17), corrección de errores (B.O.E. de 18.1.86), que aprueba la norma de calidad para tomates frescos destinados al mercado interior, en concordancia con el Reglamento (C.E.E.) nº 2213/83, de 28 de julio de 1983 (nº L 213/13 de 4.8.83), por el que establecen normas de calidad para las cebollas y para las endibias, modificado por el Reglamento (C.E.E.) nº 1654/87, de 12 de junio de 1987 (nº L 153/35 de 13.6.87), y Orden de 8 de junio de 1973 (B.O.E. de 23), por el que se aprueba la norma de calidad para cebollas destinadas al mercado interior. Conforme a las competencias asignadas a la Dirección General de Consumo, en el artículo 9, apartados k) y m), del Reglamento Orgánico de la Consejería de Sanidad y Consumo, aprobado por Decreto Territorial 322/1995, de 10 de noviembre (B.O.E. nº 154),
ACUERDO:
Imponer a Quevedo Ramírez, S.L. la sanción de multa de 50.000 pesetas.
Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso ordinario ante el Excmo. Sr. Consejero de Sanidad y Consumo, en el plazo de 1 mes desde su notificación, conforme a lo previsto en el artículo 114 de la Ley 30/1992, de 26 noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.- Las Palmas de Gran Canaria, a 10 de octubre de 1997.- El Director General de Consumo.
NOTA: el pago de la sanción se hará efectivo a partir de la notificación de la liquidación que oportunamente se girará por la Consejería de Economía y Hacienda.
11) RESOLUCIÓN.
Visto el expediente nº: 35/863/97.
RESPONSABLE: Mogán Commerce, S.L. D.N.I. o N.I.F.: B35379353. MOTIVACIÓN
REFERENCIA DE HECHOS: el día 21 de marzo de 1997, Inspectores de esta Dirección General de Consumo realizaron visita de inspección en el establecimiento propiedad de la interesada, sito en los Apartamentos Puerto de Mogán, local 124, del término municipal de Mogán; y mediante acta levantada al efecto nº 5647, comprobaron que tenía expuesto para su venta al público material de fotografía, artículos de souvenir o regalo, libros y pequeños juguetes, careciendo de las preceptivas Hojas de Reclamaciones y del cartel anunciador de su existencia propios de los establecimientos comerciales. FUNDAMENTOS DE DERECHO: artículo 34.9 de la Ley 26/1984, de 19 de julio (B.O.E. nº 176), General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, en relación con el artículo 3.3.6 del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio, que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria (B.O.E. nº 168), en concordancia con el artículo 10 de la Ley 4/1994, de 25 de abril, de ordenación de la actividad comercial de Canarias (B.O.C. nº 53), en concordancia con los artículos 1, 2 y 3 del Decreto 225/1994, de 11 de noviembre, por el que se regulan las Hojas de Reclamaciones de los consumidores y usuarios de la Comunidad Autónoma Canaria (B.O.C. nº 148). Conforme a las competencias asignadas a la Dirección General de Consumo, en el artículo 9, apartados k) y m), del Reglamento Orgánico de la Consejería de Sanidad y Consumo, aprobado por Decreto Territorial 322/1995, de 10 de noviembre (B.O.E. nº 154),
ACUERDO:
Imponer a Mogán Commerce, S.L. la sanción de multa de 40.000 pesetas.
Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso ordinario ante el Excmo. Sr. Consejero de Sanidad y Consumo, en el plazo de 1 mes desde su notificación, conforme a lo previsto en el artículo 114 de la Ley 30/1992, de 26 noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.- Las Palmas de Gran Canaria, a 10 de octubre de 1997.- El Director General de Consumo.
NOTA: el pago de la sanción se hará efectivo a partir de la notificación de la liquidación que oportunamente se girará por la Consejería de Economía y Hacienda.
12) RESOLUCIÓN.
Visto el expediente nº: 35/1051/97.
Responsable: Bemoinsa, S.L. D.N.I. o N.I.F.: B35269406.
MOTIVACIÓN
REFERENCIA DE HECHOS: el día 7 de mayo de 1997, Inspectores de esta Dirección General de Consumo realizaron visita de inspección en el puesto de Frutas y Hortalizas propiedad de la interesada, sito en Mercalaspalmas, nave B, puesto 35, del término municipal de Las Palmas de Gran Canaria; y mediante acta levantada al efecto nº 5540, comprobaron que tenía para su distribución y venta 12 cajas de habichuelas, 20 cajas de aguacates y 10 cajas de pimientos careciendo todos estos productos de sus preceptivos etiquetados de normalización. FUNDAMENTOS DE DERECHO: artículo 34.6 de la Ley 26/1984, de 19 de julio (B.O.E. nº 176), General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, y en relación con el artículo 3º, apartados 3.3.1 y 3.3.4, del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio (B.O.E. nº 168), que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria, en concordancia con el Reglamento (C.E.E.) nº 58 de la Comisión, de 15 de junio de 1962, relativo al establecimiento de normas comunes de calidad para determinados productos del anexo IB del Reglamento nº 23, por el que se establece de forma gradual una organización común de mercado en el sector de las frutas y hortalizas (B.O.E. nº 56, de 7.7.62), en concordancia con el artículo 7 del Real Decreto 2.192/1984, de 28 de noviembre (B.O.E. nº 300), que aprueba el Reglamento de aplicación de las normas de calidad para las frutas y hortalizas frescas destinadas al mercado interior, y con la Orden de la Presidencia del Gobierno de 5 de noviembre de 1981 (B.O.E. de 13), que regula la norma de calidad para los aguacates destinados al mercado interior, en concordancia con el anexo II del Reglamento (C.E.E.) nº 79/88, de 13 de enero de 1987 (D.O.C.E. de 14 de enero de 1988), por el que se fijan las normas de calidad para las lechugas, escarolas y pimientos dulces, modificado por el Reglamento (C.E.E.) nº 1967/90, de 10 de julio (D.O.C.E. de 11 de julio de 1990), y Orden de 12 de septiembre de 1983 (B.O.E. nº 23), corrección de errores (B.O.E. de 12.10.83), por el que se aprueba la norma de calidad para pimientos frescos destinados al mercado interior. Conforme a las competencias asignadas a la Dirección General de Consumo, en el artículo 9, apartados k) y m), del Reglamento Orgánico de la Consejería de Sanidad y Consumo, aprobado por Decreto Territorial 322/1995, de 10 de noviembre (B.O.E. nº 154),
ACUERDO:
Imponer a Bemoinsa, S.L. la sanción de multa de 25.000 pesetas.
Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso ordinario ante el Excmo. Sr. Consejero de Sanidad y Consumo, en el plazo de 1 mes desde su notificación, conforme a lo previsto en el artículo 114 de la Ley 30/1992, de 26 noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.- Las Palmas de Gran Canaria, a 24 de octubre de 1997.- El Director General de Consumo.
NOTA: el pago de la sanción se hará efectivo a partir de la notificación de la liquidación que oportunamente se girará por la Consejería de Economía y Hacienda. 13) RESOLUCIÓN.
Visto el expediente nº: 35/1074/97.
RESPONSABLE: Viajes Banktour, S.A. D.N.I. o N.I.F.: A35080746.
MOTIVACIÓN
REFERENCIA DE HECHOS: el día 14 de mayo de 1997, Inspectores de esta Dirección General de Consumo realizaron visita de inspección en el Bazar-Locutorio Telefónico-Souvenirs propiedad de la interesada, sito en la Avenida de Italia, 15, del término municipal de San Bartolomé de Tirajana; y mediante acta levantada al efecto nº 6152, comprobaron que tenía expuesto para su venta al público el juguete Bead Activity Kit carente de la marca CE y de los preceptivos datos de sus etiquetados expresados en castellano. Así mismo carecía de las Hojas de Reclamaciones y del cartel anunciador de su existencia. FUNDAMENTOS DE DERECHO: artículos 13 y 34, apartados 6 y 9, de la Ley 26/1984, de 19 de julio (B.O.E. nº 176), General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, y en relación con el artículo 3º, apartados 3.3.4 y 3.3.6 del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio (B.O.E. nº 168), que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria, en concordancia con los artículos 8 y 11 del Real Decreto 880/1990, de 29 de junio (B.O.E. nº 166), por el que se aprueban las normas de seguridad de los juguetes, en concordancia con el artículo 10 de la Ley 4/1994, de 25 de abril, de ordenación de la actividad comercial de Canarias (B.O.C. nº 53), en concordancia con los artículos 1, 2 y 3 del Decreto 225/1994, de 11 de noviembre, por el que se regulan las Hojas de Reclamaciones de los consumidores y usuarios de la Comunidad Autónoma Canaria (B.O.C. nº 148). Conforme a las competencias asignadas a la Dirección General de Consumo, en el artículo 9, apartados k) y m), del Reglamento Orgánico de la Consejería de Sanidad y Consumo, aprobado por Decreto Territorial 322/1995, de 10 de noviembre (B.O.E. nº 154),
ACUERDO:
Imponer a Viajes Banktour, S.A. la sanción de multa de 100.000 pesetas.
Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso ordinario ante el Excmo. Sr. Consejero de Sanidad y Consumo, en el plazo de 1 mes desde su notificación, conforme a lo previsto en el artículo 114 de la Ley 30/1992, de 26 noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.- Las Palmas de Gran Canaria, a 24 de octubre de 1997.- El Director General de Consumo.
NOTA: el pago de la sanción se hará efectivo a partir de la notificación de la liquidación que oportunamente se girará por la Consejería de Economía y Hacienda. 14) RESOLUCIÓN.
Visto el expediente nº: 35/1081/97.
RESPONSABLE: Calixto y Estupiñán, S.A. D.N.I. o N.I.F.: A35059344.
MOTIVACIÓN
REFERENCIA DE HECHOS: el día 16 de mayo de 1997, Inspectores de esta Dirección General de Consumo realizaron visita de inspección en el establecimiento propiedad de la interesada, sito en la Carretera General de Arguineguín, s/n, del término municipal de Mogán; y mediante acta levantada nº 6163, comprobaron que tenía para su distribución y venta botellas de Baileys 1 litro For Duty Free Sale Only ... y petacas de Baileys 50 cl. For Duty Free Sale Only ..., carentes ambas de los preceptivos datos en sus etiquetados expresados en castellano. FUNDAMENTOS DE DERECHO: artículo 34.6 de la Ley 26/1984, de 19 de julio (B.O.E. nº 176), General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, y en relación con el artículo 3º, apartado 3.3.4, del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio (B.O.E. nº 168), que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria, en concordancia con el artículo 7 del Reglamento (C.E.E.) 1576/89, de 29 de mayo, por el que se establecen las normas generales relativas a la definición, designación y presentación de las bebidas espirituosas, en concordancia con el artículo 7 del Real Decreto 1.416/1982, de 28 de mayo (B.O.E. de 28 de junio), por el que se aprueba la R.T.S. para la elaboración, circulación y comercio de aguardientes compuestos, licores, aperitivos sin vino base y otras bebidas naturales. CUESTIONES PLANTEADAS EN EL EXPEDIENTE: presentó escrito de alegaciones, el día 20 de octubre de 1997, manifestando en síntesis: La etiqueta de la botella contiene el etiquetado obligatorio para este tipo de bebidas y que corresponde a los grados de alcohol así como el % del mismo, igualmente el etiquetado contiene el nombre y domicilio del fabricante. El licor del que hablamos es una marca conocida internacionalmente y cumple los requisitos expuestos en el artículo 3.2 del Real Decreto 1.416/1982. Nuestro asombro es mayúsculo al observar que no hemos sido los importadores de la mercancía y sin embargo se nos hace responsables de la misma, siendo además extremadamente cautos cuando en la Unión Europea se habla de una serie de denominaciones lingüísticas, autoriza se utilice el uso del idioma del país originario. Igualmente esta empresa desea conocer los criterios seguidos para la cualificación de la sanción. CONTESTACIÓN A LAS CUESTIONES Y VALORACIÓN DE LAS PRUEBAS PRACTICADAS: las alegaciones de la interesada no modifican la calificación jurídica de los hechos vertida en el Acuerdo de iniciación y en la Propuesta de Resolución, por cuanto que es obligatorio que figuren en castellano los datos de tal forma que el consumidor pueda comprender fácilmente cada una de las menciones obligatorias. La interesada es responsable de la realización de una conducta de omisión en su diligencia debida. Conforme a las competencias asignadas a la Dirección General de Consumo, en el artículo 9, apartados k) y m), del Reglamento Orgánico de la Consejería de Sanidad y Consumo, aprobado por Decreto Territorial 322/1995, de 10 de noviembre (B.O.E. nº 154),
ACUERDO:
Imponer a Calixto y Estupiñán, S.A. la sanción de multa de 150.000 pesetas.
Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso ordinario ante el Excmo. Sr. Consejero de Sanidad y Consumo, en el plazo de 1 mes desde su notificación, conforme a lo previsto en el artículo 114 de la Ley 30/1992, de 26 noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.- Las Palmas de Gran Canaria, a 28 de octubre de 1997.- El Director General de Consumo.
NOTA: el pago de la sanción se hará efectivo a partir de la notificación de la liquidación que oportunamente se girará por la Consejería de Economía y Hacienda.
15) RESOLUCIÓN.
Visto el expediente nº: 35/1124/97.
RESPONSABLE: Vicente Mahmut Rodríguez. D.N.I. o N.I.F.: 42664273.
MOTIVACIÓN
REFERENCIA DE HECHOS: el día 23 de mayo de 1997, Inspectores de esta Dirección General de Consumo realizaron visita de inspección en el establecimiento Pronto Moda Mahmut propiedad de D. Vicente Mahmut Rodríguez, sito en el Centro Comercial Ancora, locales 134-135, del término municipal de Mogán; y mediante acta levantada al efecto nº 6206, comprobaron que no tenían a disposición del público las Hojas de Reclamaciones ni estaba expuesto el cartel anunciador de las mismas. FUNDAMENTOS DE DERECHO: artículo 34.9 de la Ley 26/1984, de 19 de julio (B.O.E. nº 176), General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, y en relación con el artículo 3.3.6 del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio, que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria (B.O.E. nº 168), en concordancia con el artículo 10 de la Ley 4/1994, de 25 de abril, de ordenación de la actividad comercial de Canarias (B.O.C. nº 53), en concordancia con los artículos 1, 2 y 3 del Decreto 225/1994, de 11 de noviembre, por el que se regulan las Hojas de Reclamaciones de los consumidores y usuarios de la Comunidad Autónoma Canaria (B.O.C. nº 148). Conforme a las competencias asignadas a la Dirección General de Consumo, en el artículo 9, apartados k) y m), del Reglamento Orgánico de la Consejería de Sanidad y Consumo, aprobado por Decreto Territorial 322/1995, de 10 de noviembre (B.O.E. nº 154), ACUERDO:
Imponer a Vicente Mahmut Rodríguez la sanción de multa de 75.000 pesetas.
Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso ordinario ante el Excmo. Sr. Consejero de Sanidad y Consumo, en el plazo de 1 mes desde su notificación, conforme a lo previsto en el artículo 114 de la Ley 30/1992, de 26 noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.- Las Palmas de Gran Canaria, a 24 de octubre de 1997.- El Director General de Consumo.
NOTA: el pago de la sanción se hará efectivo a partir de la notificación de la liquidación que oportunamente se girará por la Consejería de Economía y Hacienda.
16) RESOLUCIÓN.
Visto el expediente nº: 35/1151/97.
RESPONSABLE: Montebeluna, S.L. D.N.I. o N.I.F.: B35443183.
MOTIVACIÓN
REFERENCIA DE HECHOS: el día 28 de mayo de 1997, Inspectores de esta Dirección General de Consumo realizaron visita de inspección en la Dulcería Montebeluna propiedad de la interesada, sita en la calle José Antonio, 19, del término municipal de Santa Brígida; y mediante acta levantada al efecto nº 6310, comprobaron que tenía expuesto para su venta al público en expositores-mantenedores 29 bandejas conteniendo diferentes tipos de dulces y pasteles, careciendo de los preceptivos marcados de los precios de venta al público. FUNDAMENTOS DE DERECHO: artículo 34.5 de la Ley 26/1984, de 19 de julio (B.O.E. nº 176), General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, y en relación con el artículo 3º, apartado 3.3.4, del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio (B.O.E. nº 168), que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria, en concordancia con el artículo 2 del Real Decreto 2.160/1993, de 10 de diciembre, por el que se regula la indicación de precios de los productos ofrecidos a los consumidores y usuarios (B.O.E. nº 29, de 3 de febrero), en concordancia con los artículos 1 y 3 del Decreto 2.807/1972, de 15 de septiembre (B.O.E. nº 247), por el que se regula la publicidad y marcado de precios en la venta al público de artículos al por menor. Conforme a las competencias asignadas a la Dirección General de Consumo, en el artículo 9, apartados k) y m), del Reglamento Orgánico de la Consejería de Sanidad y Consumo, aprobado por Decreto Territorial 322/1995, de 10 de noviembre (B.O.E. nº 154), ACUERDO:
Imponer a Montebeluna, S.L. la sanción de multa de 50.000 pesetas.
Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso ordinario ante el Excmo. Sr. Consejero de Sanidad y Consumo, en el plazo de 1 mes desde su notificación, conforme a lo previsto en el artículo 114 de la Ley 30/1992, de 26 noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.- Las Palmas de Gran Canaria, a 24 de octubre de 1997.- El Director General de Consumo.
NOTA: el pago de la sanción se hará efectivo a partir de la notificación de la liquidación que oportunamente se girará por la Consejería de Economía y Hacienda.
17) RESOLUCIÓN.
Visto el expediente nº: 35/1182/97.
RESPONSABLE: Thawanis, S.L. D.N.I. o N.I.F.: B35349067.
MOTIVACIÓN
REFERENCIA DE HECHOS: el día 9 de mayo de 1997, Inspectores de esta Dirección General de Consumo realizaron visita de inspección en el Bazar Foto Star y en el Bazar Saturno propiedad de la interesada, sitos en el Centro Comercial Cita, local 46, y locales 56-57, del término municipal de San Bartolomé de Tirajana; y mediante actas levantadas al efecto números 5990 y 5545, respectivamente, comprobaron que en el Bazar Foto Star el moldeador de pelo Cassio carecía de etiquetado expresado en castellano y de manual con las preceptivas instrucciones de uso y manejo. En el Bazar Saturno tenía expuesto para su venta al público en el escaparate diversos artículos electrónicos careciendo de los marcados de los precios de venta al público de forma visible. FUNDAMENTOS DE DERECHO: artículos 13 y 34, apartados 5 y 6 de la Ley 26/1984, de 19 de julio (B.O.E. nº 176), General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, y en relación con el artículo 3º, apartados 3.1 y 3.3.4, del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio (B.O.E. nº 168), que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria, en relación con el artículo 7º del Real Decreto 1.468/1988, de 2 de diciembre (B.O.E. nº 294), por el que se aprueba el Reglamento de etiquetado, presentación y publicidad de los productos industriales destinados a su venta directa a los consumidores y usuarios, en concordancia con lo dispuesto en los artículos 2, 5 y 6 del Real Decreto 7/1988, de 8 de enero (B.O.E. nº 12), que regula las exigencias de seguridad del material eléctrico destinado a ser utilizado en determinados límites de tensión desarrollado y complementado por la Orden del Ministerio de Industria y Energía de 6 de junio de 1989 (B.O.E. nº 147), en concordancia con el artículo 2 del Real Decreto 2.160/1993, de 10 de diciembre, por el que se regula la indicación de precios de los productos ofrecidos a los consumidores y usuarios (B.O.E. nº 29, de 3 de febrero), en concordancia con los artículos 1 y 3 del Decreto 2.807/1972, de 15 de septiembre (B.O.E. nº 247), por el que se regula la publicidad y marcado de precios en la venta al público de artículos al por menor. Conforme a las competencias asignadas a la Dirección General de Consumo, en el artículo 9, apartados k) y m), del Reglamento Orgánico de la Consejería de Sanidad y Consumo, aprobado por Decreto Territorial 322/1995, de 10 de noviembre (B.O.E. nº 154),
ACUERDO:
Imponer a Thawanis, S.L. la sanción de multa de 100.000 pesetas.
Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso ordinario ante el Excmo. Sr. Consejero de Sanidad y Consumo, en el plazo de 1 mes desde su notificación, conforme a lo previsto en el artículo 114 de la Ley 30/1992, de 26 noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.- Las Palmas de Gran Canaria, a 24 de octubre de 1997.- El Director General de Consumo.
NOTA: el pago de la sanción se hará efectivo a partir de la notificación de la liquidación que oportunamente se girará por la Consejería de Economía y Hacienda.
Las Palmas de Gran Canaria, a 6 de febrero de 1998.- El Director General de Consumo, Gonzalo Olarte Cullen.
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