BOC - 1998/062. Viernes 22 de Mayo de 1998 - 680

II. AUTORIDADES Y PERSONAL - Nombramientos, situaciones e incidencias - Consejería de Presidencia y Relaciones Institucionales

680 - ORDEN de 11 de mayo de 1998, de inicio del procedimiento de revisión de oficio frente al acto presunto de resolución de determinadas peticiones de integración en el Cuerpo Administrativo por parte de funcionarios del Cuerpo Auxiliar.

Descargar en formato pdf

Visto el expediente tramitado por la Dirección General de la Función Pública para la revisión de oficio frente al acto presunto de resolución de determinadas peticiones de integración en el Cuerpo Administrativo por parte de funcionarios del Cuerpo Auxiliar.

Teniendo en cuenta los siguientes antecedentes y consideraciones jurídicas.

I. ANTECEDENTES

1º) Con fecha 26 de marzo de 1982, Dña. Francisca López Gil; Dña. María Esther Moreno Suárez; D. Manuel Cabrera O’Shanahan; D. José Ignacio Guerra Rodríguez; D. José Juan Pérez Gil; D. Domingo Guerra Rodríguez; D. Roberto Cabrera Pedriany; Dña. Adela Candela Navarro; Dña. Lucía Quintana Reyes; Dña. Alicia María Hurtado González; D. Eufrasio Quintana Ruiz; D. Carlos Rodríguez Pérez; D. Manuel F. Pérez Martín; Dña. María Esther Carrasco Sarmiento; D. Ildefonso Pérez Rodríguez; D. Benigno Iglesias Rodríguez; Dña. Clara Teresa Poveda González; Dña. Concepción Martín Díaz y D. Jorge Artiles Mejías, pertenecientes todos ellos al Cuerpo Auxiliar Administrativo de la extinta Junta Interprovincial de Arbitrios Insulares (J.I.A.I.), presentaron escrito ante la Consejería de Economía y Hacienda de la Junta de Canarias, solicitando se les integrara en el Subgrupo de Administrativos de Administración General, en aplicación de la Disposición Transitoria Segunda, número 1, del Decreto 689/1975, de 21 de marzo.

2º) Con fecha 19 de julio de 1995, presentaron ante las Consejerías de Trabajo y Función Pública, y de Economía y Hacienda, de la Comunidad Autónoma de Canarias, escritos denunciando la mora en resolver su petición.

3º) Con fechas 19 y 20 de octubre de 1995, presentan ante las Consejerías de Economía y Hacienda y de Presidencia y Relaciones Institucionales, respectivamente, escritos solicitando la certificación de acto presunto a que se refiere el artículo 44 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

4º) En escrito de 10 de noviembre de 1995, de la Dirección General de la Función Pública, se notifica a los denunciantes la no procedencia de emitir la certificación solicitada, ya que el procedimiento iniciado se substancia al amparo de la Ley de Procedimiento Administrativo de 17 de julio de 1958, cuyo texto no contempla la expedición de la certificación interesada. Se les indica que es de aplicación el artículo 94.1 de dicha Ley de Procedimiento Administrativo, por lo que los escritos presentados tienen como único objeto formalizar la denuncia de la mora a los efectos de poder considerar los interesados desestimada su petición, quedando expedita la vía de recurso. 5º) Con fecha 29 de noviembre de 1995, los interesados presentan ante la Consejería de Presidencia y Relaciones Institucionales escrito anunciando la interposición del recurso contencioso-administrativo, en aplicación del artículo 57.2.f) de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956, en relación con el artículo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

6º) Interpuesto el recurso contencioso-administrativo número 2.530/1995 ante la Sala de Las Palmas de Gran Canaria del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, sobre desestimación presunta de la solicitud de integración en el Subgrupo de Administrativos de Administración General, ésta dictó Sentencia nº 288/97, de 21 de marzo, cuyo fallo dispone: “Estimar el recurso contencioso-administrativo deducido declarando la nulidad de las resoluciones significadas en el sentido señalado en los anteriores exponendos”.

7º) Solicitada aclaración de Sentencia por los demandantes, en razón, a su juicio, de omisión de fecha de incorporación al Subgrupo de Administrativos de Administración General, la Sala, con fecha 30 de abril de 1997, dicta el siguiente Auto: “En virtud de lo dispuesto en el artículo 267 de la LOPJ, advertida la citada omisión, procede añadir a la parte dispositiva de aquélla la expresión -desde la fecha de la última petición deducida, es decir, la de 17 de julio de 1995-”.

8º) Con fecha 26 de mayo de 1997, esta misma Sala dicta Auto declarando la firmeza de la Sentencia de 21 de marzo de 1997, ordenando sea llevada a puro y debido efecto.

9º) Por Orden de la Consejería de Presidencia y Relaciones Institucionales, publicada en el Boletín Oficial de Canarias nº 98, de 1 de agosto de 1997, se dispone el cumplimiento de la referida Sentencia, integrando a los recurrentes en el Cuerpo Administrativo de la Comunidad Autónoma de Canarias, con efectos de 17 de julio de 1995.

II. CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Primera.- El Decreto 689/1975, de 21 de marzo, efectúa una regulación provisional de los Subgrupos de Funcionarios de la Administración Local.

El artículo 1º define el carácter provisional de la disposición: “En tanto no se promulguen las normas definitivas sobre regulación de la función pública local, como consecuencia de su acomodación a la de la Administración Civil del Estado, se regirán provisionalmente por lo establecido en el presente Decreto la formación de los Subgrupos de Administración General, el ingreso a los mismos y la integración en ellos de los funcionarios de las Corporaciones Locales ingresados con anterioridad a 1 de julio de 1973”. En el artículo 6º.1 se recoge “El ingreso en el Subgrupo de Administrativos de Administración General se hará mediante oposición libre y se precisará estar en posesión del título de Bachillerato Superior o equivalente”.

Y en el artículo 6º.2 “No obstante, se reservará para su provisión en turno restringido el 60% de las vacantes existentes, para los pertenecientes al Subgrupo de Auxiliares de Administración General que posean la titulación indicada y cuenten con cinco años de servicios en propiedad en el subgrupo, y para quienes, sin poseer dicha titulación, tengan reconocidos 10 años de servicios, también en propiedad en el repetido subgrupo, siempre que unos y otros superen las correspondientes pruebas selectivas”.

Por otra parte, la Disposición Transitoria Segunda 1 de este Decreto señala: “Con carácter excepcional, y por una sola vez, pasarán al Subgrupo de Administrativos de Administración General quienes, habiendo sido integrados inicialmente en el Subgrupo de Auxiliares de Administración General de las Corporaciones, ... hubiesen alcanzado o puedan alcanzar alguna de las siguientes condiciones:

a) Que, habiendo ingresado antes de 1 de julio de 1973, en virtud de pruebas de aptitud legalmente convocadas, cuenten con 5 años de servicios en propiedad como Auxiliares Administrativos y se encuentren en posesión del título de Bachiller Superior o equivalente.

b) Que, habiendo ingresado con anterioridad a 1 de julio de 1973 por oposición libre, cuenten, por lo menos, con 10 años de servicios en propiedad como Auxiliares Administrativos.

c) Que en 1 de julio de 1973, tengan la categoría de Auxiliar Mayor de tercera clase o superior o cualquiera otra asimilada a las anteriores.”

Segunda.- Los recurrentes no reúnen los requisitos exigidos por el Decreto 689/1975, de 21 de marzo, para la integración en el Subgrupo de Administrativos de Administración General de las Corporaciones Locales, ya que no ingresaron en las mismas con anterioridad a 1 de julio de 1973, por oposición libre.

Tercera.- No obstante, la Sentencia nº 288/1997, de 21 de marzo, de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de Las Palmas de Gran Canaria, del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, resolviendo el recurso 2.530/1995, reconoce el derecho de Dña. Francisca López Gil y otros funcionarios a ser integrados en el Subgrupo de Administrativos de Administración General.

Esta Sentencia, en el Fundamento Jurídico Cuarto, precisa “... los recurrentes ingresaron en la Administración con posterioridad a julio de 1973, y en virtud de prueba de acceso restringido, factores ambos que en principio impedirían la aplicación de la norma integradora, ya que la Ley de Medidas Urgentes para la Reforma de la Función Pública veta el sistema de prestación de servicios como único modo de acceso a los grupos superiores, al igual que lo hiciera la Ley de la Función Pública Canaria”.

A pesar de esta declaración de no reunir los requisitos que señala el Decreto 689/1975, reconoce el derecho de los recurrentes a ser integrados en virtud de una falta de actividad de la Administración al no contestar a la solicitud de integración de los mismos.

Se produce esta resolución en aplicación del anexo 35 del Decreto 164/1994, de 29 de julio, por el que se adaptan los procedimientos administrativos de la Comunidad Autónoma a la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Este anexo 35 atribuye efectos estimatorios al transcurso de tres meses desde las solicitudes de integración al amparo de la Disposición Transitoria Primera de la Ley 2/1987, de 30 de marzo, de la Función Pública Canaria, cuando no haya recaído resolución expresa.

El apartado C) de esta Disposición Transitoria establece que “se integren en el Cuerpo Administrativo los funcionarios pertenecientes al Cuerpo General Administrativo de la Administración del Estado y todos los funcionarios a los que les fue exigida, para su ingreso en el Cuerpo o Escala de origen, la titulación académica requerida en esta Ley para el ingreso en el Grupo C y desempeñen funciones previstas para este Cuerpo en la Disposición Adicional Segunda”.

Cuarta.- De acuerdo con el artículo 102.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, las Administraciones Públicas podrán, en cualquier momento, por iniciativa propia o a solicitud del interesado, y previo dictamen favorable del Consejo de Estado u órgano consultivo de la Comunidad Autónoma, si lo hubiere, declarar de oficio la nulidad de los actos enumerados en el artículo 62.1, que hayan puesto fin a la vía administrativa o contra los que no se haya interpuesto recurso administrativo en plazo.

El artículo 62.1.f) de esta misma Ley dispone que serán nulos de pleno derecho “Los actos expresos o presuntos contrarios al ordenamiento jurídico por los que se adquieren facultades o derechos cuando se carezca de los requisitos esenciales para su adquisición”.

Quinta.- La Sentencia recaída en el recurso contencioso-administrativo 2.530/1995 seguido ante la Sala de Las Palmas de Gran Canaria, se limita a dar sentido positivo a una falta de actuación de la Administración, sin entrar en el fondo de la cuestión debatida, esto es, si los recurrentes reunían los requisitos para su integración en el Cuerpo Administrativo, en aplicación del Decreto 689/1975, de 21 de marzo, por lo que no cabe sostener que tenga sobre esta cuestión el valor de cosa juzgada material, y puede por ello iniciarse el procedimiento de revisión de oficio.

Sexta.- Conforme al Fundamento de Derecho Quinto de la citada Sentencia, la anulación de los efectos positivos que se han atribuido a la inactividad de la Administración exigiría, en cualquier caso, para pronunciamiento de signo contrario, declaración de lesividad o revocación de oficio, en la línea de los artículos 102 y 103 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Concurren suficientes circunstancias previstas legalmente para proceder a la revisión de oficio, ya que se trata de un acto presunto contrario al ordenamiento jurídico por el que se adquieren facultades o derechos cuando se carece de los requisitos esenciales para su adquisición, supuesto de nulidad de pleno derecho recogido en el artículo 62.1.f) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

En su virtud,

R E S U E L V O:

Primero.- Iniciar expediente para la revisión de oficio frente al acto presunto de resolución de las peticiones de integración en el Cuerpo Administrativo, siguiendo el procedimiento establecido en el artículo 102 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por parte de los funcionarios del Cuerpo Auxiliar siguientes: Dña. Francisca López Gil; Dña. María Esther Moreno Suárez; D. Manuel Cabrera O’Shanahan; D. José Ignacio Guerra Rodríguez; D. José Juan Pérez Gil; D. Domingo Guerra Rodríguez; D. Roberto Cabrera Pedriany; Dña. Adela Candela Navarro; Dña. Lucía Quintana Reyes; Dña. Alicia María Hurtado González; D. Eufrasio Quintana Ruiz; D. Carlos Rodríguez Pérez; D. Manuel F. Pérez Martín; Dña. María Esther Carrasco Sarmiento; D. Ildefonso Pérez Rodríguez; D. Benigno Iglesias Rodríguez; Dña. Clara Teresa Poveda González; Dña. Concepción Martín Díaz y D. Jorge Artiles Mejías.

Segundo.- Emplazar a quienes pudieran resultar interesados en la instrucción del expediente de revisión para que dentro de los quince días siguientes a la publicación de la presente Orden en el Boletín Oficial de Canarias aleguen y presenten los documentos y justificaciones que consideren convenientes. Tercero.- Publicar la presente Orden en el Boletín Oficial de Canarias para general conocimiento.

Santa Cruz de Tenerife, a 11 de mayo de 1998.

EL CONSEJERO DE PRESIDENCIA Y RELACIONES INSTITUCIONALES, Lorenzo Alberto Suárez Alonso.



© Gobierno de Canarias