Habiendo sido intentadas, sin que se pudieran practicar, las notificaciones de la Resolución recaída en el expediente sancionador S-4/96, mediante cartas certificadas con acuse de recibo a los domicilios consignados, y siendo necesario notificarles dicho trámite al ser partes interesadas en dicho procedimiento y conforme a lo previsto en el artº. 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. nº 285, de 27.11.92, R. 1992, 2.512),
R E S U E L V O:
Notificar a las entidades Coravita, S.L. y Asepro Canarias, S.A. la Resolución de 20 de octubre de 1997, obrante en el expediente sancionador de referencia, cuya parte dispositiva dice textualmente:
Sancionar a la entidad Coravita, S.L. (Constructor) con multa de 300.000 pesetas como autora de una infracción muy grave al régimen legal de viviendas de protección oficial, tipificada en el artº. 153.C).6 del Decreto 2.114/1968, de 24 de julio, por los defectos constructivos existentes en las viviendas objeto de este expediente.
- Requerir a Coravita, S.L. en virtud del artº. 155 in fine del Decreto 2.114/1968, de 24 de julio, para que en el plazo de quince días desde la notificación de la resolución del presente expediente, ejecuten las obras de subsanación necesarias de los defectos existentes en las viviendas.
- Requerir en el mismo sentido a la entidad Asepro Canarias, S.A. en virtud del artº. 111, párrafo 2º del Decreto indicado.
Se apercibe a los requeridos de que de no proceder conforme a los requerimientos efectuados se les irrogarán los perjuicios a que se hubiere lugar en Derecho.
Contra este acto que no agota la vía administrativa, cabe recurso ordinario ante el Ilmo. Sr. Viceconsejero de Infraestructuras del Gobierno de Canarias, en el plazo de un mes desde la notificación/publicación de la presente Resolución, según establece el artº. 114 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.
Las Palmas de Gran Canaria, a 23 de febrero de 1998.- El Director General de Vivienda, Miguel Ángel Pulido Rodríguez.
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