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Habiendo sido intentada la notificación de la citada Resolución del expediente de reintegro en el domicilio que figura en el expediente incoado por la Dirección General de Protección del Menor y la Familia, sin que haya sido recibida por la interesada, es por lo que, conforme a lo establecido en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se hace saber a la misma que con fecha 21 de noviembre de 1997 fue dictada Resolución del expediente de reintegro del tenor literal siguiente:
Vista la propuesta de la Jefe de Servicio de Estudio, Gestión y Administración de la Dirección General de Protección del Menor y la Familia, en relación con el expediente de concesión de ayuda de emergencia social a Dña. Araceli Sabina Pérez, y teniendo en cuenta los siguientes hechos y fundamentos de derecho.
HECHOS
Primero.- Que con fecha 3 de septiembre de 1997 se dicta Resolución por la Directora General de Protección del Menor y la Familia por la que se inicia procedimiento de reintegro por importe de 220.675 pesetas, recibido en concepto de ayuda de emergencia social por Dña. Araceli Sabina Pérez, con destino exclusivo a la compra de mobiliario básico.
Segundo.- Que en la citada Resolución se le concedía a la interesada el plazo de diez días, en trámite de audiencia, para que presentara los documentos y justificaciones que estimara pertinentes.
Tercero.- Que transcurrido dicho plazo, la interesada no ha formulado alegaciones a la Resolución de inicio.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero.- Que conforme al artículo 82.1 de la Ley General Presupuestaria, aprobada por Real Decreto-Legislativo 1.091/1988, de 23 de septiembre, constituye infracción administrativa en materia de subvenciones y ayudas públicas la falta de justificación del empleo dado a los fondos recibidos, en relación con lo dispuesto en el artículo 52 bis de la Ley 7/1984, de 11 de diciembre, de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, y en el artículo 34 del Decreto 6/1995, que lo desarrolla en esta materia.
Segundo.- Que de acuerdo con el artículo 32.1, apartado c), del Decreto 6/1995, de 27 de enero, por el que se establece el régimen general de ayudas y subvenciones de la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias, en concordancia con el artículo 18.1, apartado c), de la Orden de 25 de mayo de 1995, por la que se establece el régimen de ayudas y subvenciones en el área de protección del menor y la familia durante el ejercicio económico de 1995, procederá la devolución íntegra de las cantidades percibidas más el interés de demora devengado desde el momento del abono de la ayuda o subvención, por el incumplimiento del deber de justificación del empleo de los fondos recibidos en concepto de subvención.
Tercero.- Que de conformidad con el artículo 82.3.a) de la Ley General Presupuestaria, la autoridad sancionadora competente podrá acordar la imposición de la sanción de pérdida, durante un plazo de hasta cinco años, de la posibilidad de obtener subvenciones públicas.
Cuarto.- Que esta Dirección General es competente para iniciar y resolver el procedimiento de reintegro, de conformidad con la Orden de 26 de junio de 1997, de la Consejería de Empleo y Asuntos Sociales, por la que se delega en los órganos superiores de esta Consejería la competencia de iniciar y resolver los expedientes de reintegro total o parcial de las subvenciones.
De acuerdo con los hechos y fundamentos de derecho expuestos, y en uso de las atribuciones conferidas,
R E S U E L V O:
Primero.- Sancionar a Dña. Araceli Sabina Pérez con la obligación de reintegrar la cantidad de 220.675 pesetas, recibida en concepto de ayuda de emergencia social, con destino exclusivo a la compra de mobiliario básico, incrementado con el interés de demora devengado desde el momento del abono de aquélla, y que conforme a la Disposición Adicional Undécima de la Ley 12/1996, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1997, se fija en el 7,5% hasta el 31 de diciembre.
Segundo.- Notifíquese la presente Resolución a la interesada , según lo exigido en el artículo 58 y en los términos del artículo 59, ambos de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Tercero.- Dar traslado de la presente Resolución a la Intervención General, a la Dirección General del Tesoro y Política Financiera y a la Intervención Delegada a los efectos oportunos.
Santa Cruz de Tenerife, a 16 de febrero de 1998.- La Directora General de Protección del Menor y la Familia, Elena Gortázar Pérez-Armas.
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