Vistos los repetidos intentos de notificación de la citada Resolución en el domicilio que figura en el expediente incoado por el correspondiente Centro Directivo de la mencionada Consejería, sin que haya sido recibida por la recurrente-interesada.
Visto lo establecido en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
R E S U E L V O:
Primero.- Notificar a Vía Gregorio, S.L. la Resolución de 27 de noviembre de 1997 (libro nº 1, folio 53, número 639), que figura como anexo de esta Resolución, por la que se resolvió el recurso ordinario nº 063/97 (expediente nº TF-0829-0-96), interpuesto contra la Resolución de la Dirección General de Transportes de 16 de enero de 1997.
Segundo.- Remitir al Ayuntamiento de La Laguna (Tenerife) la presente Resolución para su anuncio en el tablón de edictos correspondiente.
Santa Cruz de Tenerife, a 3 de febrero de 1998.- La Secretaria General Técnica, Rosa María Rodríguez Martín.
A N E X O Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Turismo y Transportes, por la que se resuelve recurso ordinario interpuesto por D. Gregorio Ramos Morales, en representación de Vía Gregorio, S.L.
Visto el recurso ordinario formulado por D. Gregorio Ramos Morales, en representación de Vía Gregorio, S.L., contra la Resolución de la Dirección General de Transportes de 16 de enero de 1997, recaída en el expediente sancionador nº TF-0829-0-96, y teniendo a la vista los siguientes
ANTECEDENTES DE HECHO
Primero.- La Resolución recurrida se basa fácticamente en realizar el vehículo TF-6281-BC, un transporte público de mercancías careciendo de tarjeta de transportes (reincidencia), dando lugar a la sanción de cuatrocientas sesenta mil (460.000) pesetas.
Segundo.- El recurso ordinario interpuesto alega, en resumen, que la entidad estaba pendiente de la obtención del Título de Transportista-Almacenista en la fecha en que se produjo la sanción, regularizándose su situación anómala tras la obtención de dicho título, solicitando las tarjetas de los vehículos TF-4911-U; TF-7688-W; TF-6281-BC y TF-1000-AF, que debido a lo expuesto, su situación económica es precaria y que actualmente están pagando deudas con la Administración por las sanciones impuestas y los salarios y seguridad social de sus 14 trabajadores, pudiendo llegar a ser dramática su situación si esta Consejería no hace borrón y cuenta nueva ya que superan los 13 millones las sanciones que tiene impuestas por las mismas, solicitando en definitiva, se deje sin efecto la sanción impuesta.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero.- La Secretaria General Técnica de la Consejería de Turismo y Transportes es competente para conocer y resolver el presente recurso en virtud de lo dispuesto en la Orden Departamental de 9 de octubre de 1995 (B.O.C. nº 136, de 23.10.95), por la que se le delega la competencia de resolución de los recursos administrativos interpuestos contra actos dictados por órganos del Departamento en materia de turismo y de transportes.
Segundo.- La tramitación del expediente sancionador ha sido sustanciada de conformidad con lo previsto en el capítulo IV del título VI del Real Decreto 1.211/1990, de 28 septiembre, por el que se aprueba el Reglamento que desarrolla la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, según nueva redacción dada al mismo en el anexo I del Real Decreto 1.772/1994, de 5 de agosto, por el que se adecuan determinados procedimientos administrativos en materia de transportes y carreteras a la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Tercero.- Habiéndose notificado la Resolución sancionadora recurrida el día 3 de febrero de 1997, según consta en acuse de recibo unido al expediente y presentado el escrito de recurso con fecha 5 de marzo de 1997 (Registro Entrada nº 640) resulta el carácter extemporáneo del mismo, al haber transcurrido el plazo de un mes que para la interposición del recurso ordinario se establece en el artículo 114.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y, por ello, procede declarar la inadmisión del recurso por interposición fuera de plazo, deviniendo firme a todos los efectos e inimpugnable la resolución sancionadora de la Dirección General de Transportes de 16 de enero de 1997, que se adoptó en base a lo dispuesto en los artículos 90 y 140.a) de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres y artículos 41 y 197.a) del Real Decreto 1.211/1990, de 28 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de la citada Ley.
Cuarto.- La presente Resolución no ha sido dictaminada por el Servicio Jurídico del Gobierno de Canarias, por suscitarse en el recurso cuestiones de Derecho ya resueltas en otros anteriores, de acuerdo con el artº. 20.g) del Decreto 19/1992, de 7 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento de dicho Servicio Jurídico.
Vistos los preceptos legales citados, concordantes y demás de general aplicación,
R E S U E L V O:
Declarar la inadmisión del recurso ordinario promovido por D. Gregorio Ramos Morales en representación de Vía Gregorio, S.L. por interposición fuera de plazo, deviniendo firme e inimpugnable la Resolución de la Dirección General de Transportes de 16 de enero de 1997, recaída en el expediente sancionador nº TF-0829-0-96 que determinó la imposición de una sanción de cuatrocientas sesenta mil (460.000) pesetas.
Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, cabe recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, a interponer en el plazo de dos meses desde su notificación, previa comunicación al órgano que dictó la presente Resolución, de acuerdo con lo establecido en el artículo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.- La Secretaria General Técnica, p.d. (Orden de 9 de octubre de 1995; B.O.C. nº 136, de 23.10.95), Rosa María Rodríguez Martín.
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